Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119688
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.688, "M. d. S., M. E. contra Mapfre Argentina ART S.A. Indemnización por fallecimiento".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 429/451 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 489/492 y 494/523).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 569/576 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada a fs. 494/523?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 489/492?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, acogió la demanda promovida por la señora M. E. M. d. S., por derecho propio y en representación de su hija menor de edad N. S., contra Mapfre Argentina ART S.A., y condenó a esta última al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09 y ley 26.773).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 27 de marzo de 2009 se produjo el fallecimiento del señor P. S. -cónyuge y padre de las accionantes, respectivamente-, que laboraba en relación de dependencia para Servicios Integrados Bahía Blanca S.R.L. -hoy Servicios Integrados S.A.-, empresa afiliada a la aseguradora demandada (v. vered., fs. 429/434 vta.).
En la sentencia, decretó la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta de la prestación contemplada en el citado art. 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por considerarla violatoria de los arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 439/440).
Luego, se pronunció -de oficio- por la invalidez constitucional de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 en la inteligencia que la aplicación de los incrementos de las prestaciones reconocidos por normas posteriores a la ocurrencia del siniestro, como en el caso, no transgrede el principio de irretroactividad consagrado en el art. 3 del Código Civil. Asimismo, sostuvo que encuentra fundamento en el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, contemplado en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; además de tener sustento en razones de equidad y en la finalidad protectora del régimen de riesgos del trabajo como subsistema de seguridad social (v. sent., fs. 440 vta./443).
En consecuencia, a los fines de cuantificar las prestaciones reclamadas aplicó las pautas indemnizatorias contenidas en dichas normas (v. fs. 443 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la aseguradora demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 494/523).
En sustancia, plantea que la conclusión del tribunal de grado con arreglo a la cual declaró la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la citada ley resulta una decisión extra petita que transgrede las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, derecho de propiedad, los principios de congruencia e irretroactividad de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil.
En este sentido, indica que la aplicación en el caso de las mejoras establecidas por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 afecta el patrimonio de la aseguradora, toda vez que las alícuotas vigentes a la fecha del siniestro no comprendían el incremento que la sentencia de grado obliga a abonar a partir de la decisión que se cuestiona. Asimismo, argumenta que no surge evidente de qué modo la pauta de aplicación temporal que establecen esas normas lesiona los derechos constitucionales de la actora, debiendo resultar la declaración de inconstitucionalidad la ultima ratio del orden jurídico porque es un acto de suma gravedad institucional.
En definitiva, alega que la decisión del a quo importa la aplicación retroactiva de normas cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos.
Cita en su apoyo doctrina de este Tribunal y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional y otros tribunales de justicia.
III. El recurso prospera.
III.1. Merece favorable recepción la impugnación en cuanto cuestiona la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado cuantificó la indemnización sistémica conforme las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En primer lugar, debe ser revocada la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773.
En efecto, sobre el particular, he de señalar que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, los referidos preceptos han reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dichos preceptos, toda vez que no los advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
Lo expresado resulta suficiente para dar respuesta al sub judice y me releva de ingresar en el análisis de otras consideraciones plasmadas en el medio de impugnación.
III.2.a. Establecido ello, y en lo concerniente al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de las previsiones del decreto 1.694/09, he de recordar que ha resuelto este Tribunal que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015; L. 117.439, "Rivero", sent. de 23-V-2017 y L. 117.431, "Corbalán", sent. de 29-VIII-2017).
Lo expuesto es suficiente para reconocer la procedencia de este aspecto del recurso, en razón del quebrantamiento de la doctrina legal emanada de los precedentes mencionados, a cuyo contenido en extenso remito por razones de celeridad.
III.2.b. Por similares motivos, es atendible el reproche vinculado a la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773.
En ese punto es dable destacar que el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
En este contexto de análisis, corresponde revocar la aplicación del mecanismo de ajuste establecido en la ley 26.773 al caso examinado.
Ello, toda vez que, en el marco de lo regulado en la ley citada, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -que reitera el criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo- y a la que por razones de brevedad remito.
III.2.c. A tenor de lo expresado, y teniendo en cuenta que, a la fecha del infortunio, 27 de marzo de 2009, el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) y la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraban vigentes, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no resultan aplicables al caso las normas actuadas en el pronunciamiento impugnado.
En consecuencia, debe revocarse la sentencia en este aspecto y devolverse las actuaciones al tribunal de origen para que cuantifique nuevamente las prestaciones dinerarias que integran la condena.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con los alcances expuestos.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera.
Adhiero a la propuesta del doctor Pettigiani de declarar inaplicable al caso las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773; esto último de conformidad con los fundamentos dados al sufragar las causas L. 116.955, "Enríquez" (sent. de 29-III-2016); L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que remito en razón de brevedad.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído con los alcances expresados por el distinguido colega en el punto III.2.c. de su sufragio.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera.
II.1. Comparto la solución brindada por el doctor Pettigiani en cuanto propone revocar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 que efectuara el tribunal de grado. Ello, conforme el criterio que hube de sostener al sufragar la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad.
II.2. Luego, con las siguientes consideraciones, también acompaño la propuesta expresada en el voto inaugural respecto a la decisión de cuantificar la indemnización con arreglo a las pautas previstas en el decreto y la ley citados.
Inicialmente, cabe destacar que, si bien acompañé con mis votos la conformación de la doctrina legal de esta Corte en cuanto estableció que las pautas indemnizatorias previstas en los decretos 1.278/00 y 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013; L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015; e.o.), en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), hube de modificar mi posición, proponiendo una nueva interpretación sobre las cuestiones relativas a la vigencia intertemporal de las sucesivas reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo.
En efecto, en aquel precedente dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi distinguido colega doctor Pettigiani, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme lo establecido en el punto III.2.c. del voto que abre el acuerdo.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega doctor Pettigiani en su sufragio, ello, a tenor de los fundamentos expuestos en oportunidad de emitir mi voto en las causas L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015); L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); L. 117.431, "Corbalán" (sent. de 29-VIII-2017) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a las que por razones de celeridad remito.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
En efecto, respecto del cuestionamiento a la declaración de invalidez constitucional de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, así como de la aplicación al caso de sus disposiciones, comparto el tratamiento y la solución propuesta del doctor Pettigiani, a tenor de los lineamientos establecidos en las causas L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015); L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a las que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, el recurso debe prosperar conforme lo indicado en el punto III.2.c. del voto inaugural.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen ordenó abonar a la parte actora las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 (v. fs. 429/451 vta.).
Señaló que aquellas prestaciones -ajustadas por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)- habían sido cuantificadas según parámetros vigentes a la fecha del dictado de la sentencia y que, si bien podían considerarse adeudadas desde el acaecimiento del hecho generador del resarcimiento, el monto de condena ya se encontraba actualizado y resolvió, por esa razón, no adicionar intereses a la suma obtenida (v. fs. 443 vta.).
En otro orden, desestimó la sanción peticionada con base en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar que no concurría el supuesto previsto por la norma.
Expresó que la aseguradora demandada ajustó su obrar a lo preceptuado por la normativa de fondo vigente al tiempo del acaecimiento del infortunio. Sin perjuicio que -dijo- podría haber consignado el importe de las prestaciones, la falta de pago oportuno respondió a la ausencia de elección de compañía de seguros de retiro y el cuestionamiento de su pago en forma de renta vitalicia (v. fs. 444 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 489/492).
II.1. En primer lugar, critica la decisión en cuanto no dispuso el pago de intereses.
Afirma que en la sentencia impugnada se ha efectuado una errónea interpretación de las normas que rigen el caso y de la doctrina legal aplicable, prescindiendo de la aplicación de intereses.
Alega que el razonamiento del sentenciante no es correcto y sostiene que la actualización del capital no es incompatible con la fijación de intereses y solicita se liquiden intereses desde la fecha del infortunio hasta el efectivo pago.
II.2. En otro orden, censura el pronunciamiento en cuanto rechazó la aplicación de la sanción por temeridad y malicia prevista por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Señala que esa decisión está viciada por absurdo toda vez que el razonamiento del sentenciante para analizar la conducta de la demandada es incompatible con las constancias objetivas de la causa de las que surge -a su juicio- la intención de la demandada de sustraerse de su obligación de abonar la indemnización debida.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El agravio vinculado a la ausencia de condena a pagar intereses merece favorable recepción.
A los efectos de resolver este tramo del recurso resulta dirimente considerar lo resuelto al abordarse la cuestión anterior en cuanto allí se propuso dejar sin efecto la aplicación de la ley 26.773 en el caso.
Ello así porque considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que se resolvió la cuestión relativa a los intereses.
En efecto, el juzgador de origen textualmente señaló que "Siendo que se han establecido las prestaciones -al aplicarse el índice RIPTE- según los parámetros vigentes a la fecha del dictado de la presente sentencia, si bien la prestación puede considerarse adeudada desde el acaecimiento del hecho generador del resarcimiento, el monto de condena ya se encuentra actualizado, por lo que estimo que resulta un contrasentido aplicar intereses sobre una prestación actualizada..." (v. sent., fs. 443 vta.).
Ello evidencia que al revocarse la aplicación de aquella normativa -como lo propuse al abordar la cuestión anterior- también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios, en tanto ese punto se resolvió a partir de una argumentación que involucró la aplicación, al capital de condena, de aquel texto legal.
En consecuencia, habida cuenta que el tribunal de origen deberá cuantificar nuevamente el capital, en dicha oportunidad tendrá que pronunciarse también sobre los intereses moratorios cuya fijación fue requerida oportunamente por la parte actora (v. demanda, fs. 22/26), teniendo en cuenta, además, las constancias de fs. 609/611.
En este marco, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de
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