Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 118929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia de Cámara y confirmando el pronunciamiento de primera instancia de fs. 43/44 vta. Costas de todas las instancias a los vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores , Soria, Pettigiani , Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 118.929, "Standard Bank Argentina S.A. contra Brunel, Raúl. Oficio".
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la resolución dictada por la magistrada de primera instancia, disponiendo que se diera cumplimiento a la rogatoria del juez oficiante cuyo objeto era el lanzamiento de los ocupantes del inmueble subastado (v. fs. 79 vta.).
Se interpuso, por estos últimos, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/87).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El presente trámite se origina como consecuencia de la orden de lanzamiento contra Raúl Brunel y Adriana Silvia Mullis dispuesta por un juez nacional a través del pertinente oficio ley 22.172, la que fue librada en el juicio de ejecución hipotecaria que el Standard Bank Argentina S.A. promovió contra aquéllos, que se tiene a la vista, por la deuda que pesaba sobre el inmueble de propiedad de estos últimos y que derivó en la subasta del bien por acto público, en la que fue adjudicado a los señores Pablo Eduardo Altvarg y Luciano Eduardo Ravizzini.
Llega a estudio esta causa porque los recurrentes cuestionan la decisión de la Cámara que encontró que si bien había sido de aplicación la ley provincial 14.360 -vigente en ese momento que prorrogaba la suspensión de las ejecuciones hipotecarias cuando afectaban a la vivienda familiar de ocupación permanente establecida originalmente en la ley 13.302- no lo era en el presente, en razón de que los demandados no habían cumplido en tiempo oportuno con el requisito de la inscripción en el Registro de Deudores Hipotecarios que disponía esa normativa legal en su art. 3.
I.2. En estas actuaciones, la jueza de primera instancia declaró la imposibilidad de efectivizar la rogatoria que ordenó el desalojo del inmueble objeto del presente, dispuesta por la justicia nacional.
Para decidir como lo hizo, consideró que conforme lo normado en el art. 4 de la ley 22.172 el juez oficiado no dará curso a aquellas medidas que de modo manifiesto violen el orden público local, atribuyendo este último carácter al régimen de suspensión de ejecuciones hipotecarias establecido en las leyes provinciales 13.302 y sus modificatorias.
Con posterioridad a este fallo y al contestar los agravios expresados por la actora, el demandado acompañó al expediente la constancia de inscripción en el Registro de Deudores con Ejecuciones Judiciales, fechada el día 8 de marzo de 2013.
I.3. Al igual que el juzgador de primera instancia, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial también encontró aplicable al caso el régimen de suspensión de los procesos aludido (v. fs. 78 vta.).
Sin embargo, y a diferencia de aquella decisión, advirtió que no correspondía suspender la ejecución de la medida requerida, pues el ejecutado no había satisfecho uno de los recaudos exigidos por dicha normativa, toda vez que la inscripción en el Registro de Deudores con Ejecuciones Judiciales era extemporánea (v. fs. cit.).
Sobre el particular, el Tribunal de Alzada expresó: "...en esa línea del discurso, he de declarar la aplicabilidad de la ley 14.360 que hace al orden público local, debiéndose, convenientemente analizar si el caso traído reúne las condiciones exigidas por ésta en su artículo 3" (fs. 78 vta., 3er. párr.) añadiendo a renglón seguido que "...frente a ello, he de advertir que no se ha acreditado en autos la inscripción oportuna en el registro previsto en el artículo 3 de la ley 14.360, falencia que conlleva a la exclusión del caso que nos ocupa de la protección prevista por la norma citada, por expresa decisión del legislador" (fs. cit., 4to. párr.).
Tal fue el motivo por el cual el fallo en crisis revocó la decisión de la instancia de origen, propiciando que la señora jueza de la primera instancia diera cumplimiento a la rogatoria de fs. 3 y vta. en cuanto al lanzamiento ordenado en el ámbito de la justicia nacional (ley 22.172).
II. Contra esta decisión se alza el demandado mediante el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (v. fs. 82/87).
En lo sustancial, la pieza expone los siguientes agravios:
II.1. Tilda de arbitrario, absurdo e incongruente el fallo en cuanto entiende extemporánea la aludida inscripción pues afirma que una vez dictado el fallo de primera instancia en la justicia provincial -recaído el día 1 de enero de 2013- solicitó y obtuvo copia de los instrumentos en cuestión a fin de ser presentados al Registro con la finalidad de cumplimentar la manda legal; que esa era la primera oportunidad en que podía hacerlo, toda vez que con anterioridad el litigio tramitó en una instancia judicial ajena al ámbito local, donde un planteo idéntico al aquí formulado le fue rechazado, precisamente en atención a que la legislación que invocaba en su amparo no regía en aquella jurisdicción (v. fs. 83 vta./84).
Añade, por lo demás, que la aludida inscripción operó dentro del plazo establecido en la norma aplicable (90 días hábiles), debiéndose computar éste a partir del dictado de la decisión de origen (reitero, de fecha 1-I-2013). Ello así por cuanto la ley 14.360 se sancionó el 10 de mayo de 2012; vale decir con posterioridad al vencimiento del plazo de 90 días hábiles a partir de la orden de subasta que ella misma estableció (decisión adoptada por la justicia nacional el 10-V-2010), con lo que dicho plazo habría expirado antes de comenzar su curso, añadiendo que el proceso jamás estuvo suspendido en el ámbito de la justicia nacional (v. fs. 86 y vta.).
II.2. Por otra parte, aduna que en la actualidad dicho régimen ha sido modificado nuevamente por la ley 14.529, habiéndose derogado el requisito de temporalidad cuyo tardío cumplimiento se le reprocha (v. fs. 86 vta.).
III. El recurso merece favorable acogida.
III.1. Asiste razón al recurrente en cuanto señala que, merced a la reforma instituida mediante el art. 2 de la ley 14.529, ha sido suprimido tanto el plazo que la legislación establecía para que el ejecutado cumpliera con la inscripción en el registro, como la consecuencia que se seguía de su incumplimiento, esto es, que la suspensión legalmente establecida quedara sin efecto en forma automática.
Veamos.
En prieta síntesis, el mentado régimen dispone la suspensión en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires de ciertos procesos de ejecución encuadrados en el ámbito de aplicación de dicha normativa (conf. causa C. 111.024, "Barrufaldi", sent. de 7-V-2014).
El primitivo texto, instituido a partir de la sanción de la ley 13.302, fue objeto de sucesivas modificaciones y prórrogas, a través de las leyes 13.390, 13.590, 13.738, 13.902, 14.077, 14.236, 14.360, 14.457, 14.529, 14.679, 14.825 y 14.963, y fue reglamentado por el decreto 643/05, luego sustituido por el decreto 1.133/12.
De acuerdo a la redacción original de la norma, y en lo que aquí interesa, se creó el "Registro de Deudores con Ejecuciones Judiciales que tengan por objeto la vivienda única, donde deberán inscribirse las personas afectadas mediante declaración jurada" (art. 4).
A su turno, la ley 14.360 (B.O. de 19-VI-2012), además de alguna modificación al texto transcripto sin relevancia a los fines del presente, incorporó dos párrafos al mentado dispositivo, a tenor de los cuales "el deudor tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la orden de subasta, a fin de cumplimentar la referida inscripción; caso contrario, la suspensión legalmente establecida quedará sin efecto en forma automática", añadiendo en el último párrafo que respecto de los procesos que se encontraran suspendidos a la fecha, el deudor tendría un plazo de noventa (90) días hábiles para inscribirse en el citado registro, contado a partir de la entrada en vigencia de esa ley.
La ley 14.457 (B.O. de 6-II-2013) modificó ambos plazos, elevándolos al de ciento ochenta (180) días hábiles, mientras que -finalmente- la ley 14.529 (B.O. de 30-VIII-2013) suprimió los dos últimos párrafos del art. 4 que -como vimos- consagraban tanto los plazos dentro de los cuales debían inscribirse los interesados, como también la consecuencia de su incumplimiento oportuno.
Conforme los fundamentos de esta última norma, se expresa que el plazo establecido estaría amparando a los deudores ya registrados, pero no permitiría futuras inscripciones. Por lo tanto -continúan- creemos atinado mantener la inscripción obligatoria en el citado Registro, pero sin establecer plazo para ello, o sea que lo puedan hacer mientras se encuentre vigente la ley y cada quien lo hará cuando pueda o le interese, según el estado del proceso.
III.2. Por lo tanto, siendo que la modificación a la que acabo de referirme ha suprimido el plazo de inscripción en el Registro de Ejecuciones normado en el art. 4 de la ley 13.302 en su actual redacción, conforme lo ha denunciado el recurso en tratamiento, corresponde hacer lugar al mismo y revocar lo decidido por el Tribunal de Alzada, en cuanto declaró la extemporaneidad de la inscripción (conf. doctrina de causa C. 98.881 "Cheliatti", resol. de 10-XI-2010; art. 289, CPCC).
III.3. En la especie, toda vez que no se ha cuestionado por la parte interesada la constitucionalidad del plexo normativo aplicado en el caso, cuya validez -por lo demás- ha sido expresamente declarada en forma reiterada por este Tribunal (doctrina de los precedentes que se registran en causas C. 98.836, "Spolita", sent. de 24-VI-2009; C. 111.811, "Fiorenza", resol. de 9-XI-2011; C. 116.966, "De Mira", resol. de 17-X-2012 y C. 117.832 "García", sent. de 17-XII-2014, disidencia del doctor de Lázzari, todos ellos en los cuales no intervine), no corresponde ingresar oficiosamente en este tópico.
IV. En consecuencia, teniendo en cuenta que la modificación sobrevenida ha tornado abstracto el tratamiento de las cuestiones llevadas ante el Tribunal de Alzada por el ejecutante (art. 289, inc. 2, CPCC), corresponde revocar la decisión recurrida y confirmar la decisión de origen, con costas de todas las instancias al vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia de Cámara y confirmando el pronunciamiento de primera instancia de fs. 43/44 vta. Costas de todas las instancias a los vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia