Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73880
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.880, "Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y otros contra ARBA. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó -por mayoría- la sentencia dictada por la jueza de primera instancia y -en consecuencia- admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Fiscalía de Estado (v. fs. 178/186 y 208/211).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la coactora afectada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/227), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 229/230 y 239).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 244) y glosados los memoriales presentados por la actora (v. fs. 248/250) y la demandada (v. fs. 252/259), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Bahía Automotores S.A., Corcel Automotores S.A., Forter Car S.A., Lago S.A., Organización Sur S.A., Pergamino Automotores S.A., R1 Bahía Blanca S.A., Thaun S.A., Arias Hermanos S.A. y Galia S.A. promovieron pretensión declarativa de certeza invocando una doble legitimación: la individual de cada una de las sociedades citadas y otra de carácter colectivo esgrimida por ACARA.
Señalaron que mediante la demanda entablada persiguen que se condene a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a que deje de aplicarles retenciones automáticas y por adelantado en todas sus acreditaciones bancarias y que se sustituya dicho mecanismo por un método de percepción a la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que a cada contribuyente corresponda. Asimismo, peticionaron que se declare la inconstitucionalidad de la resolución normativa 64/10.
Explicaron que a través del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) se retienen de cada persona física o jurídica que posea cuenta en una entidad financiera -tribute en los términos del Convenio Multilateral o no- distintos porcentajes a cuenta del pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Añadieron que dicho sistema le permite a ARBA atribuir a cada contribuyente, unilateralmente y sobre bases desconocidas, una determinada categoría de riesgo que incide en el nivel de las retenciones automáticas impuestas. Sostuvieron que el esquema ha sido desnaturalizado y que por ello se generan acumulaciones progresivas de saldos a favor en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, que no pueden recuperarse debido a las restricciones establecidas por la resolución normativa ya citada.
Con respecto a la legitimación activa de ACARA, ésta manifestó que concurría en nombre de sus restantes asociados de la Provincia de Buenos Aires, bajo el argumento de que su estatuto la autorizaba para ello. En apoyo de su posición, citó además las sentencias dictadas por la Corte nacional en las causas "AGUEERA" (Fallos 320:691); "Asociación Benghalensis" (Fallos 323:1339); "Asociación Civil Esclerosis Múltiple de Salta" (Fallos 326:4931); "Asociación Civil de Maestros de la Provincia de Buenos Aires" (JA 2002-II-146); "Halabi", sent. de 24-II-2009; "Cavalieri c/ Swiss Medical", sent. de 26-VI-2012; y "Padec c./ Swiss Medical", sent. de 21-VIII-2013.
I.2. A fs. 152, la Fiscalía de Estado se presentó y opuso excepción de falta de legitimación activa con relación a ACARA.
Sostuvo que la pretensión articulada versa sobre el ámbito patrimonial y privado de cada uno de los contribuyentes en cuestión y que el ejercicio de sus derechos subjetivos les atañe a éstos exclusivamente.
Agregó que el objeto de la asociación en cuestión está dado por la representación institucional y la promoción de la actividad comercial desarrollada.
Postuló que, contrariamente a lo manifestado por la accionante, la Corte federal ha adoptado una clara limitación con relación a la legitimación activa consagrada por el art. 43 segundo párrafo de la Constitución nacional, restringiéndola a los derechos de incidencia colectiva en general y negándola cuando se produce una afectación directa e individual al patrimonio de una persona. En ese sentido, citó la doctrina de Fallos: 326:2998 y 326:3007. Más adelante consideró que el precedente "Halabi" resulta inaplicable al sub lite , porque en dicha causa se debatía una cuestión de carácter extrapatrimonial y de incidencia colectiva, no un reclamo individual y directo, como -subraya- acaece en el presente.
En otro orden, señaló que ACARA no realiza ninguna de las actividades alcanzadas por el régimen cuestionado y en virtud de ello descartó que pudiera encontrarse legitimada a título individual.
I.3. La jueza de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación activa planteada.
Para así decidir, puntualizó que el art. 43 de la Constitución nacional contempla a las asociaciones que propendan a proteger derechos de incidencia colectiva registradas conforme la ley.
Advirtió que, si bien la demanda de autos posee un trasfondo económico o patrimonial, se centra en el sistema que a fin de percibir el impuesto sobre los ingresos brutos la autoridad tributaria implementa sobre las cuentas bancarias de los asociados de ACARA y en el mecanismo de restitución de las sumas de dinero abonadas en exceso o demasía, ello sin atender al perjuicio concreto sufrido por cada contribuyente en su patrimonio.
Tras citar el pronunciamiento emitido por esta Corte en la causa C. 91.576, "López", sentencia de 26-III-2014, añadió que -a su entender- en la especie ACARA procura la defensa pluriindividual de los intereses de los asociados a los que se les aplica el SIRCREB y que las notas individuales de éstos resultan intrascendentes para la resolución de la controversia, frente a la homogeneidad en el origen de la lesión invocada. Asimismo, manifestó que el interés de cada afectado, aisladamente considerado, no justificaba la promoción de procesos individuales, toda vez que -en su visión- ello podría afectar el derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Por otra parte, destacó que el estatuto de la asociación actora le impone velar por el interés individual y colectivo de sus miembros, asesorándolos y representándolos en todos los asuntos inherentes a su actividad específica frente a los poderes públicos y las autoridades nacionales, provinciales o municipales.
Finalmente, observó que ciertos precedentes invocados por la Fiscalía de Estado resultaban anteriores a los lineamientos sentados por esta Corte y su par nacional en las causas C. 91.576, "López", sentencia de 26-III-2014 y "Padec", sentencia de 21-VIII-2013, respectivamente. Expresó que la corriente jurisprudencial de allí derivada tiende a facilitar la concreción efectiva del acceso irrestricto a la justicia y la tutela judicial efectiva.
I.4. Llegado el caso a su conocimiento, la Cámara interviniente -por mayoría- revocó la sentencia atacada y admitió la excepción deducida.
En sustento de tal decisión, pregonó, en sustancia, que la jurisprudencia citada por la jueza de primera instancia no comprende hipótesis en las que la legitimación sustancial se apoya en la lesión a un derecho subjetivo y por lo tanto individual, del resorte exclusivo de sus titulares, como entendió que sucedía en el caso, donde la situación controvertida deriva de la relación jurídica tributaria.
Agregó que -en su parecer- las facultades de representación institucional y promoción de la actividad comercial que constituyen el objeto de la asociación civil actora no la autorizan a representar en juicio los intereses individuales de sus integrantes. Descartó además que medie en el caso una situación de titularidad indiferenciada y afectación común que justifique la tutela judicial colectiva.
Desde otro punto de vista, indicó que ACARA no reviste el carácter de afectada, sino que son los contribuyentes los que quedan expuestos al poder tributario del Estado.
Concluyó que la asociación actora no plantea un caso judicial en los términos de los arts. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y 322 del Código Procesal Civil y Comercial.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la impugnante denuncia violación de los arts. 14, 15 y 20 de la Constitución provincial y 43 de la nacional y de la doctrina sentada por esta Corte y su par federal en las causas que cita. Cuestiona la sentencia atacada por arbitraria y alega gravedad institucional.
Asevera que en materia de derechos individuales homogéneos es necesario determinar la existencia del hecho común que los afecta y que las normas invocadas le otorgan facultades para defender los derechos de sus asociados, máxime por cuanto -resalta- cuenta con la registración pertinente y resulta idónea para actuar en este tipo de pleitos.
Tras detallar las atribuciones que el estatuto que la rige le confiere, invoca lo decidido por esta Corte en la causa B. 66.095, "Cámara Argentina de Salas de Bingo", sentencia de 7-III-2007, entre otras. De allí extrae que cuenta con facultades naturales para promover acciones en defensa del concesionario automotor, tanto administrativas como judiciales.
Destaca que a la asociación que ocurre en defensa de derechos de incidencia colectiva no corresponde exigirle un daño directo, que sea titular de la relación jurídica sustancial ni que invoque la calidad de afectada, ya que no sólo puede actuar en defensa de un interés propio, sino también en resguardo de los derechos que le atañen como sector o grupo social, en defensa de intereses comunes.
Manifiesta que la decisión recurrida produce -a su entender- efectos de suma gravedad institucional, en tanto veda arbitrariamente el acceso a la justicia de las organizaciones encargadas de velar por los derechos de sus representados, en casos de derechos individuales homogéneos de carácter patrimonial.
Al respecto, aduce que el Tribunal de Alzada desechó, sobre la base de prejuicios y conjeturas, la doctrina de esta Corte y de la nacional, enfatizando el carácter vinculante que -en su visión- tienen las decisiones de la última. En particular, sostiene que de las causas "Halabi", "Cavalieri" y "Padec" se desprende la necesidad de que se verifiquen ciertos requisitos que estima cumplidos en autos, como la existencia de un hecho lesivo único e idéntico y una pluralidad relevante de afectados.
Por último, sostiene que para resolver el caso planteado no resultaría útil una acción individual, ya que con ella sólo obtendría reparación el sujeto reclamante, dejándose sin remedio al resto de los afectados, mientras que para ARBA sería mucho más sencillo pagar indemnizaciones aisladas que modificar un sistema de recaudación que resulta ilegítimo para muchos contribuyentes.
III. Por los fundamentos que a continuación expondré, entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. La impugnante denuncia errónea aplicación de la doctrina derivada de la causa B. 66.095, "Cámara Argentina de Salas de Bingo", sentencia de 7-III-2007.
Tanto en dicha oportunidad como en otras (v. entre las más reciente, I. 2.129, "ADIGRAN", sent. de 13-VII-2016), esta Corte o algunos de sus integrantes puntualizaron lo que con anterioridad se había señalado en la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados", sentencia de 19-III-2003, donde se observó que en distintas acciones promovidas por asociaciones en defensa de sus afiliados o miembros (causas B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó", resol. de 10-VII-02; B. 64.785, "Fiscal de Estado s/art. 6 en autos: Cámara Argentina de Agencias de Turf", resol. de 30-X-02; B. 64.706, "Municipalidad de Morón s/art. 6º, en autos: Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Hurlingham e Ituzaingó s/amparo", resol. de 27-XI-02; e.o.) no se habían opuesto reparos a la legitimación planteada. En las mismas ocasiones se aclaró, sin embargo, que lo expuesto no obstaba al examen que en cada caso correspondiera efectuar, con arreglo a las normas aplicables.
III.2. La recurrente denuncia violación de los arts. 14, 15 y 20 de la Constitución provincial y 43 de la nacional, a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal, entre otras, en las causas "Halabi" (Fallos: 332:111), "Cavalieri" (Fallos: 335:1080) y "Padec" (Fallos: 336:1236).
Fuera de que, como reiteradamente se lo ha señalado, la cita de fallos de la Corte nacional no cumple con la exigencia prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, puesto que sus pronunciamientos no constituyen la doctrina legal a que alude el citado precepto (doctr. causas Ac. 90.063, sent. de 23-XI-2005; Ac. 93.927, sent. de 3-V-2006; y A. 70.576, sent. de 23-IX-2015, entre muchas otras), lo que tornaría insuficiente el agravio sustentado con ese alcance, en la especie resulta conveniente formular algunas consideraciones adicionales.
En la causa C. 91.576, "López", sentencia de 26-III-2014, esta Corte recordó que en "Halabi", el Máximo Tribunal federal delimitó tres categorías de derechos: i) individuales; ii) de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos; y iii) de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, destacando que en todos estos supuestos es imprescindible la comprobación de la existencia de un "caso", ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición, aunque advirtiendo que el "caso" tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos (considerando 9°).
Asimismo, se advirtió entonces que en la causa mencionada, la Corte federal reconoció que el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución nacional contempla la categoría recién citada en tercer término, caracterizada por el hecho de que ella no se refiere a un bien colectivo, ya que lo que se afectan son derechos individuales enteramente divisibles, sin perjuicio de lo cual hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión de todos ellos y, por tanto, es identificable una causa fáctica homogénea. Se añadió que, tras poner de manifiesto la mora del legislador en la temática, así como la necesidad de asegurar el acceso a la justicia en defensa de tal tipo de derechos, el Alto Tribunal detalló los presupuestos que tornan procedente el enjuiciamiento colectivo en tales casos: i) verificación de una causa fáctica común (hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales); ii) pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho (la causa no debe relacionarse con el daño diferenciado que cada sujeto pudiera sufrir en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho); iii) constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado (el interés individualmente considerado no justifica la promoción de una demanda, con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia); iv) finalmente, como excepción y pese a tratarse de derechos individuales, si por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados pudiera considerarse fuertemente comprometido el interés público en su protección (ambiente, consumo, salud, grupos tradicionalmente postergados o débilmente protegidos).
Sentado lo anterior, en la nombrada causa "López" esta Corte repasó lo decidido por su par nacional en los casos "Thomas" (Fallos 333:1023), "Cavalieri" (Fallos 335:1080) y "Padec" (Fallos 336:1236), advirtiendo -en lo que interesa destacar- que la sentencia dictada en este último aventaba algunas incertidumbres relacionadas con la posibilidad de admitir el enjuiciamiento colectivo a partir de su encuadre como derecho de incidencia colectiva pluriindividual homogéneo de lesiones puramente patrimoniales y puntualizando que de allí se desprendía que es perfectamente aceptable que determinadas asociaciones deduzcan una acción colectiva similar a la existente en el derecho norteamericano y que la protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva es susceptible de encauzamiento tanto a través del amparo como por otras vías procesales.
Culminado dicho análisis, este Tribunal examinó el pretendido carácter colectivo de la controversia suscitada a la luz de los lineamientos expuestos y concluyó que ella reunía los requisitos exigidos. En particular, observó que se procuraba allí la defensa pluriindividual de los intereses de una categoría de usuarios cuyas notas individuales resultaban intrascendentes para la resolución de la disputa frente a la homogeneidad en el origen de la lesión invocada y que la escasa significación económica con relación a cada usuario no habría justificado la promoción de procesos individuales.
III.3. En la especie, la Cámara interviniente aseguró que los que se encuentran bajo debate son derechos subjetivos e individuales, mientras la asociación actora plantea que nos hallamos frente a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial cuyo enjuiciamiento colectivo debería admitirse por estar cumplidos los requisitos anteriormente mencionados.
No comparto esta última posición, en primer lugar, porque de la demanda entablada no se desprende que el SIRCREB constituya una causa común que lesione los derechos individuales de todos los miembros del grupo que se busca representar ni que la pretensión procesal esbozada esté enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho.
En el escrito inicial se explica, pues, que "el componente central para fijar el porcentual a retener anticipadamente" es el "riesgo fiscal futuro" de cada contribuyente, el cual es establecido en forma discriminada mediante un determinado padrón. De esta manera, conforme corresponda, a cada uno puede retenérsele "...por vía del SIRCREB un porcentual a veces superior al saldo de impuesto a ingresar que debe pagarse por Ingresos Brutos y que podría en algunos casos generar saldos a favor del contribuyente concesionario" (v. fs. 136, el destacado me pertenece).
Asimismo, las planillas que reflejan el índice de riesgo fiscal asignado a cada concesionario por el período comprendido entre abril y octubre de 2013, acompañadas por la actora como elemento de prueba, revelan que, como ella misma lo indica, en varios casos -aproximadamente ochenta- dicho valor es de 0% a lo largo de todo el lapso considerado y que en los demás supuestos se registran múltiples combinaciones, que oscilan entre el mínimo indicado y un 5%, evidenciando una gran diversidad de situaciones particulares, incluso de un mes a otro (v. fs. 76/79 y 139 vta.).
En definitiva, puede apreciarse que, a diferencia de lo acontecido en la citada causa C. 91.576, las características individuales de la situación atravesada por cada uno de los presuntos afectados que la recurrente procura representar en forma colectiva resultan trascendentes para resolver la controversia planteada, ya que de acuerdo con lo que ha sido expuesto, el nivel de las retenciones practicadas a través del SIRCREB depende del riesgo fiscal asignado a cada uno de aquéllos y por ende de dicha circunstancia deriva también la posibilidad de que se acumulen progresivamente saldos a su favor, lo que
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