Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 117102
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Soria, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 117.102, "Municipalidad de Avellaneda contra Curtiembres Pelicce S.A. y/o quien resulte propietario. Apremio".
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la prescripción planteada y mandado a llevar adelante la ejecución (v. fs. 80).
Se interpuso, por la ejecutada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/97).
En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación se corrió traslado a las partes (v. fs. 134) el que no fue objeto de respuesta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La Municipalidad de Avellaneda inició juicio de apremio contra "Curtiembre Pelicce S.A." persiguiendo el cobro de la deuda generada por Tasa de Seguridad e Higiene impaga por el período comprendido entre marzo de 2002 y enero de 2007, conforme surgía de la certificación de deuda del legajo 41.811 agregada con la demanda (v. fs. 2/5).
Librado el pertinente mandamiento, se presentó la ejecutada, por medio de apoderada, oponiendo excepción de prescripción (v. fs. 13/14).
Corrido el traslado de la defensa articulada, el municipio la repele (v. fs. 16/17) y el juzgado ordena la remisión del expediente administrativo 2/25459/09, medida cuyo cumplimiento se desprende de las copias certificadas del mismo que se agregaron a la causa (v. fs. 27/48).
Así, se dictó sentencia desestimando la excepción de prescripción de la acción planteada por la ejecutada y se mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada con más los intereses a liquidarse de conformidad con el art. 82 de la ordenanza fiscal 21.895, imponiendo las costas a la perdidosa (v. fs. 57 vta. y 58).
Este pronunciamiento fue apelado por la ejecutada presentando su respectivo memorial (v. fs. 59 y 61/65 vta.), lo que mereció el repudio del municipio (v. fs. 67/69).
I.2. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó, en su totalidad, la resolución dictada en primera instancia.
Para así decidir encontró que:
a) el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto 6.769/58, no había sido propuesto a la decisión del juez de la anterior instancia, quedando entonces impedida de fallar sobre ello, en razón de los límites de la jurisdicción abierta por el recurso de apelación (v. fs. 78);
b) no era de aplicación el art. 4.027 del Código Civil, ya que la norma específica aplicable al sub lite era el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que también disponía el término quinquenal de prescripción; al ser una norma de derecho administrativo local no podía ser desplazada por otra de carácter general, pues el Código Civil regía las relaciones de derecho privado y no las que se originaban entre el Estado y sus gobernados cuando aquél obra como poder público en ejercicio de su soberanía e imperio, sin que con la creación de plazos de prescripción de impuestos locales se vulnerara la supremacía de las leyes nacionales dispuesta en el art. 31 de la carta magna, por tratarse de una de las facultades reconocida en la Constitución nacional como reservada a la Provincia (v. fs. 78 y vta.);
c) el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, después de determinar el plazo de prescripción, establecía, entre otro supuesto, que aquél se interrumpiría por los actos judiciales o administrativos, advirtiendo que a fs. 27/48 obraban copias certificadas del expediente administrativo 2-25459/09, iniciado en el año 2007, del que surgía la determinación de la deuda sobre base cierta, conforme con el informe de fiscalización, y que no sólo se le había intimado a la deudora al pago sino, también, a efectuar su descargo y ofrecer prueba, evidenciándose así la voluntad de la actora de no hacer abandono de su derecho (v. fs. 78 vta. y 79).
II. Se agravia la recurrente, por medio de apoderada, denunciando la inconstitucionalidad de los arts. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 133 del Código Fiscal; la violación de los arts. 3.956, 4.023, 4.027 inc. 3 del Código Civil; 31 y 75 de la Constitución nacional; denuncia arbitrariedad.
Plantea sus agravios de la siguiente manera:
a) basándose en el art. 31 de la Constitución nacional destaca la supremacía del Código Civil respecto de la legislación provincial y señala que a diferencia de lo que sostuvo el juez de primera instancia, ratificado por la Cámara, en el caso "Filcrosa" la Corte Suprema nacional, adhiriendo al dictamen de la Procuración, estableció la aplicación de las normas de prescripción del Código Civil para los gravámenes locales, motivo por el cual el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se contrapone con el art. 75 de la Constitución nacional, de allí su invalidez (v. fs. 92 vta. y 93);
b) con apoyo en doctrina de autor y jurisprudencia que indica, sostiene que las actuaciones administrativas no suspenden el curso de la prescripción, destacando que la Provincia puede legislar en materias de fondo, siempre y cuando no se contraponga con lo dictado por las leyes nacionales. Señala la compatibilidad entre las causales de interrupción de la prescripción que contiene del Código Fiscal con los supuestos a los que hace mención los arts. 3.986 y 3.989 del Código Civil, a diferencia de lo que erradamente sostuvo la Cámara respecto del art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, chocando con lo establecido por el art. 75 inc. 12 (v. fs. 93 vta. y 94);
c) afirma la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal por la forma en que establece el cómputo de los plazos comparándolo con las disposiciones de los arts. 3.956, 4.023 y 4.027 inc. 3 del Código Civil, en cuanto a que el régimen fondal hace nacer el cómputo del plazo prescriptivo desde la fecha de la obligación cuando la norma provincial lo hace desde el 1 de enero del año siguiente y sin perjuicio de que el art. 131 establece el plazo de prescripción en 5 años como lo fija la norma civil (v. fs. 94/95);
d) encuentra arbitrariedad en la sentencia porque el tribunal inferior se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había determinado la supremacía de las normas de fondo sobre las legislaciones locales, poniendo de relieve que el instituto de la prescripción sirve para garantizar la seguridad jurídica evitando los reclamos sine die y que cualquier interpretación doctrinaria que pretenda salvar la constitucionalidad afectaría el derecho de defensa, para agregar que son los propios jueces los que pueden aplicar la tacha de inconstitucionalidad (v. fs. 95/96).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. La recurrente plantea sus agravios en torno a la inconstitucionalidad del art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto 6.769/58, y del art. 133 del Código Fiscal, sosteniendo la aplicación del Código Civil respecto tanto de la prescripción de la acción como de lo atinente a la interrupción de tal plazo, en razón de la posición ius privatista que adoptó la Corte nacional en el caso "Filcrosa" respecto de los límites legislativos provinciales en materia tributaria local.
La Cámara desestimó el planteo de inconstitucionalidad introducido por la ejecutada al expresar agravios, aplicando el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, concluyendo que: "... habiendo en esta instancia introducido el ejecutado capítulos no propuestos antes, esos hechos novedosos, no pueden ser tratados..." (fs. 78).
Sobre la oportunidad de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma esta Corte ha dicho que el debate acerca de la validez supralegal de un precepto normativo debe efectuarse en la primera oportunidad procesal viable al efecto, con la posibilidad -si por la índole del conflicto correspondiese- de garantizar audiencia suficiente a la contraparte. De ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.; conf. doctr. C. 103.094, "Budetta", sent. de 11-XI-2009).
También que la frase "primera oportunidad propicia", relativa a la temporaneidad con que deben hacerse los planteos de inconstitucionalidad, no debe apreciarse con un criterio formalista o restrictivo, dado que de ese modo se atenta contra el principio de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica; conf. doctr. causas C. 89.168, "Gutiérrez", sent. de 5-III-2008; C. 104.384, "G., C. E. y M., S. E.", sent. de 14-IX-2011).
Siguiendo estos lineamientos es necesario determinar si el planteo de inconstitucionalidad de la ejecutada afectó el derecho de defensa de la actora.
Así tenemos que la recurrente introdujo la cuestión al expresar agravios (v. pto. IV, fs. 63) y que por el traslado ordenado a fs. 66 la actora presentó su contestación, donde si bien nada dijo sobre la inconstitucionalidad esgrimida, mantuvo su posición sobre la validez de la aplicación de la legislación provincial (v. fs. 67 vta./69).
Encuentro, además, que al presentarse la ejecutada a oponer excepción de prescripción solicitó la aplicación del precedente "Filcrosa" de la Corte federal (v. fs. 13 vta., párr. 6to.), cuestión de la que tuvo conocimiento la actora al contestar a esa presentación (v. fs. 16/17), y que fue considerada por la magistrada de primera instancia cuando analizó el alcance constitucional de la legislación provincial, decidiendo por la preeminencia de esta última en la regulación del instituto de la prescripción, su interrupción y suspensión, descartando de esa manera las disposiciones del Código Civil (v. fs. 51 vta., ptos. III a V).
De allí que es erróneo el fundamento de la Cámara en cuanto considera novedosa la cuestión planteada: su decisión contiene un excesivo rigor formal, ya que el argumento defensivo de la ejecutada sostenido en el fallo "Filcrosa" viene esgrimido desde su primera presentación sin lograr una decisión favorable.
III.1.b. Definido lo anterior, queda resolver sobre la tacha de inconstitucionalidad del art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Pero previo a ingresar al tratamiento de tal cuestión, y tal como se ha señalado en el precedente A. 71.388, "Fisco" (sent. de 16-V-2018), en la evaluación y resolución de las cuestiones como la que nos ocupa no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Y si bien las sustanciales modificaciones operadas no resultan aplicables al caso, en tanto se trata de una prescripción cumplida con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código de fondo, la trascendencia del acto institucional al que hago referencia más arriba me lleva a tratar la cuestión por la influencia que ejerce la nueva legislación sobre la doctrina habida anteriormente en la materia. Veamos:
La ley 26.994 señaló en el art. 2.532 que "En ausencia de disposiciones específicas, las normas de ese cuerpo legal son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos".
III.1.c. Se impone entonces analizar las consecuencias que proyecta el cambio de legislación sobre la mentada doctrina de la causa "Filcrosa" y sobre la adoptada por esta Corte en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada" (sent. de 30-V-2007), a partir de la cual se siguió la orientación fijada en el aludido precedente del Máximo Tribunal federal.
En una aproximación inmediata, parece contundente que el legislador nacional cedió al ámbito provincial la posibilidad de regular acerca del tiempo de extinción de las obligaciones en materia impositiva.
De allí en más, ya no es dable predicar la doctrina mencionada sin cortapisas.
III.1.d. El estadio siguiente de investigación propone interpretar lo que la Corte Suprema nacional ha entendido para despachar que la posibilidad provincial de legislar sobre la materia colisionaba con el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
En efecto, la causa in re "Filcrosa", fallada el 30 de septiembre de 2003, permite identificar distintas pautas para justificar la decisión a la que finalmente se arribará.
Allí se predicó con criterio general y desprendiéndose del solo aspecto del plazo, que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, por lo que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75 inc. 12, éste no solo fijaría los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular sino que, dentro de ese marco, establecería también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía (cons. 6°).
Asimismo, se agregó como pauta informadora que del texto expreso del citado art. 75 inc. 12 de la Constitución derivaba la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculaban con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello pues, aun cuando los poderes de las provincias eran originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos (Fallos: 320:619; e.o.), era claro que la facultad del Congreso nacional de dictar los códigos de fondo comprendía la de establecer las formalidades que fuesen necesarias para concretar los derechos que reglamentaba y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción (Fallos: 320:1344; v. 326:3899, cons. 12°).
Concluyó la Corte Suprema que esa solución respetaba las previsiones del art. 31 de la Constitución nacional, que imponía a las provincias, en ejercicio de su poder no delegado, adecuarse a las normas dictadas por el Congreso en ejecución de aquellos que sí lo habían sido. Y era claramente más valiosa desde un punto de vista práctico pues, además de reflejar el propósito de los constituyentes de contribuir a la creación de aquellos lazos de unidad entre las provincias y sus integrantes necesarios para fundar la República, evitaba los peligrosínsitos en la dispersión de soluciones concernientes a institutos generales, que quedarían librados -pese a tal generalidad- al criterio particular de cada legislatura local (cons. 16°).
Los extremos señalados son consistentes con la línea jurisprudencial que la Corte federal ha desarrollado desde el caso "Tomasa de Vélez Sarsfield contra Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires", fallada en 1882 (Fallos: 23:647; 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344).
III.1.e. De lo llevado hasta aquí, no encuentro en la jurisprudencia reseñada ningún argumento que permita definir la atribución local para avanzar en los aspectos vinculados a la prescripción tributaria en situaciones como las que se presentan en este caso, al margen de su plazo.
En procura de dilucidar dicho interrogante, las palabras que integran el nuevo texto legal parecerían limitar la habilitación al solo diseño de los plazos de extinción.
Ello atento a que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley. En efecto, la primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 313:1007).
III.1.f. Si bien la sujeción estricta a las palabras contenidas en el art. 2.532 citado podrían ser suficientes para dirimir la cuestión, considero que debe añadirse una reflexión derivada de los pensamientos que la señora Jueza doctora Argibay expusiera en ocasión de la causa "Casa Casmma SRL sobre Concurso Preventivo sobre Incidente de Verificación Tardía promovido por Municipalidad de la Matanza" (sent. de 26-III-2009).
Allí la citada magistrada señaló que "Con relación a este aspecto, entiendo oportuno señalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el tribunal a partir del caso 'Filcrosa' no ha merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo. Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas".
Dicha pauta hermenéutica resulta de provecho para concluir este análisis.
Más allá de los términos de la norma, debe valorarse que en los fundamentos del anteproyecto de reforma se explicaba que "Con relación a la prescripción liberatoria y específicamente a los plazos de la misma, el Anteproyecto ha seguido la metodología del Código Civil vigente, estableciendo un plazo de prescripción genérico y regulando casos específicos. En todos los casos se ha procurado la actualización de los plazos regulados, intentando la unificación y la reducción en cuanto resulta conveniente y ajustado al valor seguridad jurídica y a la realidad actual".
El texto definitivo de la nueva legislación fue dado en la décimo novena reunión, novena sesión especial -27 y 28 de noviembre de 2013- del 131° período legislativo.
Allí se advierte que: "El dictamen de comisión tiene diez artículos. El artículo 1º plantea la aprobación del Código en su totalidad. Con estos fundamentos vamos a votar el dictamen. Se van a incorporar dos reformas que criteriosamente planteó la senadora por Misiones. Ellas se vinculan con el derecho de las provincias a plantear precisamente los plazos de prescripción en materia impositiva, derechos provinciales y de los municipios, en los que consideramos que, de ninguna manera, el Código debe entrometerse ya que se trata de cuestiones de derecho público provincial o municipal. Con estas dos modificaciones, que serán leídas por el señor senador Barrionuevo, vamos a votar la sanción del libro incorporado junto al dictamen de comisión y que se ha distribuido en todas las bancas y que conforma el dictamen del oficialismo parlamentario en el Senado de la Na
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.