Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74081
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.081, "First Data Cono Sur S.R.L. contra Municipalidad de Chacabuco. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado inadmisible la repetición deducida. Impuso las costas a la recurrente vencida (conf. art. 51, CCA) -ver fs. 165/168 vta.-.
Contra tal pronunciamiento, la parte accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 174/189), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 200 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 205) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado inadmisible la demanda de repetición deducida, por considerar que el pago que la demandante reclamara como indebido tenía su causa directa en la determinación de oficio confirmada por el decreto municipal 843/10, el que había sido notificado con fecha 20 de julio de 2010, estando a la fecha de interposición de la pretensión (23 de diciembre de 2013), trascurrido en exceso el plazo de noventa días previsto por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo para su impugnación.
I.1. Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que no le asistía razón a la recurrente al afirmar -en su intento para justificar la acción de repetición- que el pago se había efectuado sin causa o motivo suficiente que lo legitime.
Señaló que ello no se correspondía con los hechos emergentes de autos, toda vez que el pago efectuado por la accionante fue con motivo del dictado del decreto 843/10 determinativo de la deuda en concepto de Derecho de Publicidad y Propaganda, que arrojara el monto de seiscientos ochenta mil diecisiete pesos con cincuenta centavos ($680.017,50), según constancias del expediente administrativo n° 4029-1317/10 (por el que tramitó el procedimiento determinativo de oficio seguido a la empresa actora).
Indicó que ese decreto no había sido impugnado por First Data Cono Sur S.R.L., y que sólo obra -ver fs. 86 de autos- la remisión de una carta documento donde manifestaba haber efectuado el pago de doscientos noventa y siete mil doscientos setenta y nueve pesos ($297.279), dando por cancelada la deuda de acuerdo con la liquidación emitida por la empresa contratada por el municipio (Publicon S.R.L.) con una quita del equivalente a la multa aplicada por el decreto 843/10.
Sostuvo que la legitimidad del acto de determinación de oficio no fue cuestionada en sede administrativa, y que tan sólo fijó un monto diferente para cancelar la deuda, dejando a salvo su disconformidad, la que consideró no se veía reflejada en el accionar de la firma, ya que el acto que agota la vía administrativa resultó ser el decreto 843/10 dictado por la Municipalidad de Chacabuco el 2 de julio de 2010 y notificado a la firma First Data Cono Sur S.R.L. el 20 de julio de 2010, sin que obre impugnación del mismo, sino solo un cuestionamiento del monto que surge de la liquidación del gravamen.
Indicó con ello que la recurrente intentaba revivir la situación instando la presente acción de repetición cuando ya había fenecido el plazo establecido por la ley para atacar el acto administrativo que le impone el gravamen; esto es, el plazo de caducidad previsto en el art. 18 de la ley 12.008.
Ello así, en tanto el decreto 843/10 de 2-VII-2010 fue notificado a la firma First Data Cono Sur S.R.L. el 20 de julio de 2010, y la presente demanda se interpone (según constancia de fs. 109) el 23 de diciembre de 2013.
Agregó que, ni el principio iurit novit curia ni las facultades jurisdiccionales para encuadrar la acción en una jurídicamente distinta de la auspiciada por el actor (art. 12, CCA), podían soslayar el hecho de que la demanda fue interpuesta holgadamente fuera del plazo establecido a tal efecto por la ley ritual (art. 18, CCA).
Por ello rechazó el recurso, aclarando que -por las razones dadas- no correspondía tratar la queja que invoca el apelante respecto del plazo fondal de prescripción, por resultar inoficioso.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia errónea aplicación de lo normado por los arts. 18 del Código Contencioso Administrativo y 4.023 del por entonces vigente Código Civil; aduce violación de la doctrina emergente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se queja de la imposición de costas.
II.1. En primer lugar manifiesta que la pretensión de repetición de las sumas pagadas indebidamente al Fisco municipal queda sometida exclusivamente al plazo de prescripción decenal establecido por la normativa de fondo (art. 4.023, Cód. Civ.) y que no puede ser enervada por el de caducidad (noventa días del art. 18, CCA) establecido para el caso de promover la acción contenciosa administrativa contra el acto de determinación del tributo.
Alega que en las pretensiones de carácter no impugnatorias -tal el caso de la repetición- no es aplicable el plazo de caducidad para acudir a la instancia judicial, en tanto en este tipo de pretensiones la actividad de la Administración que afecta al particular no supone un acto administrativo previo con pronunciamiento adverso.
Sostiene que en autos no persiguió la obtención de una decisión anulatoria del acto administrativo 843/10, el que no fue impugnado.
Manifiesta, en ese contexto, que el plazo de caducidad previsto para dicha impugnación no enerva la posibilidad de promover acción de repetición del impuesto en la medida en que no haya operado el vencimiento del plazo de prescripción del art. 4.023 del Código Civil.
Aduce que la acción civil de repetición y la acción contenciosa administrativa son de distinta naturaleza y que la sentencia que se dicte en esta última (rechazando la demanda por haber sido interpuesta fuera del plazo fijado por la respectiva ley provincial), no puede extender el alcance de su fuerza de cosa juzgada a la acción de repetición, cuyo término de prescripción se halla regido por el Código Civil entonces vigente (cita causa CSJN "Shell-Mex S.A. Arg. c/Pcia de Mendoza", Fallos: t. 200:444, t. 226:727; e.o.).
Señala que en el caso se configura un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa e inmediata su derecho de defensa en juicio y que le genera un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
Afirma que la sentencia recurrida resulta arbitraria por desnaturalizar garantías constitucionales tales como el debido proceso, el derecho de propiedad y a una sentencia racional y razonablemente fundada en la ley.
Insiste en sostener que en virtud de lo establecido en el art. 64 del Código Fiscal (t.o. 2001) la acción de repetición prescribe por el trascurso de cinco años, señalando que tales plazos no pueden ser enervados por los de caducidad previstos para promover la acción contenciosa administrativa tendiente a impugnar el acto de determinación o liquidación del tributo.
II.2. Denuncia que el Tribunal de Alzada omite considerar el agravio respecto del cual denunciara que el plazo de prescripción de la acción de repetición es de diez años.
En efecto, denuncia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, en innumerables precedentes, que la acción de repetición de las sumas pagadas a los fiscos provinciales y municipales, sin causa o por error, se rige por el plazo de prescripción dispuesto en el art. 4.023 del Código Civil.
Agrega que ha sostenido también que a la repetición del tributo pagado indebidamente por el administrado, en tanto no existe "causa" de la obligación de derecho público que pueda sustraer la cuestión del derecho privado, resulta aplicable el plazo de prescripción decenal (cfr. art. 4.023, Cód. Civ.) sin que la legislación local pueda apartarse del mismo, bajo pena de nulidad.
En este sentido, sostiene que la doctrina coincide en apuntar que la repetición de lo pagado sin causa es una cuestión eminentemente privada, civil, quedando sometida exclusivamente a la prescripción decenal establecida por la normativa de fondo.
Afirma asimismo que la ordenanza fiscal 1.933/97 de la Municipalidad de Chacabuco (t.o. 1997) también establece el plazo decenal para la acción de repetición.
No obstante sostiene que la situación no cambia si se aplica el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58), que dispone el plazo quinquenal; ello en tanto habiendo abonado los días 5 y 11 de agosto de 2010 la suma de $297.279, monto que se pretende repetir mediante la interposición de la presente acción iniciada el 23 de diciembre de 2013, no operó ni el vencimiento del plazo de prescripción decenal previsto en el art. 4.023 del Código Civil, ni el quinquenal del citado art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
II.3. Por último cuestiona la imposición de las costas.
Para ello señala que no hubo traslado de demanda a la Municipalidad y que no se trabó la litis.
Recuerda que el sistema de costas tiende a castigar mediante la aplicación del principio objetivo de la derrota, a aquel litigante que no contaba con razonables motivos como para que su postura fuera prima facie aceptada, pero no pretende ni persigue sancionar a aquel contribuyente que, advirtiendo la complejidad de la cuestión debatida, recurre a los estrados jurisdiccionales para ejercer su legítimo derecho de defensa.
Indica que actuó bajo una interpretación discreta y razonable de la normativa aplicable al caso, que determina que la acción de repetición del tributo local entablada contra la Municipalidad de Chacabuco era procedente en tanto no se encontraba prescripta.
En apoyo de su posición cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a que las costas deben imponerse en el orden causado si los antecedentes del caso pudieron razonablemente inducir a la parte perdidosa a sostener su posición, o bien pudieron generar expectativas razonables acerca del éxito de su pretensión.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. La Cámara interviniente consideró inadmisible la pretensión de repetición, en tanto la recurrente instó la acción cuando había ya fenecido el plazo establecido del art. 18 de la ley 12.008 para atacar el acto administrativo que le imponía el gravamen.
La impugnante, por su parte, se limita a señalar que no persiguió la anulación del acto administrativo 843/10 -en tanto no fue impugnado-; y sólo cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual sostiene que conforme el art. 64 del Código Fiscal (t.o. 2001) la acción de repetición prescribe por el trascurso de cinco años, alegando que ese término no puede ser enervado por el de caducidad para promover la acción contenciosa administrativa contra el acto de determinación o liquidación del tributo, en tanto el vencimiento de ese plazo de caducidad sólo perjudica la acción contencioso administrativa, mas no la acción de repetición. Se agravia también de la imposición de costas.
III.1.b. En primer lugar cabe señalar que interpretar el contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, solo revisable en casación en caso de absurdo (doctr. causas L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018; L. 119.989, "Agnone", sent. de 6-IX-2017; e.o.). Ello así, en el entendimiento que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. causas Ac. 70.845, sent. de 13-V-2000; Ac. 77.310, sent. de 2-X-2002; Ac. 90.443, sent. de 13-IV-2005; C. 97.577, sent. de 28-V-2008; C. 100.565, sent. de 12-XI-2008; C. 107.181, sent. de 9-XII-2010; C. 100.803, sent. de 22-XII-2010; A. 70.613, sent. de 17-VIII-2011). Vicio que no fue denunciado en autos.
Considero que no parece ilógico interpretar que, en rigor, el acto administrativo debió ser en primer término atacado por la vía prevista en el art. 12 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo -para de ese modo tornar incausado el pago que se busca repetir-, cuya habilitación se encuentra condicionada al cumplimiento de los plazos de caducidad fijados en el art. 18 del mismo cuerpo legal, los cuales podrían resultar desvirtuados si se admitiese la promoción de pretensiones sustancialmente análogas bajo denominaciones diferentes que acabaran sustrayéndolas de los requisitos fijados por el legislador.
De allí que la posición de la recurrente, quien sólo admite haber impulsado ante la justicia, en forma directa, una acción de repetición de impuestos, cuya procedencia depende de la previa anulación del acto administrativo que determina la tasa municipal y del decreto que la confirma (no siendo un hecho controvertido su correcta notificación al contribuyente) no pueda en esta instancia ser favorablemente acogida.
En el contexto de autos, no luce irrazonable la conclusión del Tribunal de Alzada que, no obstante señalar la improcedencia de la acción atento que no se impugnó previamente el acto determinativo, agregó que aun en virtud del principio iurit novit curia y las facultades de la jurisdicción para reencuadrar la acción intentada en una distinta de la auspiciada por el actor -por medio de los supuestos de las pretensiones de las que dispone el fuero para que los justiciables accedan a encauzar sus planteos (art. 12, CCA)-, ello no era factible en el sub lite en tanto se encontraba la demanda holgadamente fuera del plazo establecido por la ley ritual (art. 18, CCA).
Conforme el criterio establecido por esta Corte en la causa A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sentencia de 18-X-2017, si previamente no se deja sin efecto, sea por razones de inconstitucionalidad o de ilegitimidad, la norma que estableció el gravamen involucrado (en autos, el dec. 843/10), la pretensión de repetir lo abonado por tal concepto, en los términos antedichos, carece de sustento que la avale.
III.1.c. En segundo lugar, el recurrente manifiesta que conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acción civil de repetición y la acción contenciosa administrativa son de distinta naturaleza y que la sentencia que se dicte en esta última rechazando la demanda por haber sido interpuesta fuera del plazo fijado por la respectiva ley provincial, no puede extender el alcance de su fuerza de cosa juzgada a la acción de repetición, cuyo término de prescripción se halla regido por el Código Civil.
Sin embargo, la doctrina legal que hace viable el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la producida por esta Suprema Corte mediante la interpretación de las normas legales que han regido la relación sustancial debatida en la controversia y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal, aún de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la doctrina de los autores (conf. doctr. causas C. 120.282, "Primo de Piotrkowski", sent. de 8-XI-2017; C. 120.235, "Fabbian y Ravena", sent. de 21-XII-2016; entre muchas otras).
De ahí, que tal denuncia, fundada en la supuesta trasgresión de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulte insuficiente (conf. doctr. C. 115.249, "Vasso de Lavorato", sent. de 16-IV-2014).
III.2. Por otra parte, tampoco acierta el recurrente en cuanto afirma que el plazo de caducidad normado por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo resulta inaplicable en los casos de repetición de impuestos.
En la causa B. 62.883, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de San Fernando", resolución de 21-XII-2011, esta Corte sostuvo que la aplicación del plazo para impugnar judicialmente actos administrativos se halla establecida de manera uniforme, motivo por el cual todas las acciones tendientes a ese fin, interpuestas contra el Estado mediante la demanda contencioso administrativa, están sujetas al cumplimiento de dicho recaudo de admisibilidad, sin que corresponda efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger.
En la causa A. 70.538, "Covisur", sentencia de 4-VII-2012, tal criterio se utilizó, incluso, en oportunidad de perseguirse simultáneamente la declaración de ilegitimidad de un acto administrativo y la consecuente repetición de un tributo abonado por esa causa.
Los institutos de prescripción y caducidad presentan marcadas diferencias. Al respecto este Tribunal ha sostenido que esta última, aunque pueda guardar algún rasgo común con la prescripción, es esencialmente distinta ya que constituye un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares (doctr. causa A. 73.145, cit. y A. 70.263, "Sanz", sent. de 28-II-2011 y sus citas). Por ello, deviene improcedente el agravio de la recurrente relativo a la aplicación del plazo más amplio de prescripción para deducir la vía procesal intentada.
III.3. Las restantes objeciones contra la aplicación del plazo de caducidad reglado en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo tampoco pueden ser resueltas favorablemente.
Las referencias al fondo de la cuestión debatida no alcanzan para justificar el incumplimiento de los requisitos procesales establecidos en la ley para reclamar ante la justicia por la vía correspondiente, pues -contrariamente a lo manifestado en el recurso bajo examen- su aplicación no configura una violación al debido proceso ni al derecho de propiedad.
Al respecto, esta Suprema Corte ha señalado que la doctrina que censura ese vicio no puede ser entendida de tal manera que permita sustituir los principios de carácter procesal que tienen su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas (doctr. causa A. 71.719, "Bugarini", sent. de 5-X-2016; entre muchas otras).
III.4. Por último, los agravios vertidos en relación a la imposición de costas, tampoco prosperan.
La imposición y distribución de las costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; e.o.); vicio no denunciado en autos.
IV. Por los fundamentos desarrollados, el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto debe ser rechazado (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (ar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.