Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75010
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.010, "Gas Natural Ban S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Impugnación contra sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria entablada (v. fs. 174/183).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad (v. fs. 187/202), mas sólo este último fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 204/205).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 212), glosado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 213/223) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación rechazó la pretensión a través de la cual la actora persigue que se dejen sin efecto los actos dictados con fecha 13 de mayo de 2014 y 12 de mayo de 2015 por la sala II del Tribunal Fiscal de Apelación.
Destacó que en el "informe final de auditoría" se advirtieron tres causales de ajuste impositivo: 1) incorrecto encuadre de la actividad; 2) no aplicación del art. 36 de la ley 12.727 para el código 402003; y 3) incorrecta deducción de deudores incobrables de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos (conf. fs. 178 vta.).
Añadió que dichas razones fueron tenidas en cuenta en la resolución de inicio del procedimiento administrativo (v. fs. 716/721, expte. adm. 2306-52.936/03) y en la resolución de cierre del procedimiento determinativo y sumarial (v. fs. 1.144/1.165, expte. adm. cit.). Observó que, al interponer recurso administrativo de apelación (v. fs. 1.306/1.345, expte. adm. cit.), tanto la empresa como los declarados responsables solidarios expresaron –en coincidencia con lo indicado en el "informe final de auditoría"- que las causales de ajuste eran tres y que sus agravios versaron sobre: 1) la supuesta nulidad del acto impugnado; 2) el incremento de alícuotas establecido por la ley 12.727; 3) la determinación de deudores incobrables; 4) los intereses resarcitorios aplicados; 5) la multa impuesta; y 6) la responsabilidad solidaria establecida.
Relató que el Tribunal Fiscal de Apelación dictó resolución mediante la cual: 1) rechazó la nulidad alegada; 2) hizo lugar al planteo relacionado con el incremento de alícuotas dispuesto por la ley 12.727; 3) declaró abstractos los agravios atinentes a la deducción de deudores incobrables; 4) desestimó la crítica en torno a los intereses aplicados; 5) convalidó la multa impuesta; y 6) confirmó la responsabilidad endilgada (v. fs. 1.690/1.702, expte. adm. cit.).
Agregó que, en su parte dispositiva, el acto emitido por el organismo referido resolvió: "1°) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación articulados [...] 2°) Disponer que la Autoridad de Aplicación realice una nueva liquidación del impuesto de autos de conformidad a las pautas establecidas en los Considerandos precedentes; 3°) Confirmar el acto apelado en todo lo demás que no ha sido materia de agravios".
Expuso que, en virtud de lo indicado, la autoridad tributaria confeccionó una nueva liquidación del impuesto debido, que fue impugnada administrativamente por los interesados y aprobada por la mayoría de la sala II del Tribunal Fiscal de Apelación. Advirtió que en dicha oportunidad, este organismo sostuvo que de "...los considerandos de la sentencia del 13/5/2014, Registro N° 1.874, a los cuales remite el artículo 2° de la parte resolutiva de la misma, surge la decisión de 'dejar sin efecto el ajuste impositivo respecto del incremento alicuotario dispuesto por la ley 12.727... en tanto se encuentre en pugna con lo dispuesto por el art. 22 de la ley convenio 23.966...". Indicó que "...en el R-222, parte integrante de la Resolución determinativa oportunamente apelada por la firma, el Código NAIIB 402001 de 'Fabricación y Distribución de combustibles gaseosos por tuberías' contenía dicho incremento alicuotario [...], no así el Código NAIIB 402002 de 'Distribución de Gas Natural ley 11.244" y que la liquidación receptó los lineamientos dados en la sentencia oportunamente dictada (v. fs. 179 vta.).
Reseñados de ese modo los antecedentes administrativos, la Cámara puntualizó que las partes estaban de acuerdo en que no corresponde aplicar la alícuota incrementada por la ley 12.727 a la empresa actora, pero que ésta insiste en ello y en que el Fisco extrajo indebidamente ingresos de un código de actividad para incluirlos en otro "...a los efectos de concretar el aumento aludido" (v. fs. 180).
Concluyó que el monto ajustado y discutido por la contribuyente en su escrito de inicio no obedece a la aplicación del incremento alicuotario dispuesto por la ley 12.727, sino que se origina en el encuadre de actividades practicado por el organismo recaudador, aspecto que conlleva un aumento de las alícuotas aplicables -del 3,4% al 3,5%- y se traduce en una diferencia a favor del Fisco y que esa cuestión no fue materia de agravios por ante el Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 180). Agregó que la actora tampoco acertaba en su demanda al intentar demostrar que la diferencia reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos obedece a la aplicación de la ley 12.727 y no a un motivo diferente.
En otro orden, descartó que la multa impuesta sólo prosperara por la omisión de pago relacionada con el concepto "deudores incobrables", sobre la base de argumentos similares a los previamente apuntados. A su vez, negó que medie o se haya demostrado en el caso la concurrencia de alguna causal exculpatoria válida.
Con respecto a la responsabilidad solidaria extendida a los directores de la sociedad de autos, adujo que esta última no se encontraba legitimada para solicitar que sea dejada sin efecto ni tampoco para plantear la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal, al no resultar ser la "persona llamada a hacerlo" en los términos de lo establecido por esta Corte en la causa B. 57.129, "Mace S.A.", sentencia de 28-IX-2011. Argumentó que, en efecto, la firma actora no se beneficiaba ni se perjudicaba con lo que se resolviera sobre dicha cuestión, por lo que carecía de legitimación activa a ese fin (v. fs. 182).
Finalmente, señaló no advertir la alegada violación del principio de supremacía consagrado por el art. 31 de la Constitución nacional, en tanto, a su juicio, la demandante no demostró que el empleo de las facultades tributarias provinciales constituyera "entorpecimiento" o "impedimento" de los objetivos perseguidos por el Estado federal al regular la actividad de distribución de gas natural; y que las resoluciones administrativas impugnadas no desconocieron la ley 23.966, sino que, por el contrario, habían aplicado dicha norma.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad interpuesto, la actora denuncia que la sentencia atacada se apartó sin razón o fundamentación alguna tanto de la ley provincial 12.576 como de las leyes nacionales 23.548, 23.966 y 24.076.
Asegura que la cuestión discutida no pasa por el encuadre de la actividad desarrollada, sino por el hecho de que, con la liquidación practicada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), aprobada por la mayoría de la sala II del Tribunal Fiscal de Apelación, se violó, a su entender, lo establecido por los arts. 12 de la ley 12.576 y 22 de la ley 23.966, en tanto se gravó a los ingresos derivados de la prestación del servicio público a su cargo con una alícuota que excede el 3,4%, límite máximo allí establecido.
Afirma que, para la Cámara, el límite fijado por el art. 22 (ex art. 21) de la ley 23.966 es del 3,5%, por lo que estima necesario insistir en lo sostenido desde su primera presentación, esto es, que dicho valor estaba previsto para las etapas de producción y distribución de gas natural en conjunto, tal como –advierte- lo entendió el legislador provincial al sancionar la ley 12.576, a través de la cual se gravó la primera actividad mencionada a la alícuota del 0,1% y la restante, al 3,4%.
Recuerda que la ley 12.727 incrementó la alícuota aplicable en un treinta por ciento, llevando la prevista para distribución de gas natural al 4,42% y la correspondiente a producción de gas al 0,13%. Expresa que ello fue, precisamente, lo discutido y criticado ante todas las instancias provinciales y federales hasta obtener resoluciones favorables de la Comisión Federal de Impuestos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumenta que, si antes de la referida ley 12.727, la distribución de gas natural estaba gravada al 3,4%, al dejarse sin efecto el aumento señalado no puede aquella tener que tributar al 3,5%.
Plantea que convalidar la exigencia de esa diferencia de 0,1% entre un valor y otro, tal como acontece en autos, violenta el art. 22 (ex art. 21) de la ley 23.966 e implica desconocer las resoluciones 333/05 y 112/06, dictadas por la Comisión Federal de Impuestos y confirmadas por la Corte nacional (conf. Fallos: 336:734), que resultan de cumplimiento obligatorio para la Provincia de Buenos Aires, por así derivarse de los arts. 12 y 13 de la ley 23.548 y del régimen de coparticipación al que ella adhirió mediante la ley 11.244.
Por otra parte, interpreta que la afirmación según la cual no se presentaron agravios contra el encuadre de actividades formulado por la autoridad tributaria se aparta de los hechos y circunstancias de la causa. Reconoce que en principio estas cuestiones son ajenas al remedio extraordinario intentado, pero considera que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad manifiesta y que por ende debe ingresar en ellas. En esa línea, transcribe fragmentos de la liquidación original practicada por la autoridad tributaria y de la aprobada por el Tribunal Fiscal de Apelación, para destacar que los ingresos por distribución de gas declarados bajo el código 402002 fueron excluidos de éste y asignados al 402001 con la sola finalidad –asegura- de poder aplicar la alícuota incrementada por el art. 12 de la ley 12.727. Reitera que la oposición contra esta última se fundó en lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.966 y niega haber consentido el ajuste en discusión.
Alega asimismo desconocimiento del marco regulatorio del servicio público prestado, con grave y directa afectación de éste. Menciona que durante años la tarifa no fue modificada por la autoridad nacional y considera que convalidar el pronunciamiento atacado implicaría discriminación en su perjuicio, por cuanto los demás distribuidores de gas natural se encuentran sometidos a una alícuota inferior a la aquí establecida. Insiste también con que la pretensión fiscal violenta el principio de supremacía federal establecido por el art. 31 de la Constitución nacional, ya que el art. 22 de la ley 23.966 fija una alícuota máxima del 3,5% para las actividades de producción y distribución de gas natural consideradas en conjunto.
En cuanto a la multa impuesta, sostiene que resulta improcedente por inexistencia de materialidad ilícita y falta de factores subjetivos de atribución de responsabilidad como culpa o dolo, los que considera necesarios en mérito a la naturaleza penal que revestiría la infracción tributaria atribuida. Concluye que la sanción en cuestión es producto del desconocimiento de la normativa aplicable y que su confirmación por la Cámara interviniente constituye una manifiesta violación del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo, garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. En concreto, la actora cuestiona en autos la aplicación de la alícuota del 3,5%, computada en la liquidación aprobada por la mayoría de la sala II del Tribunal Fiscal de Apelación mediante el acto dictado con fecha 12 de mayo de 2015, pues considera que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 12 de la ley 12.576 y 22 de la ley 23.966, le corresponde tributar al 3,4%.
Ahora bien, según la Cámara, el 3,5% aplicado proviene del encuadramiento de actividades realizado por la autoridad de aplicación desde el inicio del procedimiento, sin que los afectados expresaran agravios al respecto en sede administrativa ni lograran demostrar en el presente juicio, como lo han pretendido, que dicho ajuste responda a una errónea aplicación del régimen de la ley nacional 23.966.
Para el a quo , en definitiva, los motivos que llevaron a que la autoridad tributaria aplicase este último aumento y los que justificaron que, con independencia de ello, una de las actividades de Gas Natural Ban S.A. fuese gravada al 3,5% constituyen dos cuestiones diferentes, de las cuales la primera fue resuelta en sentido favorable a la contribuyente por la sala II del Tribunal Fiscal de Apelación, mediante su pronunciamiento de fecha 13 de mayo de 2014.
Pese a lo expuesto, la firma atribuye a la Cámara haber entendido que la razón por la que se aplicó la alícuota del 3,5% radica en que se trata del límite establecido por el art. 22 (ex 21) de la ley 23.966. De allí extrae que resulta necesario insistir con lo sostenido desde su primera presentación, a saber, que dicho valor estaba previsto para las etapas de producción y distribución de gas natural en conjunto, de manera que, gravada la primera al 0,1%, la segunda no podía superar el 3,4%, tal como lo entendió el legislador provincial al sancionar la ley 12.576. Con respecto al aumento de alícuotas dispuesto posteriormente por la ley 12.727, la empresa reitera que cuestionó su validez hasta obtener resoluciones favorables de la Comisión Federal de Impuestos y de la Corte nacional, que resultan de cumplimiento obligatorio.
La recurrente no impugna de este modo los motivos que estructuran el pronunciamiento de la Cámara, basado en que la diferencia entre el 3,4% y el 3,5% de alícuota responde en el caso al encuadramiento de actividades practicado en su momento por la autoridad de aplicación (y a la consiguiente reasignación de ingresos de un determinado código del nomenclador correspondiente a otro), causal de ajuste autónoma reflejada en la vista de las diferencias otorgada en los términos del art. 38 del Código Fiscal (t.o. 1994, mod. por ley 11.796), en el "informe final de auditoría" y en las resoluciones de inicio y cierre del procedimiento (v. esp. fs. 640, 643, 646, 649, 681 vta./683, 726 vta. y 1.164, expte. adm.).
En cambio, los cuestionamientos que han sido reseñados insisten en atribuirle a la sentencia atacada una argumentación que en ningún momento sostuvo (conforme la cual debería aplicarse a Gas Natural Ban S.A. la tasa global máxima prevista por la ley 23.966 para las etapas de industrialización y expendio al público de gas natural, en conjunto) y en postular la improcedencia del aumento de alícuotas establecido por el art. 12 de la ley 12.727, punto éste que ya había sido resuelto en forma favorable a la contribuyente por el Tribunal Fiscal de Apelación.
Lo expuesto conlleva la desestimación de la presentación bajo análisis en la parcela indicada, pues esta Corte tiene dicho que es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas C. 96.091, "Guevara", sent. de 11-III-2009; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017 y A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018, e.o.).
Además, deviene insuficiente el recurso extraordinario que reitera argumentos ya expuestos ante el tribunal a quo , omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones sentadas por éste (conf. causa A. 74.271, "Meckievi", sent. de 21-XI-2018 y sus citas), tal como sucede en la especie con los agravios previamente indicados (v. fs. 57 vta. y 58).
III.2. Por otra parte, la impugnante cuestiona la afirmación del fallo de acuerdo con la cual no se presentaron agravios contra el encuadramiento de actividades practicado por la autoridad tributaria. Admite que la materia resulta ser una cuestión de hecho ajena en principio al remedio intentado, pero considera que en virtud de la arbitrariedad manifiesta que atribuye a la sentencia atacada esta Corte debe introducirse en ellas.
Plantea que los ingresos por distribución de gas declarados bajo el código 402002 -y otros en concepto de transferencias a sub distribuidoras- fueron reasignados por el Fisco al 402001, con la sola finalidad de poder aplicar la alícuota incrementada por el art. 12 de la ley 12.727, criterio al que –reitera- siempre se opuso por estimarlo contrario al art. 22 de la ley 23.966.
Tal como la propia recurrente admite, dichas críticas remiten al análisis de cuestiones de hecho, vinculadas con la interpretación de escritos de las partes, el encuadramiento impositivo de las actividades desarrolladas y la mecánica seguida en las liquidaciones discutidas. Y sabido es que, por vía de principio, los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos y la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo, claro está, en los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (conf. causa A. 71.405, "Lencina", sent. de 29-VI-2016, e.o.).
En la especie, si bien la firma alega la concurrencia de este último vicio, no logra demostrar que el mismo se haya configurado, pues en sustento de sus dichos se limita a describir la reasignación de ingresos que la Cámara atribuyó al encuadramiento de actividades realizado por la autoridad de aplicación y a denunciar que éste tuvo como exclusiva finalidad posibilitar la aplicación de la ley 12.727, cuestión sobre la que vuelve a exponer sus críticas.
En tales términos, la denuncia de arbitrariedad ensayada carece de entidad, ya que se basa en afirmaciones genéricas, técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa A. 73.943, "Gáspari", sent. de 15-VIII-2018).
Con respecto al absurdo, este Tribunal ha resuelto que su procedencia supone la denuncia de un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica, del sentido común o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado (conf. causa A. 72.675, "Durán", sent. de 29-XI-2017), extremos que la impugnante no ha logrado acreditar.
Disentir con lo resuelto no constituye base idónea de agravios, ni configura el absurdo que da lugar a este medio impugnativo extraordinario, en tanto dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de un error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causa A. 73.274, "Quijada", sent. de 29-VIII-2017 y sus citas). En autos dicha comprobación no se ha alcanzado.
III.3. Por último, corresponde señalar que el reproche atinente a la multa impuesta evidencia insuficiencia (arg. art. 279, CPCC), en tanto no ha sido fundado en violación de ley ni doctrina legal, sino que consiste en una genérica alegación de inexistencia de materialidad ilícita y de factores subjetivos de atribución de la responsabilidad.
Esta Corte ha dicho en forma reiterada que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su
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