Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74290
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.290, "Andrade Andrea R. contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 181/186 vta.). En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia y atribuyó la totalidad de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires en la pretensión indemnizatoria promovida por la señora Andrea Rosana Andrade, en representación de su hija -J. A. P.-, por la muerte del padre de la mencionada menor, acaecida mientras se encontraba detenido en la Comisaría de Bragado (v. fs. 225/242).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/275), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 277/278).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 290/292 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 293) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Mercedes, al hacer lugar a la pretensión indemnizatoria promovida, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora el 50% de las sumas determinadas para cada rubro indemnizable, la que se tradujo en $165.000, con más intereses (v. fs. 164/172). La sentencia fue apelada por las partes actora (v. fs. 181/186 vta.) y demandada (v. fs. 190/192).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 190/192) e hizo lugar parcialmente al deducido por la parte actora (v. fs. 181/186 vta.). En consecuencia, modificó la sentencia de grado: determinó la responsabilidad exclusiva de la Provincia demandada; fijó como indemnización en concepto de "daño patrimonial-valor vida" la suma de $180.000, cuyos intereses correrían a partir de la fecha del hecho -20 de marzo de 2012-; estableció para el rubro "daño extra patrimonial-daño moral" la suma de $150.000 y confirmó el resto de la sentencia de grado, en cuanto fue materia de agravio (v. fs. 225/242).
En lo que interesa para la solución del recurso extraordinario interpuesto, los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal de Alzada, para decidir del modo en que lo hizo, son los siguientes:
II.1. El caso plantea un supuesto de responsabilidad del Estado por falta o irregular prestación de un servicio. Ello, ante el acreditado suicidio del señor P. -ocurrido en la celda de la Comisaría de Bragado, donde se encontraba alojado- y en virtud del deber de custodia que fuera infringido, en tanto, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o su ejecución irregular (conf. art. 1.112, Cód. Civ., entonces vigente).
II.2. Los funcionarios, actuando en ejercicio de su cargo, son órganos del Estado, por lo que existe una imputación directa de la consecuencia de su actuación. Y con factor de atribución objetivo a través de la denominada falta de servicio, conforme la hermenéutica del art. 1.112 citado.
II.3. Consideró que estaban firmes y consentidas las siguientes circunstancias: que el señor P. se quitó la vida dentro de las instalaciones de la Comisaría de Bragado, mediante compresión extrínseca de cuello utilizando un cable, que se encontraba dentro de la celda y el cual no fue incautado en la requisa correspondiente, vulnerando ello -como adecuadamente lo consideró el a quo - lo dispuesto por el art. 13 inc. "d" de la ley 13.482, en cuanto dispone que: "El personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en el desempeño de sus funciones deberá adecuar su conducta a los siguientes principios básicos de actuación policial: Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su custodia".
II.4. Luego de ponderar la prueba producida en autos y los antecedentes de la causa, entendió que el suceso ocurrido el 20 de marzo de 2012 en la Comisaría de Bragado, comprometió la responsabilidad estatal, por la irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad policial, al cumplimentarse el defectuoso deber de custodia y seguridad del detenido.
Destacó que de los hechos acreditados en autos se desprendía que los funcionarios públicos actuaron con negligencia al dejar en la celda al señor P. con el cable -con el cual se auto provocó la comprensión extrínseca de cuello que derivó en su muerte- y sin vigilancia (conf. declaraciones testimoniales de fs. 21/23 vta. y 25/28 vta. de la causa 09-00-004146-12).
Entendió que, de no mediar las omisiones en que incurrieron los aludidos funcionarios policiales, el suicidio no habría ocurrido.
Concluyó que correspondía revocar parcialmente la sentencia de grado en este punto, en cuanto le endilgó el 50% de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires, y condenar a la demandada por la totalidad del daño acaecido.
II.5. Sentado ello, la Cámara trató los rubros que integraron la indemnización reconocida por el juez de grado, apelados por ambas partes.
Respecto al "valor vida", luego de reseñar las pautas seguidas por la jurisprudencia sobre el tema, tuvo en cuenta que -a la fecha de la muerte del señor P.- éste tenía 23 años de edad, se encontraba soltero y tenía una hija -menor de edad-.
Entendió que tales circunstancias debían conjugarse con la condición socioeconómica de la víctima del ilícito, lo que constituía una pauta para apreciar la cuantía de la pérdida patrimonial que sufrió la menor por la desaparición de aquél que proveía verosímilmente su sustento material.
Consideró que ante la carencia de recibos de sueldo y la falta de prueba de otras rentas del fallecido, aplicando el ejercicio discrecional de la tarifación, debía acudirse a criterios de parquedad. Ponderó que ese defecto no debía generar indebidamente enriquecimientos para quien en definitiva debía aportar la prueba perjudicando injustamente al deudor (conf. arts. 1.068, 1.083, 1.084, 1.085, Cód. Civ.).
Reparó que, sin perjuicio de encontrarse acreditado que el señor P. realizaba tareas como albañil (conf. declaraciones testimoniales obrantes a fs. 92/93), no resultó probado el monto de los ingresos alegados en el escrito de inicio, el que consideró que queda librado al arbitrio judicial y sujeto a equidad.
Destacó que debía tenerse en cuenta el medio ambiente, la edad de la víctima, sus circunstancias personales, el vínculo familiar y la expectativa a laboral del señor P..
Con tales circunstancias y parámetros confirmó la sentencia de grado, en cuanto estableció para el rubro indemnizatorio "valor vida" la suma de $180.000.
II.6. Con referencia al "daño moral", luego de definir su configuración recordó que cuando se trata de la muerte de un padre no es necesario traer la prueba de que el hijo ha sufrido agravio de índole moral, porque está en el orden natural de las cosas que la muerte de un ser querido de tan estrecha vinculación biológica y espiritual ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de su hijo.
Estimó que la traducción económica del aludido quebranto que en el fallo se efectuó, reflejaba el sufrimiento espiritual que a la reclamante debió haberle provocado el evento dañoso (arts. 1.078, Cód. Civ. y 165, CPCC) y confirmó el monto de $150.000 dispuesto para el rubro por el a quo .
II.7. Por último, analizó el agravio introducido por la parte demandada a fs. 191 vta., respecto a la imposición de costas resuelta por el magistrado de grado (ver considerando 11°, a fs. 241 y vta.) y las impuso, en ambas instancias, en el orden causado (v. punto 1° "f" del fallo, a fs. 242).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 273/275 la Fiscalía de Estado denunció absurdo valorativo al endilgarle a la Provincia de Buenos Aires responsabilidad en la custodia de un detenido que se autolesionó fatalmente. También cuestionó el monto de la indemnización y la imposición de las costas.
III.1. Adujo que la Cámara incurrió en absurdo valorativo al tener por acreditado que las lesiones del fallecido P. fueron auto provocadas y, no obstante ello, lo eximió de responsabilidad. Entiende que, al mediar un hecho de esas características, la relación de causalidad se encuentra interrumpida por el hecho de la víctima.
Reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación (v. fs. 190/191). Sostuvo que la atribución de una falla en la custodia o la afirmación exagerada respecto de la previsibilidad de la conducta por parte del detenido, no constituyeron un elemento válido para cimentar la decisión del a quo . Aclaró que se trató de una persona mayor de edad que no demostró algún indicio de una patología que pudiera hacer presumir que iba a cometer esa conducta.
Ponderó que la pericia psiquiátrica estableció que el suicidio obedeció a un cuadro depresivo agudo y que el perito en su informe manifestó que la enfermedad padecida por el difunto pudo no ser exteriorizada por éste, haciendo imposible -por parte del personal policial- la detección de la decisión de quitarse la vida del señor P..
Destacó que el experto indicó que es compleja la prevención del suicidio, habida cuenta que las personas que sufren esa patología depresiva no buscan el tratamiento porque creen que nada va a ayudar, no desean contarle a nadie que tienen problemas, piensan que buscar ayuda es un signo de debilidad y no saben dónde acudir.
Manifestó que es de público y notorio conocimiento que quien se encuentra decidido a terminar con su vida logrará su cometido tarde o temprano y sólo en caso de notables evidencias de la enfermedad es que se puede recluir al paciente en instalaciones adecuadas con las sujeciones específicas. Adujo que extender la responsabilidad del deber de custodia a esos extremos implicaría que para evitar que se desencadenen esos hechos lamentables se inmovilizase al reo en forma total una vez que ingrese, algo realmente impensable que a su vez implicaría un trato indebido para con quien no detenta la enfermedad suicida.
Concluye argumentando que no es razonable que se asigne responsabilidad a la Provincia y menos aún extender la misma en la custodia de un detenido que se autolesionó fatalmente. Agrega que si bien existe una responsabilidad in vigilando por parte de la autoridad policial cuando tiene a su cargo una persona, este deber no puede equiparse al de una institución mental donde este tipo de conductas son parte de las posibilidades y el personal tiene la preparación necesaria para evitar que este tipo de conductas se materialicen y, aun así, en varios casos no pueden impedir la concreción del hecho.
III.2. En otro orden, la recurrente se agravió del monto indemnizatorio fijado por la Cámara.
III.2.a. Respecto al rubro "valor vida" adujo que el tribunal no tuvo evidencia alguna que pudiera servir como pauta para el cálculo de la suma de $180.000 a la que arribó. Señaló que la carencia de un empleo de la víctima debía considerarse más allá de la edad de su hija, puesto que la ponderación del rubro es al valor vida del difunto, no de la menor.
Entendió que la suma fijada no se sustentó en pautas adecuadas y que la valoración es incorrecta y no guarda relación con la lógica, puesto que parte de una base incierta y antojadiza.
III.2.b. En relación al rubro "Gastos Médicos y de Farmacia" sostuvo que la Cámara le asignó una importante suma de dinero ($2.000) no obstante que la prueba fue deficiente, afectando el derecho de defensa dado que la actora no ha probado sus dichos.
III.2.c. Adujo que la indemnización por "daño moral" no pudo ser reconocida porque la decisión de terminar con su vida provino del propio señor P. y no resulta lógico que se atribuya responsabilidad al Estado Provincial por la decisión que tomó el propio difunto, y menos aún, la exagerada suma de $150.000.
III.3. Por último, se agravió por la imposición de costas a su parte, la que consideró improcedente, por haber existido concurrencia de culpa según el a quo .
Entendió que, en este supuesto en que no se hizo lugar a la apelación, las costas deberían haberse asignado en el orden causado atendiendo a la complejidad de la excepción, conforme lo establecido por el art. 68, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial y habida cuenta del rechazo de los rubros principales por parte del sentenciante.
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. La Cámara entendió que la falta de servicio se configuró, en el caso, por el incumplimiento del deber de custodia y seguridad del detenido, ello atento la falta de requisa de los cables con los que a la postre se auto lesionó el señor P., obligación que se hallaba impuesta por el art. 13 inc. "d" de la ley 13.482, entonces vigente, cuando éste se encontraba alojado en una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Consideró que esas circunstancias configuraron la conducta omisiva del Estado, quien no cumplió adecuadamente con el deber de vigilancia respecto del detenido (arts 1.112, Cód. Civ.) y que, de no mediar las omisiones en que incurrieron los aludidos funcionarios policiales, el suicidio no habría ocurrido.
Con base en lo expuesto, le atribuyó la totalidad de la responsabilidad a la Provincia demandada.
IV.1.b. Sobre este tema, la recurrente invocó absurdo valorativo y se limitó a argumentar que al mediar el suicidio del señor P., la relación de causalidad se encontraba interrumpida por el hecho de la víctima. Reiteró lo expuesto en la apelación respecto a que la atribución de una falla en la custodia, o la afirmación exagerada respecto de la previsibilidad de la conducta por parte del detenido no constituyen un elemento válido para cimentar la decisión del a quo .
IV.1.c. Sentado ello, advierto que la quejosa omite denunciar la infracción del precepto actuado por el tribunal a quo , concretamente el art. 1.112 del referido ordenamiento.
Tiene dicho esta Corte que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005).
El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige que el recurrente indique con claridad las disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el apelante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de la instancia extraordinaria (causas C. 100.851, sent. de 3-VI-2009).
Pues bien, por cuanto concierne a la queja bajo análisis, dicha carga en modo alguno aparece cumplida.
Me permito recordar que la cuestión relativa a la responsabilidad del Estado derivada del incumplimiento de los deberes de seguridad y custodia respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad ha sido objeto de análisis por este Tribunal en casos de configuración análoga a la presente (A. 69.485, "Lobato", sent. de 30-IX-2009; A. 69.977, "Robert", sent. de 30-XI-2001; A. 70.456, "Guzman", sent. de 13-XI-2012 y A. 69.602, "Orlande", sent. de 4-XII-2013).
En dichos precedentes, este Tribunal ha seguido los lineamientos que sentó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia al declarar que "el postulado que emana del art. 18 de nuestra Constitución nacional tiene un contenido operativo que impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en el respeto de su vida, salud e integridad física y moral" (CSJN, in re "Badin", sent. de 19-X-1995; Fallos: 318:2002, considerando 3°).
Para más, cabe destacar que el máximo Tribunal federal ha reiterado el mentado criterio al resolver, en instancia originaria, un caso que guarda analogía con el de autos. En efecto, al dictar sentencia en la causa "Gatica, Susana Mercedes c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios", sent. de 22-XII-2009 (Fallos: 332:2842) sostuvo que "...la seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado artículo 18, los propios de los penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema".
La Cámara tuvo por acreditada la omisión incurrida por la Policía de Seguridad al no haber prestado acabado cumplimiento de los deberes de custodia y seguridad a fin de evitar el deceso del señor P. (conf. arts. 18, Const. nac.; 1.112, Cód. Civ. y 13 inc. "d", ley 13.482).
Tales cuestiones, que por cierto constituyen el fundamento jurídico del fallo, no han recibido reproche por parte de la recurrente, quien ha centrado su embate en la conducta de la víctima y se ha desembarazado por completo del argumento del Tribunal, quien atribuyó a la demandada la comisión de una falta de servicio consistente en la omisión por parte de la autoridad policial en brindar las condiciones apropiadas de contención y cuidado del recluso, que le hubieran permitido cumplir adecuadamente con la finalidad del régimen carcelario.
Es doctrina de esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (causas A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011 y A. 69.602, sent. de 4-XII-2013).
IV.1.d. En otro orden, la cuestión que se plantea a decisión de esta Corte a través del recurso extraordinario intentado, versa sobre la incidencia causal que la conducta suicida de la víctima tuvo en la producción del evento dañoso.
Sobre el particular esta Corte tiene dicho que la determinación de la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño, como también su ruptura, constituyen -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- típicas cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre su evaluación en forma absurda por los tribunales de grado (conf. A. 71.485, "Amaya", sent. de 4-VI-2014, entre muchas).
Específicamente este Tribunal ha tenido ocasión de reiterar esa doctrina en casos similares al presente en los que -frente a recursos del Fisco provincial apoyados en una línea argumental semejante a la del caso- también pretendía discutirse la incidencia causal de la "conducta suicida" de la víctima para enervar la condena integral del Estado.
Allí se recordó la incidencia de la conducta de la víctima a los efectos del examen de la eventual eximición de respo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.