Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75407
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y se revoca la resolución de fs. 324/325. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido con fecha 18 de mayo de 2018, agregado a fs. 297/300 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Torres, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.407, "Orphant, Mirta María c/ Caja Ret., Jub. y Pens. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 324/325).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 329/334), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 336/337.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 339) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 324/325).
Para así decidir, ponderó que el poder acompañado a fs. 317/319, otorgado por el Fiscal de Estado a favor del doctor Juan Manuel Gallo era insuficiente a los fines de intervenir en el sub lite , atento que el mandato conferido se refería a procesos que no se correspondían con el de autos.
A partir de allí, consideró incumplidos los recaudos exigidos por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial, a los fines de justificar la personería invocada.
Precisó, que dichos preceptos se limitan a exigir la exhibición del poder sin prever sanción ante una presentación defectuosa, por ello, señaló que los jueces deben acudir a otras normas del mismo cuerpo legal, concretamente a los deberes que estatuye el art. 34 inc. 5, la potestad contenida en la última parte del art. 157 y al argumento emergente del art. 345 inc. 2 en conjunción con el art. 352 inc. 4 y a la doctrina de esta Suprema Corte sentada en la causa C. 120.441, "Pardo", resolución de 2-III-2016.
En consecuencia, ante la falta de subsanación de la omisión incurrida -no obstante la previa intimación realizada al efecto (v. fs. 313/314)-, el Tribunal de Alzada tuvo por no deducido el recurso de apelación obrante a fs. 297/300.
II. Contra dicho pronunciamiento el Fiscal de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 329/334), en cuyo marco denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 155 de la Constitución provincial; 3 y 5 del decreto ley 7.543/69; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 46, 47 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y absurdo valorativo.
Básicamente, sostiene que la Cámara desconoció en forma absurda el alcance del poder general para actuar en juicio, que fuera acompañado al sub lite en respaldo de la representación convencional invocada por el apoderado fiscal doctor Juan Manuel Gallo, al considerar que se trataba de un poder especial, ajeno al ámbito de la presente causa.
Alega que con ello se vulneró la normativa específica que autoriza la sustitución procesal del Fiscal de Estado en el ejercicio de su representación estatal (arts. 3 y 5, dec. ley 7.543/69), realizándose una aplicación indebida de las normas y consecuencias que se refieren a la representación de particulares en el proceso privado (arts. 46 y 47, CPCC).
Postula que el poder general acompañado: a) reúne los requisitos para provocar la sustitución de la representación procesal autorizada por los arts. 3 y 5 del decreto ley 7.543/69; b) faculta a intervenir en toda clase de juicios, sin perjuicio de la referencia colateral que se haya hecho a algún proceso particular; c) su redacción no es singular, sino que coincide con el resto de los poderes que se otorgan a otros profesionales del organismo, que han sido siempre reconocidos a los fines de acreditar personería y d) tuvo como clara intención del Fiscal de Estado sustituir la representación provincial que le compete (art. 155, Const. prov.), dando investidura procesal al letrado actuante.
Aduna que, en el caso, el recurso de apelación en cuestión, además de la firma del doctor Gallo, estaba suscripto por otro funcionario de ese organismo también autorizado para intervenir en la presente causa.
III. El recurso debe prosperar.
El tema central que se plantea a decisión de esta Suprema Corte se circunscribe a determinar si el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado a fs. 297/300 vta., contra la sentencia de primera instancia, contaba con la debida representación procesal para su interposición.
A los fines de abordar el tratamiento de la cuestión, corresponde señalar en forma preliminar que, la representación judicial de la Provincia de Buenos Aires y de sus entidades autárquicas está a cargo del Fiscal de Estado, conforme al art. 155 de la Constitución provincial que estatuye: "Habrá un Fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones...".
Por su parte, el art. 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (dec. ley 7.543/69) determina esa competencia funcional, y en virtud de que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir.
Asimismo, el Fiscal de Estado puede sustituir la representación en juicio de la Provincia en funcionarios del organismo con título habilitante y esa sustitución se acreditará mediante escritura pública o nota poder otorgada por el Fiscal de Estado (cfr. arts. 3 y 5, dec. ley cit.).
Ahora bien, ingresando al estudio del caso, y tal como lo señalara el Fiscal de Estado en su escrito bajo análisis, el recurso de apelación que la Cámara tuvo por no presentado -amén de la firma del abogado cuya personería se discute- fue también rubricado por otro letrado de la Fiscalía de Estado que poseía representación procesal adecuada (v. fs. 297/300 vta.).
En efecto, puede observarse en dicho escrito la firma del doctor Dino José Polimeni, quien cuenta con personería suficiente para actuar en los presentes autos, conforme carta poder de sustitución de la representación procesal -obrante a fs. 186-, que fuera otorgada por el Fiscal de Estado en los términos de los arts. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 46 del decreto ley 7.549/69.
Aprecio -conforme la reseña normativa efectuada- una absurda valoración de las constancias de la causa, en la medida que el decisorio del Tribunal de Alzada soslayó que el recurso de apelación presentado, había sido firmado por el doctor Polimeni, quien se hallaba facultado para intervenir en los presentes obrados (cfr. arts. 3 y 5, dec. ley 7.543/69) de acuerdo a la competencia asignada por la Constitución provincial al Fiscal de Estado. Lo dicho, más allá de los términos y condiciones en que fuera confeccionada la sustitución procesal a favor del doctor Juan Manuel Gallo.
Bajo tales lineamientos, la crítica de la recurrente es eficaz, toda vez que aporta una explicación que visualiza la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera respecto al examen del escrito recursivo de fecha 18 de mayo de 2017, con entidad suficiente para configurar un vicio descalificante, verificándose infracción a los arts. 3 y 5 del decreto ley 7.543/69.
En definitiva, la Cámara se ha apartado al resolver como lo hizo de las constancias de la causa, al tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la demandada.
IV. A mérito de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución de fs. 324/325. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido por la demandada con fecha 18 de mayo de 2017, agregado a fs. 297/300 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y se revoca la resolución de fs. 324/325. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido con fecha 18 de mayo de 2018, agregado a fs. 297/300 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia