Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72610
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.610, "La Segunda Seguros de Retiro S.A. contra Municipalidad de General Pueyrredón. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó, por mayoría de fundamentos, la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda promovida por La Segunda Seguros de Retiro S.A. contra la Municipalidad de General Pueyrredon y declaró ilegítimo el acto administrativo dictado por el juez de Faltas municipal mediante el cual se le impuso una multa en el marco de las leyes 24.240 y 13.133 de protección a los consumidores y usuarios (v. fs. 520/542).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 549/565).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 572), agregado el memorial de la parte actora a fs. 577/587 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La compañía actora, La Segunda Seguros de Retiro S.A., promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon y solicitó la anulación del acto administrativo de fecha 31 de mayo de 2007 dictado por el titular del Juzgado de Faltas n° 3, mediante el cual se le impuso una sanción pecuniaria en el marco de las leyes 24.240 y 13.133 de protección a los consumidores y usuarios.
Destacó que el acto administrativo referido exhibía vicios en sus elementos competencia, causa y objeto y, por tanto, debía anularse.
Los antecedentes del caso tienen su origen en la denuncia efectuada por el señor Francisco Alberto Chelia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor, Usuario y Contribuyente del municipio de General Pueyrredon, con relación al contrato de renta vitalicia previsional que lo vinculara con la actora, de la cual derivó -luego del procedimiento administrativo previsto en la ley 13.133- la aplicación de una multa de $250.000 a la compañía aseguradora y la publicación -a su costa- de la parte dispositiva del acto sancionatorio, por infracción de los arts. 4, 19 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y 42 y 38 de la Constitución nacional y provincial, respectivamente.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió la pretensión anulatoria y declaró ilegítimo el acto administrativo impugnado por considerar que la autoridad administrativa municipal carecía de competencia para dictarlo (v. fs. 459/466).
Para ello estimó conveniente analizar, en forma preliminar, la naturaleza jurídica del contrato de renta vitalicia previsional y el régimen legal aplicable (ley 24.241).
Asimismo, señaló la compatibilidad que existe en la finalidad que tienen los contratos de renta vitalicia previsional con la protección que la Constitución nacional le asigna a los beneficiarios de la seguridad social (CSJN Fallos: 331:2006).
En función de ello, puntualizó que dichos contratos debían ajustarse a las pautas mínimas que dictaran la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entes autárquicos cuya intervención obedece a la especialidad técnica que ostentan en el marco de sus competencias.
Resaltó, con relación al punto relativo a la habilitación legal del juez de Faltas municipal para aplicar sanciones a partir de la denuncia presentada por el señor Chelia ante la Dirección de Defensa del Consumidor y del Usuario del municipio de General Pueyrredon, que la autoridad local debió inhibirse de intervenir atento a su manifiesta incompetencia material para fiscalizar y sancionar a empresas que despliegan un objeto societario como el de la actora.
Destacó que el art. 155 de la ley 24.241 dispone que la Superintendencia de Seguros de la Nación aplicará a las compañías de seguro las sanciones previstas en la Ley de Entidades de Seguros y su Control 20.091, con los procedimientos que allí se establecen.
Por su parte, el art. 8 de la ley 20.091 citada, excluye -sin excepción- a toda autoridad administrativa, nacional o provincial que no sea la Superintendencia para ejercer el control del funcionamiento y actuación de todas las entidades de seguros.
Adujo que las disposiciones referidas responden al carácter de especialidad, sobre una base de especificidad técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Refirió que, de acuerdo al esquema de competencias diseñado por el legislador para encausar el comportamiento de las entidades privadas que operan en el marco del sistema de jubilaciones y pensiones, la potestad de aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos solo puede ser ejercida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Por último, sostuvo que la ley 24.241 prevalece por sobre su similar de Defensa del Consumidor 24.240, en tanto aquella es posterior y especial a su respecto.
En consecuencia y sin que la decisión adoptada implique la posibilidad de desconocer que el contrato antedicho sea alcanzado por las normas tuitivas del consumo, concluyó que el juez de Faltas debió apartarse de entender en el asunto y remitir las actuaciones a la Superintendencia de Seguros de la Nación a fin de que dicho organismo verifique los incumplimientos denunciados y, en su caso, aplique la sanción correspondiente.
I.3. Apelado el pronunciamiento por la Municipalidad demandada a fs. 472/477, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, confirmó lo decidido por el juez de grado en todo cuanto fue materia de agravios (v. fs. 520/542).
El Tribunal de Alzada consideró -por mayoría de fundamentos concordantes- que la administración de justicia municipal carece de habilitación legal para actuar en casos como el analizado en el sub judice , siendo la Superintendencia de Seguros de la Nación la autoridad con competencia exclusiva y excluyente en el ámbito sectorial del seguro la encargada de resguardar los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la Constitución nacional.
Para así resolver, sostuvo que la cuestión a dilucidar no es si la contratación de seguros es un negocio jurídico comprendido por la normativa consumeril, como tampoco lo es la eventual competencia de las autoridades municipales para aplicar medidas preventivas, correctivas y sancionatorias de protección de los derechos de los consumidores en el marco de las leyes 24.240 y 13.133, sino que -en rigor- el thema decidendum radica en determinar si los derechos de los consumidores de seguros pueden hacerse valer no ya mediante la intervención de las autoridades nacionales, provinciales y municipales definidas en las leyes 24.240 y 13.133, sino mediante denuncias y reclamos ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano que no se encuentra entre las autoridades definidas en los marcos jurídicos aludidos, pero que -sin embargo- resulta ser la autoridad federal con competencia exclusiva en la materia.
En respuesta a dicho interrogante, aludió al art. 42 de la Constitución nacional que reconoció los derechos de los consumidores y usuarios, a la vez que conminó a las autoridades a proveer a su protección.
Puntualizó que, al ser una norma programática, la pluralidad a la que acudió el constituyente adquiere singular importancia a la hora de establecer el criterio interpretativo para resolver el litigio.
Sostuvo que en el caso de la protección de los derechos del consumidor -como también ocurre con los restantes derechos consagrados en la Constitución- todos y cada uno de los componentes del Estado se encuentran llamados a garantizar su cumplimiento. Y ello "...en un esquema razonable de distribución de funciones cuyo juicio se apuntala primeramente en la asignación constitucional de misiones exclusivas o concurrentes entre Provincias y Gobierno Federal y, más luego, en la adjudicación legal de competencias que puede responder a diversos criterios tales como descentralización territorial, política de fomento, especialidad técnica, complejidad en la materia, cuantía del asunto, entre otras variables posibles y comúnmente aceptadas".
Indicó que una primera aproximación al art. 42 de la Constitución nacional permite afirmar que el gobierno federal no se reservó en exclusividad la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. En efecto, el art. 38 de la Constitución local encomendó a la Provincia de Buenos Aires la tarea de proveer procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos relacionados con el derecho del consumo.
Recordó que con el dictado de la ley 24.240 el Congreso de la Nación fijó el marco normativo de defensa de los derechos de los consumidores y estableció una autoridad federal de aplicación para garantizar la aplicación de dicho régimen.
Paralelamente, señaló que por conducto del art. 41 de la Ley de Defensa del Consumidor se les reconoció a los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires una competencia territorial delegada para el control, vigilancia y juzgamiento de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
Advirtió que frente al texto del régimen establecido por la ley 24.240 debería examinarse si el mismo es omnicomprensivo de toda competencia en lo relativo al resguardo de los derechos de los consumidores y usuarios -como sostiene el municipio demandado- o si, por el contrario, actúa como norma final de resguardo ante la ausencia de otras autoridades que deban velar por garantizar los derechos constitucionalmente consagrados, en los ámbitos funcionales de especialidad que le fueran normativamente asignados.
Indicó que, pese al reconocimiento de facultades concurrentes del art. 42 de la Constitución nacional, el Congreso nacional reforzó las prerrogativas de la autoridad federal de aplicación en relación con las facultades locales (v. arts. 41, 43 inc. "c", 43 in fine y 64, LDC).
En consecuencia, afirmó que la ley rectora en la materia no instituyó una competencia monolítica nacional ni estableció una delegación genérica de esas competencias en los gobiernos provinciales ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para resguardar el efectivo goce de los derechos consagrados en el art. 42 de la Constitución nacional.
En efecto, indicó que hay sectores del quehacer económico -como el analizado en los presentes obrados- que desarrollan relaciones de consumo que están bajo una regulación federal exclusiva (art. 75 inc. 12, Const. nac.) y que el Congreso ha omitido someterlos a las autoridades de aplicación de la ley 24.240 (sea federal sea delegada) "...por cuanto ha guardado silencio -contrariamente a lo efectuado en el art. 64 de la mentada ley- respecto de los órganos llamados a cumplir con la manda contenida en el art. 42 de la Constitución nacional".
Sostuvo que frente a esa falta de legislación corresponde indagar en la regulación sectorial federal si el Congreso ha creado organismos públicos con competencia técnica específica y -en ese caso- si les asignó la responsabilidad de ser la autoridad que provea a la efectiva defensa de los derechos reconocidos por el art. 42 de la Constitución nacional, para, luego, ante la comprobada ausencia de autoridades de aplicación propias, acudir a las autoridades que la ley 24.240 otorgó las potestades de actuación en la materia.
En ese contexto, refirió que la ley especial 20.091 "de los aseguradores y su control" (sancionada por el Congreso de la Nación en uso de las atribuciones conferidas por el art. 75 inc. 12 de la Const. nac.) encomendó el control exclusivo y excluyente del funcionamiento y actuación de todas las entidades de seguros, sin excepción, a la Superintendencia Nacional de Seguros de la Nación, con exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o provincial (art. 8).
Luego de reseñar las prerrogativas otorgadas por ese régimen normativo, indicó que sus previsiones permiten trazar un parangón con los principios protectorios del derecho del consumo (deber de información, publicidad, prestación de servicios, interpretación y contrato de adhesión).
A mayor abundamiento, refirió a las misiones y funciones de la Superintendencia de Seguros que tienden a proteger los intereses de los asegurados como usuarios del sistema del mercado asegurador (decs. 1.251/97 y 1.084/04).
Por último, coincidió con un pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, en el que se afirmó que la defensa del consumidor se encuentra en la entraña misma del derecho de seguro. Asimismo, se dijo que en el ámbito de la actividad aseguradora la defensa del consumidor se encuentra reglamentada por la vigencia de regímenes que establecen las leyes 17.418, de contrato de seguro, 20.091 de los aseguradores y su control y 22.400 de productores asesores de seguros. Destacó que debe hacerse hincapié en la imprescindible convergencia que existe entre el interés del consumidor y el conjunto de los asegurados que conforman la comunidad administrada por la empresa de seguros. Si la interpretación se inclinara exclusivamente en favor del consumidor individualmente considerado, olvidando que él integra una comunidad de asegurados, se correría el riesgo de romper la ecuación técnica del seguro en perjuicio del interés general -el de los demás consumidores- (causa "Fairbairn Alfredo O. c/ Alico Seguros de Vida S.A.", sent. de 20-IV-2005).
II. Contra dicho pronunciamiento el municipio demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 549/565), en el cual denunció que el decisorio en crisis vulneró los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en los arts. 42 de la Constitución nacional y 38 de la Constitución provincial.
Acusó que el fallo atacado transgredió las disposiciones de orden público de la ley 24.240, especialmente los arts. 3, 4, 19, 37 y 65.
Asimismo, sostuvo que la sentencia impugnada atentó contra el derecho de propiedad contemplado en el art. 17 de la Constitución nacional.
II.1. Consideró, en el referido sentido, que el acto impugnado por la accionante no presenta vicio alguno en sus elementos competencia, causa y objeto.
Puntualizó que en la modalidad contractual que se ventila en autos (renta vitalicia previsional) se encuentra configurada una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240.
Refirió al reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores y al régimen legal establecido por la ley rectora en la materia -texto según ley 26.361- y afirmó que dicho sistema protectorio se integra con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular las leyes 25.156 de Defensa de la Competencia y 22.802 de Lealtad Comercial (art. 3, LDC).
Con cita autoral y jurisprudencial reafirmó la postura que predica que los contratos de seguros quedan comprendidos en las relaciones de consumo tuteladas por el art. 42 de la Constitución Nacional y leyes concordantes.
Sostuvo que la Ley de Defensa del Consumidor prevalece por sobre las leyes que regulan la relación jurídica sustantiva, en tanto los derechos de los consumidores y usuarios se encuentran constitucionalizados.
Asimismo, señaló que la modificación introducida por la ley 26.361 al art. 3 de la ley 24.240 corrobora la aplicación de privilegio y preferencia por sobre las demás normas. De igual modo, sostuvo que sus disposiciones no pueden ser dejadas de lado por otras normas atento a su calificación de orden público (art. 65, ley cit.).
Alegó que el fallo atacado violó la ley pues, para fundar la competencia exclusiva y excluyente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se basó en normas de inferior jerarquía (decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.251/97 y 1.084/04 y resolución de la Superintendencia de Seguros 35.840/2011 y su modif.) por sobre las normas de orden público que rigen la materia y por sobre la propia Constitución nacional (art. 42).
Respecto a la distribución de competencias para el juzgamiento y aplicación de sanciones en la materia señaló que la ley rectora establece una autoridad de aplicación federal y autoridades locales (provinciales o municipales).
Afirmó que en el ámbito local, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios (ley 13.133) instituyó que los municipios serán los encargados de ejercer las funciones establecidas en la ley 24.240 (art. 79, ley cit.) y tendrán a su cargo la aplicación de los procedimientos y las sanciones previstas en la ley respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios (art. 80, ley cit.).
Reconoció la concurrencia de facultades en el control, vigilancia y juzgamiento en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de la existencia de otros entes que regulan las actividades específicas.
Señaló, con base en opiniones doctrinales, que las cuestiones que se susciten por conflictos referidos a violaciones a las leyes de protección de los consumidores y usuarios deben ser sustanciadas ante la autoridad de aplicación que las mismas establecen y no por la autoridad que regule la actividad específica.
Afirmó que -en general- no existe contradicción entre las normas consumeriles y el marco regulatorio sectorial, pero advirtió que, de ocurrir tal circunstancia, debe priorizarse la aplicación de las normas protectorias de los consumidores ya que estas informan todo el sistema jurídico y reconoce su base en la Constitución nacional.
Por otra parte, señaló que exigirles a los consumidores o usuarios acudir al organismo específico de control en la materia de que se trate se contrapone con el "procedimiento eficaz" que garantiza la Constitución nacional para ejercer esos derechos.
A la vez, sostuvo que la conclusión a la que arribó el a quo implica sustraer de la competencia municipal a toda materia que cuente con una autoridad regulatoria propia.
Desde otroángulo, se agravió de la interpretación del art. 64 de la ley 24.240, que establece expresamente la competencia de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la aplicación de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, para excluir de la competencia local al objeto del sub judice .
Por último, desarrolló fundamentos relativos a demostrar que la existencia de facultades concurrentes entre distintos organismos de aplicación (los de la LDC y los de la actividad específica) no atenta contra el principio constitucional del non bis in idem .
II.2. Luego abordó -sin perjuicio de dejar aclarado que el fallo impugnado no trata los vicios en los elementos causa y objeto en atención a la manera en que resolvió la cuestión de la competencia- los restantes elementos del acto administrativo cuestionado, a saber, causa y objeto.
Esgrimió argumentos relativos a defender la legitimidad del acto sancionatorio dictado por el juez de faltas municipal para el caso que este Tribunal considere que el elemento competencia no se encuentra viciado.
II.2.a. Con relación a la causa afirmó que la resolución impugnada se basa en los hechos denunciados y en las constancias del expediente, sumado a los principios protectorios del régimen jurídico aplicable a la relación de consumo que vincula al denunciante con la co
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