Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72837
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.837, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de La Plata. Pretensión anulatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó el pronunciamiento de primera instancia. En consecuencia, admitió la pretensión anulatoria deducida por el señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires y declaró la nulidad del art. 2 de la resolución de fecha 27 de agosto de 2005 dictada por el Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, en todos sus alcances (v. fs. 295/298 vta.).
Disconforme con lo allí resuelto, la demandada dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs.304/318), los que fueron concedidos a fs. 214 y vta. y 223 y vta.
Este Tribunal, por resolutorio obrante a fs. 325/326, desestimó la primera vía citada y llamó autos para resolver el segundo recurso impetrado (v. fs. 325 vta.). Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Plata, solicitando la anulación parcial de la resolución de fecha 27 de agosto de 2007 dictada por el Juzgado Municipal de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor, que ordenó una medida preventiva innovativa respecto del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con fundamento en el art. 71 de la ley provincial 13.133 (v. fs. 208/214).
Por dicho acto administrativo el organismo comunal dispuso al mencionado Instituto y a Bingo La Plata que implementen las medidas concretas que sean necesarias para dar cumplimiento con la solicitud de autoexclusión de salas de juegos efectuada por la señora L. M. I. y, deberán establecer y/o perfeccionar, según el caso, el funcionamiento de un sistema de control de identidad lo suficientemente exhaustivo a los efectos de posibilitar la identificación de las personas que ingresan o se encuentran dentro de los lugares de esparcimiento, de modo de impedir el acceso y/o permanencia de quienes hayan adherido a la resolución 417/06.
Asimismo, mandó acreditar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles las medidas ordenadas y/o implementadas, bajo apercibimiento de remisión de las actuaciones a la Justicia Penal.
Finalmente, requirió al Instituto Provincial de Lotería y Casinos la elevación dentro del plazo de diez (10) días hábiles de un informe pormenorizado de las medidas que las entidades explotadoras de los juegos de azar deberán poner en práctica para dar cumplimiento al programa en cuestión.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, desestimó la pretensión deducida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 254/258 vta.).
Contra el mentado pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación.
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al citado recurso y revocó el pronunciamiento de primera instancia. En consecuencia, admitió la pretensión anulatoria deducida por el señor Fiscal de Estado y declaró la nulidad del art. 2 de la resolución de fecha 27 de agosto de 2005 dictada por el Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, en todos sus alcances (v. fs. 295/298 vta.).
El Tribunal de Alzada comenzó el tratamiento de la apelación, y recordó que el procedimiento administrativo fue promovido por la denuncia de la señora L. M. I. quien resultara adherida al Programa de Auto Exclusión de Salas de Juegos de Azar, creado por la mentada normativa dictada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
Detalló los agravios de la accionante indicando entre ellos: omisión de cuestiones esenciales que es fuente de la incongruencia que denunciara; incompetencia del órgano comunal en la aplicación de las disposiciones relativas a la defensa del consumidor; inexistencia de relación de consumo y la calidad de proveedor de servicios por parte del Instituto provincial; e improcedencia de la medida precautoria y la ausencia de soporte legal para su adopción.
Señaló que los arts. 79, 80 y 81 de la ley provincial 13.133 (conf. arts. 41, 42 y concs., ley nacional 24.240), delimitaban un perfil concurrente de aplicación entre la Provincia y los municipios y autorizaban el despliegue de las atribuciones expuestas en la resolución de fecha 27 de agosto de 2007, aunque solo con un alcance confinado a las salas ubicadas en jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de La Plata, sin permitir la extensión implícita que vislumbraba la medida preventiva, ello conforme los arts. 190, siguientes y concordantes de la Constitución provincial y 79 del primer cuerpo legal citado.
Precisó que esa cuestión ha sido omitida por el acto administrativo.
Entendió que la cuestión fáctica que suscita el caso no se ofrecía reportando al vínculo jurídico que exige el art. 3 de la ley nacional 24.240, en razón de que la autoexclusión constituía una negación explícita a una relación de consumo, que constituía una fuente necesaria y condición suficiente para el despliegue de las potestades de sanción del órgano de aplicación de la ley provincial 13.133.
Manifestó que la parte actora no revestía la posición de proveedor del bien o servicio que pudiera constituir el objeto del contrato aleatorio de juego de azar, conforme los entonces vigentes arts. 2.051 a 2.069 del Código Civil, en razón de que la denuncia fue promovida para impedir la consumación del vínculo contractual por conducto de la resolución 417/06.
Sostuvo que el litigio se ofrecía ajeno a las leyes nacional 24.240 y provincial 13.133, en tanto regulan la protección de los consumidores como parte de una relación de consumo y también a las situaciones preparatorias que deslindan los capítulos II a X del título I de la indicada norma nacional.
Puntualizó que la entidad provincial no ha sido responsabilizada por una contravención que autorizaba la adopción de la medida de cese inmediato para la conducta que se considerase en violación legal, como lo exigiera el art. 71 de la ley provincial 13.133, siendo que éste determinaba con toda claridad la condición necesaria de esa imputación para habilitar la respuesta de prevención en el trámite de elucidación de responsabilidad.
Consideró que la resolución 417/06 no reportaba a esas fuentes de contravención posible, y la medida preventiva no se direccionaba al cese de la violación de la infracción prevista en la ley.
Finalmente, sostuvo que el programa establecido en la resolución 417/06 solo contenía medidas de asistencia y ayuda para quienes considerasen voluntariamente no participar de los juegos de azar (conf. arts. 1, 2, 3, 4 y 5). Añadió que las salas lúdicas asumían la obligación de medios del art. 9 inc. "c", en relación con el interesado, sin que ello implicara responsabilidad del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (conf. art. 7, resol. cit.) más allá de ese cometido.
Remarcó que el programa implementado es de asistencia y no implicaba el deber de una conducta positiva que se extendiera más allá de lo establecido en la resolución 417/06 y no puede vincularse a las leyes 13.133 y 24.240.
III. Contra el mentado pronunciamiento, el apoderado de la Municipalidad de La Plata interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y/o doctrina legal y denunció la violación de los arts. 36 y 38 de la Constitución provincial; 79, 80 y 81 de la ley 13.133; 1 y 2 del decreto 1.036/04 y doctrina legal de esta Corte.
También alegó absurdo.
Entendió que la sentencia impugnada carecía de fundamentación adecuada, violó los principios de congruencia, competencia y división de poderes y no valoró los hechos invocados por el pronunciamiento de primera instancia.
Sostuvo a contrario de lo afirmado por la Cámara que la cuestión debatida se encontraba regida por la ley provincial 13.133 que otorgaba facultades a los municipios para regular el ámbito de actuación en materia de defensa del consumidor, que constituía una facultad local, que debía interpretarse en forma coherente con la autonomía municipal consagrada en el art. 123 de la Constitución nacional.
Afirmó que existía una relación de consumo por lo que consideraba aplicable los arts. 79, 80 y 81 de la ley 13.133, que transcribió en su totalidad.
Enfatizó que la Cámara inaplicó tal marco normativo que facultaba a la Municipalidad de La Plata a emitir medidas tendientes a la aplicación, ejecución e implementación de la ley de Defensa del Consumidor y por lo tanto la medida cuestionada no era inválida en tanto ha sido dictada en el ámbito de la competencia de la autoridad administrativa.
Señaló que el decreto 1.036/04 designó al Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Comercio, a actuar concurrentemente con los municipios en la vigilancia, control y juzgamiento de la aplicación de la ley provincial 13.133, aún en aquellos casos en que las presuntas infracciones pudiesen afectar el comercio local.
Alegó que la sentencia de la Cámara incurrió en absurdo al exceder el marco jurisdiccional establecido por los arts. 1 de las constituciones provincial y nacional, que estableciera el principio republicano de gobierno y dejó de lado la interpretación de la normativa referida a la defensa de los derechos de los consumidores. Por ello, sostuvo que el pronunciamiento impugnado no es derivación razonada del derecho vigente.
Adujo que la sentencia impugnada era arbitraria al apartarse de una competencia expresa determinada por la ley, conforme los arts. 36 y 38 de la Constitución provincial; 79, 80 y 81 de la ley 13.133 y 1 y 2 del decreto 1.036/04.
Manifestó que en forma explícita y aún en caso de duda implícitamente se desprendía de dicha normativa la competencia del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata para la adopción de la resolución que se impugna.
Expresó que era arbitraria la interpretación realizada por el a quo por cuanto es indudable que la pretensión estaba ligada a una relación de consumo donde existía un nexo de causalidad directo e inmediato producto de ese vínculo y la medida adoptada se fundaba en la prevención de la salud de un consumidor compulsivo de los juegos de azar existente en la Provincia de Buenos Aires.
Sostuvo la legitimidad de la resolución impugnada, que tenía como principal sujeto al consumidor y que toda duda acerca de cualquier interpretación normativa, incluso de incertidumbre y de las medidas tomadas, debía ser en beneficio de la parte más débil de la relación.
Puntualizó a contrario de lo manifestado por el Tribunal de Alzada que la decisión administrativa ordenada era razonable y proporcional, coherente con todo el bloque normativo referente a los derechos del consumidor -en especial el art. 36 inc.8 de la Constitución provincial-, cuya oferta es promovida por la Provincia de Buenos Aires que es la generadora del juego, cuya adicción afectaba la salud y psiquis de las personas, cuestión que era irrelevante para el Tribunal de Alzada.
Indicó que era irrazonable la consideración realizada por la Cámara en cuanto la autoexclusión constituía una negación a la relación de consumo, en virtud de que la resolución del juez de faltas municipal es la defensa del usuario que ya formó parte de la relación de consumo y resultaban aplicables los arts. 36 y 38 de la Constitución provincial; 79, 80 y 81 de la ley 13.133 y 1 y 2 del decreto 1.036/04.
Esgrimió que la sentencia impugnada violaba el principio republicano de gobierno al avanzar sobre la gestión municipal y en perjuicio de la señora I. que se encontraba amparada en la solicitud de autoexclusión, fundada en la protección a la salud de las personas con adicción al juego.
Precisó que el pronunciamiento de la Cámara desconoció que la medida adoptada por el juez de faltas municipal es inherente a la función administrativa, a quien se le atribuía el ejercicio de su actividad constitucional, por lo que se violaba el art. 1 de la Constitución provincial.
Consideró que el Tribunal de Alzada eliminó la función administrativa, en materia de protección de consumidores, y que habilitaba tomar medidas preventivas tendientes a proteger el derecho a la salud.
Señaló que el absurdo que se alegaba no es sobre cuestiones de hecho ni apreciaciones o valoraciones probatorios, sino respecto a la grosera violación de principios procedimentales y constitucionales, como era lo referido a las competencias de los poderes públicos.
Finalmente, sostuvo que la decisión del Tribunal de Alzada estaba basada en errores esenciales, graves y groseros que la condujeron a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Citó casos resueltos por esta Corte: C. 109.259, "R. O.", sentencia de 21-III-2012 y L. 108.740, "Rossi", sentencia de 3-V-2012, en los cuales se definió el mentado vicio que denunciara.
IV. Adelanto que el recurso debe prosperar.
IV.1. Cabe analizar en primer término el agravio vinculado a si la materia sobre la cual versa el litigio está referida a una relación de consumo, ya que la Cámara interviniente entendió que ella no se halla configurada en virtud de que la autoexclusión de las salas de juegos de azar implica una negación de su existencia.
En la especie, el Juzgado de Faltas n° 2 de la Municipalidad de La Plata, con motivo de una denuncia efectuada por la señora L. M. I., ordenó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y a Bingo La Plata a que implementaren las medidas concretas que sean necesarias para dar cumplimiento con la solicitud de autoexclusión efectuada por la citada persona, ordenándoles establecer y/o perfeccionar, según el caso, el funcionamiento de un sistema de control de identidad lo suficientemente exhaustivo a los efectos de posibilitar la identificación de las personas que ingresan o se encuentran dentro de los lugares de esparcimiento, de modo de impedir el acceso y/o permanencia de quienes hayan adherido a la resolución 417/06, que reglamentara el Programa de Autoexclusión de Salas de Juegos de Azar, y cuya autoridad de aplicación es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
IV.1.a. Preliminarmente cabe reparar en la directiva emergente del art. 37 de la Constitución provincial, que ha puesto en cabeza del Estado provincial la titularidad de los "juegos de azar", en cuanto a su creación y regulación. Se trata de una reserva de potestad pública relativa a la actividad del juego globalmente considerada, en aras de la finalidad social que manda a satisfacer la afectación de las utilidades derivadas del referido quehacer lúdico (doctr. causa B. 60.009, "Dumont", sent. de 15-III-2006).
A consecuencia de ello, se estableció que la explotación, administración y contralor de los juegos de azar en jurisdicción provincial se halla a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, creado por decreto 1.170/92, como una entidad autárquica de derecho público, en la órbita del Ministerio de Economía. Entre los considerandos de su creación se destaca la necesidad de determinación específica del destino de los fondos obtenidos con los juegos, "para asegurar el interés social" tenido en cuenta en la autorización de cada uno de ellos (cons. 3°, dec. cit.; cfr. causa cit.,).
Entre las atribuciones que se concede a dicho organismo está la de ser la autoridad de aplicación de todos los juegos de azar, pudiendo explotarlos por sí o por intermedio de agencias (art. 3 incs. "c" y "d" de la Carta Orgánica del referido organismo aprobada por el decreto mencionado).
En lo que atañe específicamente a la cuestión en debate, cabe señalar que en el marco de la apertura de Centros de Atención Integral para Jugadores Compulsivos, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, por resolución 417/06, aprobó el Programa de Autoexclusión destinado a personas que voluntariamente decidan no concurrir a las Salas de Juegos de Azar de la Provincia de Buenos Aires, a través de la suscripción del formulario de solicitud respectivo y el Instituto resulta autoridad de aplicación (cfr. art. 2).
Para arribar a la adhesión referida, es que existe un vínculo entre el particular apostador y la autoridad administrativa provincial que concierne a una actividad cuya organización y control son de exclusiva iniciativa y titularidad del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
IV.1.b. Por lo tanto, la autoexclusión implica un modo de finiquitar el contrato aleatorio de juegos de azar -vínculo que genera una relación de consumo y al cual le es aplicable la ley de defensa del consumidor- con sustento en la protección de la salud de un consumidor compulsivo, conducta que trata de resguardar el programa implementado por dicha normativa citada.
De ahí que la interpretación brindada por la Cámara, referida a que la autoexclusión de la accionante, implicaba una negación de la existencia de una relación de consumo y por lo tanto ajena a la competencia de las leyes nacional 24.240 y provincial 13.133, es desacertada, en virtud de que el vínculo contractual derivado del juego y el apartamiento del mismo, se engloba en la órbita de un contrato de consumo y por lo tanto se encuentra comprendido en el plexo jurídico que protege a los usuarios y consumidores.
Ahora bien, en este caso el Instituto Provincial de Lotería y Casinos es la autoridad de aplicación del régimen instaurado (art. 2, resol. 417/06), lo que implica que es la autoridad concedente de la explotación de las salas de juegos, controladora y reguladora de ellas, por lo que toda decisión que se adopte con relación al cumplimiento del Programa de Autoexclusión de Salas de Juegos de Azar debe alcanzarlo, aunque no genere ninguna responsabilidad frente al jugador adictivo (conf. art. 7, resol. 417/06).
Cabe recordar que los juegos de azar constituyen una materia sometida a estrictas limitaciones y controles severos, que el Estado tolera (doctr. causa B. 57.830, "García Arancibia", sent. de 19-V-2004) y por tanto regula mediante normas que, en definitiva, atienden a fines públicos, y a las que los particulares deben ajustar su conducta (doctr. causas B. 57.792, "Herrera", sent. de 19-III-2003; B. 57.830 y B. 60.009, cits.).
IV.2. Sentado lo precedente, cabe abordar los agravios relativos a que la medida adoptada no es inválida en tanto ha sido dictada en el ámbito de la competencia de la autoridad administrativa y que es aquella razonable y proporcional al estar fundada en la protección de la salud de las personas adictas al juego.
IV.2.a. Respecto al primer reproche, debemos considerar que el denominado Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, en su art. 79, estableció que los municipios serán los encargados de ejercer las funciones a las que alude la ley 24.240, de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones. A mayor precisión, el art. 80 de dicho cuerpo legal señala que aquellos habrán de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en el código relativos a las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios.
A tal fin, el art. 81 les encomendó disponer el funcionamiento de un orga
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