Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.022, "Oviedo, Edgardo Patricio contra Provincia ART Administradora del Autoseguro GPBA y ot. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 373/386 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 399/405).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción promovida por el señor Edgardo Patricio Oviedo y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 373/386 vta.)
Para así decidir, en el veredicto, juzgó acreditado que el actor, como dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sufrió un accidente de trabajo el día 21 de septiembre de 2011 en el trayecto entre el lugar de desempeño de tareas y su domicilio particular, como consecuencia del cual, padece un 33% de incapacidad parcial y permanente. Al momento del evento dañoso tenía treinta y dos años de edad, y el valor del ingreso base mensual establecido en el art. 12 de la ley 24.557, teniendo en cuenta todos los rubros remunerativos percibidos por el accionante, ascendía a $6.833,01, y dicho módulo, sin contemplar las horas Co.Re.S. cumplidas por el actor, alcanzaba la suma de $5.409,07 (v. vered., fs. 374/376 vta.).
Luego, en la sentencia, el órgano de mérito declaró la inconstitucionalidad de la citada norma, en cuanto dispone -a fin de determinar el módulo salarial para establecer las prestaciones dinerarias- que sólo deben tomarse las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones (v. sent., fs. 381).
En ese orden, si bien señaló que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico, concluyó que -en el caso- existían elementos suficientes que llevaban a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 no conducía a un resultado razonable sino que -por el contrario- mediante su aplicación se producía una clara vulneración del derecho de propiedad (v. fs. 381 y vta.).
Agregó que el principio de razonabilidad exigía que las normas legales mantuvieran coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso de su vigencia, de modo que en el caso de generarse cambios en las circunstancias que rodeaban la aplicación del precepto en cuestión, ellas podían hacer que la solución legal -no ostensiblemente incorrecta en su inicio- se tornara irrazonable y la norma que la consagraba, indefendible desde el punto de vista constitucional.
Señaló que la prestación dineraria mensual, por ser sustitutiva de la remuneración, no debería tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba durante el período en que no pueda prestar tareas un reemplazo de los que, hasta el día del accidente, fueron sus ingresos remuneratorios (v. fs. 381 vta.).
Asimismo, remarcó que carecía de justificativo válido sostener que durante ese lapso el trabajador se viera afectado por un déficit en su "ingreso de bolsillo", que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le era -en absoluto- imputable, y que la norma asigna a la responsabilidad del empleador (v. fs. 382).
Advirtió que el mantenimiento del valor del salario durante el período referido, que constituye un objetivo que apunta a la reparación del daño sufrido, resultaba en la práctica seriamente obstaculizado por cuanto la ley 24.557 no tiene en cuenta para calcular el valor mensual del ingreso base aquellas prestaciones que forman parte del ingreso mensual del trabajador, pero carecen de carácter remuneratorio (v. fs. 382).
Concluyó que, en el caso, se observaba tal desproporción y, por lo expuesto, resolvió declarar su inconstitucionalidad toda vez que el dispositivo legal impugnado colisionaba con los arts. 19 y 21.2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad y no regresión en materia de seguridad social contenidos en el art. 39.3 de la Constitución provincial y en los arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- (v. fs. 382 y vta.).
En consecuencia, determinó la prestación según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo en $242.603,97 ($6.833,01 x 53 x 33% x 2,03; v. fs. 383).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 399/405).
Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557, y haya incluido para calcular el valor mensual del ingreso base, todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del actor.
En ese marco, controvierte la decisión en cuanto el a quo determinó que el citado precepto afecta el principio de razonabilidad. Postula que una indemnización debe cumplir necesariamente con los requisitos de legalidad, certeza y razonabilidad y que los dos primeros no se cumplen en el caso, vulnerando el principio de seguridad jurídica al dejar al arbitrio del juzgador la decisión de incluir rubros no remunerativos en el cálculo del ingreso base.
Refiere que el salario que se toma en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos (v. fs. 402).
Agrega que no es inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente (v. fs. 403).
Expresa también que la norma en cuestión no violenta los principios de integralidad y progresividad (art. 39, Const. prov.) y que es la sentencia la que incurre en arbitrariedad manifiesta afectando el derecho de propiedad de la demandada (art. 17, Const. nac.) no aplicando una norma válida y vigente.
Desde otroángulo, alega que es arbitraria la conclusión del a quo en cuanto determinó que el trabajador se vería afectado económicamente por un déficit en su "ingreso de bolsillo" si se excluyeran del cálculo del ingreso base los rubros no sujetos a aportes y contribuciones.
En ese sentido, afirma que, si en el período que requirió la determinación de la incapacidad y del resarcimiento resultante, el trabajador tuvo una comprobada evolución salarial, su consideración al evaluar la merma de su capacidad laboral debe comprender el mecanismo que la ley propone para evitar un palmario menoscabo de su ingreso real, y no el utilizado por el juzgador que implica el apartamiento injustificado del método vigente (art. 12, LRT) y la violación de la normativa que prohíbe la indexación de créditos (v. fs. 403 vta.).
Luego, señala que las notas que definen el carácter remuneratorio de un rubro son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del trabajador o a las circunstancias especiales del mismo. En ese orden, se agravia de la inclusión del rubro denominado "horas cores" en el ingreso base para calcular las prestaciones dinerarias en tanto las sumas abonadas al actor por dicho concepto no están sujetas a aportes y contribuciones, tal como expresamente lo establece el citado art. 12 (v. fs. 403 vta. y 404).
Finalmente, sostiene que -contrariamente a lo expuesto en la sentencia de grado- no se configura la manifiesta desproporción que plantea el a quo entre el ingreso base mensual calculado sobre los conceptos sujetos a cotización y el computado teniendo en cuenta, además, los rubros no remunerativos (v. fs. 404).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. La interesada dirige su impugnación a cuestionar la decisión de los jueces del tribunal de trabajo actuante en cuanto consideraron que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta inconstitucional en tanto excluye -para el cálculo del ingreso mensual base- a los llamados ingresos no remunerativos.
III.3. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo , hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal local (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008), quedando exento de las limitaciones establecidas por el citado dispositivo legal y el art. 55 de la ley 11.653.
III.4. Ahora bien, a los fines de dar respuesta al reproche formulado por la impugnante, corresponde señalar que esta Suprema Corte, en casos sustancialmente análogos, al desestimar los recursos presentados por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires ha censurado aquella parte de la norma en cuanto establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al sistema integrado de jubilaciones y pensiones" (causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 15-XII-2018; e.o.), disponiendo que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. En virtud de ello, debe confirmarse el pronunciamiento atacado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Coincido con lo expresado por el doctor de Lázzari en cuanto destaca que el recurso ha sido bien concedido.
II.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el cuestionamiento, dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones".
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
I.2. Luego, con relación a la cuestionada declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, considero que si bien la interesada no consigue desvirtuar las razones que condujeron al tribunal a pronunciarse en el sentido indicado, he señalado en varias oportunidades que, en mi opinión, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia