Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120080
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Soria , Kogan , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.080, "Tosello, Pablo Javier contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en la ciudad de San Miguel, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 296/302).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 315/331 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Javier Tosello contra Prevención ART S.A. y condenó a esta al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que el día 5 de junio de 2012 el actor protagonizó un accidente de trabajo al verse obligado a saltar del techo de una vivienda mientras realizaba la instalación de un cable satelital, lo que le provocó una fractura compleja del hueso calcáneo de su pie izquierdo (v. fs. 296 vta. y 297). También que, como consecuencia del mencionado infortunio, padece una incapacidad del 46% del índice de la total obrera (v. fs. 299 vta.).
Ya en la sentencia, el a quo declaró aplicable al caso la ley 26.773, señalando -como fundamento de la decisión- que "el crédito del reclamante, en observancia a las constancias de autos, no se encontraba satisfecho a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa" (fs. 299 vta.).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante, por mayoría, juzgó también aplicable el decreto 472/14 y en ese orden, tras multiplicar el importe de $841.856 por el porcentaje de incapacidad, arribó a la suma total de $387.253,76 (v. fs. 300 y vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha del accidente y hasta la de su efectivo pago, devengase intereses "a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del Sistema Banca Internet Provincia" (fs. 301).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil; 1, 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 inc. "b" y 26 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 63 de la ley 11.653; del decreto 1.694/09 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del tribunal en cuanto dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773 a pesar de que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente del actor. Al respecto, explica que el apartado 5 del art. 17 es la única norma que define el ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones y en ese sentido se proyecta solamente a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del día 26 de octubre de 2012, es decir, la fecha de entrada en vigencia (v. fs. 321 vta.).
Señala que, en cambio, el apartado 6 del art. 17 resulta complementario del anterior y establece como se ajustarán o calcularán las prestaciones dinerarias a partir de ese momento (v. fs. 322 vta. y 323).
Agrega que el art. 8 regula sobre la posterior actualización semestral y los arts. 10, 11, 12 y 13 disponen un sistema similar para las alícuotas que deben abonarse a las aseguradoras (v. fs. 323 vta.).
Destaca que los decretos 1.278/00 y 1.694/09, que anteriormente habían establecido modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo, establecían el mismo criterio y tampoco eran de aplicación retroactiva (v. fs. 324 vta.).
Alega que la aplicación retroactiva de la normativa en cuestión afecta seriamente su patrimonio como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación (v. fs. 325). Añade que, también, perjudica a la masa de asegurados porque genera inequidad en la distribución de las prestaciones (v. fs. 327).
Desde esa perspectiva, concluye que el fallo es contrario al derecho de propiedad, al principio de irretroactividad y a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), respecto a las mejoras indemnizatorias previstas en el referido decreto 1.278/00 (v. fs. cit.).
II.2. También, impugna la solución adoptada en materia de intereses.
II.2.a. Por un lado, cuestiona la tasa de interés -pasiva digital- que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Denuncia que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció en los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 328/329 vta.).
II.2.b. Por el otro, objeta el momento desde el cual deben comenzar a computarse dichos accesorios por considerar que, al aplicarse sobre una suma ya sujeta al mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, "hay una doble actualización de valores" (fs. 330 y vta.).
II.3. Por último, controvierte la regulación de honorarios efectuada en la instancia ordinaria, por considerarlos "altos y contrarios al derecho aplicable", postulando, asimismo, la aplicación de la ley 24.432 (v. fs. 331).
III. El recurso debe prosperar parcialmente.
III.1. La crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773 es procedente.
En efecto, el referido cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando esta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De este modo, la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente:
III.1.a. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.1.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello, aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14- IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891 o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa- no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.1.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 y el decreto 472/14, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que practique nueva liquidación, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.2. En cambio, resulta improcedente la impugnación a la tasa de interés que ordenó aplicar el a quo al capital de condena.
Dicho cuestionamiento también merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, aunque, como habré de señalar luego, tampoco haya contribuido a su conformación.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe" como en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Agrego otra consideración: lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cual es la tasa que debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
Como siempre, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (cfr. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación ; 2ª Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no solo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013 y A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
En función de lo dicho y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) sentada en las citadas causas y propongo el consecuente rechazo de esta parcela de la impugnación.
III.3. En virtud de lo expuesto en el punto III.1. de este voto, donde propongo revocar la actualización del importe de condena dispuesta con base en la ley 26.773 y el decreto 472/14, no corresponde abordar el análisis del planteo de la recurrente por el cual sostiene que la forma en que se aplicaron los intereses moratorios -a una suma ya ajustada por la normativa indicada- implica una "doble actualización de valores" (fs. 330 y vta.). Ello así, pues no concierne a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.4. Por las mismas razones, tampoco es dable examinar el cuestionamiento a la regulación de los honorarios efectuada por el a quo , toda vez que también aquí lo decidido en el punto III.1. indudablemente ha de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena como al de los estipendios de los profesionales, cuya regulación encuentra su base en aquel. Tales circunstancias, a su vez, han de mutar el escenario en el que habría de operar la limitación prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432).
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773 y el decreto 472/14, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto y renueve las regulaciones de honorarios.
Costas de esta instancia por su orden, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 26-V-2016), en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008), y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación con la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016), en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
I.1.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza para acoger la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos.
Considero que las prestaciones objeto de la condena, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -aún insatisfechas-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar, en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773), que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el trabajador sufrió un accidente de trabajo el día 5 de junio de 2012 y que a mas de siete años aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de esas labores, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.