Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120346
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Pettigiani, Genoud, Soria, Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.346, "Britos, Edgardo Ricardo Luján contra La Segunda ART S.A. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 98/107 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/119).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen, luego de declarar la cuestión como de puro derecho, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada e hizo lugar a la acción promovida por el señor Edgardo Ricardo Luján Britos contra La Segunda ART S.A., condenando a esta última a abonar la suma de dinero que indicó, en concepto de diferencias vinculadas con las prestaciones dinerarias contempladas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 1.694/09-, a raíz del accidente de trabajo sufrido el día 19 de octubre de 2005 (v. sent., fs. 98/107 vta.).
Para así resolver, en lo atinente a la excepción de prescripción, estimó que, en el caso, a tenor de las constancias obrantes en la causa y de lo dispuesto en el art. 3.986 del Código Civil, el plazo prescriptivo se encontraba suspendido por un año a partir de la constitución en mora del deudor (septiembre de 2011). Por ello, concluyó que, al momento de promoción de la demanda, es decir, el 20 de agosto de 2013, el plazo prescriptivo de dos años no había expirado.
Luego, puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y tras declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09, efectuó el cálculo de la prestación reclamada, puntualizando que -por aplicación del "piso" indemnizatorio establecido en el citado decreto- aquella no podía ser inferior a $37.890.
Finalmente, dispuso -conforme resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 414/99- que el capital de condena devengase intereses con arreglo a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en las operaciones de descuento de documentos (v. sent., fs. 105 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de los arts. 3 del Código Civil (ley 340); 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional y 16 del decreto 1.694/09; así como de la doctrina legal que cita (v. fs. 111/119).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la aplicación al caso de las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09 y de la declaración de inconstitucionalidad de su art. 16 (v. fs. 114/117 vta.).
Afirma que dicha solución se aparta del art. 3 del Código Civil, habida cuenta de que el principio de irretroactividad de las leyes sólo reconoce una excepción: que la retroactividad esté establecida por la propia ley, supuesto que no se verifica en autos, desde que el decreto 1.694/09 no prevé su aplicación retroactiva, sino que -según lo prescribe su art. 16- restringe expresamente su vigencia a las contingencias ocurridas a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
II.2. Se agravia también de la tasa de interés aplicada en la sentencia (v. fs. 117 vta./118 vta.).
Afirma que, al haber declarado aplicable la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, el juzgador vulneró la doctrina establecida en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en la cual se ratificó la aplicación de la tasa pasiva de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.3. Por último, objeta la decisión de grado que rechazó la defensa de prescripción opuesta.
En este aspecto sostiene que el día 4 de agosto de 2011 el actor percibió las últimas prestaciones dinerarias, mientras que la demanda fue interpuesta el día 20 de agosto de 2013; con lo cual -afirma-, el plazo bienal se encontraba vencido.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Empiezo por señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 278, CPCC, conf. ley 14.141).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio que porta el remedio extraordinario deducido (dirigido a rebatir la aplicación al caso del decreto 1.694/09, por conducto de la declaración de inconstitucionalidad de su art. 16) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, entiendo que merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de su art. 16 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia a pedido de la parte actora.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el pronunciamiento atacado, so pretexto de contradecirse preceptos de la Constitución nacional, se excluye del caso la aplicación del art. 16 del decreto 1.694/09. Sin embargo, la conclusión a la que arriba el sentenciante reposa en un argumento que, lejos de defender la cláusula constitucional, remonta su fundamento a la consistencia del precepto con la pauta general de interpretación prevista en la legislación civil (antes art. 3 del Código velezano; actualmente, el art. 7, Cód. Civ. y Com.) sin percatarse de la existencia de normas especiales -propias del régimen de infortunios laborales- que desplaza tal criterio.
Es más: la reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Luego, lo resuelto por el a quo no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
III.2.b. Zanjada entonces la cuestión de constitucionalidad de la citada norma, corresponde seguidamente abordar el fondo del agravio traído.
En lo concerniente a la aplicación temporal del decreto 1.278/00 he acompañado con mis votos la conformación de la doctrina legal de esta Corte en cuanto las modificaciones introducidas por aquel reglamento a la ley 24.557 no resultan aplicables si la primera manifestación invalidante de la contingencia padecida por el trabajador ocurrió con anterioridad al 1 de marzo de 2001 (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.456, "Vechi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013).
Este superior Tribunal se pronunció en igual sentido en lo atinente al decreto 1.694/09, declarando que sus pautas indemnizatorias no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia (causas L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015 y L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015).
III.2.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso la aplicación del decreto 1.694/09, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.3. En otro orden, también resulta procedente el agravio relativo a la tasa de interés.
III.3.a. Como quedó señalado, a partir de la aplicación de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, el a quo resolvió que el importe de las prestaciones dinerarias debía devengar intereses con arreglo a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina (v. sent., fs. 105 y vta.). Tal criterio es objetado por la recurrente a fs. 117 vta./118 vta., denunciando violación de la doctrina legal.
III.3.b. El tema ha sido resuelto por esta Corte al fallar la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014) , donde se señaló allí que la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 ha sido concebida y reservada para regir en el contexto del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 -reglamentado por el decreto 717/96 (B.O. de 12-VII-1996) y las resoluciones de la SRT 1.601/07 y 1.604/07, entre otras-, circunstancia que la exhibe ajena al presente proceso judicial e importa un obstáculo para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso.
A tenor de lo señalado, cabe concluir que -a contrario de lo que resolvió el a quo - la tasa de interés prevista en la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 414/99 no resulta aplicable al caso.
III.3.c. Casado este aspecto de la decisión, corresponde ahora determinar cuál será la nueva tasa a la que se computarán los acrecidos del capital de condena.
III.3.c.i. Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III.3.c.ii. En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y propongo declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y revocar la sentencia en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados, los que han de liquidarse según la más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme aquellas vigentes en los distintos períodos de aplicación.
III.4. Finalmente, y en el estrecho marco de la excepción, la crítica vinculada al rechazo de la defensa de prescripción no resulta atendible, toda vez que la interesada omite citar e individualizar doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 94.968, "Gallardo", sent. de 7-IX-2011; L. 92.433, "Álvarez", sent. de 21-IX-2011; L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011; L. 91.765, "Rodríguez" y L. 92.472, "Gnemmi", sents. de 30-XI-2011).
III.5.a. Antes de concluir con este voto, considero mi deber poner de resalto otras circunstancias de la causa que evidencian un desprolijo tratamiento de lo actuado.
A fs. 82/83, el tribunal (con la firma de sus tres integrantes), después de considerar que las manifestaciones de las partes en los escritos iniciales hacen que la cuestión ventilada no requiera la producción de prueba, dispuso declarar la cuestión como de puro derecho, dando vista a las partes para que presentasen el informe previsto en el art. 32 in fine de la ley 11.653. Ambas partes presentaron tal informe, consintiendo dicha declaración.
Ya en sentencia, el a quo, luego de analizar los hechos y constancias que obran en la causa, entendió que, si bien el plazo bienal -computado desde la fecha en que el trabajador percibió las últimas prestaciones dinerarias (4 de agosto de 2011)- se encontraba cumplido al momento de la interposición de la demanda (20 de agosto de 2013), le asistía razón al actor en cuanto a que el mismo se encontraba suspendido por un año -conforme art. 3.986 del Código Civil-, a partir de la constitución en mora del empleador deudor (v. fs. 101/102).
III.5.b. Lo reseñado permite realizar alguna observación. Por ejemplo: luego de haber declarado la cuestión de puro derecho ¿puede, el tribunal de grado, realizar una valoración de las constancias probatorias para luego resolver si la acción se encontraba prescripta? A partir de ello ¿pudo, en este caso, omitirse el dictado del veredicto? Por último ¿no hay aquí una violación de las reglas del debido proceso?
Claro que las partes han consentido -al menos, tácitamente- estas irregularidades y ni siquiera quien se alza con recurso extraordinario ha hecho la más mínima alusión a las mismas. Tal impedimento no obsta, sin embargo, para recomendar a los jueces integrantes del tribunal -ante la evidencia de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados- un más dedicado apego a la letra y al espíritu de disposiciones fundamentales para el eficaz cumplimiento de los deberes que la magistratura impone.
IV. Por todo lo expuesto propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario deducido, revocando la sentencia atacada en cuanto: 1) aplicó al caso de autos el decreto 1.694/09; y 2) determinó que, sobre el capital de condena, debían liquidarse intereses a la tasa activa mensual del Banco de la Nación Argentina.
Los autos deberán volver a la instancia de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento, de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1., como asimismo lo expuesto en el punto III.4. con relación a la crítica vinculada al rechazo de la defensa de prescripción.
I.1. Luego, considero que acierta la recurrente en cuanto postula la inaplicabilidad al caso de las reglas previstas en el decreto 1.694/09.
I.1.a. En principio, en lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09, coincido con el colega ponente que debe ser revocada.
En efecto, sobre el particular, he de señalar que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el referido precepto ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
I.1.b. Sentado lo anterior, corresponde seguidamente abordar el agravio traído, dirigido a controvertir la aplicación al caso del decreto 1.694/09.
I.1.b.i. Como se dijo, en autos resultó acreditado que el día 19 de octubre de 2005 el accionante sufrió un accidente de trabajo que lo incapacitó de manera parcial y permanente (v. sent., fs. 102 vta.).
Tal circunstancia impone concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias padecidas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
I.1.b.ii. Ahora bien, el art. 16 del decreto 1.694/09 (B.O. de 6-XI-2009) establece que "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De modo tal que si ponderamos que -de un lado- el infortunio que sufrió el actor se produjo el día 19 de octubre del año 2005 y -del otro- el art. 16 del decreto 1.694/09 prescribe expresamente que las disposi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.