Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se confirma la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013) con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término y se modifica -por ende- el pronunciamiento del tribunal de grado en lo relativo a la base salarial determinada a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Genoud , Soria , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.544, "Gil, Gustavo Javier contra Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 150/156).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/175).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió, previa declaración de inconstitucionalidad del tope fijado en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la demanda promovida por el señor Gustavo Javier Gil en procura del cobro de la diferencia de indemnización por antigüedad percibida con motivo de la extinción del contrato de trabajo que lo unía con Aluar Aluminio Argentino SAIC (v. fs. 150/156).
Para resolver de ese modo, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido" (sent. de 14-IX-2004), declaró la invalidez constitucional del tope indemnizatorio establecido en aquel precepto cuando el salario devengado regularmente por el trabajador resultare disminuido en más de un tercio (33%), lineamiento seguido también por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), entre otras.
Luego, expresó que la reforma introducida por el art. 153 de la ley 24.013 al citado art. 245 disminuyó la onerosidad del despido y redujo la protección jurídica preexistente (art. 245, LCT, según ley 23.697) afectando el patrimonio del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional y su derecho a una justa indemnización.
En virtud de ello, explicó que se apartaba de lo decidido en los precedentes invocados y declaró la inconstitucionalidad del tope fijado en el art. 245 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo en forma absoluta, sin atenerse al aludido porcentaje porque -a su juicio- la norma cuestionada disminuye la onerosidad de la indemnización a cargo de la empleadora, afectando en forma regresiva la protección contra el despido arbitrario y el derecho a una justa indemnización como también el derecho de propiedad del actor contemplado en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, violando asimismo el principio de progresividad que dimana de ella (arts. 28, 75 inc. 22 y 23, Const. nac. y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; v. fs. 152 vta.).
A mayor abundamiento, señaló que apoyaba su decisión en la doctrina que emerge del fallo "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010), de la Corte nacional que implicó -en su opinión- una revisión y avance sobre el cuestionamiento de los topes máximos referidos a las indemnizaciones laborales tarifadas (v. fs. cit.).
En consecuencia, teniendo en cuenta, además, que las partes habían reconocido que la mejor remuneración mensual, normal y habitual (incluido el sueldo anual complementario -SAC-) percibida por el actor fue de $23.646,91 y que el tope del Convenio Colectivo de Trabajo 275/75, rama aluminio, conforme resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 783/11 ascendió a la fecha del despido a $15.102,39, hizo lugar a la diferencia indemnizatoria reclamada, deduciendo del importe obtenido las sumas ya percibidas por el accionante (v. fs. 153).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que alega violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15, 25, 31 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (v. fs. 167/175).
En sustancia, cuestiona que el tribunal a quo hubiera declarado la inconstitucionalidad del tope del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo de modo absoluto, sin ninguna limitación, es decir, sin aplicar el tope máximo de reducción de hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor como base de cálculo de la indemnización por antigüedad. En ese sentido, denuncia que la sentencia impugnada vulnera las directrices establecidas a partir del fallo "Vizzoti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también la doctrina legal que emerge de los pronunciamientos de este Tribunal en las causas L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); L. 85.997, "Pricolo" (sent. de 7-II-2007); L. 95.751, "Enrique" (sent. de 11-VII-2012) y L. 117.648, "Serantes" (sent. de 15-VII-2015), entre otras.
Añade que a la luz de esa jurisprudencia no existe diferencia de indemnización a favor del actor y, por lo tanto, corresponde el rechazo de la demanda en su totalidad pues aquella fue pagada oportunamente de acuerdo a las pautas provenientes de las causas citadas.
III. El recurso prospera.
III.1. Cabe destacar que la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -como lo reconoce la propia impugnante- no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial como condición de admisibilidad del recurso interpuesto, con lo cual su tratamiento solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el primer párrafo in fine del art. 55 de la ley 11.653.
Siendo ello así, la competencia de este Tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016).
III.2. En ese marco, asiste razón a la recurrente en cuanto denuncia el quebrantamiento de la doctrina legal con relación al tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013).
III.2.a. Este Tribunal, por mayoría, en forma reiterada ha sostenido que, de conformidad con las directrices emergentes del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/ Despido" (sent. de 14-X-2004) y la propia doctrina legal de esta Corte vigente desde la sentencia en la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), corresponde aplicar a la base salarial utilizada para calcular la indemnización por despido el tope previsto en los párrafos segundo y tercero del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, solo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual contemplada en el párrafo primero del referido precepto (causas L. 88.427, "Lois", sent. de 13-II-2008; L. 89.153, "Zanon", sent. de 25-II-2009; L. 97.520, "Olivetto", sent. de 1-XII-2010; L. 93.747, "Nemiña", sent. de 12-X-2011; L 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012; L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Doctrina esta que he contribuido a conformar con mi opinión al emitir mi sufragio en las causas citadas, a cuyas consideraciones remito por razones de brevedad.
III.2.b. A tenor de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado -con el alcance establecido en los precedentes invocados- en cuanto en ella se cuantificó la indemnización por antigüedad sin aplicar tope alguno, apartándose de la doctrina legal de esta Corte.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo expresado en el punto III.2.b.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Coincido con los señalamientos que formula el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto; sin embargo, en el caso, el tema a decidir encierra una cuestión federal como lo es el encaje del tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con la Constitución nacional, correspondiendo entonces darle curso a la impugnación por ante esta Corte, a fin de que la recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490 y 311:2478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
II.2. En ese orden, conforme mi opinión, entiendo que el remedio deducido debe ser rechazado.
En efecto, debo decir, una vez más, del mismo modo que lo hice en las causas L. 75.293, "Ludueña", sentencia de 27-XII-2002; L. 74.564, "González Vitela", sentencia de 29-IX-2003 y L. 76.376, "Montero", sentencia de 1-IV-2004, entre muchas otras, que en la especie -como sucedía en aquellos precedentes a cuyos fundamentos por razones de brevedad me remito- resulta confiscatoria la aplicación del tope máximo establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con la redacción dada por el art. 153 de la ley 24.013 (y actualmente por el art. 5, ley 25.877) en cuanto a la base que refiere en su primer párrafo.
Por ello, el tope indemnizatorio previsto en la norma resulta, en la especie, inconstitucional y, tal como ya lo he expresado en reiteradas oportunidades, corresponde lisa y llanamente dejar dicho límite sin efecto, lo que deriva, en definitiva, en que el cálculo de la indemnización se realice sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador sin tope alguno, tal como así hubo de determinarlo el tribunal a quo en su pronunciamiento.
III. En razón de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se confirma la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013) con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término y se modifica -por ende- el pronunciamiento del tribunal de grado en lo relativo a la base salarial determinada a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia