Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.193, "Díaz, Pedro Jesús contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente de Trabajo - Acción Especial".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda, con costas a cargo de la actora (v. fs. 75/84 vta.).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 89/91 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de trabajo interviniente -por mayoría- rechazó la acción incoada por el señor Pedro Jesús Díaz contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, mediante la que pretendía la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a las sumas percibidas.
Para así decidir, señaló que no se hallaba controvertido en el caso que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 3 de febrero de 2015 mientras cumplía sus tareas habituales para la Municipalidad de Olavarría, como tampoco que por ese hecho la Comisión médica le otorgó un 15% de incapacidad parcial, permanente y definitiva. Asimismo, que la aseguradora demandada el día 3 de septiembre de 2015 le abonó la suma de $111.674,52 en concepto de prestación dineraria (art. 14 apdo. 2, ley 24.557) y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
En ese marco, tras destacar que no había dudas en cuanto a que por la fecha del evento dañoso resultaba de aplicación al caso la ley 26.773, se dispuso a evaluar el reclamo del accionante en cuanto pretendía el cobro de las diferencias derivadas de la suma ya percibida actualizada mediante el índice RIPTE.
Sostuvo que, de la interpretación armónica de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, surgía que los importes de actualización semestral, a los que refiere el primero de los preceptos citados, no pueden ser otros que aquellos de monto fijo, esto es el piso indemnizatorio (dec. 1.694/09) y las compensaciones de pago único (art. 11 apdo. 4, ley 24.557) y que el decreto 472/14, reglamentario de la referida ley, sólo sirve como una pauta interpretativa en el mismo sentido que el indicado y, por ende, no excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo nacional, resultando por ello improcedente el planteo formulado por la actora sobre la validez constitucional del mencionado decreto.
Agregó a ello que las resoluciones dictadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reafirmaban lo señalado en tanto establecen el ajuste por RIPTE únicamente a los importes de suma fija a la fecha de vigencia de la ley. Señaló que dicho criterio además se condice con el adoptado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. consid. 8°, último párr.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 89/91 vta.).
Objeta que se rechazara el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14 deducido por su parte y, en consecuencia, su pretensión de aplicación del índice RIPTE a las sumas percibidas en concepto de prestaciones de la ley 24.557.
En este sentido, remitiendo a los argumentos expuestos en la demanda y con apoyo en lo manifestado en el voto de la minoría, insiste en señalar que la tarea de la ley 26.773 fue la de completar la labor iniciada por el decreto 1.694/09 que sólo contemplaba el ajuste de acuerdo al art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo para las incapacidades laborales temporarias y permanentes provisorias, omitiendo el tratamiento de las permanentes definitivas; y que el art. 8 del decreto 472/14 estableció una actualización, constituyendo un avance respecto a su congelamiento anterior, aunque efectúa una modificación del texto legal en perjuicio de los damnificados, al restringir el ajuste dispuesto en la norma legal para todos los importes por incapacidad laboral permanente previstos en el régimen de reparación a un simple, sesgado y limitado ajuste de compensaciones adicionales de pago único y de pisos mínimos, modificando la ley en exceso de las facultades previstas por los arts. 28 y 99 incs. 2 y 3 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial.
Por ello, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 8 del decreto 472/14.
III. El recurso no prospera.
III.1. El impugnante no se hace cargo de rebatir los fundamentos que brindó el tribunal de grado para resolver sobre el punto (v. sent., fs. 78/80).
Lejos de ello, el recurrente insiste con los argumentos expuestos en la demanda para fundar el planteo de inconstitucionalidad formulado sobre el decreto 472/14, sin siquiera intentar conmover las motivaciones expresadas por el a quo para disponer el rechazo de su petición.
Luego, la insuficiencia del embate también se advierte ni bien se repara que a los fines de apoyar su discurso recursivo el interesado remite al voto del juez que quedó en minoría (causas L. 118.669, "Cap", sent. de 21-IX-2016; L. 118.531, "Scardulla", sent. de 31-V-2017 y L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017).
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920; 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca, de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
III.2. Además, es dable advertir que la decisión del a quo se ajusta a la doctrina legal elaborada por este Tribunal.
En efecto, en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (art. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea- decreto 472/14).
Luego, y en igual sentido que la exégesis plasmada en el citado precedente, esta Corte declaró en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018) que no se verificaba que la regulación contenida en el decreto reglamentario 472/14 de la ley 26.773, en cuanto a los importes sujetos a la aplicación del índice RIPTE, implique una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Si bien se revela nítido que en su crítica el interesado no se ocupa de rebatir las razones expresadas por el tribunal de grado para rechazar el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14, debo decir, como lo he hecho en otras oportunidades, que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso extraordinario intentado no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011).
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo que pone de manifiesto el colega que abre el acuerdo.
Sin embargo, como ya dije, no encuentro que los motivos esgrimidos por el recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para desestimar su planteo, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por el impugnante.
Luego, adhiero a lo expresado por el colega ponente en el punto III.2. de su voto en relación a la doctrina legal elaborada por este Tribunal en las causas L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017; en la que tuve oportunidad de expresar mi adhesión a la opinión del doctor Pettigiani) y L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), a las cuales remito en honor a la brevedad.
II. En atención a lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuestión planteada también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia