Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119187
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.187, "Marmorato, Cristina Silvia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 203/215 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 240/247 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por la señora Cristina Silvia Marmorato contra la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada-, por la que pretendía el cobro de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 20,5% del índice de la total obrera (v. fs. 203 vta.). También, que el valor mensual de su ingreso base, considerando los rubros calificados por el empleador como no remunerativos, asciende a la suma de $2.715,3 (v. fs. 204 vta./209).
Ya en la sentencia, ante el planteo formulado en la demanda, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto incluye para dicho cálculo únicamente a "las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (fs. 209).
Luego, juzgó que el ingreso base señalado debía ser "revalorizado -a la época de fijarse la incapacidad de la reclamante-, [...] según hubiera resultado de aplicarse la variación habida en el índice RIPTE entre junio de 2007 (primera manifestación invalidante) y abril de 2012 (determinación de la minusvalía por parte de la Comisión Medica)" (fs. 211 vta.).
En ese orden, tras multiplicar el importe señalado por el coeficiente obtenido (3,25), arribó al monto de $8.824,72 y en base a éste -y a las pautas indicadas en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a"- determinó la prestación dineraria que le correspondía percibir a la trabajadora en la suma de $155.805,94 (v. fs. 212 y vta.).
Por último, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y dispuso que el capital de condena devengaría intereses, desde la fecha en que la Comisión Médica determinó la minusvalía definitiva de la señora Marmorato (16 de abril de 2012) hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 213 vta. y 214).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 17, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 3 del Código Civil, y de la doctrina legal que identifica.
En primer término, se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, "todos los conceptos percibidos" por la actora (v. fs. 241 vta.).
Señala que las notas que definen a un rubro como remunerativo radican en su habitualidad, regularidad y permanencia, y por su sujeción a aportes (v. fs. cit.).
En ese orden, indica que la dependiente cobra una asignación especial (incentivo docente) que -en su opinión- no integra el salario, ni está sujeta a aportes y, consecuentemente, no puede ser contemplada a los efectos indemnizatorios (v. fs. 241 vta.).
Añade que el control de constitucionalidad de las leyes no implica la posibilidad de sustituir a los órganos gubernamentales en sus funciones (v. fs. 242).
Desde esa perspectiva, concluye que el juzgador incurrió en absurdo toda vez que la norma legal citada es válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. cit.).
Por otro lado, cuestiona la decisión de grado vinculada a la ley 26.773, por considerar que "al momento de interponerse la acción, no se encontraba sancionada ni promulgada" (fs. 242).
Sostiene que el sentenciante, al acudir a sus disposiciones, se apartó de los principios básicos del derecho, como el de la irretroactividad y la seguridad jurídica, plasmados en los arts. 17 apartado 5 de la ley indicada y 3 del Código Civil (v. fs. 242 vta.).
Afirma que "la ley vigente al momento del daño es la que rige la vida obligacional y cualquier alteración de la regla jurídica bajo la cual se consolidó la obligación, importa una afectación del derecho de propiedad, sea del acreedor o del deudor" (fs. 243 vta.).
Añade que "la nueva ley o su interpretación no puede alterar o arrebatar un derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior, pues en caso contrario, el principio de irretroactividad adquiere jerarquía constitucional y se confunde con la garantía de inviolabilidad de la propiedad" (fs. 244).
Citando la opinión de un juez de esta Corte, aduce que "el Código Civil consagra el principio de irretroactividad (art. 3), en tanto la norma nueva no puede incidir sobre las relaciones constituidas ni regularlas, debiendo por el contrario respetarlas, cuando se hayan concretado los presupuestos de hecho que eran necesarios y suficientes para que, según la norma vigente en aquél momento, el derecho naciese, todo ello conforme a la exigencia de estabilidad de las relaciones jurídicas ya constituidas" (fs. cit.).
Finalmente, cuestiona la tasa de interés pasiva digital que ordenó aplicar el a quo al capital de condena (v. fs. 244 vta.).
Explica que existen razones técnicas, históricas, lógicas y vinculadas a las funciones -nomofiláctica, unificadora y dikelógica- de la casación, que evidencian que esa tasa contradice las motivaciones que justificaron la doctrina legal establecida en la causa C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009; v. fs. 245/247).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Aclarado ello, es menester destacar que -como lo admite la propia recurrente (v. fs. 240 vta.)- en la especie el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la suma que el tribunal condenó a pagar a la demandada en concepto de capital y aquella otra que habría de corresponder conforme al criterio que expresa la impugnante; aún cuando se añada la diferencia entre el monto que se liquidó en la sentencia en concepto de intereses moratorios y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa que se postula- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3.748/15), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a verificar si efectivamente se ha violado la doctrina legal invocada por la recurrente.
III.3. Empero, no puede soslayarse que el agravio destinado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal.
III.3.a. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.b. En tales condiciones, es dable señalar que la impugnación bajo examen no resulta atendible.
III.3.b.i. El órgano judicial de grado, luego de analizar el informe pericial contable y verificar la existencia de conceptos no remunerativos abonados a la actora, consideró que, en el caso, la aplicación de las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto incluye para el cálculo del ingreso base únicamente a las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al sistema previsional- no se ajusta a parámetros que permitan un resultado razonable, sino que, por el contrario, produciría una clara vulneración del derecho de propiedad (v. fs. 209/210).
En ese sentido, señaló que "el valor del ingreso base no debería tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba un resarcimiento acorde a las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar a una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social" (fs. 209 y vta.).
En el mismo orden de ideas, agregó que las pautas referidas revelan una "notoria diferencia -por disminución- [...] frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad accidente, sino un accidente o enfermedad denominada 'inculpable'..." (fs. cit.).
A partir de estas conclusiones, juzgó que, "ante la ausencia de relación adecuada de los haberes del trabajador activo con los ingresos considerados a los fines del cómputo indemnizatorio", el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo de San Salvador; así como con la normativa del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (v. fs. 210 y vta.).
III.3.b.ii. Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011).
Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Sin embargo, no encuentro que los escasos motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -por no contemplar una metodología de cálculo que se ajuste a parámetros que permitan arribar a un resultado razonable-, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante. En consecuencia, esta parte del recurso debe ser desestimada.
III.4. Por otro lado, y ante la insuficiencia de la summa gravaminis , corresponde analizar el cuestionamiento a la aplicación de la ley 26.773, en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde esa perspectiva, la queja es inadmisible porque la impugnante, en ésta parcela, no ha denunciado la violación de doctrina legal alguna que habilite la revisión del pronunciamiento de origen por conducto de la excepción prevista en la mencionada norma adjetiva. Al respecto expresamente se ha declarado que no se configura dicha hipótesis, cuando se constata que el despliegue argumental del recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 92.433, "Álvarez", sent. de 21-IX-2011; L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011; L. 91.765, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2011; L. 92.472, "Gnemmi", sent. de 30-XI-2011; L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015).
En ese sentido, cabe agregar que la transcripción del sumario de un fallo de esta Suprema Corte que formula la interesada (v. fs. 244), al referirse a la opinión personal de uno de sus jueces integrantes, no constituye la doctrina legal a la que hacen referencia los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
III.5. Igual suerte adversa ha de correr la crítica destinada a objetar la tasa de interés aplicada al capital de condena.
El juzgador de origen declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y dispuso que los intereses se liquidarían, desde la fecha en que la Comisión Médica determinó la minusvalía definitiva de la señora Marmorato (16 de abril de 2012) hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 213 vta. y 214).
Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional y por ende aplicable en casos como el presente, el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus determinan que deba analizar la supuesta infracción de doctrina legal denunciada por el Fisco provincial.
En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie habida cuenta que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", decisión que -además- se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayoría en la que no participé- en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Cabe señalar que, en lo que respecta al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Suprema Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición de su cumplimiento al Fisco provincial.
I.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el primer agravio traído debe ser rechazado en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
I.3. En cambio, debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación, al caso, del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue replicado con posterioridad en otros precedentes y define la procedencia de la impugnación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
I.4. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés pasiva digital que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena (v. fs. 213 vta. y 214).
Al respecto, en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformado
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