Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto dispuso aplicar la tasa de interés activa para calcular los intereses moratorios de los honorarios del perito contador, estableciendo que corresponde liquidarlos con arreglo a la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde su exigibilidad hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.603, "Quetglas, Juan Carlos contra Gob. de la Provincia de Buenos Aires. Cobro".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, resolvió que los honorarios del perito contador debían devengar intereses con arreglo a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 735 y vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 740/745 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa para la resolución de la litis, el tribunal de trabajo, tras decretar la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones y regular los honorarios que les correspondía percibir a los profesionales intervinientes (v. fs. 649/650), determinó -al aprobar la liquidación efectuada por el perito contador Tomás Ángel Cuervo Fernández- que las sumas fijadas en tal concepto debían devengar intereses con arreglo a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ello, con fundamento en el art. 197 de la ley 10.620 (texto según ley 13.750; v. fs. 735 y vta.).
II. Contra esta resolución, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 10 de la ley 23.928; 4 y concordantes de la ley 25.561; 17 y 18 de la Constitución nacional, así como de la doctrina legal que identifica (v. fs. 740/745 vta.).
Cuestiona la aplicación de la tasa activa para calcular los intereses de los honorarios del perito contador con base en los siguientes argumentos.
Alega que el art. 10 de la ley 23.928 -modificada por ley 25.561- dispuso dejar sin efecto todas las normas legales que establecen mecanismos de actualización monetaria, por lo tanto -sostiene- dicha disposición ha aparejado la derogación del art. 197 de la ley 10.620 (texto según ley 13.750), en la medida en que establece, para el caso de mora en el pago de los honorarios profesionales del perito contador, la aplicación de la tasa de interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.
Explica que dicha tasa activa, destinada a retribuir la actividad comercial financiera de las entidades bancarias, contiene, además del "interés puro o real", una serie de ingredientes entre los que se encuentran el costo operativo del banco, la tasa de riesgo y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda o "indexación por inflación", consagrando así una "indexación encubierta" que el art. 10 de la ley 23.928 repudia y prohíbe de manera imperativa (v. fs. 742 vta.).
Agrega que el interés previsto en la ley cuestionada no es exclusivamente moratorio, sino también compensatorio, pues no sólo pretende resarcir al perito acreedor por la falta de cobro durante el tiempo de la mora sino que, además, pretende ponerlo a resguardo de la depreciación monetaria.
Refiere que el criterio propiciado ha sido respaldado por esta Corte al fallar la causa B. 47.871 bis, "Yabra" (resol. de 27-XI-1996) y más recientemente ratificado -por mayoría- en el precedente identificado como A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015).
Puntualiza que en aquellos casos se resolvió que el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904/77 -ley arancelaria para abogados- es una norma que consagra la repotenciación de deudas que corresponden al precio de un servicio que -como tal- debe reputarse derogada por el art. 10 de la ley 23.928, por lo que corresponde a los jueces fijar la tasa de interés con arreglo a lo que prescribía el art. 622 del Código Civil, solución que -dice- trae inexorablemente aparejada la aplicación al caso de la tasa pasiva a tenor de la doctrina legal de este Superior Tribunal.
En consecuencia, sostiene, el pronunciamiento impugnado contraría la doctrina legal de esta Corte con relación a la materia debatida.
Sobre la base de los argumentos reseñados, solicita entonces que los intereses de los honorarios del perito contador interviniente en autos sean calculados con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días (v. fs. 745).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre el importe determinado en concepto de intereses y el que habría de obtenerse por aplicación del criterio propuesto en la impugnación- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
Cabe agregar a lo dicho que, contrariamente a lo interpretado por el interesado (v. rec., fs. 741), no se encuentra en debate una cuestión que deba calificarse como de gravedad y trascendencia institucional susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, toda vez que no se evidencia que la solución dada al conflicto exceda el interés de las partes para afectar de modo directo al de la comunidad.
III.2. En ese acotado marco de análisis, entonces, ha de examinarse el cuestionamiento formulado.
Desde esta perspectiva, la doctrina legal cuyo quebranto se denuncia resulta ineficaz a los fines pretendidos, toda vez que ha sido forjada sobre presupuestos normativos que no concurren en la especie (causas L. 100.490, "Medi", sent. de 7-VII-2010; L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VII-2016).
Lo dicho es suficiente para sellar la suerte adversa de la impugnación.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Conforme lo señala mi distinguido colega doctor Negri, el medio de impugnación debe ser desestimado en los términos establecidos en la parte final de su sufragio.
En efecto, compartiendo lo expuesto por el ponente en cuanto a que no se verifica en autos una cuestión susceptible de ser calificada como de gravedad institucional, la doctrina que invoca el interesado ha sido elaborada bajo circunstancias fácticas y jurídicas disímiles a las que exhibe el caso y no se observan argumentos sólidos de su parte destinados a justificar la idoneidad de la impugnación en el excepcional marco de revisión por el que transita el recurso (art. 55, primer párr. in fine, ley 11.653).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires se alza contra la resolución del tribunal de trabajo que dispuso aprobar una liquidación donde se adicionaba al capital (honorarios para un contador) intereses calculados a la tasa activa según las prescripciones del art. 197 de la ley 10.620, modificada por la ley 13.750. Asegura que se viola la doctrina legal establecida, por una mayoría de la que no participé, en la causa A. 71.170, "Isla", sent. de 10-VI-2015.
Los distinguidos colegas que me preceden sostienen que dicho precedente se refiere a presupuestos normativos que no concurren en la especie, encontrando en ello suficiente fundamento para desestimar el recurso. He de disentir con ellos.
II. Es cierto que la doctrina "Isla" se refiere a los intereses a devengar por los honorarios impagos de los abogados y no a los que corresponden a los contadores. Sin embargo, tal diferencia (atendiendo a las razones que fundaron el voto mayoritario en aquel precedente) no tiene la relevancia necesaria como para no extender -analogía mediante- la doctrina que de ella surge a supuestos como el de autos.
Se dijo en "Isla" (con mi disidencia) que no resultaba dudoso que la disposición del inc. "b" del art. 54 del decreto ley 8.904/77 (que autorizaba a calcular los intereses a la tasa activa) es una norma que consagra la repotenciación por deudas que corresponden al precio de un servicio y, como tal, debe reputarse derogada por imperio del art. 10 de la ley 23.928. Si los honorarios que corresponden a un abogado son el precio de un servicio (permítaseme el énfasis), también lo son -no cabe duda de ello- los honorarios de un contador público (con el agregado de que ambos son regulados judicialmente).
Si el art. 197 de la ley 10.620 (texto según ley 13.750) establece que "[H]abiéndose producido la mora de pleno derecho, el auxiliar de la justicia podrá reclamar su honorario, más el interés mensual que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta días; el cálculo se efectuará a partir de la fecha en que quede firme el auto regulatorio", no advierto mayores diferencias con el texto del art. 54 del decreto ley 8.904/77 que -en lo que ahora interesa- dispone: "[O]perada la mora, el profesional podrá optar por: [...] b) Reclamar los honorarios, con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento". Y si esta última norma ha sido considerada, por la mayoría de esta Suprema Corte (con el desacuerdo de los doctores Hitters, Negri y el que suscribe), como derogada por la Ley de Convertibilidad, tampoco advierto que la primera pueda tener un disímil tratamiento: en ambos casos nos referimos al precio de servicios profesionales que son objeto de regulación judicial. Sería injusto (si es que entendemos por 'justicia' el similar tratamiento de aquellos que están en similares situaciones) reconocer a unos lo que a otros se les niega.
Establecer una analogía entre dos entidades (he sostenido en diversas oportunidades; por ejemplo, en la causa C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016) implica afirmar que existen uno o más aspectos importantes o definitorios que se encuentran presentes en ambas; es, también, reconocer que las diferencias que pudieran existir entre ambas no son esenciales. Aceptado esto, el siguiente paso consiste en trasladar la solución que para una de esas situaciones (la analogada) se halla prevista, a la otra (la análoga), que no la tenía o la consagraba de una manera oscura. En el caso, es trasladar la consecuencia establecida (su tácita derogación) respecto de un precepto (que autorizaba la tasa activa de interés para los abogados) a otro precepto (que autoriza la tasa activa para los contadores) que presenta varias similitudes entre las que es indispensable señalar que ambas se refieren al precio de un servicio profesional. Si uno es considerado abrogado, el otro -tan similar- también debe ser así considerado.
III. En síntesis: encuentro que, tal como aduce el recurrente (v. fs. 743 y vta.), hay una violación de la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015), sin perjuicio de que no haya contribuido con mi voto a su conformación. Es más: no sólo se ha señalado tal violación, sino que también se ha mostrado la similitud o analogía de los hechos a los que esa doctrina se refiere con la plataforma fáctica de la causa (ver causa A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016).
Ante ello, debe hacerse lugar al recurso extraordinario deducido debiendo remitirse la causa al tribunal de origen para que se ordene la práctica de una nueva liquidación dentro de los parámetros que aquí se establecen.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor de Lázzari sobre la base de las consideraciones que expuse al sufragar la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015), a la que remito en razón de brevedad.
La causa deberá ser devuelta al tribunal de origen para que practique nueva liquidación de los acrecidos, ello con ajuste a las directrices trazadas por esta Corte en los antecedentes L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XI-2013); L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) y L. 118.690, "Vera" (sent. de 11-X-2017).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del colega doctor de Lázzari, en los términos que expuse al votar en la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015) a la que remito en honor a la brevedad.
La causa deberá ser devuelta al tribunal de origen a fin de que realice una nueva liquidación, con ajuste a las pautas establecidas por esta Corte en los antecedentes L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XI-2013) y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), entre otras.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dadas las específicas particularidades del caso, adhiero al voto del colega doctor de Lázzari, en virtud de lo ya resuelto por este Tribunal en el precedente A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. En consecuencia, la causa deberá remitirse al tribunal de origen, para que practique nueva liquidación con ajuste a las pautas establecidas por esta Corte en los antecedentes L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XI-2013) y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), entre otras.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto dispuso aplicar la tasa de interés activa para calcular los intereses moratorios de los honorarios del perito contador, estableciendo que corresponde liquidarlos con arreglo a la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde su exigibilidad hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia