Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120160
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.160, "Almirón, Juan Carlos contra Gobierno de la Prov. de Bs. As. (empleador autoasegurado). Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 332/341).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 353/360).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción promovida por el señor Juan Carlos Almirón y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleador autoasegurado- a abonarle la suma que especificó fijada en concepto de diferencia por prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor sufre disfonía funcional irreversible y que por esa dolencia la Comisión Médica interviniente determinó que padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 20% del índice de la total obrera, y que se le había abonado la suma de $94.284,43 en concepto de reparación, con base en un ingreso base mensual de $5.884,22.
También consideró demostrado que dicho módulo fue calculado tomando como pauta las remuneraciones -sujetas a aportes previsionales- percibidas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, ocurrida el día 20 de septiembre de 2010, y que dicha cuantía, tomando en cuenta los conceptos sujetos a aportes y los calificados como no remunerativos por igual lapso temporal, ascendía a $6.417,51 (v. vered.; fs. 333 vta.).
En la sentencia, en lo que resulta relevante, el órgano de mérito declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 peticionada por la parte actora, en cuanto dicho precepto dispone -a fin de determinar el módulo salarial para establecer las prestaciones dinerarias- que solo deben tomarse "las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones".
Para así decidir, adujo que el valor mensual del ingreso base no debe tener otro objetivo que no sea que el trabajador afectado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social (v. sent., fs. 337).
Destacó que no es un dato menor, a su criterio, que el art. 6 del decreto 1.694/09 hubiera saneado esta injusticia remitiéndose al art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifestó que en tales condiciones resultaba ostensible la configuración de una diferencia -por disminución- generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable", no profesional, anomalía que torna irrazonable el régimen y, por lo tanto, sujeto a su declaración de inconstitucionalidad (v. sent., fs. 337 vta.).
Luego, sin dejar de señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico, concluyó que -en el caso- existen elementos suficientes que llevan a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 de la ley citada no conduce a un resultado razonable, sino que mediante su aplicación se produciría una clara vulneración del derecho de propiedad.
Agregó que el principio de razonabilidad exige que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia, de modo que en el caso de generarse cambios en las circunstancias que rodean la aplicación del precepto en cuestión, ellas puedan hacer que la solución legal -no ostensiblemente incorrecta en su inicio- se torne irrazonable y la norma que la consagra, indefendible desde el punto de vista constitucional.
Concluyó que tal supuesto se verifica en el caso respecto de la aplicación del art. 12 de la ley 24.557 "con relación a la concreta situación del actor, al quedar desvirtuada la referencia de una prestación resarcitoria, por ausencia de relación adecuada de los haberes del trabajador activo con los ingresos considerados a los fines del cómputo indemnizatorio" (sent., fs. 337 vta.).
Por lo expuesto, y a partir de los datos establecidos en el veredicto respecto del tópico, entendió que el dispositivo legal impugnado colisiona con los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- y con la normativa del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
Seguidamente, destacó la singular situación de autos en que la incapacidad del actor fue determinada por la Comisión Médica interviniente dos años después de que se denunciara la dolencia ante la aseguradora de riesgos del trabajo (primera manifestación invalidante), pero el resarcimiento sistémico se calculó con base en un ingreso base mensual obtenido en función de los salarios nominales -exclusivamente los sujetos a aportes al sistema previsional- percibidos por el trabajador durante el año inmediato anterior a la primera manifestación invalidante (v. sent., fs. 338).
En ese contexto de análisis, postuló que una solución justa y equitativa lo conducía a aplicar algún mecanismo correctivo que subsanara la situación de iniquidad plasmada en autos sin apartarse del esquema instituido por la normativa sobre riesgos del trabajo. Bajo esta premisa, consideró que el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la ley 26.773, como mecanismo periódico de ajuste, elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio, constituía una pauta adecuada a los fines indicados (v. fs. 338 vta.).
En el cometido de restablecer el equilibrio, dispuso la revalorización del ingreso base mensual correspondiente a la época de la primera manifestación invalidante según "...hubiera resultado de aplicarse la variación habida en el índice RIPTE entre septiembre de 2010 (primera manifestación invalidante) y septiembre de 2012 (determinación de la minusvalía por parte de la Comisión Médica)" (fs. 339).
Desde esta perspectiva, sobre el monto del ingreso base mensual de $6.417,51 -derivado de la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- aplicó el índice RIPTE ("1,768"), lo que arrojó como resultado el importe de $11.346,16 (v. fs. 339).
Partiendo de este guarismo, determinó la prestación según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo en $181.606,63, suma de la que dedujo el importe de $94.284,43 ya percibido por el trabajador (v. fs. 339 vta.).
Finalmente, resolvió aplicar intereses sobre el capital de condena a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. En este marco, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. sent., fs. 339 vta. y 340).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 8 y 17 de la ley 26.773; 7 y 10 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 353/360).
II.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal de grado hubiera descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557, e incluyera para calcular el valor mensual del ingreso base a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario del accionante.
Señala que las notas que definen el carácter remunerativo de un rubro son la habitualidad, regularidad y permanencia, su sujeción a aportes y que no sea otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del trabajador o a las circunstancias especiales del mismo, sin que en el caso corresponda apartarse de la previsión legal para establecer el importe de la indemnización del demandante.
Refiere que el salario que se toma en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos.
Aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Manifiesta que, por todo lo expuesto, el a quo incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso.
II.2. Luego, discute la definición que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al actor en la sentencia por conducto de la revalorización del ingreso base mensual, utilizando el índice RIPTE previsto por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
En sustancia, argumenta que el sentenciante se valió de una normativa que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador.
Postula que el razonamiento interpretativo que formula el sentenciante contradice la seguridad jurídica y afecta el derecho de propiedad, pues resulta violatorio del principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil, desde que al momento de producirse el daño quedan definitivamente adquiridos los derechos de las partes, independientemente de que el pago se produzca con posterioridad (v. fs. 356 vta. y 357).
Además, expresa que el pronunciamiento impugnado ha sido dictado en franca violación de la doctrina legal de este Tribunal que identifica a fs. 359.
En forma subsidiaria, impugna el modo de aplicación del índice RIPTE en la especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Sentado ello, se impone señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
III.3.a. Ahora bien, el reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de cuestiones de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifican la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.3.b. Efectuada esa aclaración y, precisamente, con relación al agravio vinculado con la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557, anticipo que no merece respuesta favorable.
He dicho en otras oportunidades que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el caso en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Sin perjuicio de ello, no encuentro que los motivos esgrimidos en el recurso conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en relación con el cálculo del denominado ingreso base y las remuneraciones que lo integran -en cuanto lo juzgó violatorio de los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional, así como de los principios de integralidad, progresividad y no regresión propios de la seguridad social (arts. 39 inc. 3, Const. prov.; 26 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador-; Convenio 95, OIT)- ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por el impugnante.
III.4. Tampoco prospera la crítica por la que se objeta la aplicación en la especie del mecanismo de ajuste establecido en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Ello así, porque en el estricto marco de excepción por el que transita el cuestionamiento, el referido agravio resulta inadmisible pues, por un lado, la cita contenida en el escrito recursivo a fs. 358 es la transcripción de un sumario de fallos de esta Suprema Corte que refiere a la opinión personal de uno de sus jueces integrantes, lo que -sabido es- no constituye la doctrina legal a la que hacen referencia los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 y, por el otro, porque la doctrina que emana del precedente que el interesado invoca en apoyo de su tesis (v. fs. 359) ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos y jurídicos a los del caso en examen (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014 y L. 118.787, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 4-V-2016).
Por lo demás, es oportuno recordar que la doctrina legal a la que se refiere el citado art. 279 es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 99.703, "Romero", sent. de 17-VIII-2011 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
Finalmente, en cuanto al modo en que se dispuso la aplicación del índice RIPTE en autos, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional en tanto el recurrente prescinde de denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone (causas L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015 y L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II. De manera liminar se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.1. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
III.2. Por el contrario, la decisión impugnada debe revocarse en cuanto dispuso la aplicación retroactiva de las disposiciones de la ley 26.773 al caso examinado.
III.2.a. El pronunciamiento sobre este agravio no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando esta, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha decl
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.