Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120259
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.259, "Enriquez, Carlos Fernando contra De Angelis S.A. Despido y daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 571/590).
Se dedujo, por la aseguradora de riesgos del trabajo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 619/634 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, por mayoría, hizo lugar a la acción deducida por el señor Carlos Fernando Enriquez y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. ley 26.773; dec. 1.694/09 y resol. de la Secretaría de Seguridad Social 6/15; v. fs. 571/590).
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente que sufrió el día 2 de mayo de 2007 trabajando bajo dependencia de la firma De Angelis S.A., el accionante padece una incapacidad laboral permanente que lo invalida en un 45,87% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 574 y vta.)
Luego, juzgó configurados los presupuestos de responsabilidad civil en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil reclamada a la demandada De Angelis S.A. y estableció el resarcimiento integral por daños y perjuicios en la suma de $123.840,34 (v. fs. 582/583).
A continuación, puso de resalto que el actor al demandar y la empleadora accionada en su contestación no habían imputado a la aseguradora el incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos de trabajo y control ni tampoco habían atribuido una puntual responsabilidad con sustento en el derecho común, con lo cual -dijo- debía estarse a la pretensión jurídica de autos que forma el contenido de la contienda.
Señaló, además, que, sin perjuicio de lo expresado, subsistía la responsabilidad sistémica de Federación Patronal Seguros S.A. -traída al proceso por la empleadora (art. 94, CPCC)- quien ejerció el derecho de defensa, reconociendo expresamente la aseguradora que se había obligado a otorgar las prestaciones previstas en la ley 24.557 (v. fs. 140 y vta.) permitiendo que el principal encontrara cobertura en la medida de su aseguramiento. En consecuencia, determinó que la aseguradora de riesgos del trabajo citada debía responder hasta cubrir la indemnización tarifada por la ley 24.557 (v. fs. 585 vta./586).
Aclarado este punto, al momento de cuantificar la prestación dineraria prevista en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que le correspondía percibir al demandante, con apoyo en citas jurisprudenciales, en la opinión de doctrina autoral, y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, consideró aplicables la ley 26.773, el decreto 1.694/09 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6/15.
En ese orden, juzgó que la normativa que ha intentado mejorar la situación de los trabajadores debe aplicarse inmediatamente a todas aquellas situaciones no resueltas a la fecha de vigencia de dichos preceptos jurídicos y explica que mientras exista un crédito a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación debe ser aplicada sin más, en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, que surgen no sólo de la legislación local vigente, sino además de diversos tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables (v. fs. 583/585).
Indicó que la finalidad de las sucesivas reformas incorporadas a la Ley de Riesgos del Trabajo -decretos 1.278/00, 1.694/09 y ley 26.773- fue la de mejorar las prestaciones dinerarias del sistema originario, teniendo en cuenta las desactualizaciones que el transcurso del tiempo produce en las sumas que deben percibir los trabajadores siniestrados (v. fs. 584).
En función de todo lo expuesto, fijó el quantum de la prestación sistémica en el importe de $327.282,45 con más el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, obteniendo una suma total de $392.738,95. Tras efectuar la comparación entre ésta y la obtenida por aplicación de las normas del Código Civil ($123.840,34) concluyó que no existía insuficiencia reparatoria en el caso al aplicar las normas del sistema reparatorio especial, pues resultaban más benignas y aseguraban una respuesta favorable a las graves consecuencias incapacitantes que afectan al trabajador, todo ello en consonancia con lo establecido en el art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 585 vta.).
Finalmente, al monto de condena aplicó intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito -plazo fijo digital a treinta días- (v. fs. 586 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 2, 3, 499, 622, 1.071, 1.137, 1.197 y 1.198 del Código Civil; 12 y 14 de la ley 24.557; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 7 y 10 de la ley 23.928; ley 25.561; decretos 1.278/00 y 1.694/09; resol. 6/15 de la Secretaría de Seguridad Social y doctrina legal que cita (v. fs. 619/634).
II.1. En primer lugar, cuestiona que la aseguradora de riesgos del trabajo hubiera resultado condenada pues sostiene que la acción entablada por el demandante se funda en el derecho civil y es dirigida únicamente contra la empleadora De Angelis S.A. Añade que la aseguradora dio acabado cumplimiento a las prestaciones que la ley 24.557 pone a su cargo sin que el actor hubiera efectivizado reclamo alguno en su contra.
II.2. Luego, se agravia de la decisión con arreglo a la cual se dispuso la aplicación en el caso del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En sustancia, alega que la decisión del a quo importa la aplicación retroactiva de normas cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos y sostiene que en la especie resulta de aplicación la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00. Cita en apoyo de sus argumentos doctrina de esta Corte.
II.3. Finalmente, cuestiona la tasa a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena, toda vez que -sostiene- el tribunal de grado liquidó tales accesorios apartándose de la doctrina de este Tribunal emanada de los precedentes que invoca.
III. El recurso no prospera.
III.1. El primero de los reproches mediante el cual se cuestiona la condena que recae sobre Federación Patronal Seguros S.A. no es atendible.
Ello así, pues la impugnación deducida se sustenta en las consideraciones expuestas en el sufragio de la magistrada cuya posición quedó en minoría en la sentencia atacada. Ello resulta evidente desde la simple lectura del recurso, en el que la interesada, haciendo propios los argumentos exhibidos por la doctora Stornini, reproduce la opinión emitida por la citada jueza a fs. 587/588 (v. rec., fs. 624/625).
Al respecto, es oportuno recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, por estructurarse básicamente en las aseveraciones de la minoría, deja incólume la construcción sustentada por la mayoría del tribunal (causas L. 77.041, "Maza Vergara", sent. de 10-IX-2003; L. 90.933, "Toppa", sent. de 5-V-2010 y L. 106.232, "Jederlinc", sent. de 27-VI-2012).
En efecto, han quedado marginadas de toda crítica las definiciones brindadas en el voto que conformó la mayoría de opiniones respecto a la subsistencia de la responsabilidad sistémica que recaía sobre la aseguradora de riesgos del trabajo con relación al otorgamiento de las prestaciones previstas en la ley 24.557, reseñadas en el punto I del presente (v. también sent., fs. 585 vta./586).
Tal razonamiento del a quo , que constituyó el fundamento central de la condena a la recurrente en los términos antes expuestos, no es objeto de una réplica eficaz y contundente, y revela también, desde esteángulo, la insuficiencia que porta este tramo del recurso para conmover este aspecto del fallo y, en definitiva, sella su suerte adversa.
III.2. Tampoco es de recibo la impugnación en lo concerniente a la aplicación en el caso de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773.
III.2.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, tanto el indicado reglamento como el citado texto legal han reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
III.2.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza para hacer lugar a la solución que procura pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
Debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva correspondientes al trabajador -reguladas por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00-, dada la insuficiencia reparatoria que las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -parcialmente insatisfechas aún-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el actor se accidentó en mayo de 2007 y que aún permanece parcialmente insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en el decreto 1.694/09 y las previstas en la ley 26.773, por considerar que dichas normas (pese a no ser aplicables atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) proveen -para este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III.3. En otro orden, considero que no puede prosperar la crítica orientada a controvertir la tasa de interés pasiva digital cuya aplicación se determinó en el fallo en crisis.
El juzgador de origen, en lo que interesa, dispuso que los intereses se liquidarían conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 586 vta.).
Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional, y por ende aplicable en casos como el presente; el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus determinan que deba analizar la supuesta infracción de doctrina legal denunciada por Federación Patronal Seguros S.A.
En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie, habida cuenta que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", decisión que -además- se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayoría en la que no participé- en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Si mi propuesta fuera compartida, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser -con los alcances indicados- rechazado.
Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Coincido con mi distinguido colega, doctor Negri, en cuanto a que el primero de los agravios debe ser desestimado por las razones expuestas en el punto III.1. de su sufragio.
II.2. En cambio, considero que la crítica mediante la cual se controvierte la aplicación en el caso del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, por los fundamentos que habré de exponer, resulta atendible.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo expresado, y teniendo en cuenta que a la fecha en que el tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable, esto es el día 2 de mayo de 2007 (v. vered., fs. 574 vta. y sent., fs. 583; 586 vta.), el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) y la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraban vigentes, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no resultan aplicables al caso las normas actuadas en el pronunciamiento impugnado y así debe ser declarado en el caso.
En consecuencia, debe revocarse la sentencia en este aspecto, y siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda, efectuando nuevamente el cotejo o comparación entre las sumas de las prestaciones del régimen especial y las que le correspondería acceder al actor por aplicación de las pautas del derecho común, todo ello de conformidad con la doctrina legal que emerge –entre otros- de los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M. C." y L. 81.826, "Yaman" (sents. de 11-V-2005).
II.3. Finalmente, no es de recibo el reproche a la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buen
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