Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120439
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari , Genoud , Soria, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.439, "Alzogaray, Ezequiel Cruz contra Campoamor Hermanos S.A.C.I.F.A. y otro. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas con el alcance indicado (v. fs. 556/586 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva Galeno ART S.A. (continuadora de Mapfre Argentina ART S.A.), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 625/639).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda instaurada por el señor Ezequiel Cruz Alzogaray y, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" y 39 apartado 1 de la ley 24.557, condenó a Campoamor Hermanos S.A.C.I.F. y A. a abonar al actor la suma de $86.233,68 y, en forma solidaria a Mapfre Argentina ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.) hasta la suma de $10.756,05 en concepto de diferencia de indemnización por daños y perjuicios (arts. 777, 1.078 y 1.113, Código Civil -ley 340-; 260, LCT y 12, 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557; v. fs. 556/586 vta.).
Para así decidir tuvo por acreditado, que el actor se desempeñó como estibador a las órdenes de Campoamor Hermanos S.A.C.I.F. y A. desde el día 18 de octubre de 2006, y que sufrió un accidente de trabajo el día 26 de diciembre de 2006, al ser atrapada su cadera entre un tractor y un vagón de tren de carga, lo que le produjo fractura de ambos acetábulos y del sacro y que a raíz de ello presenta una incapacidad del 8% del índice de la total obrera (v. vered., primera, segunda y tercera cuestión, fs. 556/558 vta.).
En la sentencia, en lo que tiene relevancia, determinó la prestación dineraria a cargo de la aseguradora que le correspondía percibir al accionante con arreglo a las disposiciones de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificándola en la suma de $23.745,70 (v. fs. 570).
Seguidamente, dispuso que a dicha suma debía aplicarse el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 (arts. 8 y 17 apdo. 6). Puntualizó el a quo que tal normativa se refiere a las prestaciones dinerarias emergentes de las normas legales vigentes desde antes de la sanción de la nueva ley, es decir se está ante una regla especial que se aparta de la regla general del apartado 5 y agrega que prueba de ello es que al tiempo de dictarse el decreto 1.694/09 se estableció que sus disposiciones entrarían en vigencia a partir de su publicación y que se aplicarían a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de esa fecha.
Consideró que esa debía ser la interpretación normativa, pues si el legislador hubiese querido sujetar el mecanismo de ajuste a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de la entrada en vigencia de la ley, no hubiese redactado el apartado sexto y cobraría virtualidad y aplicación el inciso que le antecede que establece la regla general (v. fs. 578 vta.).
Por dichas razones, calculó el monto de la prestación conforme la ley 24.557, alcanzando un importe de $23.745,70 al que dispuso adicionarle intereses desde que el crédito fue debido (19 de septiembre de 2007) hasta el 18 de agosto de 2008, con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo a treinta días en pesos que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires (descontando el monto abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de prestación dineraria), desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 se adicionarán intereses moratorios liquidados con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires; a partir del 1 de enero de 2010 se aplicará el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) hasta el último publicado (febrero de 2016), con más la tasa del 6% anual por el mismo lapso y a partir del 1 de marzo de 2016, se aplicarán intereses moratorios liquidados con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (v. fs. 583 vta./586).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Galeno ART S.A. (continuadora de Mapfre Argentina ART S.A.) interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil; 1, 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 inc. "b" y 26 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 63 de la ley 11.653 y decreto 1.694/09; y de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 625/639).
Plantea los siguientes agravios:
II.1.a. La definición de grado que incrementó el importe de la prestación dineraria reconocida al actor proviene de una aplicación retroactiva de la ley 26.773, que no se encontraba vigente a la época del accidente sufrido por el trabajador, lo cual colisiona con principios constitucionales como el de irretroactividad de la ley y con el expreso texto del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
A continuación -para sustentar su postura de que las reformas introducidas al régimen especial de reparación de infortunios laborales rigen para el futuro, es decir, respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante ocurrió con posterioridad a su entrada en vigencia-, invoca lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) y "Lucca de Hoz"; y cita un precedente de la Suprema Corte de Justicia mendocina (v. rec., fs. 632 vta.).
Desde otra perspectiva, afirma que el pronunciamiento viola la propiedad privada de la aseguradora de riesgos del trabajo, al alterar las condiciones de la ley 24.557 y el contrato de seguro, disponiendo que abone un monto mayor al que hubiese correspondido, alterando así la ecuación económico financiera de la empresa. En este sentido afirma que de haberse contratado el seguro para el pago de las prestaciones de la ley 26.773 -que representan un aumento promedio cercano al 70% respecto de las anteriores-, la alícuota que la aseguradora de riesgos del trabajo le hubiese cobrado al empleador afiliado hubiese sido distinta.
II.1.b. Por otro lado, sostiene que el índice RIPTE sólo resulta aplicable a las sumas fijas establecidas por la ley especial, pero no para las prestaciones previstas en los arts. 14 y 15 de dicha normativa.
II.2. Por último, impugna la liquidación practicada en el fallo atacado en tanto, afirma, a la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 se le agregan intereses para luego descontar lo abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo, arribando a la suma de $10.756,05 no obstante lo cual al momento de la liquidación se vuelven a calcular intereses sobre ese monto, es decir, que se adicionan intereses sobre intereses, lo cual lleva a la recurrente a objetar el segundo cálculo del accesorio que alcanza a $639,76.
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente he de exponer.
III.1. De manera liminar se impone destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653 (conf. Ac. 3803/16).
Siendo ello así, la competencia de este Tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.2. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Ahora bien, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), citada por la recurrente, en atención a las circunstancias del caso, adopté una solución en la que, sin perjuicio de dicho criterio general, propuse declarar la inconstitucionalidad de la reparación correspondiente y, por ende, disponer la aplicación de las pautas de la ley 26.773.
Sin embargo, en la especie, en atención al modo en que -conforme surge de la reseña efectuada- fue aplicado en índice RIPTE previsto en el citado cuerpo legal, esto es, como una suerte de pauta o parámetro de actualización del capital, habré de proponer la revocación de este tramo del fallo impugnado (v. mi voto en la causa L. 119.677, "Sosa", sent. de 18-IV-2018). Ello así, pues los presupuestos de la presente resultan diversos a los que me condujeron a adoptar la decisión en la referida causa.
III.3. Distinta suerte ha de correr el agravio que se dirige impugnar la liquidación practicada por Secretaría a fs. 603.
No se observa la concurrencia del supuesto de excepción señalado en el punto III.1., toda vez que en el cuestionamiento analizado la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte al respecto, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015).
III.4. En razón de todo lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso interpuesto y revocar la sentencia en los términos establecidos en el punto III.2.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -debidamente integrado- dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas de la instancia extraordinaria por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Negri con relación a los puntos III.1. y III.3. de su voto.
II. En lo concerniente al agravio vinculado a la aplicación efectuada por el a quo del mecanismo de actualización contemplado en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, lo haré en atención a las siguientes consideraciones.
II.1. En el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme a la doctrina legal emergente de la citada causa L. 118.695, en la que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II.2. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello, aunque como he expresado reiteradamente, (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011; C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
II.3. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo denunciado (26 de diciembre de 2006), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que dicho dispositivo no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso actualizar, con apoyo en ella, el capital de condena calculado conforme la ley 24.557.
III. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Negri en los puntos III.1. y III.3. de su voto.
Luego, asiste razón a la recurrente cuando alega que la aplicación retroactiva de la ley 26.773 al caso examinado, vulnera la doctrina sentada por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), citada en su presentación impugnativa.
En consecuencia, corresponde revocar ese aspecto de la decisión y devolver la causa al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo aquí resuelto. Ello me exime de analizar la crítica referida al modo en que se ajustó la prestación debida.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Negri en los puntos III.1. y III.3. de su sufragio.
I.2. En cuanto al agravio referido a la aplicación del índice RIPTE, comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega doctor de Lázzari en su voto, ello, a tenor de lo resuelto por este Tribunal -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuyos fundamentos, a los que remito, se encuentran en línea con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
II. En virtud de lo expuesto, el recurso prospera en los términos establecidos en el apartado final del voto emitido por el doctor de Lázzari.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Negri en el punto III.1. de su voto en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, la competencia revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos transgrede la doctrina legal vigente.
I.2. Sobre esa base, acierta la interesada al denunciar que en la especie resultó vulnerada la doctrina legal que emerge de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la cual remito por razones de brevedad.
I.3. Finalmente, suscribo la propuesta del colega que inaugura el acuerdo en el punto III.3. de su opinión.
II. En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, conforme se resuelve en el apartado final del voto del doctor de Lázzari.
Con el alcance indicado, así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia