Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120525
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.525, "I., N. L. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 647/659).
Se interpuso, por parte de esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 681/686 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora N. L. I. contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del derecho común- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que denunció haber padecido el día 20 de noviembre de 2011, mientras desempeñaba tareas, como médica neonatóloga, en el Hospital General de Agudos Lucio Meléndez de Adrogué.
Para así decidir, en el veredicto -tras analizar el material probatorio aportado a la causa-, el a quo declaró acreditado que, en la fecha señalada, la actora, al ser despertada a la madrugada para atender un parto, cayó de la cama cucheta en la que reposaba en la guardia de maternidad del citado nosocomio.
Expresó que, como consecuencia de dicho golpe, sufrió la fractura con desplazamiento de la zona epifisaria proximal del fémur derecho (por la que fue operada tres veces, con colocación y cambios de prótesis), cuyas secuelas le causan una incapacidad física del 60% del índice de la total obrera y una reacción vivencial anormal neurótica grado IV incapacitante en un 30% del mismo índice (v. vered., primera cuestión, fs. 647 vta. y 648).
En la etapa de sentencia, concluyó que la demandada resulta responsable en virtud de lo normado en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340; actual art. 1.757, Cód. Civ. y Com. de la Nación) ya que la cama cucheta en altura -sin más- es riesgosa para el descanso de un médico de guardia y, en el caso, se exacerba el riesgo por la carencia de un dispositivo propio y/o seguro de la cama para el descenso y la disposición de una escalera peligrosa y viciosa (o una banqueta), también manifiestamente inapropiada a tal fin. Asimismo, prosiguió, la empleadora violó el deber de no dañar normado en el art. 19 de la Constitución nacional, siendo que, al organizar la prestación de tareas y disponer el ambiente laboral, creó el riesgo que se efectivizó en daño a la trabajadora (v. fs. 650 vta. y 651).
Seguidamente, tras exponer su posición en torno a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, el juzgador determinó la cuantía del resarcimiento brindado por el régimen de la citada ley especial en la suma de $1.060.159,67. Por otro lado, indicó -recordando el precedente "Arostegui" de la Corte federal- que para fijar la cuantía de las indemnizaciones reparadoras de daños causados a los trabajadores debe considerarse -sin apegarse estrictamente a fórmulas matemáticas- la pérdida de capacidad de ganancia, el daño moral y la merma en la integridad psicofísica que comúnmente producen los daños al trabajador (v. fs. 652 vta. y 653).
En ese orden, por mayoría, determinó la pérdida de capacidad de ganancias -por aplicación de una fórmula en que computó un ingreso anual de $123.815,67 y un límite de edad de setenta y cinco años- en la suma de $1.838.098 ($123.815, 67 x [1 - 0,109238] x 16,666 [al 6% de interés]), el que adicionando el factor de pérdida de chance (para cuya determinación consideró un límite de sesenta años de edad) se elevó a $2.980.699. A dicho monto, hubo de agregarle $28.800 para costear el tratamiento psicológico que debe seguir la actora y $596.140 en concepto de daño moral (20% de la pérdida de capacidad de ganancia).
Finalmente, estimó que la merma en su integridad psicofísica también debía indemnizarse y, dada la ausencia de parámetros, quedaba supeditada al arbitrio del sentenciante, que la calculó también en $596.140.
El valor de la reparación integral de daños de la reclamante asciende -entonces- a la suma de $4.201.779, importe que resulta muy superior al establecido por el subsistema especial, por lo que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 653/654).
Al capital resultante dispuso -previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399- adicionar intereses calculados, desde el 20 de noviembre de 2011 y hasta la fecha de la sentencia, con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia en su versión digital (v. fs. 654 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 499, 784, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083, 2.306 y 2.309 del Código Civil (ley 340); 165, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26 incs. "c", "d" y "f", 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 1 de la ley 13.985 y de la doctrina legal que identifica.
En lo esencial, denuncia que el tribunal de grado incurrió en el vicio de absurdo al cuantificar la reparación del daño material.
II.1. En lo que respecta a la pérdida de capacidad de ganancia, alega que al establecer el término de la vida útil de la actora en la edad de setenta y cinco años (por tratarse de la expectativa de vida), no tuvo en cuenta que la perspectiva de gozar de un haber jubilatorio coloca a I. en la categoría de sujetos que tienen una nula participación en el mercado laboral a partir de los sesenta y cinco años de edad. Ello, máxime cuando la accionante goza de un régimen especial (ley 9.650) que adelanta la edad jubilatoria en los supuestos de declarar el servicio como insalubre.
Objeta la utilización indiscriminada de fórmulas matemáticas para cuantificar los resarcimientos por daños y perjuicios, por entender que tal método es de utilidad como un primer paso -no único ni excluyente- que debe complementarse por una exhaustiva ponderación por parte de los magistrados de las especiales circunstancias verificadas en cada caso particular. Asegura que tal es el criterio que emerge del precedente "Arostegui" de la Corte federal y demás fallos que siguieron su doctrina.
Considera que, lejos de respetar dichos lineamientos, en el caso el tribunal interviniente aplicó una fórmula matemática de modo mecánico, prescindiendo por completo de las particularidades de la causa y las circunstancias de la víctima.
Entiende además que, conforme los datos que aporta, resulta absurdo identificar a los conceptos "actividad productiva" y "expectativa de vida", por lo que -a su criterio- en la fórmula utilizada en autos se computó un excedente de diez años al consignarse la productividad laboral de la demandante hasta los setenta y cinco años de edad (v. fs. 682 vta./684 vta.).
Respecto del rubro "pérdida de chance", afirma que sólo resulta resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por el responsable del daño; por lo que constituía una tarea impostergable del juzgador precisar el grado de probabilidad de beneficio económico frustrado por el siniestro. En ese orden, argumenta que la mera referencia global a "...la edad, la actividad y la presunción de que se estancaría a los 60 años..." constituye una pauta inidónea para justificar la exorbitante suma determinada por el rubro.
Advierte que las escuetas motivaciones estructuradas por el tribunal para sostener su decisión, impiden un contralor suficiente de la función jurisdiccional (v. fs. 684 vta. y 685).
II.2. Impugna también la cuantía de la condena por daño moral.
Indica -en lo sustancial- que, aunque es sabido que el daño moral y el material son independientes, los cuestionamientos estructurados respecto de este último conllevan a una necesaria disminución de la reparación extrapatrimonial, pues las afecciones de tal índole padecidas por la actora no tuvieron la entidad que -en definitiva- le otorgó el a quo (v. fs. 685).
II.3. Finalmente, se agravia del resarcimiento vinculado al daño a la integridad psicofísica.
En rigor, sostiene que -más allá de la denominación utilizada- lo que se intenta reparar con el rubro en cuestión, ya estaría cubierto por el daño moral o por la incapacidad asignada, por lo que su implementación implica una indebida duplicación de la indemnización.
Desde otroángulo, advierte que tampoco ha objetivado el sentenciante la incidencia que cada uno de los extremos fácticos valorados tuvo en el importe definitivamente establecido, lo que impide un mínimo contralor de la función jurisdiccional (v. fs. 685 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Aclarado ello, es dable analizar el cuestionamiento al monto del resarcimiento del daño material fijado en la sentencia.
III.2.a. Es oportuno recordar que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, no susceptible de revisión en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 118.223, "Cáceres", sent. de 26-X-2016; L. 116.696, "Sosa de Correa" y L. 119.494, "Di Tomaso", sents. de 31-X-2016; L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017; e.o.).
También lo es la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; e.o.).
Bajo esas directrices, la insuficiencia de la impugnación se advierte manifiesta, desde que el recurrente no ha logrado demostrar la configuración del mencionado vicio lógico.
III.2.b. En efecto, como anticipé, advierto que a los fines de calcular el resarcimiento debido a la trabajadora, el juzgador -liminarmente- trajo a colación algunos conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Arostegui, Pablo M. c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro" y aclaró que no es posible sujetar la determinación del monto indemnizatorio, a rígidos moldes o fórmulas matemáticas, por cuanto el mismo debe ser el resultado de distintos factores (v. fs. 652/653).
Luego, como señalé, dispuesto a calcular la cuantía del resarcimiento en concepto de pérdida de ganancias, señaló que debía tenerse en consideración una fórmula matemática que contemplara la edad de la víctima a la época del infortunio (treinta y siete años), su ingreso anual y la cantidad de años restantes hasta la finalización de su vida útil -que fijó en setenta y cinco años-. Así, prosiguió, la reparación debía consistir en una suma que puesta a un interés del 6% anual, se amortizara durante el período estimado de vida útil potencial de la víctima (v. fs. 653 y vta.).
Seguidamente, consideró que la edad de la actora y su actividad, han incidido en sus posibilidades de progreso profesional y/o económico, lo que constituye una pérdida de chance. Así, en el entendimiento de que tal progreso se estancaría a partir de los sesenta años, propuso utilizar el coeficiente etario que resulta de dividir el número sesenta por la edad del actor, para finalmente multiplicarlo por los $1.838.098 ya presupuestados, lo que arrojó un total de $2.980.699 (v. fs. 653 vta.).
III.2.c. Lo anterior indica que, más allá de lo que pueda o no compartirse, el método del que se valió el a quo para computar el cuestionado quantum lejos se encuentra de poder ser considerado irrazonable o ilógico, no evidenciando el recurrente que el tribunal de grado se haya apartado de las constancias objetivas de la causa ni que haya incurrido en un error grave y manifiesto configurativo de absurdo.
En tales condiciones, el remedio de impugnación deducido resulta improcedente porque no se ha aportado en él ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines pretendidos (causas L. 104.665, "Vergara", sent. de 7-III-2012; L. 111.367, "A., J. L.", sent. de 20-III-2013; L. 115.833, "Burattini", sent. de 26-VI-2013; e.o.).
Asimismo, para mayor satisfacción del impugnante, cabe decir una vez más que, en el caso de la pérdida de "chance", lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, ya que no se trata de la pérdida de futuros ingresos, sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro (causa L. 67.443, "D., C.", sent. de 30-VIII-2000; mi voto en L. 81.957, "S., B.", sent. de 27-XII-2006) circunstancia que el a quo encontró configurada en el caso, sin que el recurrente haya logrado demostrar el vicio que invoca.
De suyo entonces, la ausencia de idoneidad de la réplica se erige como obstáculo insuperable para que en esta instancia extraordinaria se examine el acierto o desacierto de este aspecto de la decisión de grado.
III.3. Inalterada entonces la estimación del daño material -concretamente el vinculado a la pérdida de capacidad de ganancias-, y toda vez que el daño moral fue determinado en función de aquel, el tratamiento del agravio por el que se cuestiona la cuantía de este último rubro pierde virtualidad.
III.4. Tampoco ha de modificarse la condena a indemnizar los daños a la integridad psicofísica.
Surge del fallo que, mediante dicho rubro, el tribunal pretendió otorgar un resarcimiento con motivo de las obvias dificultades que -según su criterio- le provocó el accidente en las restantes actividades en la cotidianeidad afín a cualquier ser humano de un entorno social dado en desmedro a su vida de relación (v. fs. 654).
Se observa también que, a diferencia de lo anterior, a través de la "pérdida de capacidad de ganancias" el tribunal buscó reparar las consecuencias dañosas que esa minusvalía le provocó a la trabajadora en lo que respecta al ámbito laboral, integrando dicho capítulo la "pérdida de chance" (v. sent., fs. 653 y vta.).
En síntesis, el análisis plasmado en el pronunciamiento demuestra que el tribunal pretendió indemnizar disímiles perjuicios: de un lado los daños que -como persona- sufre la actora por haber quedado gravemente incapacitada, del otro, la incidencia negativa que esa incapacidad le provoca -como trabajadora- en lo que respecta a la faz laboral.
Asimismo, y en relación con la identificación que la interesada propone entre el señalado concepto y el daño moral, cabe señalar que de la lectura del pronunciamiento emerge con claridad que el a quo también aquí pretendió resarcir dos supuestos diferentes, a saber: las angustias y sufrimientos que la incapacidad provocó en la esfera íntima de la trabajadora (daño moral; v. fs. 363 vta.) y, en otro orden, las dificultades que sufrirá la actora en las restantes actividades de su vida cotidiana y de relación (v. fs. 654).
Luego, no se verifica el yerro que el recurrente le endilga al juzgador pues -sin abrir juicio respecto de la autonomía o no del "daño a la integridad psicofísica" como rubro de reparación independiente- aun cuando la apreciación formulada por el sentenciante pueda resultar opinable, discutible u objetable, no constituye absurdo en tanto para su configuración se requiere algo más: el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 104.779, "C., S. S.", sent. de 30-X-2013; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; e.o.), anomalías que el quejoso tampoco alcanza a evidenciar en la parcela.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
Efectuada tal aclaración, suscribo al voto del colega ponente.
Voto pues, por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Comparto las razones con las que el doctor Genoud declara bien concedido el recurso extraordinario deducido (causa L. 118.131, "Vaccaro", sent. de 3-XII-2014).
II. También he de compartir lo sustancial del voto del doctor Negri y las coincidencias que exponen los doctores Genoud y Soria respecto a la falta de demostración del absurdo achacado a la sentencia de grado.
En todo caso, debo dejar aclarado que no comparto el criterio según el cual un cálculo aritmético pueda reemplazar la actividad valorativa de un juez al mensurar el daño provocado (cualquiera fuera su índole). Tampoco llego al extremo de considerar absolutamente inapropiado que se utilicen fórmulas matemáticas o tablas actuariales, en tanto ello sólo resulte una orientación o guía para nuestra labor, porque los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de ecuación alguna para determinar una indemnización. La racionalidad que se pretende con tales cálculos debe ser pasada por el tamiz de la razonabilidad, debe reflejar una verdadera adecuación de medios afines, debe nutrirse de la experiencia vital y de la realidad humana concreta. La racionalidad del cálculo aritmético puede ser una directriz o un instructivo, pero siempre bajo la reserva del sentido común, o se corre el riesgo de caer en verdaderos despropósitos (v. mis votos en las causas C. 117.926, "Passaglia", sent. de 11-II-2015; C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
Reiterando que no se ha demostrado, ni lo advierto en la sentencia atacada, que se haya incurrido en absurdo, doy mi voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia