Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120539
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.539, "Gauna, María Antonia contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 489/508 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 531/538 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar- acogió la demanda promovida por la señora María Antonia Gauna contra Provincia ART S.A., por la que pretendía -con fundamento en las normas del Código Civil- el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de las afecciones que padece como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo juzgó acreditado que la actora, desde el día 20 de febrero de 1992, trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital Neuropsiquiátrico José Estévez (v. fs. 490/491). También que sus tareas implicaban un gran esfuerzo físico, al tener que levantar y trasladar a los pacientes; y que habían sido desempeñadas en un ambiente laboral desfavorable debido a las agresiones verbales y físicas de éstos (v. fs. 492).
A su vez, declaró demostrado que la dependiente padece diferentes afecciones físicas -en la columna (en la región cervical y dorsolumbar), en el corazón (repolarización en ventrículo izquierdo) y en la mano derecha (vinculada a la operación del túnel carpiano de la mano derecha)- y psicológicas (depresión reactiva de grado moderado) que le generan una incapacidad del 29% y 25% del índice de la total obrera respectivamente, y tienen relación causal con la modalidad de los trabajos referidos (v. fs. 491/492).
Por otro lado, verificó el incumplimiento por parte de la aseguradora de los deberes -de prevención, control y capacitación sobre riesgos del trabajo- que los arts. 4 y 31 de la ley 24.557; 18 y 19 del decreto 170/96 le imponen, así como la relación causal entre esa conducta omisiva y el daño sufrido por la trabajadora (v. fs. 493 vta.).
Sobre ese escenario, en la sentencia, juzgó que la accionada, al no haber observado los referidos deberes legales a su cargo, era responsable en los términos del art. 1.074 del Código Civil (v. fs. 499).
Al mismo tiempo, con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableciera en las causas L. 72.336, "Iommi" (sent. de 14-IV-2004) y L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que la tarea desempeñada por Gauna, resultaba riesgosa para su salud y debía encuadrarse en el marco del art. 1.113 del mismo cuerpo legal (v. fs. 497 vta./498 vta.).
Con todo, concluyó que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil a la demandada.
En consecuencia, el juzgador procedió a efectuar el cálculo del resarcimiento en concepto de daño material -contemplando como parte del mismo al daño emergente y al lucro cesante- con base en las particulares circunstancias del caso y en los datos que a tales fines estimó pertinentes. Arribó así al monto de $188.244, al que adicionó, luego, la suma de $18.825 en concepto de "daño moral" (v. fs. 500/501).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación del principio de congruencia y transgresión de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1.068, 1.069, 1.078, 1.083, 1.084 y 1.086 del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 165, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
Sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo al determinar el porcentaje de incapacidad que padece la actora y fijar el quantum indemnizatorio que le corresponde percibir, porque consideró una lesión (cicatriz de la mano derecha por operación del túnel carpiano) que -en su opinión, conforme a la pericia médica- no le provocó ninguna minusvalía, ni tiene relación causal con las tareas desempeñadas (v. fs. 535).
En el mismo sentido, impugna las conclusiones establecidas en el informe pericial psicológico respecto al grado de incapacidad que sufre la accionante (v. fs. 535 vta.).
Le reprocha al a quo haber utilizado una fórmula matemática lineal para establecer la reparación y arribar a una suma exorbitante en atención a las constancias de la causa. Desde esa perspectiva, expresa que la decisión del sentenciante resulta contraria a la doctrina legal sentada en la causa C. 100.002, "F., J. M." (sent. de 14-IX-2011; v. fs. 536 y vta.).
Destaca que la señora Gauna no modificó su ritmo de trabajo y percibió su salario sin merma hasta el momento en que se acogió a los beneficios de la jubilación ordinaria (v. fs. 537 y vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Aclarado ello, corresponde destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el quantum indemnizatorio fijado por el a quo , sin que corresponda adicionar a éste el de los intereses en tanto no son motivo de agravio- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3840/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
Desde esa perspectiva, los agravios que exhibe el recurso son inadmisibles porque remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria -excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada- tal como lo son, por ejemplo, determinar el porcentaje de incapacidad que padece la actora y el quantum indemnizatorio que le corresponde percibir. En ese sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como las indicadas (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015; L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; e.o.).
Luego, resulta claro que no se configura la hipótesis excepcional referida cuando se verifica que los argumentos sobre los cuales se estructura la impugnación bajo examen se vinculan a la supuesta infracción del principio de congruencia y a la configuración del vicio de absurdo (causas L 98.025, "Giménez", sent. de 24-VIII-2011 y L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012).
Al respecto, también se ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por la vía transitada la denuncia de violación de doctrina vinculada a dichos tópicos (causas L. 118.323, "Pérez", resol. de 26-III-2015; L. 119.574, "Sampedro", resol. de 11-V-2016 y L. 120.304, "Reyes", resol. de 5-IV-2017).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. La reiteración de pronunciamientos emitidos en casos sustancialmente análogos al presente (causas L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; e.o.), conduce a declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2. Luego, en cuanto al fondo del asunto, adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Negri en el punto III.2. de su sufragio.
II. En virtud de lo dicho, suscribo la solución a la que se arriba en el apartado final del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el punto I.1. de su voto.
Coincido con los colegas ponentes en que el recurso debe ser examinado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
La atenta lectura de la pieza recursiva revela que la crítica se afirma en una dispar consideración en torno a la incapacidad que aqueja a la trabajadora, con incidencia en el modo de calcular el resarcimiento debido.
En consecuencia, las afirmaciones plasmadas por la interesada a fs. 532 no abastecen la carga de demostrar que, conforme los agravios traídos, el valor de lo cuestionado en esta instancia supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018).
Con las señaladas consideraciones, estimo que el recurso es inadmisible por los motivos señalados por el doctor Negri, que comparto.
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Concuerdo con lo indicado por el doctor Soria en el punto I.1. de su voto.
II. Luego, con excepción de lo expresado en sus últimos dos párrafos, comparto la propuesta decisoria expuesta por el doctor Negri en el punto III.2. de su opinión.
En ese orden, tal como lo señalé al emitir mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez" (sent. de 30-XI-2005) y L. 87.476, "Pardo" (sent. de 29-VIII-2007) , el supuesto de excepción contemplado en el art. 55 -primer párrafo, in fine - de la ley 11.653, se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 118.456, "Martínez", sent. de 29-III-2017 y L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; e.o.).
De tal modo, en los precedentes citados he considerado idónea, en cada caso, a los fines de proceder a la apertura de la vía casatoria, a través de dicho conducto excepcional habilitante, la denuncia de violación de la doctrina vinculada con la interpretación que, de la norma adjetiva, esta Corte formulara en relación al principio de congruencia y al art. 39 de la ley 11.653, respectivamente.
Por ello, juzgo preciso puntualizar en la especie que, a mi criterio, la doctrina legal aprehendida por la mencionada hipótesis de excepción resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma.
Con esa reserva, reitero, comparto la propuesta decisoria del doctor Negri, toda vez que las restantes razones expuestas en su voto son suficientes para determinar la necesaria exclusión del presente caso del acotado ámbito de actuación que establece -a los fines de la admisibilidad del recurso- el art. 55 de la ley 11.653.
Sólo he de agregar que, para más, una atenta lectura del recurso revela que la interesada ha prescindido vincular la denunciada violación del principio de congruencia con la identificación de la doctrina legal que considera violada a su respecto, presupuesto necesario para habilitar la revisión del pronunciamiento y tornar operativa la excepción invocada (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; e.o.).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia