Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120586
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto admitió la demanda deducida. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, proceda de conformidad con lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen a la parte actora (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.586, "García, Jorge Daniel contra Boldt S.A. Despido."
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió parcialmente la acción interpuesta, con costas del modo que especificó (v. fs. 222/236).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 249/267 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de grado, por mayoría, hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Daniel García y condenó a Boldt S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y la prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Dispuso además que a dicho monto se adicionaran intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda (23 de abril de 2014) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (opción plazo fijo tradicional, CAT), los que luego debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quedara firme la sentencia (v. fs. 222/236).
Para así decidir, tuvo por probado que el actor ingresó a laborar a la empresa demandada el día 1 de junio de 1998, cumpliendo tareas de técnico especial en slots sección taller y depósito de repuestos e insumos en el Casino Central de Mar del Plata, hasta que el día 19 de julio de 2013 la empleadora le comunicó la extinción del vínculo, por una causa que el a quo , a la postre, declaró no probada (v. vered., fs. 222 vta./224 y sent., fs. 225 vta. y 226).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 55 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 2 de la ley 25.323, 7 y 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 249/267 vta.).
Cuestiona que se hubiera tenido por no demostrada la justa causa del despido dispuesto por su parte. Sostiene que, en el caso, los jueces concordaron en que el trabajador había retirado, sin autorización, un televisor LCD del establecimiento donde cumplía sus tareas; pero que, sin embargo, el voto de la mayoría discurrió sobre la falta de acreditación del ingreso de dicho aparato al vehículo del dependiente.
Alega que en el telegrama de despido se imputó al accionante el haberse llevado el mentado televisor cuando no estaba autorizado para hacerlo, por lo que el hecho de que no lo hubiera cargado en su automóvil en modo alguno alcanza para invalidar las restantes conclusiones, a las que, debe entenderse, por falta de refutación, adhieren implícitamente los jueces de la mayoría.
Postula que, de todos modos, surge claramente del video agregado a la causa que el señor García colocó el LCD en un automóvil estacionado frente a la puerta del casino y que lo sacó de dicho vehículo para devolverlo al lugar de tareas, tal como fuera señalado por el juez que emitió el primer voto. Agrega que dicha circunstancia es también corroborada en los informes acompañados por su parte (anexo C). Refiere que la omisión de los jueces en el análisis de la prueba denota el absurdo del pronunciamiento.
Afirma que de acuerdo a los escritos constitutivos del proceso y la prueba de autos (fundamentalmente el registro del video y el informe administrativo) se constata que el accionante aprovechó el día en que estaba prevista la realización de un procedimiento de descarte de elementos inservibles que debían ser retirados en un contenedor para intentar sacar un televisor en su propio beneficio.
En ese orden, argumenta sobre la conducta asumida por el trabajador e insiste en que la demandada estaba legitimada para disolver el vínculo con justa causa, conforme lo normado en el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina legal de este Tribunal que cita. Aduce luego que el juzgador transgredió el principio de congruencia al introducir como fundamento de su decisión la cuestión vinculada a si se le dio o no al trabajador la oportunidad de defenderse del hecho que le fuera atribuido.
Postula entonces que debe revocarse la sentencia de grado y disponer el rechazo de la demanda. En subsidio, objeta que se la hubiera condenado al pago de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y solicita que para el caso de que se confirme lo resuelto por el a quo en torno al despido, se exima a su parte del referido incremento indemnizatorio.
Finalmente, impugna la decisión vinculada a los intereses fijados sobre el capital de condena. En este sentido, reprocha, de un lado, la tasa fijada (pasiva digital) y, del otro, la capitalización dispuesta en los términos del art. 770 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la valoración de la conducta desplegada por las partes antes de la rescisión del vínculo laboral, así como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique su extinción, constituyen cuestiones reservadas al criterio de los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo representa la eficaz alegación y demostración de absurdo o la comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; L. 118.645, "Yanuzzio", sent. de 23-V-2017 y L. 119.927, "Olivera", sent. de 19-IX-2018).
III.2. Como se anticipó, el tribunal de grado -por mayoría- consideró injustificado el despido del señor García y declaró procedente el reclamo interpuesto por las indemnizaciones vinculadas a dicho acto.
En lo que interesa destacar, el magistrado que inauguró el acuerdo señaló que las partes coincidían en que mediante la misiva de fecha 19 de julio de 2013 la demandada le comunicó al accionante su despido por haber retirado del sitio donde cumplía tareas un televisor LCD de su propiedad, sin autorización para ello. Y, asimismo, que el 23 de julio de 2013 el trabajador le respondió ese envío alegando contar con el permiso para llevarse el aludido televisor, el que, por otra parte, estaba roto, siendo material de descarte (v. CDs de fs. 183/185 y 187, actuales fs. 185/187 y 189 luego de refoliatura y vered., fs. 222 vta.).
En ese marco, puso de relieve que el actor reconoció haber sacado del espacio donde prestaba tareas el televisor perteneciente a la empleadora -elemento de un valor considerable- y que no logró acreditar que contara con la debida autorización para llevárselo, como tampoco que el aparato en cuestión pudiera estar dañado a punto tal de ser considerado material de descarte (v. vered., fs. cit.).
Agregó que en la filmación registrada por las cámaras de seguridad del casino (que fuera reproducida en la audiencia de vista de la causa), se observaba al dependiente salir del establecimiento hacia la calle manipulando un carro con el televisor y cajas de cartón colocadas delante de éste, para posteriormente dejar el LCD en un automóvil estacionado frente a la puerta de salida. Que además se lo veía conversar con el policía que custodiaba el lugar, quien luego se dirigiera a su garita y realizara un llamado telefónico y, finalmente, se advertía que tras ser interceptado por el jefe de seguridad del casino y mantener un diálogo con éste, el demandante se retiraba del lugar y regresaba trayendo el televisor en cuestión (v. vered., fs. 222 vta. y 223).
También destacó que los testigos que intervinieron en el hecho (el agente de policía y el jefe de seguridad del casino) reconocieron la autenticidad del mencionado video y fueron concordantes en que no había existido ninguna autorización para retirar el LCD. Por todo lo cual, consideró acreditada la injuria invocada al disponer el despido (v. vered., fs. 223).
En cambio, el juez que a continuación emitió su opinión, cuyo voto obtuvo la adhesión del restante magistrado interviniente, señaló que discrepaba con su colega en cuanto a la acreditación de la justa causa del distracto (v. vered., fs. 223 vta.).
En este sentido, sostuvo que "analizando las pruebas y fundamentalmente el video que observamos en la vista de causa, no surge que el accionante guardara el televisor en su auto. Tampoco los testigos vieron al actor realizando esa maniobra. Sólo pude apreciar que retira del establecimiento cajas y un televisor, y que con posterioridad éste último es vuelto a ingresar" (v. vered., fs. 223 vta.).
Y señaló que "analizando en conciencia la prueba colectada en estos autos, unida a las declaraciones testimoniales y confesional realizadas en la audiencia de vista de causa", estaba convencido de que "la causal invocada no quedó fehacientemente acreditada por la demandada". Puntualizó que tampoco se demostró que el accionante hubiera tenido la posibilidad de defenderse de los hechos imputados en forma apropiada y con asistencia. Concluyó entonces que la empresa empleadora no había demostrado "la gravedad de la injuria y por tanto la justa causa del despido invocado", máxime -destacó- cuando se trataba de un dependiente de quince años de antigüedad y sin faltas disciplinarias (v. vered., fs. 223 vta. y 224).
III.3. Le asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo.
En efecto, surge del intercambio telegráfico agregado en autos que el día 9 de julio de 2013 la demandada comunicó al accionante su despido en los siguientes términos: "hemos sido notificados por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires que el día 6 de julio del corriente [...] Ud. fue sorprendido en circunstancias de haber retirado del establecimiento una televisión LCD de nuestra propiedad, que fuera trasladada por su persona en un carro detrás de unas cajas de cartón y depositada en el asiento trasero de un vehículo estacionado en la acera frente a la puerta de salida del establecimiento, habiéndose remitido -a su vez- registros de las cámaras de seguridad que dan cuenta de tales circunstancias. Cabe aclarar que Ud. no se encontraba autorizado a retirar dicho equipamiento por lo que su actuación constituye un hecho de injuria gravísima que, por su exclusiva culpa, torna imposible la continuidad del vínculo laboral con nuestra empresa..." (CD, fs. 185).
No parece ocioso aquí recordar que la comunicación rescisoria, en orden a la justificación de los motivos invocados para decidir el distracto, adquiere una suerte de fijeza que se proyecta en el ulterior proceso judicial (art. 243, LCT; causas L. 73.492, "Musso", sent. de 18-IX-2002; L. 92.088, "Spinelli", sent. de 23-IX-2009 y L. 117.270, "Muñoz", sent. de 6-IV-2016).
Luego, de la sola lectura de la misiva antes transcripta y los fundamentos ensayados en el voto mayoritario -reproducidos en el apartado que precede- se advierte claramente que los jueces de grado se desentendieron de valorar la conducta reprochada al trabajador en el telegrama rescisorio y examinaron sólo un aspecto en particular de las circunstancias que rodearon aquel comportamiento.
Pero, además, se observa que tal abordaje encontró como único soporte la mera enunciación de algunos medios probatorios, desprovista de todo análisis valorativo; lo que denota su marcada inconsistencia.
Luego, no surge del fallo de los hechos valoración alguna que evidencie la jerarquización, ponderación y comparación necesaria para decidir, respecto del material probatorio evaluado, ni las conclusiones fácticas que de los mismos pueden derivar, y que son esenciales para sustentar la correcta decisión que es dable aguardar de un adecuado pronunciamiento judicial (causa L. 51.266, "Delgado", sent. de 27-IV-1993).
En definitiva, la escueta solución expuesta en el fallo de grado no es el resultado del necesario análisis de los planteos formulados, lo que se traduce en la falta de un examen detenido respecto del tema sometido a juzgamiento, que dista de constituir un fundamento suficiente para decidir el caso.
A tal equívoco conceptual se suman las manifestaciones plasmadas en el veredicto sobre la ausencia de entidad injuriosa de la causal invocada por el demandado que, en ese mismo acto, se consideró "no quedó fehacientemente acreditada" (v. vered., fs. 223 vta. y 224).
Cabe entonces concluir que el fallo impugnado presenta aquel error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 94.502, "M., J. M.", sent. de 18-VIII-2010; L. 110.362, "Douton", sent. de 14-VIII-2013; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018).
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada.
III.4. La solución que se propicia en la especie, me releva de pronunciarme respecto del agravio destinado a descalificar la aplicación de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, así como también el vinculado tanto a la forma en que fueron computados los intereses como a la tasa que el juzgador de origen consideró acorde aplicar sobre el monto de condena.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso y revocar la sentencia impugnada en cuanto hizo lugar a la demanda deducida. Los autos deberán volver al tribunal de grado para que -integrado con jueces hábiles- renueve los actos procesales que estime necesarios y atendiendo a los planteos de las partes, valore nuevamente si el despido dispuesto por el empleador resultó o no justificado y dicte el pronunciamiento que corresponda sobre las indemnizaciones reclamadas con sustento en el distracto.
Costas de esta instancia a la parte actora (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto admitió la demanda deducida. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, proceda de conformidad con lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen a la parte actora (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia