Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120587
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto II del voto emitido en tercer término.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.587, "Bozo Parra, Cristian Alberto contra Nes S.A. y otro. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 335/353 vta.).
Se dedujo, por Mapfre Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 364/376 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa y por mayoría, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Cristian Alberto Bozo Parra y condenó a la codemandada Mapfre Argentina ART S.A. al pago de la indemnización por incapacidad prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 335/353 vta.).
Resolvió de esa manera, en tanto tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 17 de enero de 2009, el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente que lo invalida en un 10% del índice de la total obrera (v. fs. 336/339 vta.).
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $17.120,73 ($1.889,08 x 53 x 10% x 1,71; v. fs. 343 y vta.).
Sobre dicho importe -por mayoría- entendió que por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, correspondía emplear el sistema de ajuste para los montos tarifados (Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE-) a partir del día 1 de enero de 2010, en tanto, a la fecha de su entrada en vigencia, la prestación dineraria adeudada al trabajador aún se encontraba pendiente de cancelación (v. fs. 343 vta.).
Para arribar a esa decisión -con apoyo en jurisprudencia de otros tribunales- consideró que el decreto 1.694/09, junto con las modificaciones introducidas por la ley 26.773, otorgaba una reparación justa, equitativa y razonable al perjuicio sufrido por el trabajador (arts. 16, 18 y 19, Const. nac.), sin que su utilización importara una violación del principio de irretroactividad de la ley, puesto que se trataba de una aplicación inmediata de la misma (art. 3, Cód. Civ., ley 340; v. fs. 343 vta. y 344).
Asimismo, declaró –de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues entendió que dicha norma, al excluir de la aplicación del RIPTE a situaciones que debían entenderse incluidas, alteraba el espíritu de la mentada ley, incurriendo en un exceso que la propia Constitución nacional no admite (art. 99 inc. 2, Const. nac.; v. fs. 344 vta. y 345).
De este modo, entendió que no solo son pasibles de actualización "...aquéllas prestaciones adicionales de pago único y los pisos que mencionan la ley 24.557 y el decreto 1694/09, sino también aquéllas prestaciones como las previstas en el art. 14 inc. 2 ap. a) y b) o la prevista en el art. 15 de la ley 24.557...".
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre el mes de enero de 2010 (344,73) y diciembre de 2015 (1.806,09) arrojaba un coeficiente de 4,49 -debió decir 5,23-, declaró procedente recomponer la prestación arribando al resultado de $89.541,41 ($17.120,73 x 5,23).
Finalmente, dispuso aplicar intereses -por mayoría- desde que cada suma es debida hasta el día 31 de diciembre de 2009, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigentes en los distintos periodos de aplicación y, a partir del día 1 de enero de 2010 fijó un interés moratorio puro a aplicar sobre el capital actualizado del 6% anual.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora demandada denuncia violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 3, 699, 701 y concordantes del Código Civil (ley 340); 1, 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 inc. "b" y 26 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; decreto 1.694/09 y art. 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 364/376 vta.).
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó al caso las disposiciones de la ley 26.773, en tanto, al momento del accidente (17 de enero de 2009), dicha norma no se encontraba vigente.
En tal sentido, denuncia que el a quo interpretó erróneamente el art. 17 apartado 5 de la ley, al disponer que se aplicará a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, es decir desde el día 26 de octubre de 2012. Sostiene que no surge de la misma que deban considerarse las prestaciones correspondientes a juicios en curso.
Alega además que el tribunal confundió el período de vigencia con el monto de las prestaciones que la ley establece, aplicando erróneamente el art. 17 apartado 6 y contrariando el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil.
Denuncia violada la doctrina legal emergente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Lucca de Hoz", en cuanto se pronunció por la no aplicación del decreto 1.278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubieran producido con anterioridad a su entrada en vigencia.
Afirma que el razonamiento interpretativo realizado por el juzgador, que lo condujo a aplicar en forma retroactiva la normativa supra indicada, afecta seriamente su patrimonio. Ello así, toda vez que las alícuotas vigentes a la fecha del siniestro no comprendían el incremento que la sentencia de grado obliga a abonar a partir de la decisión que se cuestiona. Aduce vulnerado el derecho de propiedad, con afectación de la seguridad jurídica y alteración de la ecuación económico financiera.
II.2. Por otro lado, sostiene que el mecanismo de ajuste a través del índice RIPTE solo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas previstas en dichas normas, dado que las mismas tienen su propia actualización conforme los salarios.
II.3. Por último, objeta la decisión de grado que aplicó intereses desde la fecha del accidente, y que los montos indemnizatorios hayan sido actualizados conforme el índice RIPTE contemplado por la ley 26.773, produciéndose de esta manera una contradicción lógica y una doble actualización de valores, violándose en consecuencia el art. 1 de la ley 24.283.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente habré de señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3.803/16), de modo que el carril extraordinario articulado solo puede abordarse en el acotado marco de examen que prevé el supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.a. Bajo tales premisas el recurso debe ser desestimado, en tanto las críticas que formula el interesado prescinden de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte, toda vez que, como reiteradamente ha sido declarado, no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015 y L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015).
III.2.b. Igualmente infructuosa resulta la genérica cita de los precedentes de esta Corte individualizados a fs. 365 vta., en tanto ninguna vinculación poseen con las concretas aristas del presente litigio.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1.a. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Negri en cuanto señala que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010).
Ante ello, la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, ha de justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.1.b. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión.
I.2. Siendo eso así, ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, merece favorable recepción la crítica que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la prestación que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia; tales lineamientos han sido establecidos en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); L. 118.459, "Caviglia" (sent. de 14-XII-2016) y L. 118.018, "Cócaro" (sent. de 19-IX-2018) -entre otras- a las que por razones de brevedad remito, ello, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00 y no el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en las pautas indemnizatorias contempladas en estas últimas normas, cuya inaplicabilidad se declara.
I.3. En virtud de lo resuelto precedentemente, no cabe abordar el planteo dirigido a rebatir el modo en que hubo de aplicarse el índice RIPTE en la sentencia impugnada mediante la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 (v. rec., fs. 374 vta./375 vta.), pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
I.4. Toca finalmente referirse al tópico que gira en torno a los intereses moratorios.
I.4.a. El tribunal de trabajo aplicó intereses desde que cada suma es debida hasta el día 31 de diciembre de 2009, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días; por otro lado, a partir del día 1 de enero del 2010 fijó un interés moratorio "puro" del 6% anual aplicable al "capital actualizado"; para así decidir, en efecto, tuvo en especial consideración que "...el capital sobre el cual se calcularán los intereses ya ha sido actualizado tras haber sido sometido al mecanismo indexatorio de los arts. 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773..." (fs. 346 vta./347 vta.).
I.4.b. Ahora bien, habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció la prestación dineraria empleando de modo erróneo el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, lógicamente -a tenor del fundamento plasmado en esta parcela del pronunciamiento- debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto, correspondiendo señalarle al tribunal de grado que al resolver la cuestión deberá tener presente la doctrina de esta Corte que emana -entre otras- de la causa L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013).
Devueltas las actuaciones al tribunal de grado, éste deberá expedirse nuevamente sobre los intereses aplicables al capital que integra la condena.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, normas cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de la instancia ordinaria para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos I.2. y I.4. de la presente.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto I.1. de su voto. De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actual, a pesar de que no estuviera vigente a la época de interposición del recurso.
I.2. Desde la perspectiva apuntada, comparto la opinión del nombrado colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773; ello, dejando a salvo mi opinión sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), pues, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016; L. 118.550, "Persani", sent. de 23-V-2017 y L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; e.o.) he de plegarme a la doctrina mayoritaria que surge del citado precedente L. 118.695 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), concordante con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1, sent. de 7-VI-2016).
I.3. Finalmente, coincido con lo manifestado en los puntos I.3. y I.4. del voto del colega doctor Soria.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el apartado final del sufragio de dicho colega.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto II del voto emitido en tercer término.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia