Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120616
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.616, "Maldonado, Carlos Antonio contra Berkley International ART S.A. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 141/153).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/179).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Carlos Antonio Maldonado contra Berkley International ART S.A. en cuanto le había reclamado el pago de la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 141/153).
Resolvió de esa manera, pues resultó acreditado que, como consecuencia del accidente que sufrió el día 23 de junio de 2012, trabajando bajo dependencia de la firma Derfla S.A., sufrió la rotura y posterior tenorrafia del tendón rotuliano izquierdo que lo incapacitó en un 15% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 141/142).
Luego, el a quo , con el objeto de establecer el marco normativo aplicable para la solución de la controversia, e invocando la potestad de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, sostuvo que en el caso de autos debía evaluarse la validez constitucional de la ley 26.773.
En tal sentido, con sustento en la opinión de doctrina autoral especializada, concluyó que, a su entender, la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia que a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito se encontraran incumplidas. Remarcó que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada (v. sent., fs. 148).
Y agregó que no podía castigarse al trabajador con el pago histórico reparatorio del infortunio por él sufrido, al amparo de la ley anterior, y que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, aún no se le había efectuado o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad. Agregó a ello que las aseguradoras de riesgos del trabajo no han de verse perjudicadas, dado la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. fs. cit.).
Y, en esos términos, decretó de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7, Cód. Civ. y Com. de la Nación) en la inteligencia de que la solución "...es la que se adapta con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad reconocido por la CSJN en el Caso 'Aquino' (entre otros) y recepcionado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 26, no alterándose con la decisión que propicio el principio de congruencia, ya que se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen como condena rubros no peticionados. Tampoco se lesiona el derecho de la defensa en juicio de la accionada, ni las reglas del debido proceso, ya que la aseguradora demandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa..." (fs. 148 vta.).
A continuación, efectuó la estimación de la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -conf. resol. de la Secretaría de Seguridad Social 1/16- ($141.467,85) que le correspondía percibir al trabajador a la que agregó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($28.293,57). Luego, el importe resultante fue ajustado según índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), ascendiendo el total a la cifra de $465.146,29.
Finalmente, dispuso que dicha suma devengaría intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 149).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/179).
II.1. En sustancia, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, aplicó en el caso tal normativa, cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del accidente sufrido por el actor.
Invoca en sustento de su posición lo resuelto por este Tribunal en la causa "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte de Justicia nacional en el precedente "Espósito" (sent. de 7-VI-2016).
II.2. En subsidio, censura la conclusión que estableció la aplicación del índice RIPTE sobre el importe de condena.
Sostiene que la decisión es contraria a la normativa vigente, toda vez que ésta no dispone que el mentado mecanismo deba ser aplicado del modo en que se determinó en el fallo de grado.
Asimismo, se agravia de la aplicación de las pautas indemnizatorias establecidas en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16.
II.3. Finalmente, cuestiona la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena, toda vez que -afirma- el tribunal de grado liquidó tales accesorios apartándose de la doctrina de esta Corte.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el citado texto legal ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
III.1.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza dado la insuficiencia del recurso bajo examen para hacer lugar a la solución que procura pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos.
Debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; y, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva correspondientes al trabajador -reguladas por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por los decretos 1.278/00 y 1.694/09-, dada la insuficiencia reparatoria que las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -aún insatisfechas-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación al decreto 1.278/00 que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el accionante se accidentó en junio de 2012 y que aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -para este caso- parámetros para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III.2.a. Luego, ha de prosperar el agravio vinculado al modo en que se dispuso la aplicación del índice RIPTE.
Si bien no se me escapa que el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773; esta Corte se ha expedido al respecto en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), por lo que habré de reiterar aquí las conclusiones allí expuestas.
En efecto, en honor a la brevedad, se señaló en aquella oportunidad -en la que hube de acompañar el sufragio del doctor Pettigiani- que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
Siendo ello así, resulta nítido que quedan excluidas del ámbito de aplicación del índice RIPTE las reparaciones obtenidas a partir del uso de ecuaciones o fórmulas polinómicas previstas en la ley 24.557.
III.2.b. Por los mismos fundamentos expuestos en el punto III.1.b. no prospera la crítica mediante la cual la interesada se agravia de la decisión del tribunal en cuanto aplicó la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 para definir cuál era el "piso" indemnizatorio mínimo garantizado al trabajador, alegando que aquélla no era la norma vigente a la fecha del siniestro, sino la vigente al momento de la sentencia.
A tenor de lo dicho, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia en lo relativo al método de aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el que deberá calcularse conforme lo expuesto en el punto III.2.a., debiendo los autos volver al tribunal de origen a esos fines.
III.3. Finalmente, no merece favorable recepción el cuestionamiento sobre la tasa de interés cuya aplicación se ordenó en la instancia de grado.
III.3.a. Conforme se desprende de la reseña efectuada precedentemente, el juzgador de origen dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. sent., fs. 149).
III.3.b. Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional y por ende aplicable en casos como el presente, el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus determinan que deba analizar la supuesta infracción de doctrina legal denunciada por la recurrente.
En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie habida cuenta que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", decisión que -además- se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayoría en la que no participé- en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Si mi propuesta fuera compartida, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con los alcances indicados en el punto III.2.b.
Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera.
II.1. El agravio mediante el cual se objeta la aplicación al caso de la ley 26.773 resulta atendible, en los términos que habrán de exponerse seguidamente.
II.1.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
II.1.a.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Código Civil y el art. 7 del Código Civil y Comercial, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
II.1.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; sobre todo cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
II.1.a.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
II.1.b. Luego, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Sup
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