Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.443, "Mascotena, Luis Alberto contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas a la demandada (v. fs. 1.269/1.301).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.328/1.332).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Luis Alberto Mascotena y condenó a Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones, diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido, y las previstas en los arts. 16 de la ley 25.561; 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley de Contrato de Trabajo, sanción por inconducta procesal, con más una reparación por daño moral (v. fs. 1.269/1.301).
En lo sustancial, juzgó acreditado en el veredicto que el actor trabajó a las órdenes de la demandada desde el año 2000, y que ésta le reconoció la fecha de ingreso verificada con sus antecesoras (1 de marzo de 1996), siendo despedido por carta documento del día 25 de junio de 2006 sin invocación de causa. Consideró probado que desde el comienzo de la relación el accionante se desempeñó en la categoría "Supervisor SMK" hasta que en el mes de enero del año 2003 fue reubicado asignándosele tareas de "promotor de supermercado". En cuanto a la remuneración, sin soslayar la señalada en la pericia contable, con apoyo en lo reglado en los arts. 388 del Código Procesal Civil y Comercial y 39 de la ley 11.653 juzgó que en virtud de la reticencia de la accionada a suministrar los datos necesarios para que el experto pudiera elaborar el dictamen, debía tenerse por acreditado que el salario devengado por el actor a la época del distracto alcanzaba la cuantía de $4.800 mensuales (v. fs. 1.269 vta./1.272).
Al valorar el trato recibido por el dependiente, sostuvo que la empleadora "...mediante una conducta persecutoria y de hostigamiento intentó lograr que el sr. Mascotena agotara su paciencia, su salud psíquica y abandonase la relación, lo que se evidenció a través del trato dispensado; se lo relegaba a tareas menores con voluntad de humillarlo y desprestigiarlo frente a sus ex subordinados como también respecto del personal de los supermercados que antes visitaba en su carácter de supervisor y que ahora lo hacía como personal de estibaje...", agregó, que la ampliación de su disponibilidad horaria no fue retribuida. Continuó señalando que la patronal profundizó una serie de acciones discriminatorias, hostigamientos y actitudes peyorativas con entidad de auténtico acoso laboral que afectaron la salud del trabajador; precisó que tras varios meses las modificaciones se vieron reflejadas también en los recibos de haberes ya que su categoría indicada era "promotor de supermercado"; que quienes eran sus subordinados (repositores) tenían un trato de pares y recibían sucesivos aumentos en sus remuneraciones mientras que el actor fue relegado tanto funcional como económicamente. A partir de ello, en el marco de lo dispuesto en la ley 23.592, concluyó que "la carga del trabajador de aportar indicios razonables de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, con suficiencia para superar un umbral mínimo que torne verosímil su versión, está harto cumplida", pues las declaraciones testimoniales fueron categóricas y convincentes en orden al acoso laboral sufrido por el accionante, lo que a su vez resultó avalado por las pericias contable y médica realizadas en autos (v. fs. 1.272 vta./1.275 vta.).
Ya en la sentencia, abordando la temática referida a la modificación de las modalidades esenciales del contrato de trabajo, reiteró que la empleadora había mutado no sólo la categoría del actor, sino también las tareas, el horario y la remuneración. Consideró, que analizado el caso desde la verificación de un acuerdo novatorio de las condiciones de trabajo, éste resultó nulo de nulidad absoluta por transgredir el principio de irrenunciabilidad contemplado en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el trabajador había declinado derechos indisponibles y el principal no demostró que hubiese obtenido a cambio contraprestaciones o ventajas. Juzgó que además existía otra razón para negarle validez a la disminución injustificada de la categoría y remuneración dispuesta unilateralmente por la demandada, pues la nulidad apuntada también encontraba su fundamento en el ejercicio abusivo del ius variandi según lo dispuesto en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no podía entenderse convalidado por la posterior conducta asumida por el dependiente al consentir tácitamente la modificación. Concluyó así, que debía declararse la nulidad de la decisión unilateral de la empresa, o en su caso del acuerdo modificatorio, debiendo tenerse por no realizada y por plenamente vigentes las condiciones de trabajo anteriores. Resolvió entonces que correspondía hacer lugar a las diferencias salariales devengadas desde que se produjo la alteración contractual (v. sent., fs. 1.285 vta./1.288 vta.).
Luego, se propuso abordar el tópico referido a la discriminación denunciada por la parte actora. Después de citar diversos instrumentos internacionales en la materia y mencionar al respecto que la enumeración de las razones para no discriminar no pretende ser exhaustiva, recalcó que el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo contempla tanto la discriminación directa como la indirecta y que el elemento determinante es "una privación o limitación de igualdad de oportunidades y de trato derivado de un tratamiento diferenciado". En ese contexto, recordó que en el veredicto constaba el diferente trato otorgado a Mascotena, no habiendo la accionada probado la objetividad y razonabilidad del cambio de categoría, tareas y extensión de la jornada sin retribución y disminución salarial. A mayor abundamiento, expresó que ninguna prueba produjo la demandada para acreditar la extemporánea justificación que pretendió darle a su decisión de rescindir la relación laboral invocando una "disminución del rendimiento habitual del actor" (fs. 1.288 vta./1.291).
Con todo, declaró la nulidad de los cambios introducidos por la patronal en el contrato individual de trabajo y calificó como discriminatoria la desvinculación sin causa dispuesta por aquélla (v. fs. 1.291).
En este estado, además de declarar el progreso de los haberes e indemnizaciones arriba individualizadas acudiendo para su cuantificación al salario fijado en el veredicto, juzgó configurada una conducta temeraria y maliciosa por parte de la demandada, en razón de ello, con fundamento en el art. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, ordenó aplicar intereses a la tasa (activa) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 1.291 vta./1.295).
Finalmente, en cambio, desestimó la pretensión orientada a obtener el cobro de una indemnización por daño material, toda vez que juzgó no acreditados los perjuicios y la situación descripta en sustento de dicho reclamo relativa a una modificación del estilo o nivel de vida del trabajador a partir del despido (v. sent., fs. 1.295).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 56 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 de la ley 25.013; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.328/1.332).
Sostiene que en la sentencia de grado se ha interpretado arbitrariamente como discriminatorio al despido sin causa del actor. Aduce que si bien el a quo cita en apoyo de su decisión normas internacionales y antecedentes jurisprudenciales, no se pronunció sobre cuál sería el acto discriminatorio llevado a cabo por la demandada que podría justificar dicha calificación.
Refiere que, de considerar que existió una modificación de ciertas condiciones del contrato de trabajo -y en la hipótesis que el actor las entendiera contrarias a su derecho- no se explica cómo esa situación se asimila a un supuesto penado por el art. 1 de la ley 23.592.
Alega que existen diversas normas que regulan el tema (la ley 23.592, los arts. 17 y 81, LCT y la ley 25.212) y que en ninguna de ellas se establece la modificación del contrato de trabajo como materia sensible de discriminación, sino que aluden a otros motivos, entre ellos, la raza, religión, ideología, opinión política, sexo, nacionalidad, y aunque la enumeración no es taxativa fijan una pauta al respecto. Postula entonces que en modo alguno una modificación del contrato -en cuanto a la categoría, jornada o salario- puede ser calificada como discriminatoria sin al menos un acto jurídico diferente que pueda encuadrar en las situaciones referidas. Enfatiza que no se ha explicado en la sentencia cuál sería el acto discriminatorio.
Por otro lado, impugna que se fijara la remuneración del actor en la suma de $4.800 en virtud del art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues sostiene que dicha norma se aplica en la medida que el salario del dependiente no surja de los libros del empleador o existiere una duda sobre su veracidad, lo que no ocurre en el caso. Agrega que a partir de lo informado en la pericia contable se corrobora que quienes desarrollaban iguales tareas que el demandante percibían un salario similar a éste y que incluso a su superior jerárquico se le abonaba un haber inferior al que fijó el sentenciante en relación con el actor y que no surge de ningún elemento probatorio de la causa.
Por último, se agravia de la condena impuesta en los términos de los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice que, si bien el tribunal ha querido morigerar los efectos de la tasa pasiva, no pudo aplicar al caso la sanción contemplada en el último de los preceptos citados. Afirma que el rechazo dispuesto por el tribunal de muchos de los rubros peticionados demuestra que su parte debió litigar para hacer valer su derecho de resistir el injustificado reclamo, por lo que no puede considerarse que actuó a sabiendas de su sinrazón. Argumenta que la prudencia que debe imperar en el análisis que precede a la aplicación de la sanción estuvo ausente en el caso. Con apoyo en distintos precedentes jurisprudenciales, cuestiona que se hubiera aplicado la aludida penalidad considerando como único elemento para su justificación, al art. 9 de la ley 25.013.
III. El recurso no prospera.
III.1. Lo resuelto por el tribunal de la instancia en cuanto declaró acreditado el carácter discriminatorio del despido, debe permanecer firme.
A la luz de las concretas definiciones que contiene la sentencia, los argumentos traídos por el interesado no resultan hábiles para evidenciar la "arbitrariedad" que denuncia en su liminar agravio.
En efecto, el quejoso parte de la afirmación que indica que la mera modificación del contrato de trabajo no puede concebirse como un acto discriminatorio vedado por el ordenamiento jurídico, cuando en verdad las razones que brindó el tribunal de grado al resolver sobre el tema -llamativamente silenciadas en la impugnación- no se limitaron a tal señalamiento, antes bien, dieron cuenta que las variaciones que el empleador introdujo en el vínculo conformaron una conducta persecutoria y de hostigamiento sobre la concreta persona del demandante, materializada en acciones discriminatorias y actitudes peyorativas que -además, con evidente trato desigual e injustificado en orden a la remuneración- culminó con su despido, siendo este acto el que -precisamente- recibió reproche en los términos del art. 1 de la ley 23.592. Ello no es todo, porque el juzgador de la instancia fue concluyente cuando a su vez juzgó no acreditadas las razones extemporáneamente invocadas por la accionada para justificar el distracto (v. vered., fs. 1.272 vta./1.275 vta.; sent., fs. 1.288 vta./1.291), motivación que no se constata desvirtuada.
En definitiva, los argumentos del interesado transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Con todo, y más allá que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el recurrente no alcanza para evidenciar la insinuada absurdidad del pronunciamiento. Es sabido que no cualquier equívoco o disentimiento se exhibe idóneo a tales fines, pues es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015 y L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017), que en el caso, a tenor de las falencias que posee la impugnación, no logran acreditarse.
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, la insuficiencia del embate impide revisar el acierto de lo decidido en este aspecto.
III.2. La objeción que gira en torno al salario determinado en el pronunciamiento de grado tampoco supera el umbral de la suficiencia.
Centrándose en cuestionar la aplicación del art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo (una de entre varias normas que se emplearon en el fallo), el recurrente estructura su agravio cotejando supuestas remuneraciones de otros dependientes a cuyos montos arriba basándose en el primigenio dictamen acompañado por el perito contador.
La impugnación nuevamente muestra una lectura parcializada del asunto. El interesado no sólo omite toda consideración acerca de las posteriores presentaciones efectuadas por el experto contable ante las observaciones formuladas por la parte actora (v. fs. 1.168 y vta., 1.184/1.185 vta. y 1.228/1.229), sino que además, y en ese contexto, se desentiende de aquella esencial ponderación que efectuó el tribunal cuando destacó la conducta "reticente" que tuvo la accionada en suministrar los datos necesarios para efectuar -completar- el dictamen y de la consecuente aplicación del art. 39 de la ley 11.653, norma ignorada en la impugnación a pesar de lo determinante que resultó en el razonamiento plasmado en esta parcela del pronunciamiento (v. fs. 1.272 y 1.291).
De suyo, no menos gravitante es señalar que tampoco en este aspecto el recurso cuenta con la denuncia de absurdo, no obstante hallarse la impugnación vinculada con definiciones fácticas.
III.3. No resulta de recibo la restante crítica traída.
El recurrente objeta lo resuelto en la sentencia asegurando que tuvo razones para litigar, pero sin detenerse a analizar la causal legal de presunción de conducta temeraria y maliciosa que introdujo el art. 9 de la ley 25.013 reenviando al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma -la primera- actuada por el juzgador.
Y en el marco de sus explicaciones, tampoco demuestra el quejoso que el rechazo dispuesto en la sentencia de ciertos rubros reclamados evidencie que lo juzgado por el tribunal al aplicar la sanción por temeridad y malicia sea fruto de la "arbitrariedad" que le endilga al fallo.
Con todo y siendo que la declaración de aquella conducta constituye una facultad privativa de los jueces de grado, no se observa que la tesitura del recurrente sea apta para acreditar el grave yerro al que se encuentra condicionado el éxito de la impugnación (causas L. 86.755, "Marotta", sent. de 1-XII-2010 y L. 106.365, "S., M. O.", sent. de 25-IV-2012).á
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia