Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120699
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , de Lázzari , Negri , Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.699, "Caputo, Alejandro Luis contra Jumbo Retail Argentina S.A. Diferencia indemnización."
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas en el modo que especifica (v. fs. 772/787).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 812/820).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen desestimó la demanda promovida por el señor Alejandro Luis Caputo contra Jumbo Retail Argentina S.A. en cuanto pretendía el cobro de diferencias salariales y su incidencia en diferentes rubros, así como la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323 y una reparación por daño moral (v. fs. 772/787).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor laboró para Cencosud S.A., quien explota comercialmente los Hipermercados Jumbo, ingresando el día 1 de abril de 1993 y egresando el día 25 de agosto de 2014 por despido directo sin alegación de causa. A su vez, consideró probado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual del accionante ascendió en el último año a la suma de $46.757,11 (v. vered., fs. 773 y vta.).
Evaluó luego que este último había alegado al demandar que su salario se completaba con prestaciones en especie, a saber: comida, uso de un automóvil de la empresa, posibilidad de adquirir la propiedad de dicho vehículo por un 40% de su valor y el uso de una notebook; y que ello, negado por la contraria, debía ser acreditado por aquél (v. vered., fs. 773 vta.).
Al respecto, ponderó que ninguno de los testigos que declararon refirió que ellos o que el accionante hubieran percibido o lo hicieran en la actualidad la prestación que éste denominaba "comida". En cuanto al uso del automóvil, señaló que los declarantes fueron contestes en manifestar que se les proporcionaba un vehículo para trabajar, salvo uno de ellos que sostuvo que él, además, estaba habilitado a utilizarlo para salir del país, sin poder precisar qué sucedía en el caso del demandante. Con relación a la notebook, afirmó el a quo que sólo uno de los deponentes manifestó que le entregaban una para cumplir sus tareas, pero nada aseveró en orden al actor. Retomando, sobre la posibilidad de adquirir el vehículo adjudicado para uso laboral, señaló que ambas partes habían acompañado un acuerdo celebrado el día 3 de marzo de 2012, según el cual convenían discontinuar la asignación del uso de vehículo con derecho a acceder a su compra, ello, a cambio de una compensación única, total y definitiva, equivalente a una gratificación extraordinaria de $54.180, cuya percepción -precisó- no fuera negada por el demandante, quien si bien indicó haber suscripto el referido convenio "bajo presión de ser despedido", ninguna prueba produjo a fin de demostrarlo (v. vered., fs. 773 vta./775 vta.).
Concluyó entonces que el demandante no había logrado evidenciar que su remuneración mensual se encontrara integrada con "asignaciones" en especie, motivo por el que -entendió- no correspondía expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 776).
También analizó lo manifestado por el actor en su escrito de inicio, en cuanto sostuvo que al momento de la extinción del vínculo percibía un salario depreciado que no guardaba relación con lo abonado a los dependientes incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130 aplicable a la actividad, argumento que lo condujo a peticionar un incremento en sus haberes del 20% anual capitalizable; y la oposición formulada por la accionada, alegando que no existía obligación legal de aumentar la remuneración de los trabajadores fuera de convenio, manteniendo un determinado porcentaje en relación con los incluidos (v. vered., fs. cit.).
En el punto, consideró el juzgador que asistía razón a la demandada, pues todo incremento que supere las pautas establecidas por las normas legales y convencionales resulta facultativo para el empleador, salvo que se demuestre un trato discriminatorio entre iguales y en idénticas circunstancias. Agregó, que en el caso el accionante se limitó a alegar un trato desigual con apoyo en el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo señalando que su remuneración no representaba lo que era debido en razón de sus funciones, jerarquía y responsabilidad, pero que, sin embargo, ninguna prueba había aportado para demostrar el supuesto discriminatorio, ya que debía acreditar la desigualdad entre pares y no entre empleados de distinta jerarquía (v. vered., fs. 776; sent., fs. 781 vta.).
Entre otras definiciones que caben relatar, también rechazó la procedencia del reclamo fundado en el art. 1 de la ley 25.323, por entender que no se constataron deficiencias registrales en la relación laboral (v. sent. fs. 782 vta.).
Por último, a las sumas fijadas en concepto de capital, el a quo les aplicó intereses desde el día 25 de agosto de 2014 y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 783 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 80, 81, 105 inc. "b" y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo; 45 de la ley 25.345; 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 812/820).
Cuestiona el rechazo dispuesto por el tribunal de lo reclamado con motivo de las prestaciones en especie denunciadas. Con apoyo en los arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, sostiene que la regla es que la utilización de un automóvil de la empresa por el trabajador constituye salario en especie, excepto que el empleador limite su uso y exija la entrega de comprobantes.
Refiere que, en autos, los testigos declararon que se les entregaba un vehículo a los gerentes con varias sucursales a cargo (como el actor). Postula entonces que siendo que el automóvil era entregado libremente al trabajador, sin control de kilometraje u obligación de devolverlo en el periodo de vacaciones, cabe concluir que dicha prestación integraba su remuneración, y que era la demandada quien en su caso debía haber probado el supuesto de excepción previsto en el citado art. 105 inc. "b".
Impugna la interpretación realizada por el a quo del art. 81 de la mentada ley 20.744. Alega que el trabajador no sólo fundó su reclamo en la referida norma sino también en que el cobro de un "salario justo" protegido por el art. 14 bis de la Constitución nacional y solicitó que su remuneración fuera fijada en proporción a los aumentos conferidos a los empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130, o bien, en base a una suma que guardara razonable proporción, según lo normado en el art. 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que el mentado art. 81 de esta ley importa una prohibición de trato discriminatorio entre dependientes de igual categoría y también a la desigualdad en su relación con el resto de los trabajadores. Afirma que no puede entenderse como justo el congelamiento del salario de una clase de empleados frente al incremento de los restantes, sin encontrar una razón objetiva. Alega que, en el caso, se les aumentó menos a los trabajadores fuera de convenio que a los incluidos en su normativa.
También expresa que el tribunal omitió fijar un "salario justo" conforme el art. 114 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Objeta que, no obstante haber condenado al principal a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el sentenciante soslayó expedirse respecto a la sanción que contiene dicha norma.
Controvierte que en la sentencia se aplicaran intereses calculados a la tasa pasiva, pues entiende que ella sólo puede fijarse hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y, a partir de allí, debe utilizarse la tasa activa conforme lo establece su art. 778 y realizarse capitalización de intereses, según lo dispuesto en el art. 770 del mismo Código.
Luego de denunciar la violación de los arts. 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, alega absurdo en la interpretación de la prueba, aduce que con el informe del Correo (v. fs. 527) quedó acreditado el envío y recepción de la misiva cursada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que, una vez que se de acogida a la fijación del salario del accionante según lo que debió percibir por sus tareas, debe admitirse la multa peticionada al amparo del art. 1 de la ley 25.323.
Insiste también en señalar que con la prueba obrante en la causa (esencialmente la testimonial), quedó probada la existencia de retribuciones en especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como fue anticipado, el tribunal de origen consideró no acreditado que el actor percibiera "asignaciones" complementarias en especie (comida, uso de automóvil y de notebook), motivo por el cual entendió innecesario analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 773/776 y sent., fs. 780 vta.).
III.2. Tal conclusión no es desvirtuada por el recurrente.
Ello pues, a través del distinto alcance que le confiere a las declaraciones testimoniales, no logra el interesado desvirtuar la conclusión del fallo de grado, en cuanto allí se juzgó no acreditada la existencia del supuesto fáctico fundante de la pretensión de cobro de los salarios en especie reclamados. En rigor, se limita a contraponer su disconformidad con lo resuelto, sin aportar argumentos idóneos para descalificar la decisión impugnada.
Cabe aquí recordar que este Tribunal tiene dicho que resultan inatendibles las consideraciones formuladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la prueba oral rendida en la audiencia de vista de la causa, toda vez que -atento las características del proceso laboral- no puede ser revisada por la Corte, quedando su valoración reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia" tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016 y L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; e.o.).
En el caso, las argumentaciones traídas, tanto las vinculadas con el supuesto uso del automotor como las referidas al otorgamiento de una notebook -entre otras- sólo constituyen disentimientos personales del recurrente que no se encargan de rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo, evidenciando la inhabilidad de la impugnación (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
Cabe recordar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.581, "Cabrera", sent. de 20-V-2015 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017; e.o.), supuesto que -como se dijo- no se evidencia en la especie.
Luego, incólume la conclusión a la que arribó el tribunal de grado fruto de la ponderación de la prueba rendida, no queda margen para atender las consideraciones que trae el quejoso con fundamental sustento en el art. 105 inc. "b" de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.3. La misma suerte adversa ha de tener el restante reproche tocante al salario determinado en autos.
III.3.a. Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso, así como evaluar la prueba y determinar la remuneración que le corresponde al trabajador, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo (causas L. 99.031, "Luque", sent. de 23-IV-2014; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015 y L. 119.994, "Quintana", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
III.3.b. La crítica afincada en la propia visión que aporta el compareciente acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia es insuficiente, pues se limita a realizar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador de origen la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis y determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro", sents. de 26-VI-2013; L. 114.165, "Gómez", sent. de 20-V-2015 y L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017).
Su despliegue argumental no sólo se apoya en un discurso que innova respecto del alcance del planteo realizado en la instancia originaria, sino que -una vez más- no deja de ser un mero enfoque personal disímil con la decisión adoptada por los jueces de grado, lo que denota ausencia de idoneidad para demostrar el error grave que constituye el vicio de absurdo (causa L. 90.845, "Pacheco", sent. de 16-IV-2008).
Consecuentemente, no se constata demostrada la alegada violación del art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, como es sabido, impone al empleador el deber de dispensar a todos los trabajadores igualdad de trato en identidad de situaciones, tampoco las demás infracciones denunciadas .
Resta señalar, para satisfacción del compareciente, que la determinación de la remuneración por los jueces sólo resulta procedente por aplicación del art. 114 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando no hubiese sueldo o salario fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes (causas L. 89.902, "Ballina", sent. de 20-VIII-2008 y L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015), circunstancia que no se encarga en la especie el quejoso de evidenciar.
III.4. Tampoco es de recibo la crítica relacionada con el art. 1 de la ley 25.323.
La ineficacia del recurso en este aspecto resulta manifiesta.
Basta decir que el art. 1 de la ley 25.323 dispone el incremento de la indemnización por despido (arts. 245, Ley de Contrato de Trabajo y 7, ley 25.013 -o las que en el futuro las remplacen-) ante la falta o deficiencia de registro de la relación laboral (causa L. 118.769, "Pretz", sent. de 24-V-2016), situación que -a diferencia de lo que parece entender el compareciente- no se configura por el eventual derecho que pudiera tener el trabajador al cobro de diferencias salariales o a una remuneración superior a la percibida, circunstancia que -además- no resultó demostrada.
III.5. No prospera el agravio tocante a la sanción contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (en el caso, referida al supuesto reclamo de la mentada sanción), pues tal impugnación constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016 y L. 119.318, "González", sent. de 18-X-2017; e.o.).
III.6. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, y sin perjuicio de otras consideraciones que podría merecer el embate, remito a los fundamentos expuestos en el voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
En cuanto al pedido de "capitalización" de intereses, además de resultar novedoso y por ello inatendible en esta sede (causa L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017), en una mejor hipótesis también carece de adecuada fundamentación, deficiencia que luce patente a poco de observar la escueta solicitud que en este concreto aspecto realiza el recurrente (v. fs. 816).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. a III.5. de su voto.
II.a. En lo concerniente a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, he de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, se advierte que la decisión adoptada en el caso encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la queja también en este tramo.
II.b. Luego, comparto lo manifestado en el último párrafo del punto III.6. del sufragio inaugural.
III. En virtud de lo señalado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Adhiero al voto del doctor Soria con relación a los puntos III.1., III.2., III.3, III.4 y III.5. de su voto.
I.2. También suscribo el sufragio de mi colega en cuanto propone desestimar el agravio vinculado a la tasa de interés cuya aplicación se dispuso en el fallo en crisis.
Conforme se desprende de la reseña inicial, el juzgador de origen ordenó la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital".
Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional y por ende aplicable en casos co
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