Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120759
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.759, "Cabral, César Néstor contra Supercemento S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 845/871 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora (v. fs. 889/896) y la aseguradora de riesgos del trabajo condenada (v. fs. 945/971), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. El juzgador de grado los concedió a fs. 977 y vta. y 978 y vta., respectivamente, así como también un recurso extraordinario de nulidad que refirió introducido en la última presentación (v. fs. 999 y vta.). Este último fue declarado mal concedido por esta Suprema Corte mediante resolución de fs. 1.010/1.011.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 850/871 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 945/971?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de fs. 889/896?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa- hizo lugar a la demanda promovida por el señor César Néstor Cabral y condenó a CNA ART S.A. (QBE Argentina ART S.A.) a abonarle a aquel determinada suma de dinero en concepto de diferencia por prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
I.1. Para ello, en la sentencia, la magistrada que se expidió en primer término (De Tomaso), luego de juzgar configurados los presupuestos de la responsabilidad conforme la acción fundada en el art. 1.113 del anterior Código Civil (v. sent., fs. 853 vta. y 854) y previo a efectuar el cotejo entre dicho régimen y el sistema especial de la ley 24.557, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 854 vta./857 vta.).
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal de grado en otras causas, doctrina de los autores y lo reglado en el art. 3 del anterior Código Civil, sostuvo que debían aplicarse en el caso las mejoras que trajo dicha ley, pues aun cuando la contingencia fuese anterior a la fecha de su entrada en vigencia, al momento de dictarse el fallo la deuda se encontraba impaga. Expresó que tal criterio protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente, arribándose a una solución que se adapta con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular y concuerda con el "principio de progresividad" receptado en diversos instrumentos internacionales.
Atendiendo ahora al cotejo mencionado inicialmente en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino", determinó el importe de la prestación dineraria del mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 aplicando el piso indemnizatorio establecido en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, seguidamente, elevó el monto pertinente con sustento en lo reglado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 858 y vta.).
Además, justipreció la indemnización por daños y perjuicios proveniente del derecho común y, tras efectuar la comparación entre ambos sistemas reparatorios, entendió que -en el caso- el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo no resultaba inconstitucional (v. fs. 858 vta./860 vta.).
A su vez, efectuó el ajuste de la prestación sistémica por medio del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) utilizando el obtenido de computar aquel relativo al 1 de enero de 2010 y el último publicado correspondiente al mes de agosto 2016, arrojando un coeficiente de 6,37 y obteniendo un total de $2.672.083,40 (v. sent., fs. 860 vta. in fine y 861).
Finalmente, "...atento al particular modo de concluir...", adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 861 y vta.).
I.2. El juez de grado que sufragó en segundo lugar (Ortega), adhirió a la opinión expresada por el colega que lo antecedió, ello, a excepción de lo atinente a la fecha a partir de la cual debía aplicarse el índice RIPTE, que -por las razones que brindó- juzgó que debía ser desde el momento del evento dañoso (v. fs. 863 y vta.).
I.3. Por su parte, el juez que opinó en tercer lugar (Bazzani) entendió que las disposiciones de la ley 26.773 referidas a las prestaciones que contiene el régimen especial no resultaban aplicables al caso por resultar la primera manifestación invalidante de la contingencia de autos de fecha anterior a su entrada en vigencia (v. fs. 863 vta./870 vta.).
II. Corresponde responder negativamente al interrogante planteado.
II.1. A tenor de la anunciada solución, resulta necesario precisar que el abordaje de esta primera cuestión se justifica a poco de constatar que en la causa L. 120.987, "D'Agostino" (sent. de 14-VIII-2019) algunos de mis colegas han juzgado procedente declarar la anulación oficiosa de la sentencia allí recurrida, similar en esencia a la dictada en este litigio.
II.2. Aclarado ello, surge del pronunciamiento impugnado que, a la hora de determinar las prestaciones contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo, sólo dos de los jueces intervinientes (De Tomaso y Ortega) consideraron que correspondía aplicar la ley 26.773, mientras que el restante (Bazzani) entendió que dicha ley no era aplicable al caso. En lo fundamental -aquí reside la falencia a destacar- puede constatarse que los magistrados que coincidieron en el extremo apuntado, discreparon en cambio respecto del momento a partir del cual debía ser empleado el índice RIPTE (v. fs. 861 y 863 vta.).
Resulta evidente entonces que el fallo carece de la imprescindible mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial como lo es la cuantificación de la indemnización que integra la condena.
II.3. Ahora bien, en las causas L. 120.764, "Márquez" (sent. de 7-II-2018) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) esta Suprema Corte -por mayoría- revocó las sentencias dictadas por el mismo tribunal de grado aquí interviniente, que mediante argumentos análogos a los expuestos en el pronunciamiento de autos había resuelto emplear el índice RIPTE para ponderar las prestaciones sistémicas.
Luego, en tanto entiendo que en el sub examine la pertinente aplicación de los lineamientos trazados por este Tribunal en los citados precedentes conduce a acoger el principal agravio que contiene el recurso deducido por la aseguradora de riesgos del trabajo y -con ello- a dejar sin efecto lo decidido por el a quo en cuanto juzgó aplicable el mentado mecanismo de ajuste contemplado en el art. 8 de la ley 26.773, opino -tal como lo hiciera al emitir mi voto en la mentada causa "D'Agostino"- que en este caso no resulta necesario declarar la nulidad de la sentencia en razón de la verificada ausencia de opinión mayoritaria en orden al lapso temporal sobre el cual habría de proyectarse el referido índice.
Fundada en la doctrina actual del Tribunal (posterior a la interposición del recurso, pero plenamente aplicable; causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011), la solución propuesta encuentra su motivación en la búsqueda de la mayor celeridad en el litigio, pues dable es recordar que la anulación oficiosa de los pronunciamientos fruto de este tipo de infracciones, no resulta gratuita para los justiciables ya que suele prolongar los procesos más allá de lo razonable (causas L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010 y L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012).
III. En razón de todo lo expuesto, no cabe anular de oficio la sentencia impugnada.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. A mi criterio, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
I.1.a. Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 95.514, "Galván", sent. de 26-XI-2008 y L. 91.868, "R. B., L.", sent. de 5-VIII-2009).
I.1.b. Esta circunstancia es la que ocurre en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
En efecto, tal como lo señala el doctor Soria en su voto, el pronunciamiento impugnado carece de la imprescindible mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial como lo es la cuantificación de la indemnización reclamada.
En ese marco, se impone concluir que esta anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal de trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no puede establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintoro", sent. de 15-II-2006 y L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009).
De esta forma, y reconociendo el carácter extraordinario de la atribución, se justifica en el caso la procedencia de la anulación oficiosa del fallo, aun sin que medie denuncia de infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desde que los magistrados que integran el tribunal de grado no arribaron a un verdadero acuerdo sobre cuestiones litigiosas cuya definición resulta insoslayable y esencial en el marco del reclamo impetrado (causa L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010).
I.2. En suma, atento la deficiencia ya señalada, corresponde disponer la anulación parcial de la sentencia exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada a la cuantificación de las prestaciones dinerarias objeto de condena, toda vez que con relación a las restantes cuestiones abordadas por el a quo ha mediado la necesaria mayoría de opiniones exigidas por las normas constitucionales y legales.
En tal sentido, esta Corte ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciada por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009 y L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017).
I.3. Finalmente, convencido de que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de hacer notar a los jueces del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran.
II. Por lo expuesto, corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 850/871 vta. con el alcance establecido en el punto I.2.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor de Lázzari por los fundamentos expuestos en los puntos I.1. y I.2. de su voto.
Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben ajustar sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes, de modo tal de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario que conspira contra la eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor de Lázzari, y considero -por los motivos expuestos por mi distinguido colega en el punto I.3. de su opinión- que corresponde hacer notar a los magistrados del Tribunal de Trabajo de Junín a los fines de que, en adelante, en el dictado de las resoluciones del cuerpo ajusten su desempeño a las formas establecidas legal y constitucionalmente, evitando de ese modo eventuales vicios nulificantes.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a lo anticipado en mi voto a la primera cuestión, sin perjuicio del resultado obtenido por mayoría, respecto de la decisión de anular de oficio la sentencia impugnada, habré de formular las siguientes consideraciones.
I. Contra el pronunciamiento de grado, QBE ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del principio de congruencia y de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 3, 699, 701 y concordantes del anterior Código Civil; 10 de la Constitución provincial; 1, 14 apartado 2 inc. "a", 26 y concordantes de la ley 24.557; 63 de la ley 11.653; 5, 6, 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; del decreto 472/14; de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 945/971).
I.1. Sostiene que el tribunal de grado violó el principio de congruencia al condenar a la firma aseguradora, pues en autos la parte actora no reclamó las prestaciones de la ley 24.557 sino una reparación distinta y únicamente frente a su empleador.
I.2.a. Denuncia que también se vulneró aquel principio procesal en cuanto en el pronunciamiento de grado se declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 sin que el accionante lo haya solicitado.
I.2.b. A todo evento, y en relación con la aplicación de las pautas indemnizatorias previstas en dicha ley, denuncia transgredida -entre otras- la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en tanto el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, en ese contexto, sostiene a su vez que resultó erróneamente empleado el índice RIPTE sobre el piso mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16.
I.3. En otro orden, critica la aplicación de intereses a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina legal que individualiza (v. rec., fs. 969 vta./970 vta.).
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. No es de recibo la crítica en la cual se afirma que la actora no reclamó las prestaciones sistémicas ni demandó a la firma aseguradora.
Aludiendo esencialmente al contenido del escrito de demanda y estructurada en torno al principio de congruencia, carece sin embargo de la necesaria denuncia tendiente a evidenciar la eventual presencia del absurdo en la valoración de aquella pieza procesal y la transgresión de las normas que receptan el mentado postulado (causas L. 109.758, "Forte", sent. de 12-XII-2012; L. 115.585, "Valdés", sent. de 5-XI-2014 y L. 118.109, "A., R. I.", sent. de 3-VI-2015).
Para más, no se observa en esta parcela del recurso ningún análisis serio que se ocupe de indagar acerca del concreto marco en que hubo de convocarse al litigio a la aseguradora de riesgos del trabajo, siendo que -en rigor- parece restarle significancia el quejoso a la secuencia procesal que muestra que a tenor de lo solicitado por la accionada y la conformidad prestada al respecto por la actora (v. fs. 161 vta./162 y 200 vta., respectivamente), CNA ART S.A. fue citada por el tribunal de grado (v. fs. 209/210) con basamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.2652.XXXVIII "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004) -jurisprudencia empleada asimismo en la sentencia- y las directrices sentadas por este Tribunal en los precedentes L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sents. de 11-V-2005).
II.2.a. Luego, y conforme se anticipó al abordar el primer interrogante planteado en este acuerdo, acorde con lo expuesto en las causas L. 120.764, "Márquez" (sent. de 7-II-2018) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), habré de desarrollar los argumentos que justifican la revocación de lo resuelto por el tribunal de grado en lo tocante al índice RIPTE y a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773
II.2.b. Dejando a un lado la insuficiente tacha de incongruencia que porta el recurso, dable es señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3 del Cód. Civ. de Vélez Sarsfield y art. 7 del nuevo Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" (art. 26, CADH) justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado
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