Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121032
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.032, "Viñas, María Rosana contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 163/177 vta.).
Se interpuso, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/202).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por María Rosana Viñas y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 163/177 vta.).
En el pronunciamiento, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por la actora el día 9 de enero de 2012, ésta padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 20% del índice de la total obrera.
Inicialmente cuantificó la prestación referida en la suma de $57.842,52; a dicho monto, entendió que por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 correspondía aplicarle el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en tanto, a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley se encontraba aún pendiente de cancelación la prestación dineraria adeudada.
Para arribar a esa decisión -con apoyo jurisprudencial de otros tribunales-, consideró que la ley 26.773 otorga una reparación justa, equitativa y razonable al perjuicio sufrido por el trabajador (arts. 16, 18 y 19, Const. nac.), sin que su utilización importe una violación al principio de irretroactividad de la ley, puesto que se trata de una aplicación inmediata (art. 3, Cód. Civ.); a su vez, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues entendió que la norma "restringe la aplicación del RIPTE" (v. fs. 169 vta./171).
En tales condiciones, empleando el referido índice publicado entre el mes de enero de 2012 y marzo de 2016 procedió a recomponer la prestación, arribando al resultado de $183.525,84; suma que, posteriormente, por aplicación del art. 3 de la ley 26.773, aumentó al monto de $220.231,02 (v. sent., fs. 171 y vta.).
Finalmente, el sentenciante resolvió aplicar desde la fecha en que aconteció el infortunio, una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, ello, con fundamento en que al utilizarse en autos el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, la virtual aplicación de una tasa de interés distinta provocaría una doble actualización (v. sent., fs. 171 vta./172 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Provincia ART S.A. denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 del anterior Código Civil; 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; decreto 472/14 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 194/202).
II.1. En sustancia, con fundamental sustento en los arts. 3 del Código Civil de Vélez Sarsfield y 17 apartado 5 de la ley 26.773 se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó en el caso las disposiciones de esta última ley, pues su entrada en vigencia -alega- es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos.
Afirma que el razonamiento que condujo al tribunal a aplicar retroactivamente la ley, afecta seriamente el patrimonio de la aseguradora. Ello así, toda vez que las alícuotas vigentes a la fecha del siniestro no comprendían el incremento que la sentencia de grado obliga a abonar a partir de la decisión que se cuestiona. Aduce vulneración del derecho de propiedad.
Con todo, alega que lo resuelto en autos se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión del tribunal que fijó intereses a partir de la fecha del accidente. Sostiene que, al haberse declarado aplicable al caso la ley 26.773 y actualizarse las prestaciones dinerarias, el capital queda exento de deterioro a causa de la depreciación monetaria.
Así -afirma-, la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda valor, por lo que los intereses deben liquidarse a partir del momento del dictado de la sentencia.
II.3. Finalmente, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 efectuada por el juzgador de grado.
Argumenta que el mecanismo de ajuste basado en el RIPTE sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" establecidos en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas.
III. El recurso prospera con las consideraciones que seguidamente habré de exponer.
III.1. Liminarmente debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, merece favorable recepción la crítica que, con fundamento en la doctrina legal de esta Corte, trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la prestación que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, tales lineamientos han sido establecidos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), invocada por la recurrente y a la que por razones de brevedad remito, ello, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 -y no así la ley 26.773-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en las pautas indemnizatorias contempladas en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.3. A tenor de lo resuelto precedentemente, no cabe abordar el planteo dirigido a rebatir el modo en que hubo de aplicarse el índice RIPTE en la sentencia impugnada mediante la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 (v. rec., fs. 200 vta./202), pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.4. Toca finalmente referirse al tópico que gira en torno a los intereses moratorios.
III.4.a. El tribunal de trabajo señaló que "En tanto el capital sobre el cual se calcularán los intereses ya ha sido actualizado tras haber sido sometido al mecanismo indexatorio de los arts. 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773..." esos accesorios debían ser calculados a la tasa pura de interés del 6% anual, desde el día 9 de enero del 2012 (v. fs. 171 vta./172 vta. y 173).
III.4.b. Ahora bien, habiéndose revocado en este acuerdo lo decidido por el a quo en cuanto cuantificó la prestación dineraria con sustento en la citada ley 26.773, también dejarse sin efecto lo juzgado en la sentencia objetada en torno a los intereses, puesto que lo resuelto en el punto -y ello resultó explicito- obedeció al liminar empleo del índice RIPTE que realizó el tribunal, que a la postre, fue declarado aquí inaplicable en el caso y en torno al cual la impugnante ha elaborado su agravio.
Devueltas las actuaciones al tribunal de grado, éste deberá expedirse nuevamente sobre los intereses aplicables al capital que integra la condena.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella se determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de la instancia para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.2. y III.4. de la presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con el doctor Soria en que el valor de lo cuestionado en la especie no supera el mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.1. Luego, en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, estimo que el recurso satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, por lo que debe rescindirse la aplicación al caso de la ley 26.773, dado los lineamientos que emanan del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a cuya infracción esgrime la interesada y al que remito por motivos de celeridad.
I.2. Con relación a los restantes agravios, adhiero a lo señalado por el colega ponente en los puntos III.3 y III.4. de su sufragio.
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, comparto la opinión del nombrado colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En lo que respecta a la vigencia temporal de dicho régimen normativo, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.3. Finalmente, coincido con lo manifestado en los puntos III.3. y III.4. del voto del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el apartado final del sufragio inaugural.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera con las consideraciones que seguidamente habré de exponer.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, considero que, encontrándose en debate una cuestión de naturaleza federal (como lo es la validez constitucional del art. 17, dec. 472/14) no resulta aplicable el referido límite cuantitativo (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) en restricción de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 100.245, "Barrera", sent. de 28-III-2012 y L. 98.856, "Rojas Muñoz", sent. de 25-IV-2012).
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
I.2. Formuladas estas aclaraciones, con relación al agravio dirigido a rebatir la aplicación de la ley 26.773, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia en el primer punto del presente, asiste razón a la impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada de este Tribunal (v. rec., fs. 198 y vta.).
I.2.a. En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773, en sintonía con lo expresado en párrafos anteriores.
I.2.b. Sin embargo, lo expuesto no alcanza para acompañar la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva, calculada conforme la norma vigente al momento de la primera manifestación invalidante, importa una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación parcialmente satisfecha fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que, pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas..." .
Si se toma en cuenta que la actora sufrió un accidente de trabajo el 9 de enero de 2012 y que a la fecha aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en la ley 24.557 calculada -como pretende la demandada- de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribu
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