Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119845
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.845, "Santonocito, Carina Andrea contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de Trabajo - Acción Especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 190/201).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 215/229).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que resulta de interés, hizo lugar a la acción deducida por Carina Andrea Santonocito y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma de $59.840,38, en concepto de diferencias por la prestación de pago único por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Resolvió de esa manera en tanto juzgó acreditado que la actora, como derivación del cumplimiento de sus tareas habituales como docente -durante veintidós años- bajo la dependencia del Colegio San Martín S.R.L., padece un cuadro de disfonía funcional irreversible que la incapacita en un 23% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión; v. fs. 190 vta./192).
En otro orden, tuvo por probado que la toma de conocimiento de la enfermedad profesional denunciada se produjo -por el reconocimiento de ambas partes- el día 1 de septiembre de 2009, fecha en que la sintomatología padecida impidió a la trabajadora la realización de sus tareas (otorgándosele la primera licencia médica); así como también que -conforme los datos aportados por el perito contador en su experticia de fs. 133/135- el Ingreso Base Mensual (IBM) de Santonocito asciende a $3.444,24.
Asimismo, se demostró en autos que el día 20 de septiembre de 2010 la aseguradora abonó a la reclamante la suma de $32.850 en concepto de indemnización por el 18,25% de incapacidad parcial y permanente que le fuera reconocida por la comisión médica interviniente (v. vered., tercera cuestión planteada; v. fs. 192 y vta.).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, y tras calcular el importe de la prestación de pago único prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en la suma de $64.657,33 (3.444,24 x 53 x 0,23 x 1,54), el a quo declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio contemplado en el párrafo final del citado artículo (texto según dec. 1.278/00), en cuanto prescribe que la suma que le corresponde percibir al trabajador con arreglo a la tarifa prevista en el primer párrafo de dicho precepto "en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($180.000) por el porcentaje de incapacidad". Ello, por entender que la referida limitación resulta irrazonable y aniquila derechos y garantías constitucionales del trabajador, vulnerando los principios protectorios (art. 14 bis, Const. nac.), de no regresión normativa (art. 75 inc. 23, Const. nac.), de progresividad (arts. 2.1, PIDESC y 75 inc. 22, Const. nac.), así como el derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.; v. sent., fs. 196/197 vta.).
Seguidamente, desestimó la pretendida aplicación al caso del decreto 1.694/09 -introducido por conducto del planteo de inconstitucionalidad de su art. 16- en tanto establece que el tope fijado por el párrafo final del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($180.000) pasa a ser "el piso" sobre el cual ha de calcularse la indemnización. Esto último, con fundamento en que al haberse decretado la invalidez constitucional del señalado "tope" previsto en el decreto 1.278/00, y toda vez que el importe resultante supera los $41.400 que surgiría de tomar el "piso" establecido por el decreto 1.694/09, dicho planteo pierde virtualidad (v. sent., fs. 197 vta. y 198).
Así las cosas, dispuso que al importe determinado ($64.657,33) con más sus respectivos intereses calculados -desde el 1 de septiembre de 2009- con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su versión digital, correspondía deducirle lo que surge de la sumatoria de lo ya abonado por la accionada ($32.850) con más sus intereses calculados desde el 20 de septiembre 2010 con igual tasa, arribando a un total de $59.840,38 (v. sent., fs. 198/199 y liq., fs. 202).
II. Contra esta forma de resolver Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 2, 3, 499, 622, 1.071, 1.137, 1.197 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 47 de la ley 11.653; 12 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.982; de la ley 25.561 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, se agravia del ingreso base tomado en cuenta por el juzgador ($3.444,24) para determinar la prestación a cargo de la aseguradora.
Manifiesta que de la pericia contable surge -conforme las remuneraciones denunciadas por el empleador a la AFIP- que el IBM de la actora durante los doce meses anteriores al momento en que se tomó conocimiento de la afección era de $3.158,74.
Agrega que, al abordar la primera cuestión planteada, en el veredicto, el tribunal de trabajo tuvo por acreditada la percepción de $32.850 en concepto de prestación dineraria, calculada a partir de un ingreso base de $3.158,74 con aplicación del tope legal (v. fs. 219 y vta.).
II.2. Seguidamente, objeta el cálculo indemnizatorio por cuanto el a quo no lo realizó conforme los términos del decreto 1.278/00, aplicable al momento de la toma de conocimiento de la afección.
Señala que el juzgador transgredió la doctrina legal de la Suprema Corte vigente en tanto establece que la fecha del evento es la que define el marco legal aplicable al caso.
Aduna que no se brindaron razones suficientes ni atendibles para salirse del "sistema tarifado", máxime si se tiene en cuenta que para esa época la trabajadora podía incrementar el importe de su reclamo o corregir la supuesta limitación del "tope", incorporando -junto con la sistémica- una acción integral con sustento en las normas del Código Civil (v. fs. 220 y vta.).
Objeta -asimismo- la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Entiende que no hay causa alguna para que Federación Patronal Seguros S.A. se encuentre obligada a abonar una prestación por encima de lo que manda la ley, decretando la invalidez constitucional de la referida norma sin reparar en las graves consecuencias que ello implica para la demandada.
Argumenta que el sentenciante debió tener en cuenta que la aseguradora de riesgos del trabajo cumplió en tiempo y forma con las prestaciones en dinero y en especie conforme la incapacidad que ostentaba la actora, sin desatenderla ni obligarla a iniciar una acción judicial.
No puede condenarse a la aseguradora -prosigue- más allá de lo que tuvo previsto en el cálculo del costo del seguro de riesgos del trabajo pues, de lo contrario, se debería otorgar a Federación Patronal Seguros S.A. un suplemento por las primas que debió percibir para hacerse cargo de una prestación dineraria ilimitada.
Asegura que el argumento del a quo en orden a la desigualdad que genera la aplicación de leyes diferentes a trabajadores que sufrieron siniestros anteriores y posteriores a la nueva legislación, carece de respaldo jurídico mientras se mantenga el principio consagrado en el art. 3 del Código Civil.
Por lo expuesto, peticiona la revisión del fallo limitando la condena a lo que surja del cálculo conforme el articulado de la ley 24.557 y en los límites de la ley aplicable al momento del hecho, es decir, el decreto 1.278/00 con su correspondiente tope indemnizatorio. En apoyo de su argumentación, denuncia la violación de doctrina legal de la Suprema Corte (v. fs. 221/222 vta.).
II.3. Finalmente, se agravia de la aplicación de intereses sobre el capital de condena conforme la denominada tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ello, por considerar que tal definición se aparta de la doctrina legal emanada -entre otros- de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009).
Afirma que la Suprema Corte ya se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399, al tiempo que indica que en el precedente "Zocaro" -en el que se cuestionaba la aplicación de la tasa pasiva digital- este Tribunal no se ha expedido sobre el fondo del asunto (v. fs. 223/227 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que en la especie el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre el importe de condena determinado en la sentencia y el que habría de obtenerse por aplicación del IBM invocado por la recurrente y del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (t.o. dec. 1.278/00), añadiendo a ella la que surge del cálculo de los intereses según la tasa que dispuso el tribunal de origen y el que resultaría de aplicarse la pretendida en la impugnación- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3.748/15)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Por elementales razones metodológicas, corresponde en primer lugar analizar el agravio concerniente al ingreso base mensual.
La crítica en esta parcela es inadmisible, en tanto el planteo -prescindente de toda denuncia de violación de doctrina legal- involucra una cuestión de índole fáctica, ajena al estrecho marco en que transita el carril impugnatorio.
III.3.a. Empero, el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" del mismo ordenamiento involucra el análisis de una cuestión federal, y por tanto debe ser examinado sin las ya mencionadas restricciones.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.3.b. Sentado lo anterior, la crítica no es atendible. El argumento que gira en torno al yerro que se le atribuye al tribunal al no aplicar para definir el quantum resarcitorio la normativa vigente al momento de la toma de conocimiento de la afección que se denuncia, violando así la doctrina legal de esta Corte, cabe poner de resalto la errónea y sesgada lectura que la interesada formuló del pronunciamiento, déficit que se patentiza en la exposición de inexactas afirmaciones que se erigen como pautas definitorias para sellar su suerte adversa.
En efecto, la somera lectura de lo fallado en la instancia de origen permite corroborar que -contrariamente a lo indicado por la recurrente- en modo alguno el tribunal de grado hubo de desatender la doctrina legal vigente respecto de la aplicación retroactiva de los diferentes decretos dictados con posterioridad a la ley 24.557 sino, antes bien, se limitó -por las razones que más abajo se expondrán- a declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (dec. 1.278/00, t.o.), considerando innecesario pronunciarse respecto del planteo de invalidez constitucional del art. 16 del decreto 1.694/09, en tanto la prestación que le correspondía cobrar a la actora sin la aplicación del tope supera el "piso" establecido por este último decreto (v. fs. 197 vta. y 198); razón por la cual esta parcela del embate no requiere mayor análisis.
III.3.c.i. Ahora bien, en lo que atañe a la declaración de inconstitucionalidad, el tribunal interviniente juzgó, en lo medular, que la limitación tarifada dispuesta por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta irrazonable y aniquila derechos y garantías constitucionales del trabajador, vulnerando los principios protectorio (art. 14 bis, Const. nac.), de no regresión normativa (art. 75 inc. 23, Const. nac.) y progresividad (arts. 2.1, PIDESC y 75 inc. 22, Const. nac.); así como el derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.).
Para ello tuvo en cuenta que el indicado tope fue introducido por el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00, ordenamiento que estableció en su art. 21 que luego de transcurridos seis meses de su vigencia, el Comité Consultivo Permanente creado por la Ley de Riesgos del Trabajo evaluaría la evolución del régimen. Sin perjuicio de ello -prosiguió-, esa revisión nunca se produjo en lo que respecta al tope indemnizatorio que se mantuvo inmóvil, por lo que el mismo se encontraba ampliamente desfasado y desactualizado por la realidad socioeconómica al momento en que la actora tomó conocimiento de su incapacidad.
De ese modo, entendió que dicha circunstancia afecta el carácter alimentario del crédito de la trabajadora, vulnerando la garantía constitucional que exige que se aseguren condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis, Const. nac.). En tal sentido, destacó que es indigno y no equitativo que un trabajador que ha sufrido un daño en su salud no pueda ver reflejada en su reparación los ingresos salariales percibidos, sufriendo una disminución que, en el caso supera el 20% en la indemnización que le correspondería de no aplicarse el tope, limitación que resulta contraria al merecimiento elemental que la sociedad debe a una persona que trabaja y ha sufrido un daño.
Por lo expuesto, concluyó que el citado dispositivo legal (art. 14 apdo. 2 inc. "a", último párrafo) traduce un desmedro importante de la indemnización debida, quebrantando el art. 14 bis de la Constitución nacional en cuanto consagra que el trabajador es un sujeto especialmente protegido, declarando su inconstitucionalidad (v. sent., fs. 196 vta./197 vta.).
III.3.c.ii. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula la impugnante no se ocupa de rebatir -como es menester- las razones esenciales que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
Siendo así, queda demostrada la insuficiencia técnica del embate, habida cuenta que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo, sin referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquél debido sustento (causas L. 107.843, "Valenzuela", sent. de 25-IV-2012; L. 116.668, "Chequin", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015; e.o.).
III.4. Ahora bien, a tenor de lo expuesto en el punto III.1., el agravio por el que se cuestiona la tasa de interés aplicada en autos sobre el capital de condena, habrá de ser abordado en el estrecho marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Con sujeción a esos lindes, no advierto configurado en el caso el supuesto de excepción para habilitar la instancia extraordinaria.
En atención a lo señalado y dadas las razones expuestas por la doctora Kogan al pronunciarse en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencia de 15-VI-2016, en la que, con mi adhesión, se dispuso que los acrecidos deben ser calculados con la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, corresponde confirmar lo decidido en este aspecto.
Ello porque la alícuota utilizada por el tribunal de origen para estimar los intereses moratorios (tasa BIP) se identifica con la categoría precitada.
El mercado financiero, a partir del año 2008 demuestra que los Bancos implementaron un sistema de captación de depósitos, bajo la regulación del Banco Central de la República Argentina que ofrecía a los inversores minoristas que realizaban operaciones a plazo fijo por medios no presenciales, una tasa de interés diferencial a la que se abona a quienes realizan esa misma inversión de manera presencial.
Siguiendo esa tendencia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires instrumentó esta operatoria fijando, a ese fin, una tasa pasiva con un rinde mejorado.
Por último, la denominada "tasa pasiva digital" (autorizada por el Banco Central; ver Texto Ordenado de las Normas Sobre Depósitos e Inversiones a Plazo publicado por el BCRA, Sección 1.7.2.2 y Sección 1.11), no presenta un componente adicional a la tasa pasiva común que permita una diferenciación conceptual, en tanto retribuye el llamado "plazo fijo digital" y es determinada por la entidad financiera y aceptada por el depositante, para fijar el precio que aquella está dispuesta a pagar por el mantenimiento del dinero en su poder durante ese lapso (conf. causa L. 119.075, "Espósito", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
IV. Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmar el pronunciamiento de origen en cuanto fue motivo de agravio, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no debe prosperar.
I.1.a. Como lo expresa mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto, en el caso el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.1.b. Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.