Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.240, "Gómez, Jorge R. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 260/269 vta.).
Se interpusieron, por las partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 275/279 y 280/284), que fueron concedidos a fs. 285 y vta. La Suprema Corte rechazó el incoado por la parte actora (v. fs. 295/297).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó en todas sus partes la demanda promovida e impuso las costas al accionante vencido, si bien con el beneficio de gratuidad previsto en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653. Desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432 y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (v. fs. 260/269 vta.).
II. Contra este último aspecto de la sentencia, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.623 y 1.627 del Código Civil; 10, 13, 14, 21, 23, 68 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial; 43 y 47 del decreto ley 8.904/77; y de la doctrina legal que identifica.
Aduce que el tribunal de origen empleó como base regulatoria el importe reclamado en la demanda ($2.454.157,30), transgrediendo la doctrina legal que esta Corte estableció -entre otros- en los precedentes L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007) y Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007; v. fs. cit.). Invoca su carácter de vencedora en el pleito por haberse admitido la defensa de prescripción, señalando que, en la hipótesis contraria, el reclamo del actor nunca habría prosperado por el valor indicado en la demanda. Concluye que le hubiera convenido perder el pleito por el monto razonablemente determinado en esta última situación, antes que ganarlo (v. fs. 281 vta.).
Destaca que los emolumentos correspondientes a los peritos psiquiatra y médico legista fueron calculados en las sumas de veinte mil y venticinco mil pesos respectivamente (v. fs. cit.).
Aduce que, cuando se rechaza la demanda interpuesta por quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos, para regular los honorarios de los abogados y de los peritos que debe afrontar el demandado vencedor, corresponde apartarse del desmesurado monto de la demanda y tener en cuenta el máximo que, puede estimarse, habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción, ya que es ésta, en definitiva, la medida del interés sustancialmente defendido por los profesionales que asistieron a la demandada, y asimismo el real valor comprometido en el pleito en que intervinieron los peritos (v. fs. 283).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. En primer término, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3.840/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 285 y vta., que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Desde la perspectiva de análisis que imponen los lineamientos enunciados, la impugnación que ensaya la recurrente resulta por completo ineficaz.
La recurrente aduce el perjuicio que le causa la utilización de una base regulatoria distinta a la que estima pertinente, más sin explicitarla.
Y sobre esa premisa, de corte genérico, denuncia la vulneración de la doctrina que emana de los precedentes ya individualizados, limitándose a transcribir distintos pasajes de los votos en ellos vertidos.
Con ese método, no se ocupa de demostrar que los presupuestos fácticos verificados en el presente caso guarden identidad con las particulares circunstancias que se acreditaron y ponderaron en dichos antecedentes.
Debe recordarse que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653, la denuncia de violación de doctrina legal que no encuentra soporte en una explicación concreta y suficiente que permita acreditar la identidad de los presupuestos de los casos examinados y el modo en que la aludida transgresión se habría producido (causa L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a lo expuesto en el punto III.1. del sufragio inaugural.
Aunque haya de pronunciarme en el mismo sentido en que lo hace mi colega doctor Genoud, considero que es del caso aportar otras consideraciones respecto de la sentencia atacada y el recurso mismo.
Tanto en las causas L. 84.028, "Rojas", sentencia de 9-V-2007 y Ac. 86.346, "Calleri", sentencia de 26-IX-2007, como así también en las causas L. 93.990, "Araujo de Benítez", sentencia de 21-XII-2011 y C. 118.968, "Torres", sentencia de 15-VII-2015, se ha mantenido, por parte de esta Suprema Corte, una línea de interpretación del art. 23 del decreto ley 8.904/77 que puede resumirse así: La situación derivada de la regulación de honorarios practicada al ganador en costas sobre la base de lo reclamado en la demanda rechazada trasciende el marco de lo reglado por el art. 58 de aquella norma. En situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis. De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada -y por ende irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.) los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo. He acompañado con mi voto tal doctrina (v. por ejemplo, causa C. 117.792, "Salinas", sent. de 1-IV-2015).
En el escrito del recurso denuncia -en el marco establecido por el art. 55 de la ley 11.653- que ha habido, por parte del tribunal interviniente, una infracción de aquella doctrina, desde que, a los fines regulatorios, se habría tomado como base el monto reclamado (v. fs. 283). En la sentencia, por su parte, se declaró que la acción intentada se hallaba prescripta y que, en razón de ello, debía desestimarse, con costas. Inmediatamente los jueces procedieron a regular los honorarios de los profesionales actuantes, sin que se indicara la base a partir de la cual se lo hacía.
El monto de la demanda ascendía a una suma cercana a los dos millones y medio de pesos, pero los honorarios de los peritos actuantes (psiquiatra y legista), sobre los que focaliza su ataque la recurrente, se fijaron en veinte mil y veinticinco mil pesos respectivamente. Ello quiere decir que tal regulación apenas llega al 2% del monto demandado.
Pues bien: el hecho de que el tribunal a quo no haya efectuado consideración alguna respecto de cuál fue la base que tomó para la regulación no implica que haya usado la reclamada al promoverse el juicio (v. fs. 57). Por el contrario, ante los guarismos que antes se consignaran, es atendible suponer que se partió de otra suma, aunque no se le identifique o no se efectúe advertencia alguna respecto a que se trataría de la cantidad por la que la demanda, de no hallarse prescripta, hubiera progresado.
A ello ha de agregarse, como ya lo anticipa el doctor Genoud, que la quejosa no ha especificado cuál sería la base sobre la que debían efectuarse las estimaciones.
Por estas consideraciones, que entiendo corroborantes, el recurso traído debe desestimarse, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Debo decir, de modo previo a cualquier otra consideración, que si bien esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, mi opinión es contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
Dicho ello, adhiero al voto que abre el Acuerdo.
Con el alcance allí indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia