Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120693
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , de Lázzari , Soria, Negri , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.693, "Castro, Liliana Elisabet contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar."
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 103/113 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/131).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que la señora Liliana Elisabet Castro promovió contra Provincia ART S.A., condenando a ésta a abonar la suma que específicamente determinó en concepto de prestaciones dinerarias adeudadas según los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 110/113 vta.).
Por no mediar controversia en torno al accidente in itinere protagonizado por la trabajadora (18 de junio de 2012) y la determinación de su grado de minusvalía (35,6% del índice de la total obrera) -esto último en el marco de las actuaciones caratuladas "Castro, Liliana Elisabet c/Provincia ART S.A. s/apelación", que tramitó ante el mismo organismo- el a quo se abocó a examinar la pretensión incoada, previa declaración de la cuestión como de puro derecho.
Tuvo en consideración que la aseguradora no había abonado la reparación tarifada respectiva.
Analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 formulado por la parte actora en su escrito de inicio.
Sobre el particular, con apoyo en opiniones doctrinarias y antecedentes propios, el tribunal interviniente concluyó que las reformas introducidas al sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al monto dinerario de pago de las prestaciones, deben aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad a su respectiva entrada en vigencia, si al momento de dictar sentencia aquellas se hallaren incumplidas (v. fs. 107 vta.).
Descartó que la inmediata aplicación de la ley a una relación jurídica existente constituya un supuesto de retroactividad, o lesione el derecho de propiedad de las aseguradoras, pues sólo el pago de la indemnización (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a las normas que rigen en el momento de colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de producirse el daño.
En el marco constitucional delineado por los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional, en sintonía con el principio de progresividad y de aplicación inmediata de la nueva ley (conf. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.), decretó la invalidez del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Señaló que tal decisión no comportaba una alteración del principio de congruencia, puesto que se otorgaba la indemnización tarifada sin incluir en la condena rubros no peticionados. Descartó además una eventual lesión del derecho de defensa en juicio o de las reglas del debido proceso, en la medida en que la aseguradora demandada había ejercido sin restricciones su derecho de defensa, no quedando obligada más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias.
Luego, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentó en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento, explicando que las aseguradoras de riesgos del trabajo son entidades privadas controladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuyo único objeto es el otorgamiento de las prestaciones que establece la ley -esto es, la ley 26.773, la ley 24.557 y sus modificatorias (decs. 1.278/00 y 1.694/09), sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan (conf. art. 1 seg. párr., ley 26.773)-, las que deben ser íntegramente canceladas (v. fs. 108 vta.).
Juzgó que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, la parte actora percibiría un resarcimiento de $81.903,08. Pero, conforme el decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773 y el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016, que estimó de aplicación al caso, la prestación indicada nunca podría ser inferior al monto que resulte de multiplicar $1.090.945 por el porcentaje de incapacidad (35,6%). Complementó el monto resultante ($388.376,42), con la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 ($77.675,28), arribando a un total de $466.051,70 (v. fs. 109).
Dispuso que este importe debía actualizarse conforme el índice RIPTE vigente entre la fecha del evento dañoso (mes de junio de 2012: 707,89) y el último publicado (mayo de 2016: 2.062,33); obteniéndose así un coeficiente de 2,91 y un capital de $1.356.210,40 en concepto de prestación indemnizatoria adeudada por la incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva que porta la actora (v. últ. fs. cit.).
Finalmente, indicó que "...atento al particular modo de concluir, y bajo un nuevo y profundo análisis del tema", correspondía adicionar intereses sobre el capital de condena desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" -tasa BIP o "digital"- (v. fs. 109 in fine y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el letrado apoderado de Provincia ART S.A. denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 21, 622, 656 -segunda parte-, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita; así como la errónea interpretación de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 14 de la ley 24.557; 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
II.1. En primer lugar, objeta que el sentenciante de grado -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5- aplicara al caso la ley 26.773 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016.
En ese sentido, y con sustento en la doctrina legal de este Tribunal emanada de la causa L. 118.695, citada, cuya transgresión invoca, sostiene que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales rigen para el futuro, esto es, respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia.
Refiere que tal criterio es concordante con el que expusiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - acción especial" (sent. de 7-VI-2016), donde estableció que "...la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los 'importes' a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal".
Añade que el texto del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 al determinar que "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero" entrarán en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra interpretación, no pudiendo en consecuencia dejarse de lado la precisa regla que emana del citado precepto mediante la dogmática invocación de supuestas razones de justicia y equidad.
II.2. Por otra parte, se agravia del modo en que el tribunal cuantificó la prestación dineraria reconocida en la sentencia. Ello, afirma, en tanto dicho órgano jurisdiccional aplicó dos veces el índice RIPTE y, por ende, duplicó la reparación que le correspondería percibir a la trabajadora.
Argumenta que de conformidad con lo prescripto por el decreto 472/14 sólo corresponderían actualizarse los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley; resultando por ende equívoca y arbitraria la decisión del a quo de multiplicar, primero, el porcentaje de incapacidad por el monto estipulado en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016, para luego, aplicar sobre el importe obtenido -que ya se encuentra actualizado- el mencionado índice RIPTE.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.3. Impugna la tasa de interés según la cual se ordenaron liquidar los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana –entre otros- del precedente L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013.
II.4. Finalmente, peticiona se revoque la decisión de grado que impuso las costas a Provincia ART S.A., toda vez que, alega, fue traída a juicio cuando había dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente al momento del infortunio, intentando abonar a la actora las prestaciones dinerarias correspondientes y habiéndose rehusado esta última a percibirlas.
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 113 vta.).
Tal defecto constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009) pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que el tribunal aplicó erróneamente al caso las disposiciones de la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, se impone señalar que la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicho régimen legal debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En la especie, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia ordinaria.
III.2.b. Luego, cabe indicar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) esta Corte se expidió estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B.T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (18 de junio de 2012), determinante en el razonamiento del a quo, la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en el art. 17 apartado 6, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, como asimismo debe revocarse el indicado pronunciamiento en cuanto ordenó el pago de la indemnización adicional prevista por el art. 3 de dicha ley.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.2.c. En este marco, pierde virtualidad el abordaje de la crítica relativa a los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión, como también, la denuncia en torno a una presunta doble actualización del importe de condena.
III.3. Respecto del agravio dirigido a censurar la tasa de interés -pasiva digital- aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, cabe manifestar lo siguiente.
Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento a la particular forma de concluir [...] deben aditarse los intereses [...] desde la fecha de la sentencia..."; v. fs. 109 in fine y vta.), resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando las disposiciones de la ley 26.773 y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha señalada.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de la ley 26.773, también debe dejarse sin efecto lo resuelto por el juzgador en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.4. Atento a la solución que aquí se propone no corresponde abordar el cuestionamiento dirigido a impugnar la imposición de costas a la demandada vencida.
III.5. Finalmente no puedo dejar de observar, una vez más, el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina legal de esta Suprema Corte actualmente vigente, cuyo seguimiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia en garantía de la igualdad, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio allí sentado, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y dispuso la aplicación de sus prescripciones al caso en juzgamiento. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la estimación de los importes indemnizatorios y de los acrecidos computados en consecuencia.
Los autos deben volver al tribunal de la instancia de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto II
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.