Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120978
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.978, "Olave López, Manuel Antonio contra SMG ART S.A. Diferencia indemnización."
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 83/91).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 106/117).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo admitió el reclamo promovido por el señor Manuel Antonio Olave López contra SMG ART S.A. en cuanto procuraba el cobro de la diferencia de indemnización por incapacidad parcial y permanente (art. 14 apdo. 2 inc. "b", ley 24.557) derivada de la aplicación de las pautas previstas en la ley 26.773, con más el adicional del 20% contemplado en el art. 3 de ese cuerpo normativo.
Por no mediar controversia en torno al infortunio protagonizado por el trabajador (29 de julio de 2011) y la determinación de su grado de minusvalía (54% del índice de la total obrera) esto último en el marco de las actuaciones caratuladas "Olave López, Manuel c/ SMG ART S.A. s/ apelación de resolución administrativa", que tramitó ante el mismo organismo- el a quo se abocó a examinar la pretensión incoada y la tacha a la validez constitucional del art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773, previa declaración de la cuestión como de puro derecho.
Consideró entonces que, no obstante lo ya abonado por la demandada ($157.774,13, en concepto de indemnización por el 32% de incapacidad dictaminado por la Comisión Médica; $359.581 y $80.000, conforme la minusvalía determinada por el tribunal de grado en el expediente citado), correspondía evaluar la pretensión deducida conforme la ley vigente al momento del pago.
En ese marco, juzgó de aplicación al caso la ley 26.773.
Sobre el particular, con apoyo en opiniones doctrinarias y antecedentes propios, el tribunal interviniente concluyó que las reformas introducidas al sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al monto dinerario de pago de las prestaciones, deben aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad a su respectiva entrada en vigencia, si al momento de dictar sentencia aquéllas se hallaren incumplidas (v. fs. 107 vta.).
Descartó que la inmediata aplicación de la ley a una relación jurídica existente constituya un supuesto de retroactividad, o lesione el derecho de propiedad de las aseguradoras, pues sólo el pago de la indemnización (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a las normas que rigen en el momento de colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de producirse el daño.
En el marco constitucional delineado por los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional, en sintonía con el principio de progresividad y de aplicación inmediata de la nueva ley (conf. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.), decretó la invalidez del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Señaló que tal decisión no comportaba una alteración del principio de congruencia, puesto que se otorgaba la indemnización tarifada sin incluir en la condena rubros no peticionados. Descartó además una eventual lesión del derecho de defensa en juicio o de las reglas del debido proceso, en la medida en que la aseguradora demandada había ejercido sin restricciones su derecho de defensa, no quedando obligada más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias.
Concluyó que lo abonado al trabajador había sido insuficiente dado que por entonces ya regía la reforma instituida por la ley 26.773 y estimó la reparación con sujeción al mismo establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 ($509.284,26) con más el 20% establecido en el art. 3 de la ley ya citada (es decir, $101.856,85).
A la suma resultante le descontó lo percibido por el actor ($157.774,13 y $359.581) y luego ajustó el remanente con el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre la fecha del accidente (julio 2011) y el último publicado (abril 2016); arribando a un total de $350.759,56 (v. sent., fs. 86 vta.).
Con relación a la prestación adicional de pago único establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, el sentenciante la cuantificó en la suma de $339.164 proveniente de deducir lo ya percibido ($80.000; v. sent., fs. 86 vta./87) del valor previsto en la citada resolución 1/16.
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a SMG ART S.A. a abonar al actor el importe de $689.926,56, suma a la que ordenó liquidar intereses desde la fecha de pago parcial (abril 2016) y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 86 vta./87).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; las leyes 26.773 y 24.557 y de doctrina legal que cita (v. fs. 106/117).
En concreto, plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta que el sentenciante de grado -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5- aplicara al caso la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
Plantea que la decisión del tribunal vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial, toda vez que el infortunio ocurrió con anterioridad a la sanción de la referida ley.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales rige para el futuro, esto es, respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016.
II.2. Desde otroángulo, sostiene que el tribunal practicó erróneamente la liquidación de las sumas adeudadas al actor, incurriendo en un doble ajuste.
Señala que el índice RIPTE se encuentra incluido en los pisos mínimos actualizados mediante las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social. En virtud de lo cual, afirma que resulta erróneo que el a quo haya primero multiplicado el porcentaje de incapacidad por el monto estipulado en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 para luego incrementar el monto resultante con el mentado índice.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.3. Finalmente, la interesada impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. De inicio se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 91).
Tal defecto constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009) pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que el tribunal aplicó erróneamente al caso el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.2.a. La declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) , en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.b. Luego, corresponde señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte se expidió estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
III.2.c. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio, determinante en el razonamiento del a quo , esto es, el 29 de julio de 2011, la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la interesada en cuanto postula que dicha normativa no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en ellas, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3. En este marco, pierde virtualidad el abordaje del agravio relativo a los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión, como también, la denuncia en torno a una presunta doble actualización del importe de condena.
III.4. Por último, en cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha del pago parcial hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 87).
La impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 114 y vta.).
III.4.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento a la particular forma de concluir [...] deben aditarse los intereses [...] desde la fecha de pago parcial...", sent. fs. 87), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando las disposiciones de la ley 26.773 y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha señalada.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de la ley 26.773, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.5. Finalmente no puedo dejar de observar, una vez más, el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina legal de esta Suprema Corte actualmente vigente, cuyo seguimiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia en garantía de la igualdad, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio allí sentado, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 apdo. 5 inc. "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y dispuso la aplicación de sus prescripciones al caso en juzgamiento. En consecuencia, se deja sin efecto la estimación de los importes indemnizatorios y de los acrecidos computados en consecuencia.
Los autos deben volver al tribunal de la instancia de origen para que, nuevamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Asimismo, concuerdo con su propuesta de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 que efectuara el tribunal de grado, por los fundamentos que ya anticipara al sufragar en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (ver causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", a la que también aludiré más adelante).
I.3. Luego, con las siguientes consideraciones, también comparto la opinión del nombrado colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En lo que respecta a la vigencia temporal de dicho régimen normativo, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el Acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.4. Finalmente, coincido con lo manifestado en los puntos III.3., III.4. y III.5. del voto del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el apartado final del sufragio inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señ
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