Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 117674
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Negri, Pettigiani, Soria, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.674, "Fredes, Juan Carlos contra Surrey S.A.C.I.F.I. y A. Accidente".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Lanús hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 544/580 vta.).
Se dedujo, por la demandada Surrey S.A.C.I.F.I. y A. -hoy Carrier S.A.-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 597/604 vta.). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 605/606), esta Corte admitió la queja interpuesta por la interesada, concediéndolo (v. resol., fs. 741/742 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Tras declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la ley 24.557, el tribunal de origen admitió parcialmente la demanda interpuesta por el señor Juan Carlos Fredes, condenando a Surrey S.A.C.I.F.I. y A. -hoy Carrier S.A.- al pago de $18.000 en concepto de reparación integral -con sustento en el derecho común- por el padecimiento de hipoacusia bilateral que lo incapacita en el orden del 9,4% del índice de la total laboral (v. vered., segunda y tercera cuestión, fs. 546/551 y 551/554, respectivamente; sent., undécima cuestión, fs. 570 vta./575 y 579 y vta.).
Dispuso, asimismo, el progreso de la acción contra la tercera citada, Juncal Compañía de Seguros S.A. continuadora de Compañía Argentina de Seguros La Estrella S.A., ordenándole el pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -representada por la suma de $10.323,00- a raíz de la minusvalía parcial y permanente del 20%, originada en una afección columnaria (v. vered., segunda cuestión, fs. 546/551; sent., undécima cuestión, fs. 567 vta./570 y 579 y vta.).
I.2. En lo que resulta de interés, desestimó el pedido de compensación del importe de $24.200 que Surrey S.A.C.I.F.I. y A. le había abonado al actor el día 26 de marzo de 1998 en concepto de gratificación especial y voluntaria, con motivo de la extinción del contrato de trabajo por retiro voluntario, instrumentado mediante el acta notarial de fs. 44/45.
Para así decidir, juzgó que no se hallaban reunidos en la especie los requisitos que establece el art. 818 y siguientes del Código Civil para aplicar dicho instituto.
Señaló en ese sentido que al pago que se había documentado en aquella oportunidad se le confirió el carácter de posible extintor de "abstracciones", resultando claro que se ignoraba en ese momento si el dependiente podía ser acreedor de alguna suma, razón por la cual concluyó que no era posible atribuirle el efecto de cancelar, anticipadamente, una obligación cuya vida no se conocía, ni aun cuando se comprobase " a posteriori ".
Añadió que la gratificación otorgada al accionante sólo eso puede ser y no otra cosa, porque se violaría el principio de lógica formal "de identidad".
Por lo demás, dado que la rescisión del vínculo laboral, en los términos del art. 241 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, no genera derecho al cobro de indemnización para el trabajador, ni carga económica para el empleador, con cita de doctrina de esta Corte, sostuvo que la aludida gratificación constituía una liberalidad, no pudiendo en forma alguna ser interpretada o hacer extensiva de derechos indisponibles para el dependiente (art. 12, LCT; v. sent., fs. 575/577).
I.3. En otro orden, resolvió que el capital reconocido devengue intereses desde el momento en que se produjo la toma de conocimiento -11 de septiembre de 1998- hasta el efectivo pago, de acuerdo a la tasa que fija el art. 48 de la ley 11.653, texto según ley 14.399 (v. sent., fs. 575 y 579).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 316 a 622, 818, 819 y 820 del Código Civil; 1, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 597/604 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Controvierte el rechazo de la compensación opuesta por su parte al contestar la demanda.
Ello así, dado que en el acta notarial agregada a la causa, por la que se instrumentó el retiro voluntario del actor, se le abonó una gratificación especial y voluntaria de $24.200, confiriéndole el carácter de compensable con cualquier suma que por cualquier concepto pudiere reconocérsele derivada de la relación, sea remuneraciones, recargos, diferencias, indemnizaciones, etcétera.
Sostiene que al desechar la aplicación de dicho instituto con sustento en que la gratificación constituye una liberalidad, no pudiendo ser interpretada o hacer extensiva de derechos indisponibles para el trabajador (art. 12, LCT), el órgano de grado vulneró la doctrina que emerge del precedente L. 78.064, "Meneses" (sent. de 22-XII-2004) en cuanto esta Corte estableció la validez de la compensación de las sumas entregadas al dependiente en el marco de un acuerdo rescisorio, supuesto análogo al que concurre en el caso.
También, la delineada en las causas L. 75.144, "Mottet" (sent. de 26-II-2003) y L. 77.386, "Onchalo" (sent. de 6-VII-2005), donde este Tribunal sostuvo que por razones de celeridad y economía procesal debe brindarse acatamiento a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto se ha pronunciado por la validez del pago al trabajador de una gratificación vinculada al cese, compensable con cualquier reclamo indemnizatorio originado en la extinta relación laboral, incluidos los basados en la Ley de Accidentes de Trabajo (causa "Gatarri, Alfredo contra Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas S.A.I.C.", sent. de 23-VIII-1988, "Derecho del Trabajo", 1989, pág. 585).
Agrega que, al desatender la doctrina legal imperante en la materia, la sentencia deviene arbitraria, afectando a la vez la economía procesal y los derechos de propiedad, de transar y asumir obligaciones de su parte (v. rec., fs. 598 vta./601).
II.2. Se disconforma con la decisión de ordenar la aplicación de intereses según el promedio de la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, con ajuste a lo establecido en el art. 48 de la ley 11.653, modificado por ley provincial 14.399.
Plantea la inconstitucionalidad de dicha normativa por considerar -en sustancia- que la materia abordada corresponde a la esfera exclusiva del Congreso nacional y que el Poder Legislativo provincial se arrogó potestades propias de los jueces (conf. arts. 75 inc. 12, Const. nac. y 316 a 622, Cód. Civ.).
Denuncia igualmente que el fallo infringe la doctrina legal de esta Corte -que indica- invariable en punto a que dichos accesorios deben liquidarse con arreglo a la que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días denominada tasa pasiva (v. rec., fs. 601/603 vta.).
III. El recurso ha de prosperar parcialmente.
III.1. Inicialmente cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -conforme el art. 1 de la ley 14.141, Boletín Oficial de 15-VII-2010- (v. fs. 605 y vta., 730/737 y resol. de esta Corte de fs. 741/742).
En consecuencia, la competencia de este Superior Tribunal queda circunscripta -en principio- a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. art. 55 primer párr. in fine , ley 11.653; causas L. 103.403, "Oxagaray", sent. de 27-IV-2011; L. 111.173, "Damonio", sent. de 7-IX-2011; L. 103.562, "Bracco", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.2. Luego, en ese contexto, con relación al primero de los cuestionamientos que porta el recurso, es importante destacar que, tanto al momento del dictado de la decisión atacada, cuanto a la fecha en que se interpuso el recurso, la doctrina legal de esta Corte vigente sobre la materia aquí debatida era la proveniente de los precedentes L. 78.064, "Meneses" (sent. de 22-XII-2004); L. 74.873, "Vázquez" (sent. de 16-II-2005) y L. 77.386, "Onchalo" (sent. de 6-VII-2005), entre otros, que señalaba que la gratificación percibida por el trabajador debe computarse como "pago a cuenta" de cualquier suma que en concepto de indemnización pudiera corresponderle.
También he de resaltar que, posteriormente, este Tribunal en la causa L. 119.058, "Magnanini" (sent. de 31-X-2016) hubo de cambiar el criterio plasmado en aquellos precedentes, modificando la doctrina legal sobre el tópico.
En el citado precedente, esta Corte, con el voto de la mayoría de sus integrantes -del cual participé- determinó que la gratificación voluntaria entregada al trabajador como imputable a toda suma que por cualquier concepto pudiere corresponderle a consecuencia de la relación laboral extinguida, en forma previa o contemporánea con su otorgamiento, no resulta compensable con la indemnización que corresponda al trabajador.
III.3. Sentado ello, en ese escenario, y en el marco de la directriz que impone atender las circunstancias existentes al momento de decidir la causa, aunque resultaren sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, el análisis del remedio deducido ha de llevarse a cabo en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de esta Corte, aun cuando ésta fuera ulterior al dictado de la sentencia recurrida y de la interposición del medio de impugnación.
Reiteradamente ha dicho este Tribunal que, aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean posteriores a la fecha en que se dedujo el medio de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y, eventualmente, de la aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (causas L. 85.120, "Alarcón Cáceres", sent. de 27-III-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013).
III.4.a. En ese ámbito de conocimiento, entonces, deberá resolverse la controversia y anticipo que el embate que porta el recurso respecto del rechazo al planteo de compensación de créditos dispuesto en la instancia de grado no resulta atendible.
Para así decidir, habré de reproducir aquí, en lo pertinente, los conceptos que hube de desarrollar en la ya citada causa L. 119.058, con arreglo a los cuales he de propiciar la confirmación de la decisión atacada.
III.4.b. Es oportuno recordar que, desde precedentes de antigua data, esta Suprema Corte hubo de declarar que la gratificación -carácter que reviste, en el caso, la suma percibida por el actor al momento de cese por retiro voluntario- es una forma de remuneración de los servicios prestados que, como tal, es onerosa y representa un concepto amplio y genérico de pago al dependiente, importando poco si en su origen ha sido facultativo u obligatorio del empleador, puesto que en ambos supuestos la finalidad y naturaleza de la suma dada al trabajador por este concepto resulta idéntica (causas L. 39.364, "Carrara", sent. de 5-VII-1988; L. 39.422, "Rocca", sent. de 14-III-1989; L. 40.049, "D'Aquila", sent. de 23-VI-1992; L. 55.732, "Azparren", sent. de 14-III-1995; L. 55.736, "Scardini", sent. de 12-III-1996; L. 58.990, "Balzi", sent. de 27-XII-1996; L. 59.730, "Vidal", sent. de 6-V-1997; L. 63.158, "Frías", sent. de 24-XI-1998; L. 75.144, "Mottet", sent. de 26-II-2003 y L. 75.738, "Zozaya", sent. de 2-IV-2003).
En ese marco, y ante supuestos similares al caso bajo examen, este Tribunal pudo entonces establecer que la gratificación especial y voluntaria entregada al trabajador, como imputable a cualquier suma que por cualquier concepto pudiere corresponderle como consecuencia de una relación laboral extinguida -en forma previa o contemporánea a su otorgamiento-, representa un concepto tan amplio y genérico de pago que resulta contraria a su naturaleza la pretensión de que ese mismo importe sea útil para ser deducido de los rubros indemnizatorios determinados y previstos por el legislador para supuestos hipotéticos específicamente regulados en la ley, en cuyo caso, si bien la titularidad de un contrato de trabajo constituye un requisito indispensable para su exigibilidad, no es -en cambio- suficiente causa jurídica para su cobro (causas L. 55.736 y L. 58.990, cits.; e.o.).
III.4.c. Antes de ahora manifesté que comparto esa doctrina.
Desde luego, no se me escapa que la misma fue modificada por este Tribunal -por mayoría- al dictar sentencia en los casos L. 78.064; L. 74.873 y L. 77.386, citados. Sin embargo, tal como lo hice al emitir mi voto en la mentada causa L. 75.144, lo reiteré -ya en minoría- en las citadas "Meneses", "Vazquez" y "Onchalo", y, con posterioridad, conformando –como ya señalé- la mayoría en L. 119.058 ya citada, he de reiterar mi postura en el entendimiento de que la misma encierra la solución jurídica adecuada a la temática debatida en autos.
Tengo para mí, conforme el desarrollo expuesto en el apartado precedente, que no corresponde otorgar naturaleza de pago a cuenta a la suma de dinero entregada en las condiciones analizadas.
En razón de lo señalado, juzgo que corresponde rechazar esta parcela del recurso deducido y confirmar la sentencia en cuanto desestimó el planteo de la demandada para que se compense del importe de condena la suma percibida por el trabajador al tiempo del cese.
III.5. Distinta suerte ha de correr, en cambio, el agravio concerniente a la tasa de interés activa promedio (con sustento en el art. 48 de la ley 11.653, según texto ley 14.399; v. sent., fs. 575) que aplicó el sentenciante al monto de condena, pues considero que ésta debe ser revocada en razón de las consideraciones que a continuación he de formular.
Atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en fecha reciente esta Suprema Corte ha precisado la doctrina que el tribunal ha mantenido, por lo que habré de reproducir aquí -en lo que resulta pertinente- las consideraciones vertidas en el sufragio del doctor Soria en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), ello, en tanto se condice con el desarrollo argumental similar que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi voto en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sentenciada en la misma fecha) y que conformó el criterio que resultó mayoritario.
III.5.a. Allí se señaló que, respecto de la tasa de interés moratorio judicial, esta Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 inc. 3 "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del Tribunal (v., entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En ese marco, bajo el régimen normativo del Código Civil estableció que, en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928 -modif. por ley 25.561- y 622, Cód. Civ.; causas Ac. 57.803, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 17-II-1998; Ac. 72.204, "Quinteros Palacio", sent. de 15-III-2000; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. de 5-IV-2000; L. 76.276, "Vilchez", sent. de 2-X-2002; L. 77.248, "Talavera", sent. de 20-VIII-2003; L. 75.624, "Taverna", sent. de 9-X-2003; L. 79.649, "Sandes", sent. de 14-IV-2004; L. 88.156, "Chamorro", sent. de 8-IX-2004; L. 87.190, "Saucedo", sent. de 27-X-2004; L. 79.789, "Olivera", sent. de 10-VIII-2005; L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005 y Ac. 92.667, "Mercado", sent. de 14-IX-2005; e.o.).
Asimismo, ratificado por la mayoría de esta Suprema Corte en la citada causa L. 94.446, el indicado criterio hubo de mantenerse aun después de la sanción de la ley provincial 14.399, y ello por razón de la inconstitucionalidad declarada -también por mayoría, que integré- en el precedente L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otros, y conforme postula -en el caso- la recurrente, desechando en consecuencia la hipótesis de una definición proveniente de ley especial.
III.5.b. Luego, a partir del precedente L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015), este Tribunal confirmó sentencias de los tribunales laborales en los que se había dispuesto la aplicación de la tasa pasiva en su variante denominada "digital", por juzgar que las impugnaciones traídas a su conocimiento no demostraban que dicha definición contrariase la doctrina legal vigente.
III.5.c. Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, conforme quedó anticipado, el análisis de la evolución de las distintas tasas pasivas definidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la indicada finalidad uniformadora de la jurisprudencia.
Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III.5.d. Finalmente, la consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales, tal y como quedaron expuestas en el voto del colega doctor de Lázzari en la sentencia dictada en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), y ésta contrapuesta a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en el mismo precedente, me convencen sobre la necesidad de formular, adicionalmente, las siguientes reflexiones.
III.5.d.i. El carácter alimentario de los créditos laborales desde antiguo es predicado como una de las notas de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el aserto no lleva a identificar tales acreencias con los alimentos, tal cual se hallanéstos regulados por los preceptos del derecho civil.
La obligación alimentaria en este último campo -en sustancia, y sin perjuicio de constatarse otros supuestos ajenos, así, los regulados en los arts. 1.559, 1.745 inc. "b" y 2.509 del Código Civil y Comercial de la Nación- se halla tradicionalmente fundada en el principio de solidaridad familiar y recibe una muy especial protección por parte del ordenamiento jurídico tendiente a garantizar su cumplimiento. Entre tantos ejemplos, puede
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