Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118665
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Negri, Kogan, Genoud, Torres , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.665, "Pampin, Ricardo H. contra Municipalidad de General Viamonte y otro. Accidente".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió la acción deducida contra Provincia ART S.A., imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 460/473 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 494/513 vta.).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 566) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, por mayoría, admitió la defensa de prescripción opuesta por la Municipalidad de General Viamonte y Provincia ART S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por el señor Ricardo Horacio Pampin, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- el resarcimiento de la incapacidad laborativa derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 27 de junio de 2001 (v. fs. 394/411 vta.).
Esta Suprema Corte, en oportunidad de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor (v. fs. 412/418), revocó la sentencia de grado, en cuanto declaró la procedencia de la excepción de prescripción planteada por las demandadas, y remitió los autos al a quo para que, con nueva integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se había resuelto (v. fs. 440/445 vta.).
Radicadas las actuaciones en la instancia ordinaria, el órgano jurisdiccional -integrado con otros magistrados- hizo lugar a la demanda y, tras declarar la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la indicada ley (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09), reajustada por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) revisto por la ley 26.773 (v. fs. 460/473 vta.).
Para así decidir, consideró abonada la versión expuesta en la demanda, según la cual, el accionante había sufrido un accidente de trabajo en la fecha mencionada, mientras prestaba tareas bajo dependencia de la Municipalidad de General Viamonte, cuando en ocasión de cortar pasto con una motoguadaña se cortó el tobillo de la pierna izquierda (v. fs. 462). También tuvo por acreditado que, como consecuencia del mencionado infortunio, el dependiente sufrió diferentes afecciones que le ocasionan una incapacidad del 11% del índice de la total obrera (v. fs. 462 vta.).
Luego, con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que la tarea que desempeñaba el actor, manipulando una motoguadaña, se hallaba comprendida dentro de la expresión "cosa riesgosa" a la que hace alusión el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 463/465).
Sobre esa conclusión, declaró que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad objetiva al municipio accionado en los términos de la citada norma legal (v. fs. cit.).
Posteriormente, puesto a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado en la demanda, determinó -con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino"- la necesidad de evaluar en el caso concreto si dicha norma menoscaba garantías constitucionales, tomando como parámetro a ese fin el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atienda a su reclamo conforme a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo o en el marco del régimen de responsabilidad del Código Civil (v. fs. 466).
Con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que tanto el decreto 1.694/09 como la ley 26.773 debían aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarlos en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. Con ello, declaró ex officio la invalidez constitucional de los arts. 16 del citado decreto y 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlos "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civil)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad" (v. fs. 466 vta./468).
Entonces, tras cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante de acuerdo a las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (modif. por el dec. 1.694/09), declaró aplicable al caso los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó sumar a dicho resarcimiento una indemnización adicional equivalente al 20% y, a su vez, ajustarlo conforme al índice RIPTE. Arribó así a la suma de $191.980,08 (v. fs. 468 vta. y 469).
Por otro lado, calculó la indemnización que de conformidad con el derecho común obtendría el actor en concepto de daño material en el monto de $20.718,91, al que agregó luego el importe de $4.200 relativo al "daño moral" (v. fs. 469 y vta.).
Con esa determinación, concerniente a la cuantía de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil y su cotejo con la suma del resarcimiento brindado por la Ley de Riesgos del Trabajo, el a quo declaró la validez constitucional del art. 39 de la citada ley y, por su conducto, la eximición de responsabilidad civil del municipio empleador que consagra la norma (v. fs. 470/471).
Finalmente, dispuso que el capital de condena debido por la aseguradora demandada, desde la fecha del accidente (27 de junio de 2001) y hasta la de su efectivo pago, devengaría intereses -conforme con lo dispuesto por el art. 48 de la ley 11.653 (modif. por la ley 14.399)- a la tasa promedio activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 47 y 63 de la ley 11.653; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 3, 622 y 701 del Código Civil; 16 del decreto 1.694/09; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 1, 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 y 26 de la ley 24.557; 10 de la Constitución provincial; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Sostiene que el tribunal de grado, al condenar a su parte al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, infringió el principio de congruencia y las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (v. fs. 498 vta.). Explica que el accionante, en la demanda, planteo la inconstitucionalidad de la indicada ley y reclamó el cobro de una indemnización con fundamento en las normas del Código Civil (v. fs. 499).
En ese sentido, entiende que el juzgador incurrió en absurdo toda vez que se apartó de los escritos constitutivos del proceso y, de ese modo, resolvió en forma extra petita (v. fs. 500 y vta.).
II.2. Por otro lado, se opone a la aplicación del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773 porque no se encontraban vigentes cuando ocurrió el accidente que motivó el reclamo de autos (v. fs. cit.).
Señala que el art. 17 apartado 5 de la citada ley fija el momento de su entrada en vigencia y que el apartado 6 del mismo artículo lo complementa, determinando la forma de calcular o ajustar las prestaciones a través del índice RIPTE. A su vez, afirma que el art. 8 regula sobre la posterior actualización semestral (v. fs. 502 y vta.).
Denuncia que el sentenciante vulneró la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 94.119, "Ferrari" (sent. de 4-XI-2009), sobre la aplicación temporal del decreto 1.278/00 (v. fs. cit.).
También invoca el precedente "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto se declaró que la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta (v. fs. 505 vta.).
Aduce que el señalado mecanismo de ajuste sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, mas no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas, ya que éstas se actualizan a través del salario (v. fs. 507).
Alega que la aplicación retroactiva de la normativa en cuestión afecta seriamente su patrimonio como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación (v. fs. 508). Añade que, también, perjudica a la masa de asegurados porque genera inequidad en la distribución de las prestaciones (v. fs. cit.).
En forma subsidiaria, indica que el índice RIPTE eventualmente aplicable es 2,53 y no 8,08 como erróneamente declaró el a quo (v. fs. 509).
II.3. En otro orden, cuestiona la procedencia de la pretensión indemnizatoria del daño moral porque -a su entender- la acción civil "ha sido rechazada in totum " (v. fs. cit.).
II.4. Solicita la aplicación del art. 1 de la ley 24.283, en cuanto establece que cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago (v. fs. 509 vta.).
II.5. Asimismo, impugna la solución adoptada en materia de intereses.
II.5.a. Por un lado, objeta el momento desde el cual deben comenzar a computarse dichos accesorios por considerar que, al aplicarse sobre una suma sujeta al mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, "hay una doble actualización de valores" (v. fs. 510 y vta.).
II.5.b. Por el otro, controvierte la tasa de interés activa que ordenó aplicar el a quo denunciando la violación de la doctrina legal emergente de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991); L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 511/513).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone señalar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia de fs. 460/473 vta., limitándose a suscribir la liquidación que practicó a fs. 474 y vta. Al respecto, cabe precisar que, aunque el defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí solo a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. No le asiste razón a la recurrente cuando sostiene que el tribunal, al condenarla al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, infringió el principio de congruencia porque la pretensión indemnizatoria se había fundado en las normas del Código Civil (v. fs. 498 vta.).
Ante todo, es menester destacar que, contrariamente a lo que se aduce en la queja y tal como fuera señalado en el relato de los antecedentes, el órgano judicial de grado declaró verificados los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil del municipio empleador, en lo que concierne al factor de atribución objetivo, al juzgar -con apoyo en la doctrina legal que surge de la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004)- que la tarea de desmalezador, que desempeñaba el actor con una motoguadaña, debía encuadrarse en el marco de la definición de cosa productora de riesgo a que se refiere el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 463/465).
Luego, ante el planteo formulado en la demanda, declaró la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, al comprobar, en el caso concreto, que la reparación brindada por la ley especial -con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773- excede la extensión del resarcimiento al que accedería Pampin de acuerdo al régimen común de responsabilidad civil (v. fs. 466/471).
A partir de ese cotejo, declaró la eximición de responsabilidad civil del empleador que consagra la indicada norma y condenó a Provincia ART S.A. a satisfacer las obligaciones que había contraído en el contrato de afiliación.
En tales condiciones, no se verifica la violación alegada toda vez que, en el contexto definido por los planteos articulados por las partes en los escritos de constitución del proceso, el razonamiento del a quo se adecua a las directrices plasmadas por esta Suprema Corte a partir de las causas L. 81.826, "Yamán" y L. 87.394, "V. d. C., M. C." (sents. de 11-V-2005).
Desde esos precedentes, esta Corte reiteradamente ha declarado que ante la necesidad de comprobar en cada caso concreto si el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta o no compatible con el art. 19 de la Constitución nacional, que prohíbe dañar los derechos de un tercero, corresponde admitir -según lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.2652.XXXVIII "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004)- que el parámetro que debe utilizarse para verificar que las prestaciones previstas en la ley especial reparan adecuadamente el daño sufrido por la víctima lo configura la extensión del resarcimiento al que esta última accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil emergente por aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (causas citadas y L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010 y L. 98.746, "Sassano", sent. de 30-XI-2011; e.o.).
Por lo expuesto, no se verifica la violación del principio de congruencia alegada en la queja.
III.3. Sentado ello, debe revocarse la definición de grado que decretó la invalidez constitucional de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, los referidos cuerpos normativos -como ya lo dijo esta Corte- han reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dichos preceptos, toda vez que no los advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.4. Luego, para brindar respuesta al agravio medular que define el contenido de la impugnación, habré de reproducir -en lo pertinente y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- las apreciaciones vertidas en el voto de mi distinguido colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), al que presté mi adhesión.
III.4.a. Como fuera señalado, en autos se demostró que el día 27 de junio de 2001 Pampin sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 11% del índice de la total obrera (v. fs. 462 vta.).
En tales condiciones -atento a las circunstancias concretas del caso- es dable concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias padecidas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
III.4.b. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.4.c. De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes N° 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O., 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.4.d. Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.