Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120666
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Genoud , de Lázzari , Soria , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.666, "M., A. N. contra Provincia ART S.A. Indemnización por muerte".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 339/348 vta.).
Se dedujo, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 359/368 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 445/448 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda deducida por la señora A. N. M. -en su carácter de conviviente y progenitora de tres hijas menores de edad habidas con el trabajador fallecido, señor J. D. V.- contra Provincia ART S.A., condenando a ésta a abonarles a las actoras las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la ley 24.557, más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) receptado en la ley 26.773 y la indemnización adicional del art. 3.
Para así resolver, en el veredicto juzgó probado que como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 15 de noviembre de 2009, el día 27 del mismo mes y año se produjo el fallecimiento del conviviente y padre de las promotoras del juicio, que laboraba en relación de dependencia para Puertoagro Pedernales S.A., empresa afiliada a la aseguradora demandada.
En la sentencia, decretó la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta de la prestación contemplada en el citado art. 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por considerarla violatoria de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional. Luego, cuantificó el importe de las prestaciones de los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, actualizados por decreto 1.694/09 ($300.000). A las referidas sumas, previa declaración de invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, les aplicó el índice RIPTE y la indemnización adicional del art. 3 de la citada ley, arribando a un total de monto de condena por capital de $1.276.500.
II. Contra la decisión de mérito, se alza la aseguradora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 3 del Código Civil; 15 apartado 2 de la ley 24.557; 3, 6 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y decreto 1.694/09. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
Ensaya los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, critica el carácter laboral asignado al accidente sufrido por el señor V., en el que perdiera la vida, y en función del cual las demandantes solicitan las prestaciones previstas en los arts. 15 y 11 de la ley 24.557.
En tal sentido afirma que el tribunal sentenciante interpretó caprichosa y tendenciosamente la prueba rendida calificando de arbitrario el fallo en crisis.
Señala que las actoras reclamaron las prestaciones de la ley 24.557 por un presunto accidente in itinere , a pesar de lo cual el tribunal concluyó -con base en la declaración testimonial del empleador Miguel Ángel Castellani- que se trató de un accidente de trabajo en tanto ocurrió durante el tiempo de prestación de servicios. Agrega, en torno a ello, que lo dicho por el único testigo aportado en autos no resulta absolutamente imparcial -en tanto tomador del seguro-, ni suficiente para hacer lugar a la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo.
II.2. Impugna la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y su consecuente aplicación al caso de autos toda vez que, sostiene, ello importa la vigencia retroactiva de la norma atacada y la violación de lo prescripto por el art. 3 del Código Civil.
Señala que la liquidación de las prestaciones exigidas debe hacerse de acuerdo a lo normado por los arts. 11 y 15 de la ley 24.557, lo que arroja un total de $300.000, alegando que se equivoca el tribunal al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad mencionada y declarar aplicable el adicional del art. 3 y el índice RIPTE previstos en la ley 26.773, toda vez que el infortunio laboral ocurrió en noviembre de 2009 y se encontraba consumado al momento de la entrada en vigencia de la legislación aludida.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y solicita la revocación de la sentencia en cuanto aplica el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
II.3. Por último -además del cuestionamiento a la retroactividad de la ley 26.773- alega que en la sentencia en crisis se aplicó erróneamente el art. 8 de la misma, aumentando de modo exponencial el capital de condena que, de confirmarse, pondría en jaque al sistema y colocaría a las aseguradoras de riesgos de trabajo en una situación de quebranto fácil de advertir.
Ello así, en tanto aplicó el índice RIPTE a las prestaciones correspondientes al caso de autos, según la modificación del decreto 1.694/09, más la prestación adicional del art. 3 de la ya mencionada ley 26.773.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente observo que tanto el veredicto como la sentencia carecen de firma del actuario (lo mismo ocurre, incluso, respecto de la copia de la "planilla Augusta de circulación de expedientes" y de la constancia de registro del pronunciamiento), y si bien dicha ausencia constituye una falencia que no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (v. causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasa inadvertida en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. En primer lugar, cabe recordar que determinar las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como así también si existe relación causal o concausal entre éstas y la muerte, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causas L. 95.205, "Macias", sent. de 22-XII-2008; L. 101.627, "F., M. G.", sent. de 22-VI-2011 y L. 116.613, "Gutiérrez", sent. de 16-IV-2014).
En el caso, la recurrente no solo omite invocar dicho vicio, lo que ha de sellar la suerte adversa de la réplica, sino que -para más- su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009).
Ahora bien, en lo que respecta a la valoración de la declaración testimonial del señor Castellani -a la sazón, empleador del señor V. y tomador del seguro- corresponde señalar que dicho elemento probatorio fue ofrecido por ambas partes al momento de presentarse en autos a través de sus escritos postulatorios, por lo que mal puede pretender la recurrente agraviarse de la conclusión realizada por el a quo en tal sentido.
En particular, la circunstancia de que el testimonio que tuvo en consideración el juzgador para sustentar su pronunciamiento provenga de un testigo que reviste la calidad de tomador del seguro, no resultaría suficiente por sí sola para restarle virtualidad probatoria a su declaración, siempre que del contexto de la misma surgiera evidente su objetividad en el criterio del tribunal de grado (causas L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011 y L. 105.323, "Mengarelli", sent. de 30-XI-2011).
En este sentido, reiteradamente ha dicho esta Corte que, en el proceso laboral, la interpretación de la prueba oral y su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración del absurdo (causas L. 117.976, "Bea", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014) que, tal como se dijo, la impugnante no ha denunciado.
III.3.a. Como se reseñó, la aseguradora se agravia pues entiende que el a quo aplicó erróneamente la ley 26.773, a la vez que violó la doctrina legal que cita.
III.3.b. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- con relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773, en sintonía con lo expresado en párrafos anteriores.
III.3.c. Sin embargo, frente a la ausencia de denuncia de violación de la congruencia, lo expuesto no alcanza para acompañar la solución que propugna la recurrente, pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos.
Como anteriormente se señaló, esta demanda se inició procurando el cobro de las prestaciones de los arts. 15 apartado 2 y 18 en un único pago, no abonadas por la aseguradora por un hecho ocurrido en el mes de noviembre de 2009.
En ese contexto y a fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por fallecimiento y el adicional de pago único regulados por la ley 24.557, calculados aún con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, importan una insuficiencia reparatoria que los torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones aún no satisfechas, es decir, a más de diez años luego de acaecido el infortunio laboral, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la muerte del trabajador ocurrió en noviembre de 2009 y que a más de diez años luego, todavía permanece insatisfecho el derecho a una reparación razonable por parte de sus derechohabientes como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en los arts. 15 apartado 2 y 18 de la ley 24.557, de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009 por el decreto 1.694/09, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III.3.d. Debe prosperar, en cambio, el agravio relativo a la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773, toda vez que tal resarcimiento ha sido incorporado como compensación por un régimen legal que, conforme lo expuse líneas arriba, resulta aplicable a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
III.4. Debe prosperar, asimismo, el agravio vinculado al modo en que se dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por esta Corte en el citado precedente- en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice incluyendo a la reparación que recepta el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó a la demandada al pago de la reparación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, y al modo como aplicó el índice RIPTE, el que deberá calcularse conforme los lineamientos que surgen del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Costas en el orden causado, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a los puntos III.1. y III.2. del voto que abre el acuerdo.
II. En lo que respecta a la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, tal como lo propone el colega que me precede, la decisión efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia debe revocarse.
Ello, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) , en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
III.1. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Lo así resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal solo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.a. Luego, corresponde señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte se expidió estableciendo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.