Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120800
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.800, "Fleita, Eliodoro contra Aserradero Itatí S.R.L. y otros. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 539/572).
Se interpuso, por parte de Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 591/610).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por el señor Eliodoro Fleita, y condenó solidariamente al Aserradero Itatí S.R.L., a la señora Claudia Celia Ortiz -en su condición de socio gerente de la firma demandada- y a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de $373.604,92 en concepto de los daños y perjuicios -con fundamento en las normas del derecho común- derivados de la incapacidad del 50,3% del índice de la total obrera que padece a consecuencia del accidente de trabajo denunciado. Asimismo, condenó a la aseguradora demandada a abonar $199.165,45 en concepto de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así resolver, juzgó acreditado que el actor -quien se desempeñaba desde el día 3 de octubre de 1994 bajo la dependencia del Aserradero Itatí S.R.L.- sufrió un accidente en su mano izquierda el día 14 de octubre de 2010 en ocasión de encontrarse trabajando con una "máquina tupí", que le provocó secuelas anatómicas y funcionales en los dedos meñique, anular y mayor y quiebre de ejes a nivel de las coyunturas interfalángicas, además de edema crónico y secuelas psicológicas resultantes de un proceso traumático local operado.
Expresó -con sustento en la pericia médica, en las declaraciones testimoniales y en los escritos constitutivos de la litis- que las tareas cumplidas por el señor Fleita y las condiciones en que las mismas eran prestadas fueron la causa eficiente de la incapacidad sufrida (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 540/542 vta.).
Por otro lado, juzgó que la patronal no probó haber dado cumplimiento a la legislación vigente en materia de seguridad e higiene. En concreto, con apoyo en la prueba testimonial, consideró que no se habían realizado exámenes periódicos, ni entregado elementos de seguridad, así como tampoco brindado capacitación para evitar riesgos (art. 28, dec. 170/96). Por su parte -continuó- la aseguradora no demostró haber observado sus obligaciones en materia de prevención, a saber: i) la adopción de medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo (arts. 4 apdo. 1 y 31 apdo. 1 inc. "c", ley 24.557); ii) la oportuna denuncia a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de los incumplimientos en que hubiera incurrido la empleadora (arts. 4 apdo. 4 y 31 apdo. 1 inc. "a"); iii) la realización de los exámenes médicos periódicos (arts. 1 y 3 inc. 3, resol. de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97) y; iv) el mantenimiento de un registro de siniestralidad (art. 31 apdo. 1 inc. "d"; v. vered., tercera cuestión planteada, fs. 543 y vta.).
Destacó que si bien el contrato de afiliación entre Aserradero Itatí S.R.L. y Federación Patronal Seguros S.A. no se encontraba vigente al momento del infortunio -desde que había vencido el día 31 de marzo de 2010, y se suscribió uno nuevo al día siguiente del accidente-, la cláusula segunda de su póliza preveía la renovación automática por el término de un año, salvo que el empleador manifestara su decisión en contrario por medio fehaciente, hipótesis que no se verificó en autos. Luego, y toda vez que no surge -aseguró- la suscripción de un nuevo contrato de afiliación por parte del empleador con otra aseguradora con posterioridad al día 31 de marzo de 2010, concluyó que aquel se hallaba vigente al momento del siniestro pues, de acuerdo a lo establecido en el art. 27 apartado 5 de la ley 24.557, el contrato de afiliación ha de tenerse por rescindido solo con la firma de un nuevo contrato (v. vered., quinta cuestión, fs. 544/545).
En la sentencia, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 (v. fs. 547 vta. y 548), halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.753, 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial toda vez que el daño que sufre el trabajador obedece a las cosas de las que la patronal se sirvió o tuvo a su cuidado en su carácter de dueño o guardián y por el propio riesgo de la tarea realizada para ella (v. fs. 555 vta./556 vta.).
Por otro lado, con arreglo a las circunstancias acreditadas en el fallo de los hechos, consideró el a quo que la aseguradora debía responder por el incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo. Al respecto, consideró que, por no existir ningún vínculo contractual entre el trabajador y la aseguradora de riesgos del trabajo, la naturaleza que le cabe es de naturaleza extracontractual y tiene sustento en los arts. 1.716 a 1.736 y 1.749 del Código Civil y Comercial. Así las cosas, en orden a determinar la relación de causalidad entre la omisión de la aseguradora y el hecho dañoso, juzgó que el análisis practicado sobre la base de la "previsibilidad en abstracto" de las omisiones y el resultado, confirmaba a aquellas como idóneas para producir causalmente el resultado acontecido, habida cuenta que fue nula la actividad preventiva de la aseguradora y no quedan dudas que la reducción de la siniestralidad laboral es el objeto principal de la ley 24.557 (v. fs. 556 vta./558 vta.).
Seguidamente, se dispuso a realizar el cotejo entre el importe resultante de la aplicación del régimen asistencial especial, y aquel otro producto del cálculo con arreglo a las normas del derecho común, para así pronunciarse sobre la constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.
De ese modo, determinó que la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo asciende a $199.165,45 ($6.123,65 x 53 x 50,3% x 1,22), guarismo que supera el piso establecido por el decreto 1.694/09; mientras que el importe representativo de la reparación integral, por aplicación de la denominada fórmula "Méndez", se eleva a $497.770,37 con más $75.000 en concepto de daño moral; por lo que declaró la inconstitucionalidad de la norma aludida en el párrafo anterior (v. fs. 548/555 vta.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del citado art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo y que del importe resultante ($572.770,37), Federación Patronal Seguros S.A. debe costear la suma de $199.165,45 en concepto de prestación prevista en el art. 14 de la ley 24.557; mientras que Aserradero Itatí S.R.L. -junto con la codemandada Ortiz- y la aseguradora resultan responsables solidarios por el pago de $373.604,92 (v. fs. 558 vta. y 559).
Al capital así determinado dispuso aplicar intereses calculados desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 562 y vta.).
II. Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 25 apartado 5 y 39 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, denuncia absurda valoración de la prueba y se agravia por entender que la aseguradora no se encontraba obligada a brindar las prestaciones asistenciales por no mediar un contrato de afiliación vigente al momento del infortunio.
Expresa que el contrato que la vinculaba con la patronal había vencido el día 31 de marzo de 2010, por lo que se quedó sin cobertura hasta que suscribió una nueva póliza el 15 de octubre de 2010, es decir, un día después de ocurrido el accidente que motiva estas actuaciones; circunstancia que -asegura- no solo puso de manifiesto en oportunidad de contestar la demanda al oponer defensa de "no seguro" (no replicada por Aserradero Itatí S.R.L.), sino que -además- fue advertida en la pericia contable.
Indica que el juzgador condenó a la aseguradora por considerar vigente el contrato por aplicación del art. 27 apartado 5 de la ley 24.557, y por conducto de una errónea interpretación de la cláusula segunda de las condiciones generales de la póliza adjuntada en autos. En tal sentido, argumenta que si bien dicha norma fija la renovación automática de la póliza, en el caso la misma no se hizo efectiva.
Aclara que esta última implica que el empleador -tomador del seguro- no tiene la necesidad de realizar una nueva póliza al vencimiento de la vigente, ya que de no mediar indicación fehaciente en contrario la misma se extenderá automáticamente con el mismo número mientras el tomador siga abonando las cuotas. Agrega que la firma asegurada -vencido el plazo de vigencia- no abonó ninguna de las cuotas siguientes hasta el día 15 de octubre de 2010, oportunidad en que tomó una nueva póliza (con diferente número); hecho que confirma que la anterior no fue renovada automáticamente, pues no pueden coexistir dos pólizas de un mismo tenor con un mismo "bien asegurable".
Entiende que el a quo formuló una interpretación restrictiva del art. 25 apartado 5 de la ley 24.557, en cuanto implicaría que las pólizas que toman los asegurados sean eternas sin que exista la posibilidad de plantear la defensa de "no seguro" por el solo hecho de que el empleador no ha firmado la rescisión o no ha contratado una nueva aseguradora, vulnerando así su derecho de defensa (v. fs. 592/597).
II.2. Por otro lado, expone que el estado de indefensión de la aseguradora resulta manifiesto si -además- se repara en que el siniestro que invocó el actor el día 14 de octubre de 2010 no fue denunciado por el asegurado ante la compañía -desde que no existía póliza vigente-, por lo que tomó conocimiento del mismo con la recepción de la cédula de notificación de la demanda. En función de ello -prosigue- formuló la defensa de "no seguro", en tanto que no puede adjudicársele el incumplimiento de obligaciones que nunca le fueron exigibles; hipótesis que, si bien fue planteada en la réplica, no fue objeto de consideraciones por parte del juzgador (v. fs. 597/598).
II.3. En otro orden, impugna el fallo por entender que incurrió en absurdo al tener por configurada la responsabilidad de la aseguradora por incumplimiento de los deberes a su cargo.
Señala que pese a la documentación aportada por la pericia técnica, que acredita fehacientemente que Federación Patronal Seguros S.A. cumplió con la totalidad de sus deberes en materia de seguridad e higiene mientras se encontraba vigente la póliza (a saber: se le brindó capacitación al trabajador, se visitó y asesoró a la empresa en cuanto al uso de elementos de seguridad y se entregaron elementos de protección personal), el juzgador descalificó dicha prueba de manera arbitraria e irrazonable.
Cuestiona la idoneidad de las declaraciones testimoniales sobre las que el sentenciante estructuró la sentencia, por considerar que resultan "frágiles" y contradictorias en relación con la prueba documental.
Objeta el pronunciamiento en tanto el a quo juzgó que la pericia técnica y la documentación a ella agregada carecen de valor probatorio, y esgrime que -en rigor- el perito ingeniero es el único capacitado para ilustrar al tribunal sobre el lugar de trabajo, las tareas que realizaba el actor, los agentes de riesgo y -en general- sobre el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene (v. fs. 598/602 vta.).
II.4. Por otra parte, formula una profusa defensa de la constitucionalidad del régimen asistencial especial establecido en la ley 24.557 y, en particular, de su art. 39.
En lo esencial, expone que el referido ordenamiento es un auténtico instrumento de prevención y protección integral de riesgos del trabajo y no puede valorarse sin tomar en conjunto la totalidad de las normas que contiene, como -afirma- se lo hizo en la sentencia impugnada.
Señala que las especiales características del vínculo laboral permiten y fundamentan un sistema autónomo de responsabilidad, con sus particulares y especiales características -que atiende situaciones y riesgos producidos en un ámbito específico y diferenciado-, sin que exista norma en la Constitución nacional que determine que los trabajadores no pueden ser reparados con base en un sistema de responsabilidad especial.
En consecuencia, peticiona que se revoque la sentencia y, en su caso, la condena solidaria a la aseguradora por reparación integral, debiendo limitarse -en la hipótesis de mantenerse la condena- únicamente a la reparación sistémica (v. fs. 602 vta./607).
II.5. Finalmente, cuestiona la tasa de interés aplicada en autos (pasiva digital), por considerarla violatoria de la doctrina legal que emana de las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009).
Aduna que -contrariamente a lo indicado por el sentenciante- el precedente de esta Suprema Corte L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015) no constituye doctrina legal sino, antes bien, sus implicancias deben limitarse al caso específico, en el que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado y -por esa razón- se confirmó la sentencia impugnada (v. fs. 607/609).
III. El recuso no prospera.
III.1. El agravio originado en la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo con fundamento en un contrato de afiliación que -a juicio de la recurrente- no se encontraba vigente, no puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia.
III.1.a. La impugnante pone de relieve que el juzgador de origen resolvió en el sentido expuesto pese a que su parte planteó defensa de no seguro en oportunidad de contestar la acción y la parte demandada no opuso defensa alguna frente a esa alegación (v. fs. 593).
Al respecto, ha expresado en reiteradas ocasiones esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión sobre el particular solo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; e.o.).
En la especie, corresponde rechazar el agravio por encontrarse insuficientemente fundado toda vez que sustentado -en rigor- en una presunta equivocada interpretación de los escritos constitutivos de la contienda, la peticionaria ha omitido no solo denunciar la vulneración del principio de congruencia sino también la transgresión de las normas procesales que lo receptan, así como la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de aquellos escritos (art. 279, CPCC; causas L. 119.656, "Riciutti", resol. de 1-VI-2016; L. 120.092, "Paz", resol. de 7-XII-2016 y L. 120.848, "De Benedictis", resol. de 15-XI-2017; e.o.).
III.1.b Luego, se suma a dicha deficiente impugnación, la ausencia de denuncia de infracción de las normas específicamente actuadas por el tribunal de origen para resolver el extremo bajo análisis, cuales son los arts. 27 apartado 5 y 6 apartado 3 de la ley 24.557 y 6 del decreto 717/96. Fue con respaldo en tales dispositivos que el a quo concluyó que el contrato de afiliación que uniera a las codemandadas en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo se encontraba vigente a la fecha en que ocurrió el accidente pues dicho régimen legal ha buscado una "asegurabilidad universal" que impide al asegurador declinar cobertura hasta tanto el empleador haya suscripto un nuevo contrato -salvo en los supuestos contemplados en el citado art. 6 apartado 3-.
En su presentación recursiva, la impugnante solo se queja de la interpretación restrictiva que del art. "25 inc. 5 de la LRT" hizo el tribunal de origen (v. fs. 596 vta.). Aun soslayando la errada identificación de la norma, la sola afirmación relativa a que dicha interpretación vulnera su derecho de defensa porque su parte resultó condenada por una póliza cuya vigencia había cesado seis meses antes del accidente que motiva estas actuaciones, ciertamente no abastece la carga de demostrar acabadamente el agravio traído a esta instancia, pues se desentiende de los fundamentos expuestos por el a quo para resolver en el sentido ya expuesto.
III.1.c. La recurrente también atribuye al juzgador haber declarado la vigencia del contrato de afiliación con apoyo en una errónea interpretación de la cláusula segunda de las condiciones generales de la póliza 48.658 que habría estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2010 pues, aunque reconoce dicha cláusula, afirma que tal renovación no se hizo efectiva en el caso porque el aserradero demandado no pagó las cuotas posteriores a la vigencia de la póliza en cuestión. Destaca que de haber operado la prórroga automática -como decidió el juzgador de origen- la empleadora no hubiese podido tomar otra póliza de las mismas características que la que ya tenía (v. fs. 593/595).
Al respecto, este Tribunal ha declarado que la interpretación del alcance y extensión de las cláusulas estipuladas en el contrato de seguro constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de grado y no revisable en casación, mientras no se acredite la existencia de absurdo (causas L. 84.059, "Álvarez", sent. de 16-V-2007 y L. 81.909, "Aguirre", sent. de 6-X-2010).
III.1.d. Dicho ello, no encuentro que la solución dada al caso -a la luz del texto de la cláusula segunda de la póliza acompañada por la demandada y de la interpretación del art. 27 apartado 5 de la Ley de Riesgos de Trabajo (que por lo que se dijo ha de permanecer sin modificaciones)- sea absurda (art. 44 inc. "d", ley 11.653). En efecto, no se ha probado que la empleadora suscribiera a continuación del día 31 de marzo de 2010 un nuevo contrato de afiliación con otra administradora de riesgos del trabajo (art. 375, CPCC), por lo que debe colegirse, de acuerdo con el art. 27 apartado 5 de la ley 24.557, que el contrato se encontraba vigente. A igual solución se arriba, en el caso, si se considera a la ya citada cláusula segunda de la póliza, en la medida que establece la renovación automática por un año "salvo que el empleador manifieste su decisión en contrario por medio fehaciente y con una antelación de treinta (30) días corridos previos a la finalización del contrato, en cuyo caso deberá solicitar en forma simultánea su afiliación a otra ART o el ingreso al régimen de autoseguro", extremos tampoco probados en autos.
III.1.e. El planteo vinculado a la supuesta falta de pago de cuotas que conduzca a sostener la ausencia de póliza vigente (v. fs. 596 vta.), debe también ser rechazado habida cuenta que la impugnante no ha demostrado dar cumplimiento al procedimiento que ella misma instituyó en la cláusula sexta, II "a" de la póliza (v. fs. 115) a fin de rescindir el contrato de afiliación.
Así las cosas, corresponde recordar una vez más que el absurdo hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación m
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.