Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120589
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.589, "F., A. E. contra Servicio Penitenciario de la Pcia. de Bs. As. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 209/216 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 220/224 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda deducida por el señor A. E. F. contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto perseguía el cobro de una indemnización -con sustento en las normas del derecho civil- por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad que padece como consecuencia de las labores prestadas bajo dependencia del Servicio Penitenciario (v. fs. 209/216 vta.).
En lo que interesa, considerando que "el pase a retiro por incapacidad" del actor había sido dictado en diciembre de 2012, por aplicación del principio iura novit curia , juzgó que la controversia debía situarse bajo el ámbito de aplicación de la ley 26.773 y que en ese contexto al efectuar la acción de autos el demandante había ejercido implícitamente la opción prevista en su art. 4.
Definido ello, tras analizar la prueba adquirida durante la sustanciación del proceso -en particular, el dictamen pericial médico, las declaraciones testimoniales y los datos que constan en el legajo personal del actor- tuvo por acreditado que el accionante padece una afección psíquica que lo incapacita en un 70% del índice de la total obrera, vinculada causalmente con las tareas desarrolladas para la demandada.
Luego, destacó el carácter riesgoso de la actividad de custodia de reclusos en la unidad carcelaria en la que el demandante desempeñaba sus funciones, aclaró que el concepto de "cosa riesgosa" abarca las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral que pueda generar un resultado dañoso y declaró configurada la responsabilidad de la patronal conforme el art. 1.113 del Código Civil.
También le atribuyó responsabilidad al empleador en los términos -entre otras normas- del art. 1.109 del Código Civil, entendiendo incumplido su deber de resguardar la integridad psicofísica del actor.
Con todo, presupuestó la indemnización correspondiente en la suma de $1.176.139 comprensiva del daño patrimonial y moral. Para arribar a ese monto, dijo que el actor contaba a la fecha de la incapacidad con cuarenta y cinco años de edad y que si bien al pasar a retiro continuó percibiendo ingresos a través del sistema previsional, fue el desempeño de su profesión habitual lo que provocó un menoscabo en su salud. Expresó que en este caso, correspondía otorgar al damnificado una suma de dinero pura equivalente a la que dejaría de percibir durante su vida laboral como consecuencia de su minusvalía, tomando en cuenta para ello, la incidencia del porcentaje de incapacidad sobre su haber mensual, multiplicada por los salarios devengados durante un año; cuyo resultante multiplicó por la cantidad de años faltantes para obtener la jubilación ordinaria con treinta años de servicio. Juzgó que la cuantía podría considerarse justa y reparadora de los perjuicios, considerando las circunstancias personales del actor, cuestiones psicológicas y su profesión o especialidad laboral en los términos de los arts. 1.069, 1.074, 1.083, 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; decreto 472/14; 3 del Código Civil; leyes 23.928 y 25.561 y la doctrina legal que cita (v. fs. 220/224 vta.).
II.1. Cuestiona la determinación de la minusvalía del actor.
Invoca absurdo en la valoración de las constancias obrantes en la causa, especialmente respecto del informe pericial médico y el elaborado por la junta médica del empleador a la que fue sometido el trabajador. En ese sentido, se disconforma con el porcentaje de incapacidad fijado por el a quo y discute la relación causal que estableció entre la dolencia y las tareas prestadas por el actor.
II.2. Controvierte la cuantificación de la reparación integral efectuada en la sentencia.
En sustancia, alega que aunque el juzgador contempló que el actor gozaba del beneficio previsional, y por ende, no había sufrido merma en sus ingresos, le otorgó una suma equivalente a la que dejaría de percibir estando en actividad -si bien acotándola a los períodos que hubieran restado para su retiro- generando, de ese modo, un enriquecimiento sin causa del trabajador.
II.3. Se agravia en cuanto el a quo declaró aplicable la ley 26.773 a tenor del momento en que el trabajador pasó a retiro.
Alega que ese razonamiento resulta ilógico pues no se denunció ni acreditó la fecha de la primera manifestación invalidante de la supuesta enfermedad profesional que determina la aplicación de la ley. No obstante, expresa que conforme las licencias médicas otorgadas no correspondería aplicar la mentada legislación. A su vez, alega el apartamiento "del fallo" dictado por esta Corte en el precedente "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que en lo tocante al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, exime de su cumplimiento al Fisco provincial y su validez constitucional fue declarada por esta Corte -por mayoría- en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. Aclarado ello, ha de abordarse el agravio dirigido a controvertir la legislación que el tribunal de grado entendió aplicable al caso, el que –adelanto- es insuficiente (art. 279, CPCC).
Al ingresar en el tema, dable es referir que en el relato fáctico desarrollado en el escrito de demanda hubo de ponerse énfasis en que el actor "al momento de su retiro portaba una incapacidad del 70%" (fs. 31 vta.).
Luego, no controvertido que ello aconteció en el mes de diciembre del año 2012, no luce absurdo que en el contexto probatorio de la causa el tribunal de grado haya considerado dicho hito para definir la aplicación de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012). Y con ello, cabe afirmar que tampoco se evidencia del modo en que lo sostiene el quejoso, que el a quo haya soslayado las reglas que contiene la referida ley en lo atinente a su ámbito temporal de aplicación (art. 17 apdo. 5), antes bien, una lectura armónica del pronunciamiento indica que lo resuelto precisamente tuvo como basamento dicha regulación. Indudablemente, queda descartada la eventual trasgresión a la doctrina que emana del precedente de esta Suprema Corte L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), que siquiera se encarga el impugnante de describir.
Por cierto, la genérica mención que contiene el recurso a "las licencias médicas otorgadas" al trabajador, en modo alguno lucen aptas para conmover lo juzgado por el tribunal y demostrar aquel error extremo al determinar en uso de facultades privativas cuándo se produjo la primera manifestación invalidante, otro tanto puede decirse de la mera alusión al principio de congruencia, desprovista de todo desarrollo.
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el embate vinculado con la determinación del porcentaje de incapacidad del actor y la vinculación causal con las labores desempeñadas en favor del accionado.
Tiene dicho esta Corte que valorar el material probatorio, establecer la existencia de relación causal entre las dolencias y el trabajo y fijar -en su caso- el porcentaje de la incapacidad constituyen cuestiones reservadas a la apreciación de los jueces de grado, inabordables, en principio, en sede extraordinaria salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 112.692, "B., N. N.", sent. de 25-IX-2013; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016).
Bajo tales lineamientos, el recurso nuevamente luce ineficaz, es que el interesado no se ocupa de rebatir debidamente las motivaciones que llevaron al a quo a adoptar las conclusiones que dan sustento al pronunciamiento.
En lo referido a la mentada relación causal, afirma que el sentenciante omitió valorar que la "Junta Médica del servicio del empleador" dictaminó que la incapacidad que padece el actor del 70% es de naturaleza inculpable. Sin embargo, tal manifestación no se condice con lo que surge del veredicto (v. fs. 210) en donde se advierte que aquel dato no fue desatendido por el juzgador, quien no obstante, válidamente arribó a la conclusión en pugna ponderando lo declarado por los testigos acerca del riesgo de la actividad del accionante (sumado al traumático motín en el que hubo de ser tomado como rehén), la evolución de su salud conforme su legajo e informes psicológicos y lo expuesto en el dictamen prestado en autos por la perito psiquiatra (v. fs. 209 vta./210 vta.).
En cuanto al grado de la minusvalía que porta el trabajador, el recurrente extrae -aislándolas de su contexto- ciertas consideraciones vertidas por el perito psiquiatra pero silencia otras que -esenciales- también integraron su dictamen y que incluso llevaron al especialista a dictaminar que la incapacidad era "total y permanente" (v. fs. 190/192). A la par, se avizora que aun cuando pueda desconformar al quejoso, el hecho de que el tribunal en el marco de una ponderación integral de los elementos de la causa haya considerado el porcentaje que surge de lo resuelto por la "junta médica", en modo alguno refleja una tarea teñida del grave yerro que se le pretende endilgar.
Cabe recordar que para juzgar configurado el vicio de absurdo se debe demostrar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa. La apreciación opinable, discutible u objetable o la posibilidad de otras interpretaciones, no alcanzan para tenerlo por verificado, ello no evidencia aquel importante desarreglo en la base del pensamiento, reputado como anomalía extrema (causas L. 116.445, "Bayona", sent. de 6-XI-2013; L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016 y L. 118.018, "Cócaro", sent. de 19-IX-2018).
III.4. Finalmente, no merece favorable recepción el cuestionamiento que gira en torno a la determinación del monto indemnizatorio.
También señala la doctrina de esta Corte que lo atinente a la fijación del mentado quantum así como las pautas empleadas en dicha tarea en los reclamos fundados en el derecho común, son tópicos privativos de los jueces de grado y ajenos -en principio- al ámbito de la casación salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 94.556, "Schmidt", sent. de 7-IV-2010; L. 100.496, "Esquivel", sent. de 10-III-2011; L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
La simple lectura de lo argumentado en el medio de impugnación revela su palmaria insuficiencia.
En efecto, el yerro que le endilga al fallo en cuanto allí se reconoce que el trabajador continuó percibiendo sus ingresos por el sistema previsional al pasar a retiro y, a la vez, se lo indemniza en base al salario dejado de percibir hasta el momento en que se hubiera "retirado o jubilado normalmente" pero sin descontar de la base de cálculo el monto del haber jubilatorio que el actor siguió percibiendo (v. rec., fs. 223 vta.), no se revela como una argumentación idónea para descalificar este aspecto del pronunciamiento.
Sin dejar de señalar que en esta parcela del recurso no se ha denunciado la configuración del vicio de absurdo, en una mejor hipótesis para el recurrente, su apreciación lejos de exhibirse apta para evidenciarlo, no exterioriza más que su disconformidad con la decisión de grado, oponiendo a las pautas implementadas por el tribunal otras que considera más convenientes a sus intereses, en un mero intento de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 101.544, "Szewcruk", sent. de 28-XII-2011 y L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016).
IV. En virtud de lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Tal como señala el colega que abre el acuerdo, este Tribunal se ha pronunciado -por mayoría que no integré- en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
Sin perjuicio de reiterar mi opinión contraria a esa interpretación a tenor de los fundamentos expuestos al votar dicho precedente, y a los que por razones de brevedad me remito, adhiero -en todo lo demás- al voto del doctor Soria.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia