Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120733
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.733, "Alcaraz, Roberto Aníbal contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 327/341).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 368/376 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Aníbal Alcaraz contra Galeno ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16-.
Juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 9 de octubre de 2010, el actor padece una incapacidad laboral permanente que, incluyendo los factores de ponderación, lo invalida en un 67% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 327/331 vta.).
Declaró aplicable al caso la pauta de ajuste prevista en el art. 8 de la ley 26.773 (índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE-), determinó el importe de las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 -conforme resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16-, arribando a las sumas de $943.119 y $523.955, respectivamente.
Sin perjuicio de advertir, una vez más, que el despliegue argumental efectuado por el juzgador de origen se sustenta, impropiamente, en una sucesión de citas doctrinarias y jurisprudenciales a las que afirma "adherir" (fs. 338), en lo sustancial, concluyó que las pautas de la ley 26.773 debían ser efectuadas cuando las obligaciones emergentes de la ley 24.557 no hubieran sido canceladas de modo previo a su entrada en vigor (conf. art. 3, Cód. Civ.).
A su vez, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 en cuanto establece la fecha de vigencia de sus disposiciones, dado que resulta contrario a los propósitos del sistema de riesgos del trabajo y del decreto 472/14, por juzgar que incurre "en exceso reglamentario" y vulnera los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional (v. fs. 338/339 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Dos agravios estructuran su crítica:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció el día 9 de octubre de 2010, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida normativa, correspondía aplicar el decreto 1.694/09.
Argumenta que la interpretación integral de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 permite concluir que el índice RIPTE se aplica únicamente a las contingencias laborales acaecidas luego de su entrada en vigencia (26 de octubre de 2012). Explicó que ambos incisos se complementan, estableciendo la forma de cálculo de las prestaciones y se integran con lo dispuesto en el art. 8 del mismo cuerpo normativo al establecer que se producirá un ajuste automático de estas últimas cada seis meses.
II.2. Por otro lado, y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, indica que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para incrementar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Entiendo que merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estimó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, ceñido al abordaje del tema el entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso.
III.1.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018).
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1.708; 324:920; 335:2.333; e.o.).
Puede observarse que, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad", que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada, máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009)
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.b. Luego, es dable señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito), ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y ots.", sent. de 8-II-2017).
III.1.c. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio, determinante en el razonamiento del a quo (9 de octubre de 2010), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que dicha normativa no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en ella, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.2. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, no corresponde abordar la restante argumentación que porta el agravio, sustentada en la errónea aplicación del índice RIPTE y la gravitación que a su respecto tiene el decreto 472/14 (v. rec., fs. 372/375 vta.). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
IV. En virtud de lo manifestado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria que le corresponde abonar a la demandada Galeno ART S.A. con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a la propuesta del doctor Genoud de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, que efectuara el tribunal de grado por los fundamentos que ya anticipara al sufragar en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", a la que también aludiré más adelante).
I.2. Luego, con las siguientes consideraciones, también comparto la opinión del nombrado colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En lo que respecta a la vigencia temporal de dicho régimen normativo, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.3. Finalmente, también suscribo lo que dicho magistrado expone en el punto III.2. de su voto.
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Por las consideraciones que habré de exponer, discrepo en el tratamiento de la crítica por conducto de la cual se impugna la aplicación al caso de la ley 26.773.
En mi opinión, esa decisión no ha de modificarse, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, en cuanto a que la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
I.1.b. Sin embargo, lo expuesto no alcanza para acompañar la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos. Tengo en cuenta para ello, además de lo que se expone en los párrafos siguientes, la ausencia de crítica vinculada a la congruencia del fallo que se impugna.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sent. de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sent. de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sent. de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva, calculada conforme la norma vigente al momento de la primera manifestación invalidante, importa una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación -aún no satisfecha- fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema, a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el actor sufrió un accidente laboral el día 9 de octubre de 2010 y que a la fecha aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, las indemnizaciones previstas en la ley 24.557 calculadas -como pretende la demandada- de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
I.2. Tampoco ha de prosperar la impugnación vinculada con el modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.