Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120730
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.730, "Leyer, Carlos Enrique contra Lanxess S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 517/542 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 563/580).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Carlos Enrique Leyer contra Lanxess S.A. en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido e integración del mes de despido, vacaciones y sueldo anual complementario, días trabajados en el mes de junio de 2012, reintegro de sumas por amortización del rodado de propiedad del actor y multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el pago de salarios por enfermedad y la penalidad prevista por el art. 1 de la ley 25.323 (v. fs. 517/542 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 80, 211, 212 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 de la ley 24.013; 1 y 2 de la 25.323; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, controvierte lo decidido en torno al rechazo de la sanción pecuniaria contemplada en el art. 1 de la ley 25.323.
Sostiene que, en la especie, se encuentra configurado el hecho generador que motiva la procedencia de la sanción prevista en la norma, toda vez que, habiendo determinado el tribunal de origen el carácter remunerativo de distintos rubros reclamados en demanda -v. gr. comida, obra social, patente del automotor, seguro y gratificación anual variable-, surge evidente que cobraba un sueldo superior al consignado por el empleador en sus registros contables, lo que torna procedente el agravamiento indemnizatorio peticionado.
Agrega que con el informe pericial contable también se acredita que Lanxess S.A. no sólo omitió incluir rubros remunerativos, sino que tampoco realizó los aportes previsionales correspondientes al salario establecido en la sentencia.
II.2. Se opone también el importe establecido en el fallo para cuantificar la multa del art. 2 de la ley 25.323.
En este aspecto, refiere que el sentenciante afectó el derecho patrimonial del actor al excluir de la liquidación respectiva los importes vinculados a la indemnización sustitutiva del preaviso y al integrativo del mes de despido, a los que correspondía añadir la incidencia del sueldo anual complementario.
II.3. En otro orden, impugna la base salarial determinada para calcular la indemnización por antigüedad en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 153, ley 24.013).
Refiere que, al apartarse de la mejor remuneración mensual, normal y habitual determinada en la experticia contable, esto es, la correspondiente al mes de abril de 2012, con más los importes remunerativos que se tuvieron por verificados, el juzgador transgredió dicho precepto legal y la doctrina establecida por esta Corte en las causas que invoca.
En este último aspecto, manifiesta que no correspondía -en el caso- aplicar las directrices del precedente L. 70.065, "Prystupa", sentencia de 4-VII-2001, y prorratear la suma determinada en concepto de "gratificación adicional variable" en los doce meses anteriores al despido, habida cuenta que en dicha causa se ventilaron presupuestos fácticos diferentes a los que definieron el objeto de este pleito.
Alega que el actor percibió habitualmente -por el período comprendido entre los años 2004 a 2012- dicha gratificación, atribuyéndole el propio tribunal carácter remunerativo, por lo que devino absurda y contradictoria la decisión de no computar íntegramente su importe para determinar la base salarial, a los fines de cuantificar la indemnización por despido y los rubros conexos a la misma.
Aduce que, en tales condiciones, el salario que debe tomarse como base de cálculo para la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -sumados los conceptos remunerativos reconocidos- es de $89.059,65, y que aún en el supuesto de juzgarse aplicable en la especie la doctrina del fallo "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o bien, la emanada del precedente "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006) de la Suprema Corte provincial, dicho haber mensual asciende a $60.067,24, resultante de reducir en un 33% la remuneración mensual normal y habitual del trabajador.
II.4. Objeta asimismo el rechazo de la pretensión vinculada a los "salarios por enfermedad".
Sostiene que el tribunal a quo incurrió en absurdo porque su parte no hubo de reclamar en autos, tal como erróneamente se indicó en el fallo atacado, salarios por enfermedad devengados durante la vigencia del contrato de trabajo, sino que demandó el pago de los haberes correspondientes a los meses transcurridos desde el despido hasta la fecha del alta médica.
Argumenta que tal yerro condujo al juzgador a equivocar el encuadre jurídico de la cuestión traída a su conocimiento, pues fundamentó este tramo de la decisión en la interpretación que llevó a cabo de las prescripciones contenidas en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el actor hubo de reclamar en los términos del art. 213 de ese mismo régimen legal, procurando el cobro de los salarios por enfermedad devengados desde el despido y hasta la fecha del alta médica.
De allí que, afirma, corresponde modificar este tramo del pronunciamiento, habida cuenta que la decisión que contiene es absurda y se aparta injustificadamente de la precisa norma legal que rige el caso.
II.5. Finalmente critica los intereses aplicados al capital de condena.
Con sustento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, peticiona que tales acrecidos se apliquen en una vez y media la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento. Ello, por considerar que este tipo de interés constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Por razones metodológicas -y aunque ello implique alterar el orden de los agravios traídos- entiendo debe brindarse tratamiento, en primer término, al reproche dirigido a cuestionar la definición de grado de no incorporar la "gratificación anual variable", percibida por el actor en el último año trabajado, a la base de cálculo prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con la consecuente proyección sobre el quantum de la indemnización por despido.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho esta Suprema Corte que determinar -conforme las pruebas adjuntadas a la causa- si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, constituye el ejercicio de funciones privativas del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto se formulen -por referirse a típicas cuestiones de índole fáctica- no son revisables en casación, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 108.252, "Attene Ramos", sent. de 6-VI-2006; L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010 y L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; e.o.).
También lo es establecer el salario fijado como base de la indemnización que conforma la condena (causas L. 98.481, "Pagano", sent. de 14-III-2012 y L. 101.853, "Tarragona", sent. de 18-VIII-2012).
III.1.b. De acuerdo a esto, corresponde examinar si se verifica en autos el excepcional supuesto habilitante.
III.1.b.i. Tuvo por acreditado el tribunal de grado en el veredicto que las sumas percibidas en concepto de "gratificación anual variable" le habían sido abonadas al actor en los meses de diciembre de 2011 y abril de 2012. Arribó a dicha conclusión sustentado en el detalle del peritaje contable practicado en autos, y en el anexo incorporado a fs. 384, los que no merecieran -destacó dicho órgano jurisdiccional- observación alguna por las partes respecto de la información allí suministrada (v. fs. 522 in fine y vta.).
En la etapa de sentencia, manifestó que dicha gratificación, en cuanto reconocía su causa en el contrato de trabajo habido entre Leyer y Lanxess S.A., importó para el primero una clara ventaja patrimonial y oportunidad de ganancia, respondiendo a las notas típicas del instituto del salario (v. fs. 528 vta./529 vta.).
A ello agregó, que la liquidación del rubro debía practicarse a prorrata, dividiéndose por el lapso de 12 (doce) meses, tal como lo solicitó la parte actora a fs. 91 y 110 de su escrito de demanda, y en el entendimiento que en el caso concreto de autos se configuran las circunstancias de hecho que llevaron a la casación provincial a determinar la modalidad de cómputo establecida en la causa L. 70.065, "Prystupa", sentencia de 4-VII-2001.
Sin embargo, el juzgador sostuvo que correspondía apartarse de las conclusiones arribadas por el experto contable en su informe, pues a la hora de establecer la mejor remuneración mensual, normal y habitual, había incorporado la suma total percibida por Leyer en concepto de "gratificación anual variable" durante el año 2012 (v. fs. 529 vta.).
III.1.b.ii. Estas conclusiones expuestas en el pronunciamiento de origen, claramente vinculadas a típicas cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el a quo en uso de facultades que le son privativas-, no logran ser descalificadas por el compareciente.
La crítica que porta el recurso carece de virtualidad para evidenciar el grave y excepcional yerro que configura el absurdo, en tanto denota una renovada visión sobre el tópico debatido en autos, habida cuenta que la pretensión aquí esgrimida difiere de su inicial postura.
En efecto, el discurso argumentativo que ensaya el agraviado transita por un camino diferente al seguido en la demanda, oportunidad en la que sostuvo que era remunerado de la siguiente manera: "...III) comisiones por ventas, que se calculaban sobre las ventas y ganancias de la empresa en las que participaba el actor, y que en la práctica eran abonadas bajo la figura de gratificaciones anuales variables, que se efectuaban en dos pagos, los que se efectivizaban: uno en cada mes de abril (bajo la sigla S.T.I. 'short term incentive') que a modo de ejemplo ascendió en el año 2011 a la suma de $30.300; y el otro en cada mes de diciembre, bajo la sigla APP (correspondiente a las ganancias de la empresa) cuyo monto ascendió en el mes de diciembre de 2011 a $39.459,71. Sin perjuicio de ello, la gratificación correspondiente al mes de abril de 2012, se liquidó erróneamente bajo la denominación de APP, y ascendió a la suma de $52.612,95 (se acompañan los recibos de haberes que acreditan dichos extremos). Dichos pagos representaron para el actor en el último año laborado la suma de $92.072,70. En virtud de ello, la incidencia de estos rubros remunerativos en el devengamiento de la remuneración del actor a lo largo del último año laborado equivalió a un ingreso mensual de $7.672,72 [...] De tal forma, la mejor remuneración devengada durante los últimos 12 meses de la relación tomada como base de la liquidación se compone del siguiente modo: 1. Sueldo Básico $18.505,00; 2. Sueldo Variable $8.476,00; 3. Bonos Anuales $7.672,72..." (v. dem., fs. 91 y fs. 110).
Ahora bien, como se relató, la tesitura del recurrente se asienta en la aseveración (sustentada en la evocada inaplicabilidad al caso de la doctrina legal proveniente del precedente "Prystupa" por haber sido elaborada sobre presupuestos facticos distintos) de que se encuentran configurados los recaudos para computar íntegramente el importe de la gratificación anual variable en la base salarial para el cálculo de la indemnización por despido, tal como se determinó en la pericial contable (v. rec., fs. 569/571.)
Va de suyo, entonces, que el agravio refleja la finalidad de alterar la dimensión o proponer variantes respecto del pedimento original, por lo que no corresponde sea considerado por esta Suprema Corte, en tanto sólo exhibe la intención de rediseñar en casación un nuevo enfoque del tema (causas L. 104.760, "Núñez", sent. de 7-III-2012 y L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015).
Por lo demás, el intento de introducir articulaciones novedosas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se conforma con la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes deben ejercer oportuna y plenamente sus defensas durante el trámite del litigio ante la instancia ordinaria (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 116.588, "Gómez", sent. de 12-IV-2017).
Bajo esta perspectiva, no resulta ocioso poner de resalto que si bien la parte actora solicitó en su alegato (v. fs. 509 vta.) que el salario correspondiente al mes de abril de 2012 -cuyo importe determinó el perito contable incluyendo la suma total percibida por Layer en el último año trabajado en concepto de "gratificación anual variable"- sea tomado como base para fijar la mejor remuneración mensual normal y habitual, la aceptación de una variación de los términos y alcances con que quedó trabada la controversia implicaría resignar la aludida garantía constitucional (art. 18, Const. nac.; causa L. 88.051, "Olmedo", sent. de 11-XI-2009).
III.1.c. Resta indicar que el simple error material en que incurrió el a quo al no culminar la redacción del último párrafo del punto III.B.1. de la sentencia (v. fs. 529 vta.), y que fuera puesto de manifiesto por el compareciente en su postulación recursiva (v. fs. 568 vta./569), resulta insuficiente para censurar el sentido del fallo.
III.2. Por otra parte, estimo que asiste razón al recurrente en cuanto se agravia del rechazo dispuesto en la instancia de grado en relación al reclamo por el pago de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323.
Dicho precepto dispone la duplicación de la indemnización por despido (arts. 245, LCT y 7, ley 25.013 -o las que en el futuro las remplacen-) en situaciones de falta o deficiencia de registro de la relación laboral. Tal lo acontecido en autos.
En efecto, basta con observar que fue el propio tribunal de grado quien -luego de ponderar los distintos medios de prueba a los que aludió en el veredicto- adjudicó carácter remunerativo a las sumas percibidas con habitualidad por el actor en concepto de "reintegro por consumos en el restaurante Visno", "uso personal de línea de telefonía celular móvil", "gastos de patente y seguro" y "costo de mantenimiento de cuenta bancaria". Ello, en la inteligencia de que tales importes configuraron una clara contraprestación por los servicios prestados, debiéndose incorporar al salario y a la base de cálculo prevista para la liquidación de la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 529 vta./530).
Resulta evidente que se encuentra verificado el presupuesto de aplicación del precepto, toda vez que se juzgó probado en las presentes actuaciones que, al momento del despido, una parte de la remuneración del trabajador se encontraba sin registrar (causas L. 92.325, "Belén", sent. de 12-XI-2008 y L. 114.142, "Ripodas", sent. de 22-X-2014).
Por consiguiente, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto desestimó la demanda por la que se reclamó la pretensión vinculada al pago de la multa dispuesta por el art. 1 de la ley 25.323, la que se declara procedente. Las actuaciones deberán volver a la instancia ordinaria para que el órgano jurisdiccional emita el pronunciamiento que corresponda.
III.3. En cambio, luce infructuosa la crítica al importe reconocido en la sentencia por la penalidad prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Es que lo alegado por el recurrente revela una errada lectura del pronunciamiento que pretende impugnar, en tanto sostiene que al momento de cuantificar la multa el tribunal de trabajo no tuvo en cuenta a las indemnizaciones contempladas por los arts. 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ello no fue lo que aconteció en los presentes actuados, donde dicho órgano jurisdiccional liquidó por tal concepto un capital -$426.179,55- que constituye el 50% del monto total que resulta de sumar los importes reconocidos por indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido -$852.359,1- (v. sent., fs. 539), rubros a los que, para más y a contrario de lo manifestado por el quejoso en su réplica (v. rec., fs. 567 vta.), les añadió la incidencia del sueldo anual complementario.
Lo expuesto me exime de brindar mayores precisiones sobre el punto.
III.4. En otro orden de ideas, considero que debe prosperar la objeción planteada en torno al rechazo de los salarios por enfermedad.
III.4.a. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, conforma una cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 99.083, "De Tellería", sent. de 28-V-2010 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Igualmente se ha sostenido que la revisión de la valoración probatoria cumplida por los jueces de grado sólo es posible en esta instancia extraordinaria cuando el recurrente demuestra que se ha incurrido en aquel vicio lógico, que se configura -entre otros supuestos- si la sentencia se aparta de las circunstancias objetivas de la causa (causas L. 105.952, "Barrios", sent. de 7-VIII-2013 y L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017).
III.4.b. Acierta el impugnante cuando denuncia que lo juzgado en el tópico es fruto del mentado yerro valorativo.
En el veredicto, el tribunal de trabajo juzgó acreditado que mediante carta documento 856425144, con fecha de impostación 26 de junio de 2012, la demandada Lanxess S.A. despidió a Leyer, sin expresión de causa, indicando que lo hacía a partir del día 25 de junio de 2012 (v. vered., primera cuestión, fs. 519).
Con los certificados médicos obrantes a fs. 37/41 y lo que surge del acta de audiencia de vista de la causa de fs. 484, tuvo por demostrado que desde el día 8 de mayo de 2012 el actor se encontraba atravesando un cuadro de desorden psiquiátrico, habiéndosele diagnosticado "ataque de pánico" y "estrés" (se indica en tales instrumentos que el actor "no puede realizar sus tareas habituales" y que debe guardar reposo). También halló probado que el alta médica fue diagnosticada por el doctor Ricardo Florentino Ortega en fecha 3 de diciembre de 2012 y que fue efectuado el pago de los haberes correspondientes a los meses de mayo y junio de ese año (v. vered., décima cuestión, fs. 523 vta. in fine /524).
Los presupuestos fácticos referenciados indican que el empleador abonó al actor los haberes correspondientes a los dos meses anteriores a la extinción de la relación laboral "mientras se encontraba atravesando el referido cuadro psiquiátrico" (vered., décima cuestión, fs. 524). De modo
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