Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118578
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.578, "Natale, Domingo Alberto contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 363/380 vta.).
Se interpusieron, por las partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 400/409 vta. y 414/423).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 451) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 400/409 vta.?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al de fs. 414/423?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Domingo Alberto Natale y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Consideró acreditado que el actor padece una afección auditiva (hipoacusia perceptiva bilateral) detectada en un examen periódico, compatible con un trauma acústico y encuadrable como enfermedad profesional, cuya primera manifestación invalidante se produjo el día 18 de septiembre de 2009. Consideró que ello bastaba para imputar responsabilidad a la demandada en el marco del régimen de riesgos del trabajo. En sostén de esa conclusión y a mayor abundamiento señaló las características del ambiente de trabajo, los incumplimientos de la empleadora en materia de seguridad e higiene, el reconocimiento del siniestro por la demandada y la falta de acreditación de eximentes de responsabilidad.
Asimismo, juzgó demostrada la patología de la columna cervical denunciada en el escrito de inicio, que estimó originada en la mecánica de las tareas cumplidas por el trabajador para la empresa Vicemetal S.R.L. Dado que esa enfermedad (cuya manifestación se produjo el día 1 de marzo de 2010) no se encontraba incluida en el listado previsto por el decreto 658/96, analizó la tacha de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 y declaró la invalidez del precepto.
Ya en la sentencia, cuantificó el importe indemnizatorio por la minusvalía originada en cada una de las afecciones precitadas, concluyendo que la estimación efectuada según la normativa vigente a la fecha de consolidación del daño era insuficiente. Declaró aplicable al caso el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, elevó el piso mínimo del art. 14 de la ley 24.557 con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y adicionó a las sumas de condena un interés del 6% anual, desde la primera manifestación invalidante de cada enfermedad hasta la fecha del pronunciamiento (v. fs. 373 vta./376 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de las normas de la ley 26.773; del Código Civil; y de los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional.
Impugna la aplicación de la ley 26.773 a una contingencia anterior a su entrada en vigencia (v. fs. 400 vta.).
Alega apartamiento de la previsión contenida en el art. 17 apartado 5 de dicha normativa, y vulneración de la seguridad jurídica y del sistema de división de poderes (v. fs. 401).
Destaca que el art. 3 del Código Civil establece el principio general de irretroactividad de las leyes, salvo disposición legislativa en contrario que no se corroboró en el caso (v. fs. cit.).
Cuestiona la tasa de interés que el tribunal de grado ordenó aplicar al capital de condena por considerarla excesiva y contraria a la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 401 vta.).
Critica que se le atribuyera responsabilidad por un supuesto incumplimiento de las obligaciones que la ley 24.557 pone a su cargo. Aduce orfandad argumental en ese aspecto de la decisión, pues a su entender resultaba imprescindible identificar y probar de modo fehaciente la existencia de una causalidad adecuada entre la supuesta omisión y el daño denunciado. Afirma que el empleador es el obligado directo y principal en materia de seguridad e higiene, en tanto las aseguradoras poseen un deber genérico de asesoramiento, cuya inobservancia tiene, necesariamente, una relación causal directa con los reclamos instaurados por los trabajadores.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el incremento indemnizatorio derivado del ajuste efectuado al amparo del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, más la diferencia de la suma proveniente del cálculo de los intereses que ordenó liquidar el a quo y la que habría de obtenerse aplicando la tasa a la que se alude en el recurso- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3704/14)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine- de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva de análisis la crítica a la aplicación del mecanismo de ajuste establecido en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es inadmisible, pues no se ha esgrimido a su respecto vulneración de doctrina legal, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55.
Al respecto, se ha declarado que no se configura la excepción prevista en la ley adjetiva local, cuando se constata que el despliegue argumental de la parte recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 91.765, "Rodríguez" y L. 92.472, "Gnemmi", sents. de 30-XI-2011; L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015).
III.3. La crítica que refiere a una presunta ausencia de responsabilidad de su parte por fuera de las disposiciones de la ley 24.557 deviene inatendible en tanto no se condice con el contenido y alcance de la sentencia motivo de impugnación.
III.4. El cuestionamiento a la tasa de interés que ordenó aplicar el a quo al capital de condena tampoco puede tener cabida.
III.4.a. Ello en la medida en que el interesado carece de interés que legitime el agravio que invoca, dado que la aplicación de la alícuota empleada en la sentencia (tasa de interés al 6% anual) para estimar los acrecidos arroja un resultado inferior del que surgiría de computar aquella otra postulada en su escrito de impugnación.
III.4.b. De todos modos y solo a mayor abundamiento, dado los alcances de la condena que subsiste firme en atención a lo resuelto en el punto anterior, cabe señalar que en su crítica el recurrente ha soslayado formular una explicación tendiente a demostrar la infracción que denuncia, en la medida en que se limita a citar en su apoyo un antecedente (causa L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013) que no guarda correspondencia con las motivaciones de la sentencia de origen, que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 117.821, "Varela", sent. de 7-V-2014 y L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC.).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
Respecto al agravio relativo a la tasa de interés considero suficiente el motivo expuesto en el punto III.4.a. del voto inaugural, toda vez que la ausencia de agravio desplaza cualquier otra consideración.
Corresponde entonces rechazar el recurso interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. El pronunciamiento respecto a la aplicación retroactiva de la ley 26.773 no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, advierto que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.
I.3. Luego, suscribo lo expuesto en el punto III.3. del sufragio inaugural.
I.4. El tribunal de trabajo dispuso que las sumas reconocidas en la sentencia devenguen intereses a una tasa del 6% anual por considerar que "la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 determina la condena al pago de valores actuales" (fs. 376 vta.).
En tales condiciones, queda claro que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar ésta ley al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la definición de la tasa de los intereses moratorios respectivos.
Por lo tanto, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa normativa, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo concerniente a la tasa de interés, en tanto fue determinada a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta de que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos expuestos en el apartado anterior, los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia: a) revocar la sentencia en cuanto aplicó al capital de condena el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara; y b) devolver los autos a la instancia de grado para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, en lo referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba el doctor de Lázzari en su sufragio, a tenor de los fundamentos -mayoritariamente- expuestos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
I.3. También suscribo lo dicho allí por el colega doctor de Lázzari en materia de intereses.
I.4. Finalmente, concuerdo con lo expresado en el punto III.3. del sufragio inicial.
II. En virtud de lo expuesto, cabe acoger el medio extraordinario de impugnación como se resuelve en el punto II del voto del doctor de Lázzari.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Sobre esa base, y en relación al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, comparto el tratamiento y la solución brindada por el doctor de Lázzari en su opinión, en tanto se condice con los lineamientos establecidos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que me remito por razones de brevedad.
I.3. Luego, concuerdo con lo manifestado por éste último colega en torno a la tasa de interés.
I.4. Finalmente, comparto lo indicado en el punto III.3. del voto inaugural.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 400/409 vta. con el alcance indicado por el doctor de Lázzari en el punto II de su propuesta.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo señalado en el punto III.1. del sufragio inaugural.
I.2. Respecto al agravio concerniente a la aplicación al caso de la ley 26.773, comparto lo expresado por el doctor de Lázzari, en tanto se condice con la postura que he asumido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud, al que remito por razones de brevedad.
I.3. También coincido con lo manifestado por el doctor de Lázzari en torno a la tasa de interés.
I.4. Por último, acompaño la propuesta decisoria contenida en el punto III.3. del sufragio liminar.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído a fs. 400/409 vta. con el alcance indicado por el doctor de Lázzari en el punto II de su propuesta.
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La parte actora objeta a la alícuota empleada por el a quo para estimar los acrecidos, a la vez que peticiona el incremento de los honorarios de su asistencia letrada por considerarlos bajos, de acuerdo a la extensión de los trabajos realizados y al monto involucrado en el proceso.
Sin perjuicio de advertir la ausencia de legitimación de la accionante para propiciar la revisión de los estipendios del modo antedicho (causa L. 98.168, "G., B. I", sent. de 1-XII-2010), dado el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde examinar la segunda planteada.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
De conformidad con el resultado obtenido en la anterior cuestión, donde se decidió -por mayoría- revocar la sentencia de grado en relación a la aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y a los intereses moratorios, no corresponde tratar los agravios que contiene el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 414/423, referidos justamente a la alícuota empleada para estimar los acrecidos y a la regulación de los estipendios profesionales, pues no es función de esta Corte dictar pronunciamientos abstractos (causa L. 120.339, "Figueredo", sent. de 21-VI-2018).
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En virtud de lo resuelto en la cuestión anterior, donde propongo revocar lo resuelto por el tribunal de grado en relación al mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 y a los intereses moratorios, deviene inoficioso el abordaje de los agravios que contiene el recurso bajo examen, vinculados precisamente a la tasa de interés aplicable al monto de condena y a la regulación de los honorarios profesionales. Ello, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabili
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.