Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120664
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.664, "M., N. R. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 450/474).
Se interpuso, por ésta, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 493/535).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor N. R. M. promovió contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado -con fundamento en disposiciones del derecho civil- el pago de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del infortunio que sufrió mientras prestaba tareas como ordenanza en la sucursal que dicha entidad posee en la localidad de San Miguel del Monte (v. fs. 450/474).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 10 de mayo de 2011 el actor protagonizó un accidente de trabajo, oportunidad en la que al intentar encender una caldera con un improvisado hisopo ésta explotó provocándole quemaduras en distintas partes del cuerpo. También halló probadas las consecuencias que derivaron del evento: patología secular grave postquemadura de su miembro superior derecho (con deficiente e inapropiada rehabilitación) y reacción vivencial anormal neurótica grado III; que lo incapacitan en el 100% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 450/455).
En la sentencia determinó configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil y 1.757 y 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-, que juzgó aplicable al caso.
En ese orden, señaló que la caldera cuya explosión provocó el accidente resultó ser "riesgosa" por su naturaleza, ya que su normal empleo causó un peligro a terceros y tuvo potencialidad dañosa por sí misma (v. sent., fs. 459).
A su vez, señaló que las circunstancias que rodearon el accionar en torno a la aludida caldera, sea por su estado de conservación y antigüedad, con indudables fallas de mantenimiento, dado que con frecuencia provocaban que se apagara, determinaron que el riesgo hubiese provenido también del mal estado de la cosa, esto es, por poseer un vicio, entendido como defecto de fabricación o de funcionamiento que la tornaron impropia para su destino normal (v. últ. fs. cit.).
En otras palabras, remarcó el a quo , la caldera revistió entidad de "cosa peligrosa" que por sí sola pudo ser fuente de daños, y, en tal supuesto, compromete la responsabilidad de su dueño o guardián, en el caso, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por ende, según las prescripciones contenidas en el art. 1.113 del Código de Vélez Sarsfield (modif. por ley 17.711), y desde la óptica de la responsabilidad objetiva determinó que existió daño causado "por la cosa" y "con la cosa" (v. fs. 459 in fine y vta.).
Asimismo, y con sustento en la doctrina de este Tribunal emanada del precedente L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que en autos se verificó un claro supuesto de actividad riesgosa, toda vez que el perito técnico había especificado en su informe que "el manejo de una caldera trae como riesgo mayor el de incendio y/o explosión, para lo cual el personal actuante tiene que estar calificado para ejercer dicha tarea" (v. fs. 459 vta.).
En relación al factor subjetivo de atribución de responsabilidad, explicó el sentenciante que las tareas desarrolladas por M. fueron desprovistas de elementales medidas de seguridad. Remarcó que si bien la propia demandada admitió no haber otorgado a sus dependientes "medidas de control del riesgo", justificando su accionar en que el personal no debía realizar dichas tareas, en el veredicto se demostró que los responsables de la sucursal que el Banco de la Provincia de Buenos Aires posee en la localidad de San Miguel del Monte fueron quienes a diario obligaban a algunos trabajadores -entre ellos, M.- a realizar funciones en exceso de las responsabilidades derivadas del cargo de ordenanza (v. fs. 460).
En tales condiciones, precisó que la conducta asumida por el principal resultó antijurídica, dada la falta de adopción y debido contralor en relación a la implementación de adecuadas medidas en materia de prevención e higiene y seguridad en el trabajo (v. fs. 460 y vta.).
Por otra parte, descartó que en el presente caso se encontrara configurada la causal de exoneración de responsabilidad por exclusiva culpa de la víctima en la producción del infortunio.
Sobre el punto, manifestó el a quo que lejos de verificarse tal hipótesis, en el caso existió responsabilidad culposa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 43 del Código de Vélez y 1.753 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, por los perjuicios causados por el indebido accionar de sus dependientes, en la especie, los superiores jerárquicos de M. (gerente de la sucursal, contador y subgerente operativa), quienes indistintamente impartieron instrucciones de trabajo que excedían por completo las funciones relacionadas con sus obligaciones laborales (v. fs. 460 vta. y 461).
Con todo, concluyó que cualquiera fuere el encuadre jurídico de la cuestión (es decir, en las normas de los arts. 512, 902, 1.109 y 1.113, Cód. Civ. o 1.710, 1.716 y 1.757, Cód. Civ. y Com., ley 26.994), correspondía atribuir responsabilidad civil a la demandada por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad provocada por el accidente de trabajo (v. fs. 463 y vta.).
Tras juzgar configurada la responsabilidad civil de la empleadora, abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En dicha etapa efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según se atendiera a su reclamo conforme las previsiones de la ley 24.557 o en el marco del régimen común de responsabilidad civil. A tal fin, para esta última hipótesis presupuestó la suma de $2.356.299,45 ($1.570.866,30 por daño material; $785.433,15 por daño moral), y en $653.775,32 efectuado el cálculo de conformidad con la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 463 vta./467 vta.).
Verificada entonces la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39 apdo. 1, ley 24.557; v. sent., últ. fs. cit.).
En tales condiciones, hizo lugar a la demanda deducida y dispuso que el Banco de la Provincia de Buenos Aires debía afrontar el pago de la suma determinada en concepto de reparación integral con basamento en las disposiciones del derecho civil, esto es: $1.858.428,45, resultantes de restar del importe total ($2.356.299,45) el monto ya percibido por el actor en concepto de prestaciones de la ley 24.557, y que en el caso asciende a $497.871 (v. sent., fs. 467 vta. in fine y 468).
II. Contra el pronunciamiento de grado se alza la demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 de la Constitución nacional; 3, 10, 11, 14, 15, 25, 31, 45, 56, 57 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 43, 512, 901, 902, 903, 904, 905, 1.067, 1.068, 1.071, 1.078, 1.083, 1.086, 1.109, 1.111 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 7, 1.078, 1.710, 1.716, 1.737, 1.738, 1.740, 1.741, 1.748, 1.749, 1.753 y 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2, 75, 76 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 incs. 6 y 7, 354 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 15, 19, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 21 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; 16 y 17 del Reglamento de Disciplina para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que individualiza.
Plantea los siguientes agravios:
En primer lugar critica mediante denuncia de absurdo en la valoración de los distintos medios de prueba que identifica, la decisión del tribunal de trabajo en cuanto halló configurados en cabeza de la empleadora los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva y subjetiva.
Manifiesta que de los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa no surge en modo alguno acreditado -tal como erróneamente lo determinó el a quo en el pronunciamiento- que los superiores jerárquicos de M. se hubieran extralimitado impartiendo órdenes en exceso de sus funciones propias.
Refiere que los dichos del testigo Novoa no prueban que el día 10 de mayo de 2011 el actor hubiera recibido una indicación de encender la caldera; ni que ésta resultara viciosa por fallas en su funcionamiento; como así tampoco el temor que refirió tenían los empleados frente a una negativa de cumplir con los mandatos de sus superiores; o bien que la empleadora inobservara sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Sostiene que en distintos pasajes de su declaración el testigo Re adujo que le ordenaban encender la caldera, pero, cuando se le requirieron mayores precisiones sobre el punto -en particular, sobre la pretensa indicación recibida el día del accidente- manifestó no recordar de quien provino, para luego afirmar que la directiva la recibió M.. En tales términos -alega- la inconsistencia de tal declaración luce manifiesta, pues, por un lado aseveró no poder identificar quien impartió la orden, pero, por el otro, relató que se la dieron a otro agente.
Indica que ese mismo testigo reconoció la contratación por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la empresa "Microclima" para todo lo relacionado con el mantenimiento de la caldera, en especial, su puesta en funcionamiento; dando cuenta además sobre la inexistencia de eventos explosivos anteriores, desperfectos o mal estado de la misma. También, que los calderistas venían en el invierno y la dejaban encendida, y que fue el propio accionante quien desencadenó el episodio.
Expresa que de las afirmaciones vertidas en la demanda que diera inicio a las actuaciones caratuladas "M., N. R. c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo - acción especial", de trámite por ante el mismo tribunal de trabajo, surge acreditado que el actor conocía las tareas que debía desarrollar, no encontrándose comprendida dentro de las mismas el encendido de la caldera.
Asimismo, continúa, en dicho escrito este último también refirió haber recibido la orden de parte del gerente de la sucursal bancaria, quien al momento del infortunio se encontraba con licencia médica, lo cual demuestra que en modo alguno pudo impartirle tal directiva.
Añade que con la prueba informativa resultó probado que la firma "Microclima" era quien debía intervenir en caso de que el piloto o quemador de la caldera no encendiera o se apagara, no siendo por ende función de M. intervenir en dicha tarea.
En esa línea argumentativa, aduce que el perito en seguridad e higiene no incluyó entre las labores que debía realizar el dependiente la de encender o maniobrar la caldera; tampoco informó sobre inobservancia alguna de la empleadora respecto de las normas vigentes para garantizar su integridad psicofísica.
Señala además que el tribunal de grado omitió ponderar la normativa que rige el vínculo de empleo público que unió a las partes, esto es, el Estatuto para el Personal del Banco Provincia y su Reglamento de Disciplina, y en cuanto allí se describe el procedimiento a seguir por el agente frente a una "orden indebida" y las consecuencias que conlleva no ajustarse al mismo.
En suma, sostiene que la decisión de grado debe modificarse porque el tribunal de trabajo incurrió en absurdo al ponderar las pruebas de la causa y evaluó la conducta de los sujetos involucrados sin la necesaria prudencia y grado razonable de acierto que debe imperar en todo proceso judicial.
Por otra parte, objeta que dicho órgano jurisdiccional resolviera la contienda aplicando las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que dicho digesto no se encontraba vigente al momento en que ocurrió el infortunio, implicando tal definición el quebranto al principio de irretroactividad de la ley.
Se opone también a la conclusión del pronunciamiento que responsabilizó al principal en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), por juzgar acreditado el carácter riesgoso y vicioso de la cosa productora del daño, en tanto tal fundamentación -expresa- no se condice con la realidad de los hechos acreditados en la causa, habida cuenta que la caldera se encontraba en buen estado de conservación, no funcionaba deficientemente por su antigüedad y no tenía fallas de mantenimiento.
Añade que tales circunstancias se encuentran plenamente comprobadas con las declaraciones de los testigos Re y Novoa, con el informe pericial técnico y con los comprobantes de facturas emitidos por la firma "Microclima" por los trabajos de control llevados a cabo los días 3 y 5 de mayo del año 2011.
En suma, afirma que no se halla configurado un "vicio" de la cosa con entidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgo para terceros, ni la existencia de nexo causal entre éste y el perjuicio ocasionado; no verificándose además el carácter riesgoso de la caldera, ya que la conducta de la víctima tuvo la necesaria virtualidad para producir el evento y eximir de responsabilidad a la empleadora.
Señala que tampoco se encuentran probados los componentes necesarios para calificar como "actividad riesgosa" a las tareas de ordenanza desarrolladas por el dependiente, pues -insiste- la conducta seguida por este último (apartada injustificadamente de las labores propias de su cargo) fue la que provocó el evento dañoso.
Manifiesta que no pudo válidamente el a quo juzgar configurada en cabeza de la empleadora la responsabilidad subjetiva en los términos de los arts. 512, 902 y 1.109 del Código Civil (ley 340). Ello así, sostiene, porque esta última no hubo de incumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene, ni incurrió en desatención, descuido u olvido de la diligencia necesaria para evitar la producción de daños, pues la manipulación de la caldera no era una labor propia de M.. En consecuencia, no correspondía que lo notificase de los riesgos de su uso, ni que le proveyera capacitación o elementos de protección al respecto, en tanto que -tal como se informó en el peritaje técnico- el manejo de tal artefacto estaba a cargo de la empresa "Microclima".
Critica al fallo de grado en cuanto determinó que el Banco de la Provincia de Buenos Aires debía responder por el hecho de sus dependientes.
En este aspecto, expone que el tribunal arribó a dicha definición luego de valorar absurdamente los hechos y las pruebas de la causa, en tanto no resultó demostrada la supuesta orden impartida a M. de operar la caldera, ni los motivos para que dicho órgano jurisdiccional sostuviera que existió impericia o negligencia en la función de mando del personal al frente de la sucursal bancaria. Insiste en que fue la conducta del propio actor al extralimitarse en sus funciones la que resultó determinante de la explosión de la caldera y el consecuente perjuicio ocasionado.
Por otra parte, repele el porcentaje de incapacidad establecido en la instancia de grado.
Relata que por conducto de transcribir algunos fragmentos de los informes elaborados por los peritos médico y psiquiatra el sentenciante juzgó que el trabajador se encontraba totalmente incapacitado (100%), sin hacer mención siquiera a las sólidas y pormenorizadas impugnaciones articuladas oportunamente por su parte a tales medios de prueba.
En ese sentido, alega que ambas experticias no informan acerca de los métodos o principios técnicos y científicos que avalen sus conclusiones. Resultan imprecisas, contradictorias y equívocas, lo cual conduce a sostener que no se encuentran reunidos los elementos necesarios para asesorar adecuadamente al juzgador.
Dice que el a quo determinó que el actor presenta una minusvalía total luego de practicar la sumatoria de los porcentajes fijados por cada perito en su informe, soslayando así tener en cuenta que ninguno de dichos profesionales indicó que la incapacidad integral que aquel padece se encuentre conformada por la adición de minusvalías físicas y psíquicas.
En tales condiciones, afirma, es evidente que el sentenciante se apartó de la regla según la cual, cuando concurren incapacidades parciales diferentes las mismas no han de sumarse, en la inteligencia de que ello podría llevar al absurdo de superar el 100% de incapacidad. Por tal motivo, peticiona que se aplique la fórmula de la capacidad residual a fin de evitar una injustificada duplicación de resarcimientos.
Critica la cuantificación de la indemnización vinculada a los daños material y moral.
Apunta que la estimación del primero de los rubros mencionados no se sustenta en los principios de prudencia, razonabilidad y equidad, estableciéndose un monto excesivo que convalida un enriquecimiento incausado del accionante.
En ese orden de ideas, explica que en la fórmula matemática que empleó el tribunal actuante no se tuvieron en cuenta distintas circunstancias personales del damnificado, como su educación y trayectoria; tampoco otros ingresos que percibió a raíz del evento dañoso (prestaciones dinerarias otorgadas por Provincia ART S.A. que no se encuentran contempladas en el importe establecido en el acuerdo conciliatorio suscripto en los autos "M., N. R. c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo - acción especial"); ni el hecho, por demás relevante, de encontrarse este último gozando desde el 1 de octubre de 2013 de un beneficio jubilatorio, otorgado mediante resolución 238/3 del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme las disposiciones de la ley provincial 13.364 y su modificatoria, la ley 13.378.
Añade que se fijó como edad del actor al momento del infortunio la de cuarenta y nueve años, cuando en rigor de verdad debieron considerarse cuarenta y nueve años y diez meses; a la vez que se modificó la tasa de interés prevista en la "fórmula Méndez" (4%) por la estipulada en la "fórmula Vuotto" (6%), no encontrándose dicha definición respaldada por elemento alguno más que la somera mención a la "actual coyuntura de crisis económica y financiera".
En lo que respecta a la cuantía del daño moral reitera algunas de las argumentaciones que definieron el contenido del agravio dirigido a objetar el quantum establecido por daño material, y agrega que no resulta prudente fijarlo en el 50% de este último; no habiéndose explicitado además cuales serían las "circunstancias personales" que justifican la magnitud del resarcimiento.
En otra parte de la impugnación arguye que para declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 el tribunal interviniente efectuó el cotejo entre la extensión del resarcimiento al que accedería el actor en el marco del régimen común de responsabilidad emergente por aplicación de las disposiciones del derecho común y aquel otro que derivaría del sistema de prestaciones previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo, pero sin brindar todas las precisiones necesarias para comprender de qué manera arribó a la estimación de la prestación dineraria prevista por este último régime
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.