Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74128
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri , Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.128, "Vela Alicia Liliana y Otros contra Ministerio de Seguridad y Otro. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó en lo principal la pretensión anulatoria entablada por los accionantes, y sólo admitió a partir del 18 de octubre de 2012 el reconocimiento de las jerarquías de Mayor o Capitán, en virtud de la equiparación de haberes salariales efectuada por la ley 14.382 (v. fs. 424/429).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 433/440), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 442/443.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 452/453), dictada la providencia de autos (v. fs. 454) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó en lo principal la pretensión anulatoria entablada por los accionantes, y sólo admitió a partir del 18 de octubre de 2012 el reconocimiento de las jerarquías de Mayor o Capitán, en virtud de la equiparación de haberes salariales efectuada por la ley 14.382 (v. fs. 424/429).
I.1. Para así decidir consideró que la ley 13.236, (B.O. de 15-X-2004), estableció un nuevo régimen previsional para el personal en actividad y pasividad tanto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como de la planta permanente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y de sus respectivos pensionados; derogando el régimen del decreto ley 9.538/80.
Precisó que por el art. 27 de la mencionada ley 13.236, se estableció el régimen de movilidad de las prestaciones previsionales del siguiente modo: " Los importes de los beneficios establecidos en esta Ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese y deben ser actualizados de oficio por el Directorio de la Caja dentro de los sesenta (60) días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el Decreto-Ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la Ley 13.201 y el regulado por el Decreto-Ley 9.550/80 ".
Indicó que el Poder Ejecutivo dictó, en consecuencia, el decreto 1.766/05 (B.O. de 23-VIII-2005) " Estatuto del Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires " y, con posterioridad, el decreto 2.382/05 (B.O. de 20-X-2005).
Señaló que este último decreto estableció la correlación de cargos, indicando que: " La garantía de movilidad del haber previsional de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que hubieran accedido al beneficio revistando en el escalafón de Oficiales o Suboficiales del Decreto Ley 9550/80 resultará de la siguiente normativa aplicable: a) Para el agrupamiento Comando, del criterio de reconversión del personal policial expuesto en el Anexo I del Decreto Reglamentario 3326/04, modificado por Decreto 3436/04, de la Ley 13.201; b) Para el Agrupamiento de Servicios, del criterio de reconversión del personal policial expuesto por el Anexo 1 d) y 1 e) del Decreto 1766/05, modificado por su similar Nº 2197/05, que aprueba el Estatuto del Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ".
Sostuvo entonces que, por remisión del art. 21 del mencionado decreto 2.382/05, la actora plantea la inconstitucionalidad de los decretos 3.436/04 (B.O. de 3-III-2005), 1.766/05 (B.O. de 23-VIII-2005) y 2.197/05 (B.O. de 27-X-2005), así como también del art. 27 de la ley 13.236 y dec. 3.000/10, en cuanto aplica la correlación de niveles salariales del régimen jerárquico establecido por la ley 13.982.
Indicó, respecto a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1.766/05, que ya había tratado la delegación de facultades legislativa al poder ejecutivo en otros precedentes, en los que sostuvo que: " la observancia de este requisito esencial no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad administrativa por el ordenamiento (doc. CSJN, Fallos 308:132), y en tal supuesto su modo de concreción depende en cada caso del contenido de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa. En otros términos, el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo (CSJN, Fallos 324:1860)".
Al respecto juzgó que la interpretación que proponía la recurrente del art. 27 de la ley 13.236, carecía de sustento suficiente como para tachar de inconstitucional la reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo.
Observó que éste último hizo uso de las expresas atribuciones conferidas al efecto por el texto legal, sin que los extremos denunciados estuvieran acreditados con la necesaria notoriedad y evidencia que justificara la procedencia de una declaración de inconstitucionalidad, por lo que no advirtió exceso en la reglamentación; máxime cuando la ley 13.982 convalidó el nuevo régimen de personal.
Destacó asimismo que resultaban insuficientes las circunstancias alegadas por la parte actora respecto de lo injusto del reescalafonamiento dispuesto, afirmando que se reubicaba al personal policial en escalas jerárquicas que no se compadecían con la trayectoria recorrida a lo largo de toda su carrera, ni con las tareas y funciones realizadas.
Finalmente consideró también insuficientes los argumentos tendientes a obtener un reconocimiento de la jerarquía reconocida por la ley 14.382, en tanto no existían en la especie elementos para otorgar a la norma efectos retroactivos, y por el contrario la misma establecía que los efectos salariales serían aplicados a partir de los treinta días de su publicación (art. 3, ley 14.382 - B.O. de 18-IX-2012).
II. Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 433/440).
Planteó que la sentencia de primera instancia no trató la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 13.236 y del decreto de necesidad y urgencia 1.766/05; mientras que la Cámara lo hizo de manera insuficiente, errónea y arbitraria.
Se agravia diciendo que la sentencia apelada convalida la violación del art. 45 y 103 de la Constitución provincial de manera deliberada y dogmática.
Sostiene la ausencia de fundamentos para resolver del modo en que se hizo, sin abordar el tema ni refutar los argumentos de inconstitucionalidad planteados respecto de la ilegítima delegación que efectuara el art. 27 de la ley 13.236.
Manifestó asimismo que la sentencia del Tribunal de Alzada admitió tácitamente la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 1.766/05, al recurrir a una ficticia e inexistente convalidación posterior, que considera asimismo ilegítima.
Alega que el fallo pretende inferir que la ley del 27 de abril de 2009 convalida "de manera tácita" un decreto del año 2005, lo cual resulta a todas luces como incongruente por una simple cuestión temporal. Para más, señala que la ley no puede convalidar una inconstitucionalidad, ya que para ello sería necesaria una reforma constitucional.
Denuncia que el Tribunal de Alzada tuvo por no acreditados los extremos necesarios para declarar inconstitucional la normativa, pero no trató la violación al principio constitucional de legalidad que fue planteado en la demanda y encuentra fundamento en los arts. 45 y 103 de la Constitución provincial.
Señala que, por mandato de esas normas, no puede el poder legislativo delegar sus competencias constitucionales, y por ende le está vedado dictar una norma como el art. 27 de la ley 13.236, que establezca: "...el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales..."; ya que ello es competencia indelegable (art. 45, Const. prov.) del poder legislativo, ya que hay una norma constitucional que así lo dice (art. 103, Const. prov.).
Aduce que no enerva lo expuesto el hecho que el decreto de necesidad y urgencia 1.766/05 luzca como ratificado tácitamente luego de 5 años, ni el hecho que el decreto 3.000/10 indique, en sus considerandos, que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas al poder ejecutivo por el art. 144 de la Constitución provincial.
En esa inteligencia sostiene que tolerar que el Poder Ejecutivo pueda por decreto reglamentario modificar permanentemente salarios y escalafones -la cual es una atribución exclusiva, excluyente e indelegable de la legislatura-, implica una violación al principio de legalidad establecido por los arts. 45 y 103 de la Constitución provincial; máxime cuando esa desviación se efectúa perjudicando al sector.
Por último, denuncia que se omitió considerar que la sanción de la ley 14.382 da razón a esa parte, respecto que la temática en cuestión debe ser efectuada por la legislatura, no quedando ninguna duda respecto a que el art. 27 de la ley 13.236, el decreto 1.766/05 y 3.000/10, en cuanto aplican la correlación de niveles salariales del régimen jerárquico establecido por la ley 13.982, resultan inconstitucionales.
III. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no puede prosperar.
III.1. Preliminarmente cabe recordar que el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
Como quedó expuesto, la actora se queja de que el Tribunal de Alzada no declaró la inconstitucionalidad de la delegación que el Poder Legislativo efectuara mediante el art. 27 de la ley 13.236 al Poder Ejecutivo, y por ende de los decretos dictados en consecuencia, por vulneración de los arts. 45 y 103 de la Constitución provincial y a ese fin reproduce los mismos fundamentos dados en la demanda como en el recurso de apelación.
Al respecto, y en concordancia con lo dictaminado por el Subprocurador General (v. fs. 452/453 vta.), considero que la impugnación deducida no puede prosperar, desde que, no obstante las imputaciones enunciadas, los argumentos desplegados en el recurso en tratamiento no pueden considerarse un cuestionamiento suficiente de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para decidir su rechazo.
Sabido es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.).
Ahora bien, ha dicho también este Tribunal que en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, DJBA, t. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; A. 69.574 cit.; e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo (conf. Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003 y Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie.
Analizando los agravios expuestos por la recurrente, cabe destacar en primer lugar que el Tribunal de Alzada específicamente trato el planteo de inconstitucionalidad y sostuvo que la misma no podía desvincularse del alcance de las potestades atribuidas al ejecutivo por la delegación normativa y que, en tal supuesto, su modo de concreción depende en cada caso del contenido de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa. En otros términos, indicó que el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo y que, en el particular, la interpretación que proponía la recurrente del art. 27 de la ley 13.236, carecía de sustento suficiente como para tachar de inconstitucional la reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo.
Para ello observó que la administración hizo uso de las expresas atribuciones conferidas al efecto por el texto legal, sin que los extremos denunciados por la actora estuvieran acreditados con la necesaria notoriedad y evidencia que justificara la procedencia de una declaración de inconstitucionalidad, por lo que no advirtió exceso en la reglamentación. Por último destacó que resultaban insuficientes las circunstancias alegadas por la parte actora respecto de lo injusto del reescalafonamiento dispuesto, afirmando que se reubicaba al personal policial en escalas jerárquicas que no se compadecían con la trayectoria recorrida a lo largo de toda su carrera, ni con las tareas y funciones realizadas.
Frente a tales argumentos, la recurrente se ha limitado a mencionar, sin mayor desarrollo argumental, la vulneración de determinadas normas de la carta local, sin explicar acabadamente la inconstitucionalidad que pregona, sino solo a fundar dogmáticamente la prohibición de delegación en materia de empleo público.
Este Tribunal ha dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que formula una crítica genérica, manifestando una mera disconformidad con lo decidido, sin aportar argumentos que permitan dar por superados los fundamentos que surgen de la sentencia de la Cámara.
Es que la inconstitucionalidad de leyes no sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, sino que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. doctr. causas B. 57.197, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; A. 71.502, "Perilli", sent. de 27-VI-2012; entre muchas otras).
III.2. Para más, se recuerda que esta Suprema Corte, en causas semejantes a la de autos estableció que: " Del análisis de las normas aplicables al caso, surge que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201 (luego sustituida por ley 13.982) y el decreto 1.766/05, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encuentran en actividad.
De lo que surge prima facie la legitimidad de las normas analizadas, de las que no se advierte exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias ." (conf. doctr. causa A. 72.862, "Boyezuk, Delio Alberto" sent. de 18-X-2017; A. 73.959 "Belloti, Ángel Bruno", sent. de 06-VI-2018; e.o.)
III.3. Por último, tampoco resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la convalidación normativa posterior o el reconocimiento efectuado por la ley 14.382, ya que tales agravios debieron ser canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
IV. En función de lo expuesto, que estimo suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad intentado, de conformidad con lo expuesto por el Subprocurador General, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
El recurso no prospera.
Los agravios traídos ante esta instancia se agotan con el señalamiento de la transgresión por parte del precepto cuestionado a diversos derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional
y en su par provincial, sin efectuar una exposición acabada del conflicto que se plantea entre la norma que se impugna y las cláusulas constitucionales invocadas.
En tales condiciones, no advierto la incompatibilidad constitucional denunciada, ni los recurrentes han desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio orden jurídico (conf. mis votos en causas L. 72. 278, sent. de 3-XI-2004; L. 85.900, sent. de 6-VII-2005 y L. 84.229, sent. de 27-VII-2005).
Por ello y las demás razones concordantes expuestas por el ponente en el punto III.1. -a excepción del último párrafo- III.2 y III.3 de su exposición, doy mi voto también por la negativa .
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Conforme el relato de antecedentes efectuado por el colega que inicia el acuerdo cabe advertir que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 texto según ley 13.812).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-1V-2018; A. 73 862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 6-VI-2018; A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018, esta Suprema Corte indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, y decreto 1.766/05 (personal de apoyo), en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Considero pues que la impugnación aquí deducida no puede prosperar, atento que, sin perjuicio del planteo de inconstitucionali
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.