Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64780
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.780, "Córdoba, Abel Oscar Contra Provincia de Buenos Aires (Mrio. de Seguridad). Demanda Contencioso Administrativa".
I. El actor promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), solicitando una suma de dinero en carácter de indemnización prevista en la ley 11.880, actualizada a la fecha de su efectivo pago, con intereses y costas a la contraria.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta la demandada quien sostiene la legitimidad del obrar de la Administración y pide el rechazo de la acción.
III. Agregadas las actuaciones administrativas y el cuaderno de prueba de la parte actora, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Expresa el accionante que prestó servicios para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ingresando como agente aspirante el 21 de mayo de 1976, cumpliendo tareas en la Comisaría 5° de La Plata.
Que en mayo de 1989 fue trasladado a la División Sección Automotor. Luego, el 30 de septiembre de 1996 a la Comisaría 12° de la localidad de Villa Elisa y que, finalmente, el 3 de julio de 1997 se lo destinó a la primera de esas dependencias hasta el 18 de julio del mismo año.
En esta última fecha fue puesto en disponibilidad preventiva en razón de encontrarse involucrado -involuntariamente, sostiene- en hechos que dieron lugar a una causa penal.
Memora que a raíz del sumario iniciado (infracción art. 59, inc. 7, ley 9.550) se lo declaró prescindible de las filas policiales el 24 de julio de 1997, mediante resolución 137/97.
Reseña que las actuaciones administrativas en las cuales se le dictó, primero la disponibilidad preventiva y luego la prescindibilidad, nunca fueron resueltas por la Administración. Que ello fue así pese a que, en sede penal, con posterioridad al sobreseimiento provisorio obtuvo el definitivo (causa 7.220, infracción arts. 248 y 261, Cód. Penal, Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 13 de La Plata), circunstancias que fueron debidamente acreditadas en los expedientes de la instrucción sumarial.
Cuenta que, en razón del mantenimiento de su situación, solicitó la aplicación del art. 6 de la ley 11.880, que establece una indemnización para el personal declarado prescindible, conforme las pautas del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Afirma que, al no haber obtenido respuestas de parte de la autoridad, promovió la presente demanda entendiendo que se encontraba ante una denegatoria tácita por parte de aquella.
Funda su reclamo en lo previsto en los arts. 6 y 7 de la ley 11.880, modificada por la ley 12.056; así como el art. 7 de la ley 2.961.
Por último, ofrece prueba.
II.1. La demandada objeta en primer término la procedencia formal de la acción.
Alega que por aplicación del art. 14 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 -texto según ley 13.101-), en virtud de que el accionante no impugnara previamente en sede administrativa el acto cuestionado, se encuentra configurado un supuesto de falta de agotamiento de la vía administrativa.
Que, en efecto, el señor Córdoba no recurrió la resolución 25/00, por la cual se desestimara su reclamo indemnizatorio en razón de registrar actuaciones sumariales pendientes.
Que, en lugar de ello, formuló una presentación reiterando su pedido de resarcimiento previsto en el art. 6 de la ley 11.880, agregando copia de su sobreseimiento definitivo en sede penal.
Por último, sostiene que de tal modo la resolución citada se encontraba firme al momento de promover la presente demanda.
II.2. En relación al fondo de la cuestión, manifiesta que el pedido actoral carece de fundamento en la legislación que rige el caso.
Ilustra que la ley 11.880 declaró el estado de emergencia de la Policía Bonaerense en sus aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales; y que en virtud de ello se facultó a la autoridad administrativa a arbitrar la disponibilidad, jubilación, pase a retiro y prescindibilidad del personal policial.
Subraya que la norma previó que el personal declarado prescindible tenía derecho al cobro de una indemnización acorde las pautas del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que no estuviere alcanzado por un sumario administrativo o causa penal y no estuviese en condiciones de ser pasado a retiro o acogerse a la jubilación, atento no reunir los requisitos de años de servicio y edad exigidos por las leyes previsionales.
En tal sentido, sostiene que los agentes declarados prescindibles y que se encontraren en condiciones de obtener su jubilación, carecían del derecho a la indemnización mencionada.
Destaca que toda vez que el texto legal era claro y expreso, no cabía prescindir de sus términos. Y agrega que tampoco el accionante ha articulado un planteo de inconstitucionalidad de las normas aplicables tendiente a invalidarlo.
II.3. Seguidamente, repasa la situación del nombrado. Señala que éste goza de un beneficio previsional otorgado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense (beneficio n° 3.718/00) con alta en fecha 2 de julio de 1997, en el expediente administrativo 2138-7957/97.
Afirma que comprobada esta circunstancia, que revela que el peticionario goza de dicha prestación previsional, surge clara la imposibilidad de hacerse acreedor a la indemnización prevista en la ley 11.880, ya que tal resarcimiento tuvo como objetivo compensar la pérdida de estabilidad en el empleo, cuestión que no puede sostenerse cuando el agente accede a su jubilación.
Expresa que resolver lo contrario, haciendo lugar al pedido del señor Córdoba, generaría una situación de inequidad respecto al resto de los agentes que se encuentran retirados.
Finalmente, cita antecedentes del tribunal que respaldan su planteo y ofrece prueba.
III. En presentación de fs. 58/59, el accionante contesta el traslado conferido respecto del planteo de improcedencia formal efectuado por la demandada.
Esgrime que se encuentra acreditada su insistencia ante la Administración a efectos de que se reconociera su derecho a la indemnización del art. 6 de la ley 11.880, así como las irregularidades de aquella en el trámite de su solicitud.
Pone de relieve la falta de respuesta adecuada a sus escritos en oportunidad que notificara su sobreseimiento -primero provisorio y luego definitivo- y persistiera con el reclamo indemnizatorio, lo cual no modificó el temperamento adoptado por la nombrada en cuanto a la natural consecuencia de tener que cerrar el sumario administrativo iniciado en su contra y abonarle el resarcimiento, en virtud de que la denegatoria a su pedido había quedado sin sustento jurídico.
Afirma que resulta claro que las sucesivas presentaciones articuladas no obtuvieron respuesta por parte de la demandada, por lo que se configura un supuesto de silencio de la Administración que habilita la vía de la pretensión contencioso administrativa.
Y agrega que admitir lo contrario, es decir, vedar la procedencia formal de la presente, llevaría a legitimar una conducta a todas luces dilatoria por parte de su contraria.
IV. A fs. 73/114, se agregó el cuaderno de prueba de la actora. A fs. 126/127 y 119/120, obran los alegatos de las partes actora y demandada respectivamente.
V. De las constancias agregadas como prueba documental, instrumental, informativa y pericial resultan los siguientes elementos útiles para la resolución de la causa:
a. A fs. 2 y 3 del principal, presentaciones del actor dirigidas al Jefe de Policía agregando copia de sobreseimiento definitivo en sede penal y solicitando la resolución de las actuaciones administrativas.
b. A fs. 4, pedido para que se le abone la indemnización de la ley 11.880.
c. A fs. 5, pedido de pronto despacho para que se le otorgue la indemnización. Reiterado a fs. 6.
d. A fs. 49, certificado de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia de Buenos Aires denominado "consulta de beneficios".
e. A fs. 82/83, informe del Perito Contador Oficial; y a fs. 85/100 agregado el expediente administrativo n° 21.100-447.105/05.
f. A fs. 1, expediente administrativo n° 21.100-146.511/99 (agregado sin acumular), escrito del actor solicitando se le abone la indemnización del art. 6 de la ley 11.880.
g. A fs. 28 del citado expediente administrativo, resolución del Ministro de Seguridad provincial por el que se deniega el pedido en razón de encontrarse pendiente el sumario administrativo iniciado.
h. A fs. 34 del mismo, notificación personal del acto denegatorio.
i. A fs. 1, expediente administrativo n° 21.100-477.473/00 (agregado sin acumular), se presenta el actor denunciando su sobreseimiento definitivo en sede penal (copia adjunta a fs. 2), ratificando el pedido indemnizatorio.
j. A fs. 29, 30 y 33 del citado expediente administrativo, dictámenes de la Asesoría General de Gobierno y de la Contaduría General y vista del Fiscal de Estado respectivamente.
k. A fs. 44, copia de la resolución n° 137/97 del 24-VII-1997, por la que se declaró la prescindibilidad del actor junto con otros agentes a partir del 21 de julio de 1997.
VI. Analizados los elementos obrantes en autos, la primera cuestión a tratar es la defensa de improcedencia formal de la demanda, que fuera planteada por la representación de la accionada en su contestación.
Adelanto que, en mi opinión, la misma debe ser rechazada.
De las actuaciones administrativas y las constancias documentales obrantes en autos se desprende que el actor llevó adelante una insistente actividad ante la Administración, solicitando en reiteradas presentaciones su pronunciamiento en cuanto al resarcimiento solicitado y al cierre de las actuaciones disciplinarias en virtud de los resultados de la causa penal.
Esto se verifica claramente en presentaciones de la parte actora en sede administrativa; entre ellas, a fs. 2 y 3 del principal, dirigidas al Jefe de Policía agregando copia del sobreseimiento definitivo y solicitando la resolución de las actuaciones administrativas.
Luego, a fs. 4, un pedido para que se le abone la indemnización de la ley 11.880. Posteriormente, a fs. 5, presentó un pronto despacho insistiendo con el pago de la indemnización que, ante la falta de respuesta, reitera a fs. 6. De igual tenor es la presentación obrante a fs. 1 del expediente administrativo n° 21.100-146.511/99.
Asimismo, luego de la resolución del Ministro de Seguridad provincial, denegando el pedido en razón del sumario pendiente (v. fs. 28 del citado expte. adm.), una nueva presentación del actor reiterando la denuncia de su sobreseimiento definitivo en sede penal (v. fs. 1, expte. adm. n° 21.100-477.473/00, agregado sin acumular; copia adjunta a fs. 2) y ratificando el pedido indemnizatorio.
La atenta lectura de las actuaciones permite advertir no solo que las sucesivas presentaciones actorales no fueron debidamente respondidas por la Administración, sino que el último de los requerimientos, así como el pedido de pronto despacho, tampoco fueron evacuados por ésta, por lo que sostener la improcedencia formal de la pretensión por falta de agotamiento de la instancia administrativa, cuando se observa que hubo de parte de la postulante un actuar ciertamente dilatorio, resultaría un exceso de rigor formal impropio en vista a lo normado en el art. 15 de la Constitución provincial que tiene por fin resguardar el acceso irrestricto a la justicia.
En tal sentido, es oportuno señalar que esta Suprema Corte ha sostenido que, de acuerdo con la mentada cláusula, en caso de duda debe definirse la cuestión a favor de la admisibilidad de la acción, siendo que la regla in dubio por accione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa (causas B. 51.979 y B. 51.981, ambas sents. del 21-VI-2000; B. 64.113, sent. de 23-XI-2016; e.o.).
De ello se sigue que debe rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (conf. causas B. 51.837, "Empresa Ing. Gustavo Serafín Marín", sent. de 2-VI-1998; B. 51.979, "CHOIX SACIFICA C/Prov. Bs. As. (MOSP)", sent. de 21-VI-2000; B. 51.981, "CHOIX SACIFICA C/Prov. Bs. As. (MOSP)", sent. de 21-VI-2000; B. 53.836, "Cadegua", sent. de 21-III-2001; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 62.799, "Albornoz", sent. de 16-IX-2009; B. 59.642, "Baldi", sent. de 26-X-2010; B. 60.801, "Bardone", sent. de 7-IX-2011; B. 59.602, "Migueleiz", sent. de 4-IV-2012; B. 61.505, "Abril", sent. de 29-V-2013; B. 62.139, "Mac Namara", sent. de 15-VII-2015; entre muchas otras).
En virtud de ello, entiendo que corresponde rechazar el planteo fundado en la inadmisibilidad de la pretensión.
VII.1. Ahora bien, en cuanto al fondo de la cuestión, adelanto mi opinión adversa al progreso de la demanda entablada.
De la reseña efectuada por el actor se desprende que el nombrado, estando en servicio en dependencias policiales, fue puesto en disponibilidad preventiva al resultar involucrado en hechos por los que se instruyera una causa penal y se iniciaran actuaciones sumariales.
Posteriormente, en estas últimas, caratuladas "Infracción art. 59 inc. 7°, ley 9550", expediente n° 489.700/97 (en fotocopias), se dictó la resolución 137/97 (con fecha 24-VII-1997), por la que el Secretario de Seguridad provincial, dando cuenta de las actuaciones sumariales seguidas e invocando la ley 11.880 -que declarara el estado de emergencia en la Policía Bonaerense- dispuso declarar prescindible al accionante desde el 21 de julio de 1997, dejando en suspenso el pago de la indemnización allí prevista a las resultas del sumario.
A partir de ello, las peticiones formuladas por el señor Córdoba en sede administrativa se dirigieron a acreditar por ante la autoridad sumariante su situación personal en el proceso penal en que se hallaba incurso, para de ese modo dar sustento a su planteo dirigido a percibir la indemnización prevista en el art. 6 de la ley 11.880.
Así, formuló reclamos solicitando el cierre del procedimiento disciplinario en razón de los resultados de la causa penal, donde primero obtuviera un sobreseimiento provisorio y luego el definitivo.
Dichos reclamos adicionaban el pedido del pago de la citada indemnización por entender que, no habiendo imputación pendiente por delito alguno, le asistía tal derecho, toda vez que las actuaciones sumariales, iniciadas a partir de una investigación penal, indefectiblemente debían concluir sin sanción expulsiva, circunstancia que clarificaba la cuestión en el sentido de que su prescindibilidad se enmarcaba estrictamente en los términos del art. 6 de la ley 11.880, es decir, acompañada del mentado resarcimiento.
Tal pretensión, fundada en análogos argumentos fue instada ante la Administración por el demandante, incluyendo pedido de pronto despacho (presentaciones de fechas 12 de julio de 1999, 2 de noviembre de 2000, 3 de abril de 2001 y 11 de marzo de 2002). La falta de respuestas abrió la posibilidad de la presente acción, enmarcada en la configuración de un supuesto de retardación administrativa (art. 7, ley 2.961).
Pero lo que no está presente en el relato expuesto en la demanda, y que sí fue apuntado por la Fiscalía de Estado, es la circunstancia de que el accionante, paralelamente a su separación de las filas policiales, fue beneficiado con una prestación del régimen de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en un porcentaje de retiro del 100% del haber en actividad (v. fs. 49).
En verdad, este elemento completa el cuadro en el que debe analizarse el planteo traído por la parte actora, a efectos de discernir si le asiste razón en cuanto a que habiendo sido declarado prescindible como agente de la Policía provincial, le corresponde percibir la indemnización prevista en la ley 11.880, o si, dado que al tiempo de su exclusión se acogió al beneficio jubilatorio, dicha indemnización no encuentra base jurídica a los fines de su reconocimiento.
VII.2. En antecedentes de análoga configuración al de autos, el Tribunal sostuvo pronunciamientos -que he suscripto-, en los que examinó detalladamente la temática de la emergencia policial, así como las variantes en que podrían verse comprendidos los agentes alcanzados por dicha medida (causas B. 55.064, sent. de 27-V-1997; B. 57.766, sent. de 10-V-2000; B. 59.532, sent. de 15-XII-2010; B. 59.491, sent. de 29-VI-2016; e.o.).
La ley 11.880 declaró en estado de emergencia a la Policía bonaerense por el término de un año, comprendiendo aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de la institución; y estableció objetivos tales como transformar su estructura a fin de dotarla de eficiencia, optimizar sus recursos humanos y materiales, depurar y racionalizar los recursos humanos, implementar su fortalecimiento institucional e integrarla en un marco de servicio y credibilidad (art. 2 incs. a, b, c, d y e).
En función de los mismos, dicha norma facultó a la autoridad de aplicación (Secretaría de Seguridad) a asignar funciones y destinos, y a poner en disponibilidad, jubilar o pasar a retiro a todo el personal policial (arts. 2, 3, 4 y 9).
A su vez, suspendió toda norma que se opusiera a la citada ley y determinó que toda controversia de interpretación debía saldarse a favor de dicho régimen.
De este modo, en el marco de la situación excepcional planteada, se dispensaron los requisitos existentes en los regímenes generales, tanto reglamentario de la carrera policial como previsional, para el pase a retiro y el otorgamiento del haber de pasividad.
Por ello, la resolución 137/97 del Secretario de Seguridad (v. fs. 238, expte. adm. 489.700/97, en fotocopias), que declarara prescindible al señor Córdoba, a partir del 21 de julio de 1997, específicamente dictada por aplicación de la ley 11.880, se vio en los hechos complementada por el otorgamiento de un beneficio previsional de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con alta el día 22 de julio de 1997, es decir, en continuidad temporal con su separación, con un porcentaje de retiro del 100% en relación con el haber en actividad (beneficio n° 3.718/00; v. fs. 49, ppal.).
Esto aconteció independientemente de que el acto de exclusión hubiera dispuesto mantener en suspenso, a las resultas de las actuaciones sumariales y penales, la eventualidad de la atribución del resarcimiento normado en el art. 6 de la ley de emergencia (art. 2, resol. 137/97).
Pero la imposibilidad fáctica de decidir sobre el otorgamiento o no de la indemnización, en ese estadío del procedimiento administrativo, no conllevaba forzosamente la consecuencia que pretende el accionante. Más bien, cabría asegurar que ese estado de latencia cesó en el momento que el nombrado accedió al beneficio previsional, excluyendo desde entonces toda posibilidad de reconocimiento del pedido indemnizatorio.
En concreto, su haber previsional, otorgado a partir del día siguiente al de su segregación, resultó sustitutivo del derecho a la estabilidad en su cargo (doctr. causas B. 55.064, sent. de 27-V-1997; B. 57.766, sent. de 10-V-2000; B. 59.532, sent. de 15-XII-2010 y B. 59.491, sent. de 29-VI-2016).
En tal sentido, si bien el actor no obtuvo en tiempo y forma contestación a su requerimiento por parte de la Administración, ésta, en su accionar en el contexto de la emergencia policial declarada, no incurrió en violación de las
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