Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74556
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.556, "Descalzi, Claudia Elizabet y ot. contra Dirección General de Cultura y Educación. Pretensión restablecimientos o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión deducida. Impuso las costas a la recurrente vencida (conf. arts. 12 incs. 1 y 2, 51 inc. 2, 55, 58, 59 y concs., ley 12.008; v. fs. 395/400).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 404/414), el primero fue denegado por la Cámara interviniente (v. fs. 425/426), quien concedió el segundo a fs. 416/417.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 435) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La jueza de primera instancia entendió que el caso consistía en determinar si resulta procedente extender a los docentes de la Rama de Educación de Adultos, los beneficios salariales contemplados por las resoluciones 11.764/97, 1.236/99 y 6.786/00 dictadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para los docentes de Educación General Básica –EGB- (v. fs. 357 vta.).
En esa inteligencia estimó que la solución encuentra respuesta en la integración hermenéutica de las resoluciones citadas con la Ley Federal de Educación 24.195 y la Ley Provincial de Educación 11.612, las que distinguen a la Educación Básica General de la Educación de Adultos.
A partir de tal distingo, coligió que las resoluciones bajo examen resultan aplicables sólo a la EGB y que la resolución 431/99 es la que se aplica a la rama adultos.
Por último, estimó que el argumento vinculado a la falta de observación de los contralores presentados en sede administrativa por los actores, carecía de sustento, pues la simple presentación de las planillas no podía obligar "per se" al reconocimiento pretendido, en tanto carecía de respaldo normativo que reconozca ese derecho.
II. Apelada la sentencia (v. fs. 365/368), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de primera instancia.
Para así decidir, consideró que los cuestionamientos formulados por la parte recurrente no lograban desvirtuar la decisión recaída, la que no exhibía error de juzgamiento.
II.1. Indicó que, del análisis de las constancias de la causa, se desprendía que las críticas efectuadas traducían un mero desacuerdo con lo resuelto por la jueza de grado, que no logra demostrar desvío en la apreciación de los elementos de juicio, ni en la decisión adoptada.
Advirtió, a dicho efecto, que la parte actora replanteó alegaciones ya sostenidas en la demanda, sin constituir su escrito recursivo en una réplica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia apelada y consignó que los argumentos esgrimidos resultaban insuficientes para rebatir la motivación del fallo, además de resultar incorrectos en torno a la cuestión debatida.
En tal sentido consideró que la ley nacional 24.195 implementó la Estructura Básica integrada por la Educación Inicial, Educación General Básica, Educación Polimodal, Educación Superior y Educación de Posgrado (conf. art. 10), distinguiéndola de lo que llamó "Regímenes Especiales" entre los cuales incluyó, en el capítulo VII apartado individualizado con la letra "b", a la Educación de Adultos, fijando en el art. 30 los objetivos propios de la misma.
Señaló también que la ley provincial 11.612 (actualmente derogada por la ley 13.688, pero aplicable a los períodos reclamados) sigue los lineamientos de la mentada ley federal y trata a la rama de adultos como un régimen especial (conf. arts. 4 apdo. "b" y 6), otorgándose un diferenciado tratamiento legislativo a la EGB y al Régimen Especial de Educación de Adultos.
Consideró entonces que las resoluciones 11.764/97, 1.236/99, 4.947/95 y 6.786/00 eran sólo aplicables a la EGB, siendo aplicable a la rama adultos del Régimen Especial la resolución 431/99.
Agregó que la propia ley nacional 24.195, luego de definir la estructura del sistema educativo en su art. 10, dispone en su art. 11 que "El sistema educativo comprende, también, otros regímenes especiales que tienen por finalidad atender las necesidades que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica, y que exijan ofertas específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades del educando o del medio" y que los regímenes especiales se encuentran detallados en el capítulo VII de esa ley que, como se indicó, en el apartado "b" regula la Educación de Adultos.
Concluyó que los Regímenes Especiales, si bien forman parte del sistema educativo, no pueden considerarse incluidos -como pretenden los recurrentes- en la Estructura Básica de dicho sistema, y -menos aún- en la EGB. Afirmó que, según lo dispone el art. 11 de la ley citada, estos regímenes vienen a atender necesidades que no son satisfechas por la estructura básica, razón por la que no pueden confundirse.
Asimismo, manifestó que ello fue reconocido por los recurrentes a fs. 368, quienes argumentaron que la falta de pago del índice de la Educación Media a los docentes del Régimen de Educación de Adultos tiene como único fundamento que la administración omitió dictar el acto administrativo que extendiera el pago de dicha diferencia a estos trabajadores. Al respecto, indicó el Tribunal de Alzada que ello es así justamente porque la EGB y el Régimen Especial de Educación de Adultos se encuentran regulados en forma diferente y sobre esta base consideró que el planteo efectuado no podía prosperar.
II.2. Analizó también la resolución 431/99 (obrante a fs. 18/19), invocada por los recurrentes en apoyo de su pretensión, que en su art. 1 dispone que "...la Educación General Básica de Adultos comprenderá tres ciclos, en los servicios educativos destinados a Educación de Adultos, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, cuya duración dependerá de los progresos personales alcanzados por el destinatario. Los ciclos serán equivalentes a 1°, 2° y 3° Ciclo de EGB común en lo referente a Contenidos y Expectativas de Logro".
Advirtió que de la norma transcripta no surge la equiparación total del Régimen de Educación de Adultos con el de la EGB, sino que sólo comparten "Contenidos y Expectativas de Logro", sin prever la extensión -al Régimen Especial- del pago del índice de educación media.
Agregó que tampoco modificaba la solución el examen de los contralores administrativos acompañados como prueba por los actores, pues ellos demostraban la prestación de servicios, sin tener incidencia sobre el régimen normativo que les resulta aplicable.
Finalmente remarcó que el detallado estudio de los antecedentes de hecho y de derecho que el pronunciamiento de grado se encargó de efectuar, como la lógica del razonamiento expuesto en torno a las conclusiones de dicho examen, no encontraban en la expresión de los agravios una réplica congruente con esa profundidad de análisis y señaló que la reiteración de posiciones ya planteadas, sin embate efectivo del desarrollo argumental de la motivación del fallo, quebraba las posibilidades de progreso de la impugnación.
En línea con la ausencia de demostración del error en relación a la prueba considerada por el tribunal a fin de determinar el orden normativo aplicable, recalcó la libertad con la que cuentan los jueces en la selección del material probatorio y, en consecuencia, la posibilidad de inclinarse hacia determinados elementos acreditantes, descartando otros.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el que denuncia violación al art. 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional. Asimismo, acusa violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.1. En primer lugar, se queja de que la sentencia recurrida sustentó su decisión en la falta de un acto administrativo que dispusiera el pago del incide de educación media, que percibieron los docentes de la EGB, para la modalidad adultos.
Aduce que esa interpretación vulnera los principios de primacía de la realidad y de justicia social contenidos en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, así como los derechos a una justa retribución, como a igual remuneración por igual tarea, consagrados en el inc. 1 de esa norma y reconocidos también por la Constitución nacional.
Señala que yerra la Cámara cuando considera que las resoluciones 11.764/97, 1.236/99, 4.947/95 y 6.786/00 resultan aplicables sólo a la EGB y la resolución 431/99 sólo a la rama de adultos, por cuanto considera que surge de los regímenes de la vieja ley de educación provincial 11.612 la existencia de especialidades y/o modalidades dentro del mismo sistema de infraestructura básica, resultando un argumento contra fáctico que, existiendo divisiones en la clasificación de la ley, las únicas regulaciones aplicables sean las que la administración destina para las mismas.
Indica que la retórica utilizada por la sentencia recurrida no aborda el fondo de la cuestión, el cual es determinar si la educación de adultos se encuentra incluida dentro de la educación básica general y señala, a fin de que así se lo considere, que la ley federal habla en rigor de verdad de "educación general básica", debiendo colegirse de su letra que la educación de adultos se encuentra efectivamente incluida dentro de la EGB, en tanto ambas se rigen por un currículum único por nivel educativo, que resulta obligatorio para la validez nacional del título otorgado por ambas direcciones.
Acusa que quedó acreditado en autos que la resolución 431/99 implementó el currículum de la EGB en la rama adultos, por lo que se modificó el viejo séptimo año, pasando los docentes a dictar el currículum del tercer ciclo de la EGB, cumpliendo con los cuatro módulos, con lo que se transformaron sus condiciones de trabajo.
Afirma también que se agregaron a los autos los antecedentes documentales que dan cuenta de tales modificaciones, esto es los contralores de servicio educativo, que reflejan las prestaciones cumplidas por los docentes y sobre los que deben pagarse los salarios a los agentes del sistema educativo.
Considera que el juez de primera instancia apreció incongruentemente esa prueba documental -que no fue impugnada por la demandada-, la que acredita la prestación efectiva de servicios y la carga horaria cumplida en la escuela de adultos, la que resulta idéntica a la prestada por los docentes de la EGB, enseñando los mismos contenidos y brindando las mismas garantías pedagógicas-didácticas a los alumnos.
Alega que no se les pagó el índice de educación media porque la Administración omitió dictar el acto administrativo que extendiera el pago de dicha diferencia a los docentes de la rama adulta.
Indica que la resolución 6.786/00 expresa "que a partir de la implementación gradual y progresiva de la Transformación educativa, se advierte que los directivos que ejercen funciones de supervisión sobre el tercer ciclo de EGB, han sufrido una reducción implícita de sus haberes, al no efectuarse un reconocimiento económico de esa situación, tal como sucediera con la equiparación salarial de los maestros del séptimo grado". Con ello afirma que, ante la claridad del acto de la administración, resulta evidente la situación que denuncia -relativa a que se ha producido una denegación de derechos, imponiendo distintos reconocimientos salariales por una misma tarea- la que debe ser saneada.
Denuncia, con ello, la errónea aplicación del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que consagra el principio de justicia social, de interpretación a favor del trabajador y del principio de primacía de la realidad.
Manifiesta que dicha vulneración de derechos es producto de soslayarse que desempeñan las mismas tareas y que "la naturaleza jurídica del sueldo del agente público guarda íntima afinidad con la naturaleza de la función efectivamente desarrollada" (conf. doctr. de esta Suprema Corte).
En esta línea argumental, aduce que estando probado el empleo útil a favor del estado, tienen derecho a percibir la misma remuneración que los agentes de la Educación Básica General, y que una interpretación en contrario daría lugar a un enriquecimiento incausado por parte de la Administración y a la violación de la garantía constitucional de retribución justa e igualitaria por igual tarea, contempladas tanto en la Constitución nacional como en la provincial (arts. 14 y 39, respectivamente).
Por último, cita doctrina de esta Suprema Corte, en ese mismo sentido, que reputa violada.
IV. El recurso extraordinario interpuesto, atento la forma en la que fue planteado, no puede prosperar.
IV.1. En primer lugar, cabe advertir que, si la Cámara concluyó que el embate ensayado a partir de la mera reiteración de la tesitura defensiva, ya esbozada en la instancia anterior, se desentendía de las explícitas premisas que sustentaron la decisión del juez de grado, resultará entonces ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no denuncia que esa conclusión de la Cámara sea producto de un razonamiento absurdo.
En efecto, pese a que la misión del impugnante consistía en denunciar y demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia de su escrito postulatorio, aquel se limitó a expresar ante esta Suprema Corte argumentos similares a los brindados al formular demanda, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente (conf. doctr. causa A. 74.195, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 21-XI-2018).
IV.2. No obstante lo anterior, el Tribunal de Alzada, de todos modos, señaló que, atento el tratamiento dado por la ley nacional 24.195 y la provincial 11.612, la rama adultos resultaba un régimen especial, con un tratamiento legal distinto, por lo que no podía considerarse incluidos a los docentes de esa especialidad -como pretenden los recurrentes- en la estructura básica de dicho sistema, y -menos aún- en la EGB, en tanto atienden necesidades que no son satisfechas por la estructura básica (conf. art. 11, ley 24.195), y por tanto no le son aplicables las resoluciones 11.764/97, 1.236/99, 4.947/95 y 6.786/00 de la EGB.
Manifestó también que esa conclusión fue reconocida por los recurrentes, quienes argumentaron que la falta de pago del índice de la educación media a los docentes del Régimen de Educación de Adultos, tiene como único fundamento que la administración omitió dictar el acto administrativo que extendiera el pago de dicha diferencia a estos trabajadores y consideró que ello justamente obedece a que la EGB y el Régimen Especial de Educación de Adultos se encuentran regulados, en la legislación, en forma diferente.
Ahora bien, los recurrentes omiten atacar estos fundamentos centrales de la decisión cuestionada y, por el contrario, limitan su embate a sostener que la educación de adultos sí se encuentra incluida dentro de la EGB, al estar regida por un currículum único por nivel educativo, que fue implementado por la resolución 431/99, por la que se modificaron las condiciones de trabajo de la modalidad de adultos.
Discurre por otras vías al sostener que la ausencia de esas diferencias salariares reclamadas, tiene como único fundamento que la Administración omitió dictar el acto administrativo que extendiera el pago a los docentes de la rama adultos, lo que evidencia la insuficiencia del recurso, en tanto la sentencia recurrida justamente se basó en la falta de normativa que disponga dicho pago, por lo que llega incólume esa parcela del fallo a esta instancia extraordinaria.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra conmover los asertos que constituyen el fundamento central de la decisión, en tanto se omite efectuar una réplica idónea a las conclusiones que fundamentan el pronunciamiento, limitándose a trasuntar una discrepancia de criterio, que no demuestra de qué manera se habría producido la infracción legal o el absurdo denunciado (conf. doctr. causas C. 106.199, "Insúa", sent. de 19-XII-2012 y C. 99.777, "Galmarini", sent. de 10-VI-2009) y deja incólume los argumentos sobre los que se estructuró la sentencia atacada.
IV.3. Por último, el Tribunal de Alzada, para fundar su decisión, analizó también la resolución 431/99 (obrante a fs. 18/19) y coligió que de la lectura del art. 1 no se advertía una equiparación total del Régimen de Educación de Adultos y la EGB, sino que estimó que la asimilación se hace únicamente en lo referente a "Contenidos y Expectativas de Logro", sin prever la extensión -al Régimen Especial- del pago del concepto peticionado.
Los recurrentes no han logrado acreditar la errónea aplicación de la norma actuada por la Cámara en cuento ella fue leída restrictivamente, como únicamente extrapolando a la educación adula lo relativo a los "contenidos y expectativas de logro" propios de la EGB común, sin incluir otras adecuaciones tales como una mayor dedicación profesional o carga modular. Si lo que quisieron demostrar es que, no obstante la imprevisión reglamentaria, en los hechos sí se vio sobrecargada su función sin la correlativa contraprestación económica, es evidente que tal cosa no ha sido debidamente encarrilada en la primera etapa de juicio, lo que mucho menos podría dar lugar ahora a un no denunciado absurdo en la ponderación de los elementos probatorios de parte del órgano de segunda instancia.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que para que el escrito en que se funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse directa y concretamente a los conceptos con que se estructura la sentencia; y esa función no queda cumplida con la sola enumeración de determinadas normas legales si con ello se omite, justamente, la réplica al enlace conceptual que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. doctr. causas C. 112.074, "Lefimil ", sent. de 4-IV-2013; C. 98.627, "Solitín S.A.", sent. de 26-VIII-2009; e.o.).
Resulta también insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia como infringida la norma legal actuada por el tribunal y que constituye el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustenta el pronunciamiento (doctr. causas L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 111.014, "Macaroni", sent. de 5-IX-2012).
IV.4. Por último, el Tribunal indicó que tampoco modificaba la solución el examen de los contralores administrativos acompañados como prueba por los actores, pues ellos demostraban la prestación de servicios laborales, sin tener incidencia sobre el régimen normativo que les resulta aplicable.
Estas conclusiones a las que arriba la Cámara, en tanto constituyen la valoración de la prueba producida en autos, debió ser atacada por la denuncia y acreditación del absurdo, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho que discrepar con las decisiones
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