Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73248
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.248, "Esso Petrolera Argentina S.R.L. contra Municipalidad de La Matanza. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda. Impuso las costas a la actora vencida (art. 51 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 14.437; v. fs. 998/1.018).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la accionante interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 1.014/1.020 vta.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 1.029/1.030.
Oída la entonces señora Procuradora General (v. fs. 1.056/1.062 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.043), agregado el memorial a fs. 1.066/1.075 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
Y en su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda interpuesta por Esso Petrolera Argentina SRL, por la que ésta pretendía se excluyan de la base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, los ingresos brutos generados fuera del ejido municipal (conf. art. 35 primera parte, Convenio Multilateral).
Para así decidir, indicó que ya había tratado el tema en debate en distintos precedentes, donde se tuvo en cuenta que el art. 10 de la ley 10.559 de Coparticipación -en línea con lo previsto en el art. 1 de la ley 10.261, modificatorio del art. 8 del decreto ley 9.478/80- establece que: "Los Municipios de la Provincia no podrán establecer ningún tipo de gravamen a determinarse sobre los ingresos Brutos o Netos, gastos o inversiones de la industria, el comercio y los servicios. Se excluyen de la presente disposición la Tasa por derecho de construcción de inmuebles o delineación, la Tasa por derecho a los espectáculos públicos, la Tasa por habilitación de comercio e industria, la Tasa por inspección de Seguridad e Higiene y la Tasa por extracción de minerales. Cuando la base de medición que se determine sean los Ingresos Brutos devengados o percibidos, las mismas se establecerán a conformidad con lo dispuesto en el artículo 35° del Convenio Multilateral".
A su vez, esta última disposición del Convenio Multilateral -ley 8.960- establece que: "En el caso de actividades objeto del presente Convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente Convenio.
La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas, se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este Convenio, si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida.
Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al fisco provincial. Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto a las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales".
Indicó que, en primer lugar, surge del precepto transcripto que los municipios no podrán gravar en conjunto más ingresos que los que correspondan a la Provincia; y en segundo, que determina la forma de distribuir el tope de ingresos entre las municipalidades de una misma jurisdicción. Finalmente, precisa que si las normas locales sólo permiten aplicar el gravamen en los municipios donde exista local habilitado, los municipios donde los contribuyentes posean tal local podrán gravar en conjunto el 100% del monto atribuible al fisco provincial (cita causa de esta Suprema Corte B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 15-VIII-2012)
Por otro lado, agregó que en virtud del tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral (recién transcripto), se faculta a las jurisdicciones municipales en las que el contribuyente tenga un establecimiento habilitado a computar, en conjunto, el 100% del monto imponible atribuible al Fisco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de ingresos brutos, a efectos de liquidar el monto de la tasa de seguridad e higiene. Indicó que, en el presente caso, no se encuentra en discusión que la municipalidad demandada liquide el gravamen computando el 100% de los ingresos brutos atribuibles al Fisco provincial, como prevé dicho convenio.
Sostuvo que tampoco es materia de controversia, de acuerdo al escrito inicial y la réplica, que exista un exceso en el cómputo de ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires a ser prorrateados entre dos o más comunas, en donde la firma tenga local habilitado. En efecto afirmó que no se planteó en la pieza recursiva en análisis que, como dato relevante a estos efectos, la firma actora únicamente pague la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en otro municipio donde obtuvo ingresos brutos dentro de la Provincia de Buenos Aires, que no sea el de La Matanza (v. apelación a fs. 970 vta., tercer párr.).
Señaló que el apoderado de la recurrente sintetizó la cuestión -ver fs. 970 vta. tercer y cuarto párrafo- al decir que "la actora nunca acusó una múltiple imposición sino que cuestionó las facultades de la demandada para extender sus facultades impositivas a hechos económicos fuera de sus límites"; "la circunstancia que mi mandante no haya pagado tasa de inspección en otro municipio donde obtuvo ingresos brutos, de ningún modo autoriza a que La Matanza pueda acrecentar su base imponible incorporando las actividades económicas que se produjeron a extramuros de sus límites geográficos".
Por todo lo cual, afirmó que no se aprecia la hipótesis en que la comuna se arrogue la porción atribuible al fisco de la provincia de Buenos Aires con exclusividad, sin prorratearla, como indica el art. 35 del Convenio Multilateral, con otro municipio de la provincia donde la firma cuente con un establecimiento habilitado.
Sobre esa base, sin perjuicio de los criterios que emergen del precedente de la Corte Suprema de Justicia de Nación "YPF c. Municipalidad de Concepción del Uruguay", de 7-II-2006, manifestó que corresponde considerar la interpretación brindada por el Tribunal en supuestos análogos al de autos -causas B. 54.620, "Compañía Argentina de Seguros Providencia SA", sent. de 28-V-1996; B. 56.058, "Molinos Río de La Plata S.A.", sent. de 13-IX-2000- que difiere de la que propone la recurrente.
Indicó que en ambos precedentes, esta Suprema Corte, frente a la pretensión de la actora consistente en que la comuna demandada -únicamente- compute los ingresos registrados en su jurisdicción municipal para liquidar la tasa de seguridad e higiene, sostuvo que: "la circunstancia que no concurran otros municipios no desplaza la posibilidad de gravar en un ciento por ciento (100%) los ingresos provinciales, ya que la falta de participación tributaria entre más de una comuna autoriza el gravamen del ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al fisco provincial" (art. 35, párr. final, convenio multilateral cit.).
Exhibió que esta Corte admitió, en consonancia con el texto literal del tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral, que las comunas pueden computar el 100% de los ingresos brutos atribuibles a la Provincia de Buenos Aires.
En dicho contexto entendió que no existía un apartamiento por parte de la accionada de lo previsto en el tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral citado; motivos estos por los cuales tuvo por abastecida en forma suficiente la desestimación del recurso en tratamiento, en cuanto postula una extralimitación de la potestad tributaria municipal, en punto a la cuantificación de la Tasa de inspección de seguridad e higiene.
II. Contra tal decisorio, la actora interpone recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, y de inconstitucionalidad.
Luego de fundar el primero, expresa que para el hipotético caso de que se considere que esa vía procesal no resulte la más apta para revocar la sentencia recurrida, y teniendo en cuenta el difuso límite del marco cognitivo de los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, solicita se considere la impugnación por la vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 1.019).
II.1. Allí indica que la interpretación por la que el municipio se considera habilitado por los arts. 35, tercer párrafo del Convenio Multilateral y 23 inc. "i" de la ordenanza fiscal de La Matanza a determinar y percibir tasas utilizando como base imponible de las mismas a ingresos no generados en locales habilitados de su jurisdicción territorial, "afecta el principio constitucional de razonabilidad" (conf. arts. 15, Const. prov. y 28, Const. nac.).
Concluye afirmando que si el municipio se encontrara autorizado a gravar ingresos ajenos a su jurisdicción territorial "se estaría desnaturalizando y desorbitando la matriz técnica (económica) de la tasa", con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
III. Oída la opinión formulada por la entonces señora Procurador General a fs. 1.056/1.062, compartiré la solución propuesta, por los siguientes fundamentos.
III.1. Como consideración preliminar debo dejar sentado que, si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y otro (conf. doctr. causas A. 72.054, "Hochegger, Norma Beatriz y ot.", sent. de 29-VIII-2018; P. 70.428, "L., H.", sent. de 17-VII-2002 y P. 80.176, "C., R. F.", sent. de 6-VII-2005).
III.2. El objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego -o el desapego- de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC). De allí que en esta cuestión analizaré la impugnación efectuada por la recurrente que dan sustento al caso constitucional, posponiendo el tratamiento de aquellas otras, propias del recurso de inaplicabilidad de ley, que habrá de realizarse al tratar la segunda cuestión.
En primer lugar, la objeción a que el poder tributario municipal pueda o no exceder su jurisdicción territorial, lo que se configuraría si para cuantificarse una tasa municipal se tienen en cuenta hechos económicos acaecidos fuera de los límites territoriales del municipio, no merece acogida.
Esta Suprema Corte ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto en las causas B. 54.620, "Compañía Argentina de Seguros Providencia", sentencia de 28-V-1996 y B. 56.058, "Molinos Río de La Plata", sentencia de 13-IX-2000, donde se consideró aplicable el citado art. 35, tercer párrafo del cuerpo normativo citado, precisándose además que la circunstancia de que no concurran otros municipios no desplaza la posibilidad de gravar en un ciento por ciento (100%) los ingresos provinciales, ya que la falta de participación tributaria entre más de una comuna autoriza el gravamen del ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial. Doctrina ratificada en ocasión de decidirse las causas B. 65.396, "Esso", sentencia de 22-VI-2016 -iniciada por la recurrente de autos- y A. 72.480, "Petersen, Thiele y Cruz S.A. de Construcciones y Mandatos", sentencia de 15-III-2017.
Por lo demás, los agravios enderezados a obtener una declaración de inconstitucionalidad, se agotan en el señalamiento de la transgresión por parte de las normas cuestionadas al principio de razonabilidad reconocido en la Constitución nacional, sin efectuar una exposición acabada del conflicto que se plantea entre la norma que se impugna y las cláusulas constitucionales invocadas.
En tales condiciones, no advierto la incompatibilidad constitucional denunciada, ni la recurrente ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (conf. mis votos en A. 72.797, "Iglesias", sent. de 13-VII-2018; L. 72.278, "Iglesias, sent. de 3-XI-2004; L. 85.900, "Díaz", sent. de 6-VII-2005 y L. 84.229, "González", sent. de 27-VII-2005).
Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la actora.
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la actora denuncia violación de la doctrina emergente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Acusa errónea aplicación de la ley 14.393, que modificó el art. 226 inc. 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
I.1. Aduce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que un fisco no podría gravar más allá de la porción de actividad efectivamente desarrollada en su territorio.
Señala que tiene que haber un punto de conexión entre las actividades desarrolladas y el municipio para que éste pueda tomarlas como base imponible del tributo, extremo que denuncia no se cumple en autos, en tanto la comuna pretende gravar los ingresos obtenidos en otros municipios donde el contribuyente no posee local o establecimiento habilitado, respecto de los cuales no tiene ninguna vinculación.
Cita la doctrina que deriva de la causa "YPF c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay", donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Convenio Multilateral no prevé la posibilidad de acrecentamiento de la porción gravable de una jurisdicción frente a la falta de prueba de pago del tributo en otra y otras.
Sostiene que los tribunales deben completo acatamiento a los fallos de la Corte nacional, en función de la autoridad moral e institucional de sus pronunciamientos; y que la sentencia impugnada se aparta de dicha doctrina sin aportar nuevos argumentos sobre la cuestión debatida.
Asimismo, señala que esta Suprema Corte no se pronunció al respecto luego de que el thema decidendum fuera tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
I.2. Denuncia que se omitió toda consideración sobre el agravio relacionado con el alcance otorgado por la Comisión Arbitral al art. 35 del Convenio Multilateral.
Sostiene que dicho organismo en la causa "Roman SAC", resolución 56/07, le ordenó al municipio aquí demandado gravar sólo aquellos ingresos cuyo origen se produzca en su propio territorio. Y que por resolución 33/11 se estableció que los municipios de la Provincia de Buenos Aires no pueden aplicar lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral, en razón de que no existe en dicha jurisdicción una norma de carácter provincial que exija el local habilitado para la procedencia de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, debiendo aplicarse las disposiciones del segundo párrafo de la norma antes citada.
Manifiesta que teniendo en cuenta que no existía al momento de la determinación de deuda una norma provincial en ese sentido, es claro que la distribución debió hacerse en virtud del segundo párrafo del art. 35; máxime cuando es el único que permite un adecuado correlato con las facultades de imposición del municipio.
Alega que recién a partir del 1 de enero de 2013, por la modificación operada por la ley 14.393 al art. 226, inc. 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las comunas fueron facultadas al cobro de la tasa siempre que "exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado, situado dentro del ejido del Municipio", en los términos del tercer párrafo del art. 35 ya citado.
Atento el cambio normativo, considera que deberá necesariamente considerarse que antes de tal fecha no existía una norma general que prevea dicho requisito (exigencia del tercer párrafo del art. 35) y por lo tanto resultaba de aplicación el párrafo segundo de la norma.
II. Adelanto que el recurso no prospera.
II.1.a. En lo atinente a la aplicación de lo dispuesto por el Convenio Multilateral, respecto a la asignación de los ingresos brutos totales obtenidos por la contribuyente, las quejas presentadas merecen ser desestimadas, pues la Cámara -como se adelantara al tratar la primera cuestión- ha resuelto la controversia aplicando correctamente la doctrina de esta Corte, recientemente ratificada, sin que la impugnante expusiese razones válidas que conduzcan a modificar el criterio adoptado.
II.1.b. Tal como acertadamente lo expresara la Cámara, dicha conclusión se ajusta a la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 54.620, "Compañía Argentina de Seguros Providencia", sentencia de 28-V-1996 y B. 56.058, "Molinos Río de La Plata", sentencia de 13-IX-2000.
En efecto, también allí se consideró aplicable en supuestos análogos al de autos el citado art. 35, tercer párrafo del Convenio Multilateral, precisándose además que la circunstancia de que no concurran otros municipios no desplaza la posibilidad de gravar en un ciento por ciento (100%) los ingresos provinciales, ya que la falta de participación tributaria entre más de una comuna autoriza el gravamen del ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial.
Criterio que fue ratificado en las causas B. 65.396, "Esso", sentencia de 22-VI-2016; A. 72.480, "Petersen, Thiele y Cruz S.A. de Construcciones y Mandatos", sentencia de 15-III-2017 y A. 73.684, "AMX Argentina S.A.", sentencia de 9-V-2018.
II.1.c. No altera el criterio que ha sido expuesto el argumento basado en lo establecido por la primera parte de la regla en cuestión.
En su tercer párrafo, el art. 35 del Convenio Multilateral reza: "Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al fisco provincial".
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.