Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74540
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de dos mil 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.540, "Bahía Petróleo S.A. contra Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que -a su turno- había rechazado la demanda promovida por Bahía Petróleo S.A. contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con el objeto de obtener la redeterminación del canon correspondiente al Contrato de Concesión del Servicio Público de la Posta de Inflamables del Puerto Galván, por el período comprendido entre el mes de diciembre de 2003 y el mes de enero de 2006 (v. fs. 232/249).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 255/265).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 283), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 288/318) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La empresa Bahía Petróleo S.A. promovió demanda contencioso administrativa contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca pretendiendo que se declare la nulidad del Acta del Directorio 617 de fecha 14 de octubre de 2008, y se condene al ente portuario a pagar las diferencias que surjan entre la redeterminación del canon no reconocido y los montos efectivamente abonados durante los meses de diciembre de 2003 a enero de 2006, con intereses.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca desestimó la demanda deducida y le impuso las costas del proceso a la actora por resultar vencida (v. fs. 185/193).
Apelado dicho pronunciamiento por la accionante (v. fs. 200/213), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso articulado y revocó la sentencia de grado en todo lo que fue materia de agravios (v. fs. 232/249).
I.1. Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que la denegatoria del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca a la solicitud de redeterminación del canon por el período reclamado, instrumentada en el Acta 617 (v. fs. 94, anexo 2 de la documental) carece de los presupuestos mínimos de una adecuada fundamentación que posibilite conocer los fundamentos de la decisión.
Explicó que la parte pertinente del acta cuestionada vinculada al objeto del presente proceso, remite de manera genérica a los informes técnicos producidos en el procedimiento administrativo, los cuales no han sido transcriptos en aquella, como tampoco se ha hecho mérito expreso de su contenido, circunstancia que lleva a predicar por sí la nulidad de la misma.
Añadió que, para más, los dictámenes producidos por la Asesoría Contable y la Asesoría Legal del ente portuario admitirían una interpretación diversa a la que en definitiva quedó plasmada en el Acta del Directorio, cuestión que condujo al a quo a efectuar un análisis pormenorizado de los informes técnicos antes referidos (v. puntos 3.2.1.1. y 3.2.1.2. de la sentencia obrante a fs. 232/249).
Afirmó que en autos no se encuentra controvertida la circunstancia de que se produjo una variación superior al 10% en el valor de referencia que habilita al procedimiento de negociación para la redeterminación del canon, de conformidad a lo establecido en el punto tercero de la addenda al contrato de concesión.
Advirtió que de los informes técnicos surgen inconsistencias por cuanto, por un lado, se insta a iniciar las negociaciones tendientes a determinar en forma consensuada el valor del canon y, por otro, se afirma que el incremento superior al 10% en el valor de referencia no conlleva automáticamente su traslado a la prestación pecuniaria a cargo del concedente, debiendo demostrarse una ruptura en la ecuación económica financiera mediante un análisis de costos de la concesionaria.
De igual modo, la imposibilidad de que la redeterminación pretendida tenga efecto retroactivo no concuerda con la cláusula primera de la addenda oportunamente suscripta por las partes en la cual se estipuló el valor del canon con retroactividad al día 1 de enero de 2003.
Por último, señaló que la contradicción más evidente surge del reconocimiento del disparo de la cláusula de reajuste aplicada por las partes para redeterminar el canon para el año 2006 y la consiguiente habilitación para renegociar el precio del servicio prestado por la parte actora y, a la vez, postular la imposibilidad legal de su aplicación para el período reclamado por estar vedado cualquier tipo de indexación o reajuste de valores.
Por los fundamentos antes descriptos, el Tribunal de Alzada juzgó que el acta impugnada por la accionante carece de la motivación que, especialmente en materia de potestades discrecionales, deben tener los actos de la Administración.
Adentrándose en el análisis de la addenda suscripta por las partes, señaló que el art. 3 de la misma instituye un mecanismo para arribar -a partir de consensos o acuerdos- a un nuevo precio del canon en el caso que se verifique la condición tasada, la cual consiste en una variación en más o en menos del 10% del valor de referencia, el que se compone en un 34% por el valor de la mano de obra de un oficial, un 17% por la variación en el valor del dólar estadounidense con base en el correspondiente al mes de enero de 2003 y, el 49% restante, por la variación en el Índice de Precios Interior Mayorista publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), también con base en enero de 2003.
En este tópico advirtió que el magistrado de grado yerra al ponderar que la cláusula anteriormente aludida solo habilite a iniciar negociaciones, desconociendo de ese modo la finalidad que las partes tuvieron en miras al suscribir el acuerdo, a saber: "incorporar un mecanismo de adecuación de los términos económicos de la contratación -celebrada para regir un prolongado espacio temporal-, en la medida que surgieran en su decurso alteraciones de cierta magnitud en las variables principales de la convención, que permitiera su natural aggiornamento y, así, su pervivencia" (sic).
Más aún, afirmó que la postura asumida por la entidad demandada ante la redeterminación del canon objeto del presente proceso, se contrapone con la conducta que asumiera en supuestos similares sucedidos a lo largo del contrato.
Concluyó que la addenda no contiene una clara regulación ante el fracaso de acuerdos para determinar el recálculo, exigiéndosele a la parte actora la prueba de la ruptura de la ecuación económica contractual por el período reclamado.
Sostuvo que el objeto de las partes al suscribir la addenda fue incorporar un mecanismo de adecuación de los términos económicos de la contratación, en la medida que surgieran alteraciones de cierta magnitud en las variables principales de la convención, fijándose como pauta para iniciar las negociaciones un umbral mínimo de aumento de un 10% en ciertas variables predeterminadas.
Por lo tanto, estimó que la exigencia de la accionada de que se acredite la ruptura de la ecuación económica del contrato a través de un análisis de costos, importa un requerimiento que exorbita la cláusula de redeterminación establecida en la addenda , que establece como parámetro la variación del 10% en más o en menos del valor de referencia para iniciar las negociaciones.
Indicó que los argumentos de la entidad demandada con relación a su oposición para aplicar las previsiones de la Ley General de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y a desestimar el reajuste solicitado por las disposiciones de los arts. 10 y 13 de la ley 23.928, mantenidos por su modificatoria 25.561, conduce a la aplicación en la especie de la teoría de los propios actos, pues la conducta asumida por el ente portuario a lo largo del iter contractual resulta contraria a la postura asumida en la presente contienda.
En ese sentido, afirmó que durante el plazo de vigencia del contrato la demandada redeterminó -al menos en dos oportunidades- el precio del canon a pagar.
Por los fundamentos antes desarrollados, el Tribunal de Alzada anuló lo dispuesto en el acta cuestionada en relación con la negativa del ente portuario a redeterminar el precio del canon en el período diciembre de 2003 a enero de 2006.
I.2. Con relación al quantum de las sumas reclamadas, el Tribunal de Alzada reconoció el derecho a percibir las diferencias en el valor del canon que resultan de la pericia producida en autos.
Partió por tener por demostrado que era aplicable el art. 3 de la addenda al contrato de concesión, que las negociaciones entre las partes resultaron infructuosas, y que se verificó un incremento de más del 10% del valor de referencia establecido en la cláusula tercera.
Sostuvo que la previsión aplicable fija claramente qué variación debe registrarse en los valores de referencia a fin de proceder a la renegociación y, en consecuencia, al recálculo del precio, no siendo necesario -por no estar previsto específicamente por las partes- la acreditación por parte de la reclamante de la ruptura de la ecuación económica del contrato.
Afirmó que los valores de referencia adoptados por las partes (valor de mano de obra, valor de la moneda extranjera y de los precios mayoristas) configuran estándares objetivos no solo para iniciar las negociaciones sino también para ser adoptados como incrementos registrados.
Sobre las conclusiones a las que arribó la pericia contable (v. fs. 100/106, 118/125, 136/137) cuantificó el importe a abonar en $84.000, monto que aplicando los porcentajes de incremento durante los períodos en que se registró la variación de los valores de referencia y restando lo abonado en cada uno de ellos, arroja un monto total de $476.827,41, al que deberá adicionársele los intereses que serán calculados con la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de depósitos a treinta días, desde la fecha en que se registraron cada una de las diferencias en el valor del canon que fijó la pericia de autos y hasta el efectivo pago.
Respecto de las costas de ambas instancias, las impuso al Consorcio demandado en su condición de vencido (arts. 274, CPCC y 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el cual denuncia la violación de la ley 23.928 y su modificatoria 25.561, en cuanto prohíben la indexación de precios, actualización monetaria, variación de costos o repotenciación de deudas (arts. 7 y 10, ley 23.928).
Asimismo, acusa absurdo en la valoración de la prueba producida en autos y transgresión de los arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.1. Indica que el fallo impugnado propone una solución reñida con las leyes 23.928 y 25.561, soslayando que el mecanismo que establecieron las partes al acordar un valor de variación de ciertos parámetros económicos testigos a partir de los cuales se podrá acordar un nuevo valor del contrato, lo es a los fines de mantener la ecuación económica financiera del prestador.
Manifiesta que el cálculo -para alcanzar una redeterminación del canon conforme a derecho- debe realizarse sobre los costos, y no sobre el precio, como pretende la parte actora y utiliza erróneamente el Tribunal de Alzada para determinar el valor en su sentencia.
Sostiene que en esa línea se mantuvo el ente portuario habiéndole requerido a la prestataria, ante el aumento en el valor de referencia, la demostración del impacto de la variación de los costos en la conformación del precio de la prestación en el marco de la ecuación económica financiera del contrato, hasta el límite de tolerancia de afectación conforme el riesgo empresario que debe asumir una empresa privada.
Indica que la evaluación de costos no fue aportada por la parte actora cuya pretensión consistió en la aplicación de un ajuste automático del canon por el mantenimiento de la Posta de Inflamables en Puerto Galván.
Aduce que el accionante se desentiende del intento de probar el impacto de la variación de costos de su prestación en la composición del precio que percibía por su servicio de mantenimiento, siendo que dicha carga pesaba exclusivamente sobre esa parte en tanto requirente del ajuste del mismo.
Se agravia que el tribunal interviniente establece un valor en la sentencia que se sustenta en una actualización monetaria basada en una fórmula polinómica que solo fue acordada por las partes a efectos de iniciar una etapa de negociación tendiente a recomponer el precio conforme los costos reales y probados.
II.2. Con relación al absurdo señala que el Tribunal de Alzada vulneró los arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial respecto a la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica y, específicamente, la pericial.
Endilga un error en la interpretación tanto del texto del Acta del Directorio 617 como de su alcance. Asimismo, alega que el Tribunal de Alzada incurre en un error in iudicando al apartarse de las constancias obrantes en el expediente administrativo 0008/95.
Específicamente aduce que yerra el a quo al ponderar la nota 713/08 y demás constancias del expediente administrativo (v. fs. 92 de la prueba documental) en las cuales el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca consideró atendible la redeterminación del canon sin que se haya podido arribar a un acuerdo con Bahía Petróleo S.A. por su reticencia en demostrar la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato en base a las alteraciones objetivas del costo de los componentes del precio de la provisión.
En relación con la interpretación de la prueba pericial contable, la deficiencia que apunta consiste en que la misma parte del presupuesto erróneo de que la sola variación de los valores de referencia para la fórmula de disparo en un 10% en más, determina ipso iure la obligación de recomposición.
Sostiene que ello no es acertado dado que dicha variación no implica necesariamente un impacto en la ecuación económica financiera del contrato.
Reitera que la addenda habilita la apertura de una etapa de negociación entre las partes, correspondiéndole a la accionante probar la alteración del conjunto de factores que determinan el quiebre de la ecuación económica del contrato.
Concretamente señala que el fallo impugnado vulnera las reglas de la sana crítica por cuanto se asienta sobre la base de la pericia contable que fue impugnada (v. fs. 133/134). Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Por último, se agravia que la parte actora no explicó la manera en la cual cuantificó la pretensión deducida afectando de ese modo el derecho de defensa del ente portuario, circunstancia que no puede ser salvada por la pericia contable practicada como prueba a su cargo.
Afirma que la Cámara interviniente suplió la falta en la que incurrió la actora, concluyendo que el cálculo de los importes adeudados deberá realizarse sobre la base de la pericia contable.
III. De conformidad con las constancias de la causa se desprenden los siguientes elementos útiles a los fines de resolver la cuestión:
a) El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 3/96 (v. fs. 114/199, anexo 3 de la prueba documental), en el que se previó el régimen económico financiero de la concesión que, en lo que al objeto de la presente causa interesa, estipuló: "el Concedente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca) le abonará al Concesionario una compensación por las tareas de mantenimiento del muelle, control de acceso al ámbito de la concesión y contratación de seguros de responsabilidad por la operación portuaria que se encuentre a su cargo, la suma que resulte de la oferta, en cuotas mensuales iguales y consecutivas" (art. 7 inc. "c", capítulo I del Pliego de Bases y Condiciones).
Con relación a las ofertas, el Pliego de Bases y Condiciones estipuló que deberán ser presentadas en dos sobres (sobre A: que contendrá los títulos y antecedentes, y la garantía de la oferta; y sobre B: Oferta, Canon y compensación por mantenimiento de muelle). En cuanto al contenido del sobre B, el art. 19.2 del Pliego fija un importe de referencia de la compensación de $280.000 anuales, y un máximo permitido que no deberá superar el 20% del mismo.
b) El Contrato de Concesión de Servicios Públicos de la Posta de Inflamables de Puerto Galván, suscripto con fecha 30 de julio de 1996, derivado de la Licitación Pública 3/96 (v. fs. 99/113, anexo 3 de la prueba documental), cuya cláusula séptima en su parte pertinente establece una prestación dineraria a cargo del ente portuario (concedente) de $24.583,33 mensuales, que implican la suma de $295.000,00 anuales y que deberá abonarle a la firma actora (concesionario) por el mantenimiento del muelle, instalaciones y equipos, tareas de seguridad respecto del control de acceso al área concesionada, y por la contratación de seguros de las operaciones portuarias a su cargo.
c) Con fecha 19 de diciembre de 2003 las partes suscribieron un acta de redeterminación de canon por mantenimiento de la Posta de Inflamables de Puerto Galván, la que fue instrumentada mediante una addenda al contrato de concesión (v. fs. 96/98, anexo 3 de la prueba documental), en la cual -en lo que al sub judice concierne- se fijó una nueva suma dineraria ($52.171,95 mensuales, es decir, $626.063,40 anuales), que comenzaría a regir a partir del día 1 de enero de 2003. En el punto tercero se acordó que ante la variación en más o en menos del 10% del valor de referencia establecido en dicho instrumento, las partes podrán solicitarse recíprocamente la iniciación de negociaciones tendientes a redeterminar el valor del canon establecido en la cláusula primera de la addenda .
d) La empresa actora solicitó la redeterminación del valor del canon por un monto de $84.540,87 mensuales desde diciembre de 2003 y hasta febrero de 2006 (v. fs. 3, anexo I de la prueba documental).
e) La entidad demandada reconoció mediante Acta del Directorio de fecha 28 de agosto de 2006 un valor de la prestación dineraria de la cláusula séptima del contrato de concesión de $84.000 de febrero a mayo de 2006 y $87.000 desde junio de 2006 hasta enero de 2007 (v. fs. 60, anexo II de la prueba documental).
IV.1. En dicho marco corresponde analizar el recurso interpuesto, el que -adelanto- no puede prosperar atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
A esta altura debo recordar que el proceso se funda en una pretensión anulatoria (con relación al Acta del Directorio 617 cuya transcripción luce a fs. 94 del anexo 2 de la prueba documental) y en el reconocimiento de las sumas de dinero correspondientes a la diferencia que surja entre lo abonado y lo no reconocido por el ente portuario por el período diciembre 2003 a enero de 2006.
La parte actora denunció la falta de motivación en el acto denegatorio y así lo entendió el Tribunal de Alzada que sostuvo, aun teniendo en cuenta la excepcional doctrina de este Tribunal por la cual los actos administrativos pueden integrarse con los dictámenes que lo preceden y que constituyen su indudable antecedente que, en el caso, no se verifican los requisitos a los cu
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