Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120889
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.889, "Fernández, Marcelino Rubén contra Ros Argentina S.A. y otros. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 656/670 vta.).
Se interpuso, por QBE ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 717/730 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Marcelino Rubén Fernández y condenó a QBE ART S.A. (hoy Experta ART S.A.) a abonarle la suma que estableció en concepto de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social n° 28 (28-VIII-2015)- y de la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 656/670 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor padece una incapacidad del 29% del índice de la total obrera como consecuencia del accidente de trabajo protagonizado el día 12 de julio de 1999.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $6.313,38 (v. sent., fs. 665).
Empero, tras declarar aplicable -por mayoría- el piso establecido en el decreto 1.694/09, el importe original debía ser elevado a $52.200; suma que, posteriormente, por aplicación del monto mínimo previsto en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, y la indemnización adicional de pago único que fija el art. 3 de la ley 26.773, aumentó a $292.965,88 (v. sent., fs. 665/667).
Respecto de este último aspecto de la decisión, expresó -citando doctrina y jurisprudencia- que en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, la implementación de la ley 26.773 debía ser inmediata respecto de todas aquellas situaciones no resueltas a la fecha de su entrada en vigencia, sin que su utilización importe una violación al principio de irretroactividad de la ley, puesto que se trata de una aplicación inmediata (art. 3, Cód. Civ.; v. últ. fs. cit.).
Finalmente, el sentenciante resolvió adicionar intereses desde la fecha de acaecido el evento dañoso (el 12 de julio de 1999) con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 667).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2, 3, 699, 701 y concs. del Código Civil; 1, 14 apartado 2 inc. "a" y concs. de la ley 24.557; 63 de la ley 11.653; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 1.694/09; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 717/730 vta.).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado aplicara retroactivamente la ley 26.773.
Alega que efectuó una errónea interpretación de su art. 17 apartado 6, en tanto -aduce- dicha norma no consagra una excepción al principio establecido en el apartado 5, que establece la fecha de su entrada en vigencia, sino que refiere al índice que debe utilizarse para ajustar las prestaciones, esto es, establece la forma de cálculo.
También manifiesta que, por su lado, el art. 8 regula la posterior actualización semestral general de las prestaciones.
Postula que la finalidad de la ley 26.773, al igual que la de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, es el incremento de los montos de las prestaciones cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo y, asimismo, al momento de determinar su entrada en vigor, contiene disposiciones similares, en cuanto establecen su aplicación a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se genere con posterioridad a aquél hito.
En consecuencia, considera que la interpretación efectuada en el fallo de grado vulnera principios y derechos consagrados constitucionalmente, como la seguridad jurídica y la propiedad. Aduce que el razonamiento del a quo importa la aplicación retroactiva de la norma, en franca violación del principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el art. 3 del Código Civil.
Cita en su apoyo, el precedente "Lucca de Hoz" emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (L.515.XLIII, sent. de 17-VIII-2010), en el que, al decidir sobre la vigencia temporal del decreto 1.278/00, se estableció que la compensación económica de un infortunio laboral debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese hecho se concreta, con independencia de la efectiva promoción del pleito destinado al reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico.
Entiende que la aplicación retroactiva de la norma vulnera su derecho de propiedad, al alterar las condiciones del contrato de seguro y romper la ecuación económico financiera.
II.2. Luego, cuestiona los intereses calculados en el pronunciamiento de origen desde dos aristas.
II.2.a. Por un lado, en cuanto a la tasa aplicada -pasiva digital-, aduciendo que vulnera la doctrina legal sentada por esta Corte en diversas causas que cita.
Al respecto, plantea que la mencionada alícuota incluye componentes que en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso y que esconde una forma de actualizar el crédito.
Asimismo, considera que tal decisión se aparta de la doctrina emanada de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); entre otros (v. fs. 728).
II.2.b. Desde otroángulo, objeta el momento a partir del cual se computan dichos accesorios.
Alega que, si se calculan intereses desde la fecha del siniestro a un monto ya actualizado por el RIPTE, conforme lo hace el pronunciamiento de grado, se produce una "doble actualización de valores", implicando un enriquecimiento incausado para el actor.
II.3. Finalmente, se agravia de la regulación de honorarios efectuada por el a quo , alegando que son "altos", y solicitando que se aplique la ley 24.432.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Asiste razón al recurrente cuando impugna el método seguido por el tribunal de origen para calcular la prestación debida (v. causa L. 120.432, "Cuellar", sent. de 17-IV-2019).
Como quedara expuesto, a fin de mensurar la indemnización por incapacidad parcial y permanente, el a quo juzgó de aplicación al caso las disposiciones del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773 con los alcances ya explicados.
Ceñido al entramado normativo que rige el caso examinado, dicho temperamento vulnera a la doctrina legal vigente.
III.1.a. Esta Corte ha resuelto que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015; L. 117.439, "Rivero", sent. de 23-V-2017 y L. 117.431, "Corbalán", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
III.1.b. En igual línea de razonamiento, se ha pronunciado -en forma mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia; ello así salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio, determinante en el razonamiento del a quo , esto es, el 12 de julio de 1999, se encontraba vigente la ley 24.557, conforme su redacción originaria, corresponde revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, con apoyo del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, normas cuya inaplicabilidad se declara.
En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.
III.2. Ante la rescisión del pronunciamiento con los alcances ya explicados, no corresponde pronunciarse sobre el agravio por la imposición de intereses sobre sumas previamente reajustadas.
III.3. Por otro lado, la crítica que refiere a la alícuota empleada por el tribunal de grado para calcular los acrecidos no prospera.
Esta Suprema Corte, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.175, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 118.786, "Dalfonso" (sent. de 27-IX-2017), entre muchas, se pronunció -por mayoría- estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de laátasaápasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igualátasaá(arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, corresponde confirmar lo decidido en este aspecto.
III.4. Finalmente, en tanto lo resuelto en el punto III.1. de la presente ha de gravitar en el monto de la condena y, consecuentemente, en la base de cálculo de los honorarios a regular a los letrados y peritos intervinientes, no cabe tratar el agravio al respecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y, con el alcance indicado, revocar la sentencia de grado en cuanto allí se aplicó el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 para cuantificar las prestaciones sistémicas.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en virtud del progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En relación al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de las disposiciones del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, comparto la solución brindada por el doctor Genoud en su propuesta, en tanto condice con los lineamientos establecidos -entre otras- en las causas L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a las que remito por razones de brevedad.
I.2. Luego, adhiero a lo expuesto por mi colega en el punto III.2. de su voto.
I.3. En lo que concierne al embate por el que se objeta el tipo de tasa de interés aplicada en el fallo de grado sobre el capital de condena, suscribo lo expuesto por el ponente en el punto III.3. de su opinión, remitiendo al efecto a lo que hube de indicar al respecto al emitir mi voto en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
I.4. Finalmente, también comparto la solución que adopta el doctor Genoud en el punto III.4. de su opinión.
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento con el alcance expuesto en el apartado final del voto que inaugura el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Comparto la solución propuesta en el voto inaugural respecto del agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Debo aclarar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Tal criterio, sin embargo, ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II.2. Luego, adhiero a lo expuesto en el punto III.2. de la opinión del colega ponente.
II.3. En otro orden, no es de recibo el reproche a la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto del doctor Genoud y a su propuesta de rechazar este aspecto del recurso deducido.
II.4. Finalmente, también suscribo lo que dicho magistrado expone en el punto III.4. de su voto.
III. En tales condiciones, corresponde declarar parcialmente procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio emitido por el colega que inicia el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Discrepo con la solución dada en torno al agravio vinculado al decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En mi opinión, tal crítica no puede prosperar, aunque los fundamentos para mantener la decisión difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, tanto el decreto 1.694/09 como la ley 26.773 han reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
I.1.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza a acoger la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada, aunque como anticipé, por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones calculadas conforme la norma vigente al momento del accidente que dio lugar a estas actuaciones, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones fue expresam
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