Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121122
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.122, "Domínguez, Carlos Ernesto contra Provincia ART S.A. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 698/710).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 716/722).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Carlos Ernesto Domínguez contra la Provincia de Buenos Aires, por la cual había reclamado el cobro de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de las secuelas incapacitantes atribuidas al accidente de trabajo que protagonizó mientras desempeñaba tareas como oficial de policía bajo dependencia de la accionada.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo juzgó acreditado que el día 22 de abril de 2011 el actor fue víctima de un disparo de arma de fuego que involuntariamente se activó cuando fue apoyada sobre una mesa de la dependencia por un compañero, provocándole laceraciones en el hígado a cuya consecuencia presenta eventración con cicatriz en el abdomen y debilidad por falta muscular que lo incapacitan física, parcial y permanentemente en un 64,68% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 699).
Asimismo, que como consecuencia de dicho infortunio, el accionante padece un cuadro de trastorno adaptativo mixto crónico DSM IV que le genera un déficit laborativo parcial y permanente del 25% del índice de la total obrera (v. fs. cit.).
A su vez, tuvo por probado que el trabajador recibió por parte de Provincia ART S.A. la suma de $102.576,27 en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 (v. fs. cit.).
En la sentencia, el tribunal de trabajo desestimó la excepción de prescripción articulada por la demandada (v. sent., fs. 701 y vta.).
Para así decidir, sostuvo que el señor Domínguez se anotició de la incapacidad parcial y permanente reconocida por la Comisión Médica n° 10, el día 13 de septiembre de 2012 (mediante la CD 295158497, validada por el Correo Argentino; v. fs. 10), pese a que admitió la percepción de prestación dineraria otorgada por Provincia ART S.A. el día 6 de septiembre de 2012. Consideró que cualquiera de esas dos fechas constituía el hito temporal de su cabal toma de conocimiento de la minoración laboral y del grado invalidante que padecía (v. sent., fs. 701 vta.).
Dispuso que -en el caso concreto- la actuación administrativa sustanciada ante el organismo específicamente previsto por la ley 24.557 era eficaz para interrumpir el plazo de prescripción de la acción ya que reunía los recaudos de la primera parte del art. 3.986 del Código Velezano (actual 2.541, Cód. Civ. y Com.; v. fs. cit.).
Con pie en ello, concluyó que a la fecha de promoción de la demanda -esto es, el día 29 de agosto de 2014; ver cargo de fs. 125 vta.- no había transcurrido el plazo bienal aplicable (v. fs. cit.).
Seguidamente, analizó el reclamo con sustento en la ley 24.557 y cuantificó la prestación de conformidad con la fórmula matemática prevista en el art. 15 apartado 2 de dicho régimen legal: "5.568,45 x 53 x 65/44"; arrojando la suma de $435.984, a la que adicionó la prestación complementaria de pago único consagrada en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la citada ley (texto según dec. 1.694/09) de $100.000; arribando a un total de $535.984 (v. fs. 703 vta. y 704).
Por otro lado, rechazó el pedido del actor de aplicar al caso el régimen prestacional establecido por la ley 26.773, en tanto este último no se encontraba vigente al momento del infortunio (v. sent. fs. 704 vta./705 vta.).
Luego, halló reunidos los presupuestos necesarios para la configuración de la responsabilidad civil objetiva del empleador en relación causal con los daños sufridos por el dependiente, en los términos de los arts. 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 705 vta./707).
Posteriormente, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la doctrina legal de este Tribunal que identificó, efectuó el cotejo entre la reparación pecuniaria prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo ($535.987) y aquella resultante de la aplicación de las normas civiles ($2.000.000, en concepto de daño material y $500.000, para resarcir el daño moral) y concluyó que dicho cotejo ponía en evidencia la insuficiencia del régimen especial de la ley 24.557, tornando incompatible lo establecido en su art. 39 con las garantías previstas por los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional (v. sent., fs. 703 vta./704 y 707 vta./708).
Por tal razón, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de aquella ley, y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar al señor Domínguez la suma que estableció en concepto diferencia de indemnización por incapacidad total y absoluta ($535.984; conf. arts. 1, 2, 11, 12, 15 y concs., ley 24.557), con más sus respectivos intereses desde el día 28 de enero de 2012 al 6 de septiembre de 2012 ($46.531,27), ordenando descontar a la suma de dichos importes aquel que -en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo- fuera sufragado por Provincia ART S.A. ($102.576,27), arrojando un total de $479.939. Ello, con sus accesorios a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, cuantía que ascendía a $460.382 (v. sent., fs. 708 vta. y 709).
A su vez, añadió el monto de $1.964.016 ($2.500.000 - $535.984), en concepto de indemnización por daño material, moral y tratamiento psicológico, al cual le adicionó la suma de $2.055.284 por intereses a la tasa pasiva digital de la mencionada entidad bancaria en sus operaciones a treinta días (v. sent., fs. 709 vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado, la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 3 del Código Civil y Comercial; 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 716/722).
II.1. En primer lugar, afirma que el a quo incurrió en una absurda apreciación de la prueba para definir el punto de partida del plazo de prescripción. Alega que -con la finalidad de mantener vivo el derecho del actor-, el sentenciante intencionalmente soslayó considerar determinadas circunstancias anteriores que -aduce- daban cuenta de que el accionante ya tenía conocimiento de su merma incapacitante antes del día 6 de septiembre de 2012 (v. fs. 717 y vta.).
En este sentido, manifiesta que el tribunal de la instancia debió tener en cuenta que el momento a partir del cual el trabajador tuvo expedita la vía para demandar judicialmente por el daño sufrido fue el día 10 de febrero de 2012, cuando Provincia ART S.A. le remitió una misiva en la cual le informaba: "esta aseguradora estima que Ud. podría presentar una incapacidad del 10%. Asimismo, ponemos en su conocimiento que el porcentaje estimado por esta entidad se encuentra sujeto a revisión médica que podría aumentar, confirmar o reducir dicha estimación o verificar la inexistencia de secuelas incapacitantes, todo ello de conformidad con lo establecido en la Resolución 1.556/09 y concordantes..." (fs. 717 vta. y 718).
Agrega, además, que el porcentaje de incapacidad del 29% otorgado por la Comisión Médica interviniente mediante dictamen, no fue ratificado en el juicio, sino notoriamente elevado -89,68%- y por lo tanto en esa fecha tomada por el tribunal de grado, el accionante tampoco tomó "conocimiento cabal de su minoración laboral" (fs. 718).
En este contexto, concluye que al haberse iniciado la demanda el día 29 de agosto de 2014 -y tomando como fecha de inicio del cómputo el día 10 de febrero de 2012-, la acción ya se encontraba prescripta (v. fs. 718 vta.).
Aduce que la solución brindada por el órgano jurisdiccional se contrapone con la doctrina legal de esta Corte emanada de las causas L. 54.035, "Garansinchuk", sentencia de 25-X-1994 y L. 117.901, "Fernández", sentencia de 20-V-2015; entre otras (v. fs. cit.).
II.2. Por otro lado, se agravia del quantum indemnizatorio determinado en el pronunciamiento de grado.
Sostiene que -también en este aspecto- el tribunal incurrió en absurdo al estimar el monto de la reparación integral (v. fs. 719).
En tal sentido, critica que el juzgador realizara el cálculo indemnizatorio del daño material con base en una de las fórmulas matemáticas acuñada jurisprudencialmente y de uso habitual del fuero laboral, arribando al monto de $801.817, para luego -sin fundamento alguno y mencionando determinadas cuestiones como la importancia de las lesiones, lucro cesante, pérdida de chance, entre otros-, estimar "equitativo" fijar dicho importe en $2.000.000 (v. fs. 719 vta.).
Por ello, manifiesta que este tramo de la sentencia no ha sido razonablemente fundado, violándose el deber contenido en el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. En apoyo de su postura, desarrolla las opiniones de diversos autores respecto de la obligación de los jueces de fundamentar sus pronunciamientos (v. fs. 719 vta./720 vta.).
A su vez, entiende que aquella determinación del a quo vulneró su derecho de defensa, en tanto -denuncia- su parte desconoce cómo se arribó a ese resultado. Menciona que en el caso de la utilización de las fórmulas matemáticas, los componentes que la integran "están a la vista de todos" y por lo tanto, sus pautas pueden ser observadas o cuestionadas por las partes (v. fs. cit.).
Por las mismas razones critica la determinación del monto de reparación por daño moral (v. fs. 720 vta.).
Asimismo, agrega que -conforme la doctrina legal emanada de la causa "Abaca"- también adolece del mencionado vicio invalidante el cotejo que realizó el juzgador de grado de los distintos sistemas reparatorios (integral y sistémico) y que lo llevó a declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 720 vta. y 721).
II.3. Por último, denuncia que el fallo en crisis violó el principio de congruencia al haberse otorgado al actor un monto indemnizatorio mayor al solicitado por este último en su demanda (decisión ultra petita ; v. fs. 721).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que esgrimí al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
III.2. En primer lugar, entiendo que debe desestimarse el agravio por el que se cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción.
III.2.a. Al respecto, tiene reiteradamente dicho esta Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 104.479, "Cattani", sent. de 30-V-2012; L. 111.319, "Dimotta", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.271, "López", sent. de 29-X-2014).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.2.b. En la especie, si bien el recurrente alegó la existencia del aludido vicio, los cuestionamientos que esboza no resultan suficientes para evidenciar que dicha decisión contenga dicha anomalía.
Es que la impugnación se limita -a partir de la personal interpretación de las circunstancias fácticas de la causa- a denunciar que el inicio del curso prescriptivo debió situarse en la fecha en que el actor recibió la misiva que él indica y no en la determinada por el juzgador, ello, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de desvirtuar lo decidido en la instancia de origen y oponiendo al término que cuestiona aquel otro que considera más conveniente a sus intereses.
En este contexto, de ningún modo puede reputarse absurda la conclusión del tribunal en cuanto resolvió que el plazo de prescripción debía comenzar en la fecha en la cual la Comisión Médica n° 10 anotició al trabajador su minoración laboral y el grado invalidante de la misma.
Corresponde destacar -además- que frente al fracaso de su pretensión inicial, cual era considerar como inicio del plazo prescriptivo el día 22 de abril de 2011 (v. fs. 134 vta./136), procura reconducir en esta instancia casatoria con renovados fundamentos, su posición anterior.
En tal sentido, este Tribunal ha declarado que no resulta atendible el agravio que se sustenta en una circunstancia o pedimento diferente del que fuera presentado ante los jueces de grado, porque sólo traduce el intento extemporáneo de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión con que las cuestiones fueron articuladas en la sede ordinaria (causas L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
III.2.c. Asimismo, corresponde advertir que no resulta apta la cita de doctrina legal efectuada por el recurrente (v. fs. 718 vta.), en tanto ella ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012 y L. 116.853, "Salomon", resol. de 23-XII-2014).
III.3. Igualmente inatendible deviene la crítica dirigida a objetar el monto reconocido en la sentencia en concepto de reparación integral.
III.3.a. La determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 118.294, "Cambarere", sent. de 31-V-2017).
También es facultad de aquellos la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013).
III.3.b. Partiendo de dichas directrices, la crítica se presenta marcadamente insuficiente para modificar lo decidido, habida cuenta que el recurrente no ha cumplido con la ineludible carga de denunciar la violación de las normas de derecho común que regulan la reparación integral.
Una de las características propias de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación. En tales condiciones, la conclusión sentada por el a quo no puede ser modificada, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 96.535, "Cortese", sent. de 7-XII-2011; L. 102.294, "Peroni", sent. de 17-X-2012 y L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013).
III.3.c. Además de lo expuesto, se impone destacar que el recurrente -tampoco en este aspecto- no logra demostrar el absurdo denunciado.
III.3.c.i. Para calcular el resarcimiento, el juzgador aclaró que aunque los jueces no se encuentran obligados a utilizar determinadas fórmulas matemáticas a los fines de estimar la indemnización (causas "Arostegui" y "Scheiner"), en el presente caso recurriría a una de ellas. Así, cuantificó la pérdida de la capacidad de ganancias del actor determinando una suma de dinero cuya renta pura equivaldría a lo que el trabajador dejaría de ganar como consecuencia de la minusvalía que padece, debiendo agotarse el capital al mismo tiempo que la vida útil del damnificado. Utilizando la siguiente fórmula: C=a(1-Vn)1/i; en la que "a" equivaldría a la pérdida de ganancia del damnificado durante un año; "Vn" al valor actual a interés compuesto conforme al número de unidades de tiempo que se comprenden dentro del período de vida útil indemnizable; e "i" a la tasa de interés por cada lapso al 6% anual (en retiros anuales es igual a 0,06; v. sent., fs. 707).
Sin embargo, aclaró que una vez obtenido el monto final producto de la utilización de dicha fórmula, "el mismo podría ser prudencialmente ajustado según las circunstancias personales y de núcleo familiar del actor, etc., y aún apartarse el juzgador del importe determinado y desecharse el uso de la fórmula, si su aplicación conduce a resultados notoriamente disvaliosos..." (sent., fs. 707 vta.).
Por ello, mediante su aplicación tuvo en cuenta que el ingreso mensual base del señor Domínguez al momento de la toma de conocimiento de su incapacidad era de $5.846,27 -equivalente a una remuneración anual de $76.001,50- y su porcentaje de minusvalía del 89,68%. De esta forma, determinó que "a" era igual $68.158,15. También refirió que la edad del actor a la fecha de consolidación de la incapacidad era de 44 años -con lo cual le restaban 21 años de vida útil-; siendo así el total de la fórmula: C= $68.158,15 x 11,764= $801.817; importe que, especificó, cubriría el daño material sufrido por el accionante (daño emergente que incluía la reparación del daño psicológico y lucro cesante; v. fs. cit.).
Luego, sostuvo que ante la imposibilidad de reponer las cosas en su estado anterior y teniendo en consideración la doctrina emanada de la causa "Arostegui" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la reparación debía abarcar también otros aspectos, y por ello ponderó asimismo "la edad del actor y la actual e innegable esperanza de vida de los argentinos en donde estadísticas serias lo ubican en por lo menos diez años más de la fijada para acceder a la jubilación [...] el salario mensual promedio, la importancia de las lesiones, la repercusión de las secuelas ante una futura actividad productiva, vicisitudes propias del evento dañoso, el amenguamiento de la aptitud laborativa del actor, la privación de la posibilidad de asc
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