Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 121254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.254, "Sosa, Carolina Elizabeth contra Sintermetal S.A.I.C. y otro. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 668/712).
Se dedujo, por QBE Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 788/806 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557- hizo lugar a la demanda instaurada por la señora Carolina Elizabeth Sosa contra Sintermetal S.A.I.C. y QBE ART S.A., en cuanto les había reclamado -con sustento en las normas del derecho común- el cobro de una indemnización integral, por las secuelas físicas y psicológicas derivadas del accidente de trabajo protagonizado el día 23 de noviembre de 2006.
Con apoyo en los informes periciales, testimonios y demás constancias de autos, tuvo por acreditado que la actora padece una minusvalía parcial y permanente estimada en el orden del 31% del índice de la total obrera superior al grado que le otorgara la Comisión Médica interviniente (7,10% del índice de la total obrera).
Asimismo, que las tareas desempeñadas por la trabajadora (operar máquinas, repararlas, armarlas, desarmarlas y regularlas, entre otras), en el modo y condiciones en que eran llevadas a cabo (con maquinarias viejas y de anormal funcionamiento), demandaban esfuerzos físicos excesivos y la adopción de posturas incómodas.
Con todos los elementos de juicio determinó la responsabilidad civil de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), concluyendo que el trabajo prestado con la modalidad descripta y el ambiente laboral complejo (causante de estrés) encuadraban en el concepto de cosa riesgosa o peligrosa.
De igual modo tuvo por verificada la responsabilidad subjetiva de Sintermetal S.A.I.C., en razón de incumplir los deberes de seguridad y prevención a su cargo (v. vered., cuarta cuestión, fs. 675 y vta. y sent., fs. 687). En tal sentido, indicó que no se habían adoptado medidas para evitar, aislar o reducir los agentes de riesgo a los que estaba expuesta la trabajadora (v.gr. asignar cinturón lumbar), que actuaron como nexo causal adecuado para generar el daño que la aqueja (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ., ley 340; v. vered., cuarta cuestión, fs. 675 vta. y 676; sent., fs. 686 vta. in fine y 687).
Por su parte descartó la existencia de motivos que permitan exculpar la responsabilidad así establecida, o interrumpir el nexo causal adecuado.
Asimismo, consideró no demostrada la realización de exámenes médicos -preocupacional o periódicos- por parte de la empleadora o de la aseguradora de riesgos demandada, no existiendo -tampoco- constancia de que se hubiere convenido cuál de estas debía efectuarlos (v. fs. cit.).
Específicamente, sobre la actividad de QBE ART S.A., resolvió que más allá de las visitas al establecimiento demandado, no había concretado actividades de prevención y control de riesgos que fueran suficientes, adecuadas y eficaces en función de las condiciones laborales ponderadas. En particular y sobre las presencias que databan del 2005, valoró la ausencia de detalles que permitieran establecer relación alguna con las tareas de la actora.
Concluyó que no se había capacitado técnicamente a la trabajadora (v. vered., cuarta cuestión, fs. 678 y sent., fs. 688).
En tal sentido, refirió que la pericia técnica daba cuenta de la necesidad de controlar y realizar estudios sobre el puesto de trabajo, en particular "de tipo ergonómico". Ponderó que la aseguradora de riesgos del trabajo no había informado al experto sobre los niveles de cumplimiento en materia de seguridad e higiene en la empresa demandada, teniendo en cuenta las características del establecimiento y su inclusión en el programa de reducción de siniestralidad.
Juzgó incumplidas las medidas descriptas en los incs. "a", "b", "c", y "d" del art. 4 apartado 2 de la ley 24.557, como también las obligaciones legales de los arts. 1 y 31 del mismo cuerpo normativo.
El tribunal consideró que más allá de algunas recomendaciones efectuadas, la aseguradora no había verificado que se proveyeran a los trabajadores elementos de seguridad necesarios para afrontar esfuerzos y posiciones viciosas.
Evaluó que aquélla no había acompañado la documentación en torno a los extremos indicados.
Destacó que el art. 4 de la ley 24.557 consagra un régimen de acciones intensivas de prevención para las llamadas empresas o establecimientos críticos (con índice de siniestralidad superiores a los parámetros medios). Y dado que la empresa empleadora había acordado con la aseguradora un programa de reducción de siniestralidad, esta debió controlar su cumplimiento.
En consecuencia, ante la falta de observancia de las obligaciones a su cargo y el daño acreditado en autos, el a quo atribuyó responsabilidad civil a la aseguradora en virtud de lo establecido en el art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
Tuvo en consideración lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Torrillo c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ Recurso de hecho", resolviendo que el incumplimiento de los deberes contenidos en los arts. 1, 4 y 31 apartado 1 de la ley 24.557; 18, 19 y 21 del decreto 170/96 y 3 inc. "f" del decreto 617/97 había actuado nexo causal adecuado con el daño padecido por la señora Sosa (v. sent., fs. 688 vta./692).
Posteriormente, abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería la actora según su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo o en el marco del régimen común de responsabilidad civil (v. sent., fs. 693/694 vta.).
Para ello calculó la prestación por incapacidad parcial y permanente del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley citada. Y dado que el importe que arrojaba la fórmula ($106.980,19) superaba el límite cuantitativo establecido en el último párrafo del citado precepto ($180.000 x 31%= $55.800; texto según dec. 1.278/00) declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de dicha norma por afectar garantías constitucionales de la trabajadora (v. sent., fs. 695/700 vta.).
Luego, cuantificó el monto al que la víctima accedería con sustento en el régimen común en concepto de reparación integral, arribando a un total de $360.000 ($300.000 correspondientes al daño psicofísico y $60.000 como resarcimiento por daño moral; v. sent., fs. 701/704 vta.).
Al verificar la insuficiencia de la ley especial descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, por resultar conculcatorio de las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional (v. fs. 704 vta./706 vta.).
En consecuencia, el tribunal interviniente condenó solidariamente a las codemandadas al pago de la suma de $360.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios por incapacidad permanente, parcial y definitiva. Ordenó que la suma mencionada lleve intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, desde el día 23 de noviembre de 2007 (fecha de alta) hasta el día 15 de abril de 2008, cuando percibió de la Aseguradora la suma de $12.780, que dispuso descontar. Estableció que al importe remanente se le adicionen acrecidos con igual tasa, hasta el efectivo pago (v. sent., fs. 711 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado, el apoderado de QBE ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1, 6, 8, 21, 26, 39, 46 y 49 de la ley 24.557 (v. fs. 788/866 vta.).
II.1. Alega que no se encuentran acreditados en autos los supuestos incumplimientos endilgados a su parte en materia de seguridad e higiene, ni la relación causal para ser condenada civilmente (v. fs. 794 vta.).
En este sentido, manifiesta que el tribunal de grado se apartó de las prescripciones contenidas en la ley 24.557, responsabilizando a su parte con fundamento en las disposiciones del derecho común, sin haber mediado imputación fáctica y normativa alguna por parte de la actora (v. fs. 795 y vta.).
Sostiene que no ha existido en el caso -ni surgen de la sentencia- incumplimientos por los que deba responder en los términos del citado art. 1.074 del anterior Código Civil. De allí que el pronunciamiento resulta dogmático.
Alega que el a quo omitió valorar algunos aspectos fundamentales de la prueba. En esa línea, afirma que el peritaje técnico da cuenta de que la actora fue debidamente capacitada para las tareas e instruida con relación al uso de los elementos de protección. Aduce que su parte efectuó recomendaciones al empleador y subsecuentes controles, observando la totalidad de las obligaciones en materia de seguridad e higiene.
Denuncia que la accionante no cumplió la carga de probar los extremos fundantes de su pretensión indemnizatoria (v. fs. 802).
II.2. Por otro lado, denuncia que el decisorio impugnado viola el principio de congruencia, conculcando así la garantía constitucional del debido proceso, al condenarla sin abordar in extenso las defensas de falta de acción y de legitimación pasiva interpuestas por su parte (v. fs. 802 vta.).
En tal sentido, considera arbitrario condenar a su parte más allá del contrato de afiliación suscripto con la empresa accionada y de las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 803 y vta.).
II.3. Por último, objeta que el tribunal de origen declarara de oficio la inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 803 vta.).
Sobre el particular indica que la descalificación constitucional de dicha norma ha sido llevada a cabo sin realizar un cotejo de razonabilidad, en abstracto, es decir, sin determinar el agravio concreto que dicha norma le causa a la accionante (v. fs. 804).
Argumenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto es un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como la última ratio del orden jurídico, por lo cual, con cita de fallos del Superior Tribunal nacional, postula que lo resuelto no tiene asidero suficiente, solicitando se revoque el fallo impugnado (v. fs. 804/805).
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde analizar la responsabilidad civil endilgada a la recurrente.
III.1.a. Es sabido que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, irrevisable en Casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; e.o.).
Como ilustra el relato de los antecedentes, la crítica que porta el recurso resulta insuficiente para demostrar la mentada anomalía, puesto que traduce únicamente una discrepancia subjetiva en torno al modo en que fueron examinados los hechos y las pruebas (en especial, la pericia técnica), con el fin de neutralizar las conclusiones relativas a los incumplimientos endilgados (examinados a la luz del sistema de riesgos del trabajo) y, por su conducto, la existencia de nexo causal con el daño comprobado.
III.1.b. En efecto, la interesada propone un distinto enfoque en el tratamiento de las aristas imbricadas en la controversia, sin lograr desvirtuar las definiciones que cimentaron la atribución de responsabilidad con los alcances ya expresados (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.762, "Leguizamón", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.517, "Rodríguez", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
Lo dicho lleva a desestimar la crítica afincada en un presunto déficit en el tratamiento de las defensas opuestas por la aseguradora recurrente, cuyo reproche anida en la defensa ensayada por la agraviada en orden al cabal cumplimiento de los deberes a su cargo.
III.2. Finalmente, a partir de lo resuelto precedentemente, quedando firme la reparación en base a las normas del derecho civil, deviene inoficioso tratar el cuestionamiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad del límite indemnizatorio previsto en el decreto 1.278/00 (causa L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019).
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia